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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. TRÁNSITO. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RESERVA ESE SERVICIO A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI UN GOBIERNO ESTATAL, CONDICIONA A UNO DE ÉSTOS SU TRANSFERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO AJENO A ESA NORMA FUNDAMENTAL, VIOLA ÉSTA. TRÁNSITO. EL OFICIO SSP/1349/2010 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2010, SIGNADO POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR EL QUE SE NIEGA LA TRANSFERENCIA DE ESE SERVICIO PÚBLICO AL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN DE ESA ENTIDAD, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. TRÁNSITO. LA NEGATIVA DE LA TRANSFERENCIA DE ESE SERVICIO PÚBLICO POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL A LOS MUNICIPIOS CUANDO SE HAN CUMPLIDO LOS PRESUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, TRANSGREDE LA FRACCIÓN III, INCISO H), DE ESE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2011. · Registro digital (IUS): 23207
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, ESTADO DE ZACATECAS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Pág. 215.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2011. MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, ESTADO DE ZACATECAS. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de septiembre de dos mil once.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio recibido el veinticuatro de enero de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rodrigo Orozco Mayorga, quien se ostentó como síndico del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, promovió controversia constitucional, en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan:

"Parte demandada: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas a través de su representante el licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, con domicilio en avenida Hidalgo, número seiscientos cuatro, del centro histórico de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, código postal 98000 (noventa y ocho mil). Norma general o acto cuya invalidez se reclama: Consiste en la respuesta negativa para transferir el servicio público de tránsito al Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, contenida en el oficio SSP/1349/2010, fechado el quince de diciembre de dos mil diez y recibido por correo certificado en la presidencia municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas el día 13 (trece) de enero del año dos mil once (2011), dirigido al C. Marco Antonio López Martínez, presidente municipal del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, suscrito por el secretario de Seguridad Pública en el Estado de Zacatecas, general Jesús Pinto Ortiz."

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda, en síntesis se narra:

a) Derivado de la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 1999, se establece que los Municipios tendrán a su cargo la prestación del servicio público de tránsito. El primer artículo transitorio establece la entrada en vigor de la referida reforma a los noventa días de su publicación y su segundo transitorio establece que los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes reglamentarias.

b) Es el caso que en el Estado de Zacatecas ya se adecuó la Constitución a la citada reforma federal mediante el Decreto Número 309 (trescientos nueve) publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el día primero de agosto del año dos mil uno (anexo 2).

c) La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 119, fracción VI, inciso h), establece la facultad y obligación del Municipio para prestar el servicio público de tránsito.

d) La Ley Orgánica del Municipio, en su artículo 115, fracción VIII, contempla la prestación del servicio público de tránsito por parte del Municipio.

e) Es de destacar lo que establece el decreto del veintitrés de diciembre de 1999, en su artículo tercero transitorio: "Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos Estatales, o de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos previa aprobación del Ayuntamiento. Los Gobiernos de los Estados dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la correspondiente solicitud."

f) La reforma constitucional del Estado de Zacatecas mediante Decreto Número 309 (trescientos nueve) publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el día primero de agosto del año dos mil uno, es congruente con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 1999, ya que en su artículo tercero transitorio reserva el derecho a los Municipios para que en cualquier momento puedan manifestar la voluntad de asumir las funciones o servicios correspondientes.

g) En fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diez (2010), en sesión de cabildo fue aprobado que: "El Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román asuma la prestación del servicio público de tránsito y se facultó al presidente municipal para que solicite al Gobierno del Estado la transferencia del mismo, en los términos del artículo tercero transitorio del decreto publicado el 23 de diciembre de 1999, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, mismo que reformó el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que estableció la facultad de los Municipios para tener a su cargo la prestación del servicio público de tránsito entre otros.". Tal acuerdo quedó asentado en el acta de cabildo de la octava sesión, pública y extraordinaria (anexo 3).

h) El presidente Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, Marco Antonio López Martínez presentó al Ejecutivo del Estado, mediante oficio número 0015/2010 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez (2010), la solicitud para que realizara lo conducente a efecto de transferir el servicio público de tránsito de manera ordenada y conforme al programa que dispusiera éste, dentro del término constitucional de noventa días contados a partir de la fecha de recepción de la citada solicitud (anexo 4). El oficio mencionado se recibió en la secretaría particular del C. Gobernador el día 29 de noviembre de 2010, de donde se turnó a la Coordinación de Atención Ciudadana y Gestión Social del Gobierno del Estado el primero de diciembre de dos mil diez.

i) Mediante oficio número 4758 de la Coordinación de Atención Ciudadana y Gestión Social del Gobierno del Estado, de fecha 9 de diciembre de 2010, suscrito por la directora de Gestión Social, T.S. María del Refugio López Escobedo, fue remitida dicha solicitud al director de Seguridad Pública del Estado, a efecto de su intervención a fin de que se considerara la posibilidad de apoyar al presidente municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, para que se transfiriera al H. Ayuntamiento, el servicio público de tránsito. Destacando la funcionaria el compromiso del mandatario estatal de atender oportunamente todas las solicitudes (anexo 5).

j) En fecha trece de enero del año de dos mil once (2011), mediante el servicio postal certificado el presidente municipal, Marco Antonio López Martínez, recibió la notificación negativa del Ejecutivo del Estado de transferir el servicio público de tránsito, mediante oficio SSP/1349/2010 de fecha quince (15) de diciembre de dos mil diez (2010) (anexo 6), por conducto del secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió en síntesis, el siguiente concepto de invalidez:

La omisión del Poder Ejecutivo Estatal viola lo establecido en el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues impide que el Municipio actor ejerza su competencia exclusiva en la prestación del servicio público de tránsito, así como la posibilidad de que el propio Municipio perciba los ingresos derivados de este servicio. Sustenta lo anterior en la tesis plenaria P./J. 53/2000, de rubro: "TRÁNSITO. LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL MUNICIPIO, NO AL GOBERNADOR DEL ESTADO AUN CUANDO RESIDA EN EL MISMO Y TENGA BAJO SU MANDO LA FUERZA PÚBLICA."

CUARTO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos son el 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, así como el tercero transitorio del decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

QUINTO. Admisión y Trámite. Por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil once, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 7/2011 y, por razón de turno, designó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil once, la Ministra instructora admitió la demanda, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas. En el escrito respectivo, sustancialmente señaló:

1. Que se actualiza la causal de improcedencia comprendida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, al no colmarse el requisito establecido en el artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, autoridad que emitió el acto del cual se pretende su invalidez, se encuentra jerárquicamente subordinada al Poder Ejecutivo de la entidad, por lo que no tiene el carácter de entidad, poder u órgano para que válidamente pueda instar a este órgano de control constitucional. Al respecto se apoya en la tesis de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."

2. También se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, porque la respuesta emitida por el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Zacatecas, debió ser combatida por el Municipio actor, a través de otros medios legales, mediante los cuales, dicho pronunciamiento puede ser modificado, revocado o confirmado. Porque el Municipio actor, al quedar notificado del contenido de la respuesta a su petición, estaba en posibilidades de combatir su contenido ante las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes, sustenta lo anterior con la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES."

3. Que de acuerdo al contenido del decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se introdujeron las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en la que se establecen los términos y condiciones bajo los que serán prestados los servicios públicos, dentro de los que se encuentra el de tránsito; las cuales están localizadas en el artículo 119 párrafo último y que en su parte conducente se establece: "Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y las que de esta Constitución deriven."

4. Que se confirma fehacientemente que al asumir el Gobierno del Estado de Zacatecas la ejecución del mando en el servicio público de tránsito, se actualiza el supuesto de excepción a que alude el artículo 115, fracción III, que refiere a que la facultad de prestar el servicio público de tránsito puede ser a través del Gobierno Estatal, asimismo, queda acreditado de manera indiscutible el supuesto que se contiene en el artículo 119 de la Constitución Local, en su último párrafo, en el que se dispone que los Municipios están obligados a observar las disposiciones legales que emanen de las leyes federales o bien las de la Constitución Local y en este caso, se está ante dicho supuesto de excepción, dado que la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, deriva la Constitución Local, en virtud a ello, los Ayuntamientos municipales observarán necesariamente lo contenido en dicho ordenamiento legal, en el que desde luego se dispone que la ejecución del servicio público de referencia, corresponde al Estado. Se apoya en la tesis de rubro siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS."

5. Que respecto del acto que reclama el Municipio actor, se actualiza el supuesto de improcedencia, dado que fue el secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, quien emitió el oficio aludido y dicha secretaría de ninguna manera reúne los requisitos establecidos en la ley, para formar parte del presente medio de control como parte demandada; lo que acarrea de manera irrefutable la improcedencia de este medio de control, además de que de las manifestaciones contenidas en el escrito inicial no queda claramente expresado en qué consiste el principio de afectación que supuestamente sufre el Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas.

6. Asimismo, la parte actora no se cuidó de justificar, el porqué resulta necesario que el Estado le transfiera el servicio público de tránsito, ya que no resulta suficiente que la ley así lo establezca o que lo manifieste, en virtud de que deben existir los argumentos lógico jurídicos, el beneficio colectivo y el interés social, que sustenten su pretensión. Sustenta lo anterior con la tesis de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE."

SÉPTIMO. Opinión del procurador. El procurador general de la República al formular su opinión, manifestó en síntesis:

a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente controversia constitucional, pues en la misma se plantea un conflicto entre el Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Estado de Zacatecas y el Poder Ejecutivo de la misma entidad federativa.

b) El Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Estado de Zacatecas, goza de legitimación procesal activa, y su representación jurídica recae en la primer síndico del Municipio actor, quien es el firmante de la demanda y acreditó su personalidad.

c) Respecto de la causal de improcedencia hecha valer por el titular del Ejecutivo de la entidad, resulta infundada, toda vez que mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil once, el Alto Tribunal tuvo por demandado al Poder Ejecutivo de Zacatecas, y no así al secretario de Seguridad Pública de la entidad, por ser un subordinado del Ejecutivo. Al respecto cita la tesis de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."

d) Asimismo, el Ejecutivo Local señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del precepto 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, porque si bien existe una respuesta emitida por el secretario de seguridad pública local, a una solicitud del Municipio actor, dicho pronunciamiento puede ser combatido a través de otros medios legales, mediante los cuales puede ser modificado, revocado o confirmado.

Lo anterior, debe desestimarse, toda vez que los argumentos esgrimidos en la demanda, indudablemente vinculan aspectos reservados al estudio de fondo de la controversia constitucional, resultando aplicable la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."

e) Respecto del único concepto de invalidez hecho valer, del artículo 115, fracción III, inciso h) y fracción IV, inciso c), se desprende que es competencia de los Municipios la prestación del servicio público de tránsito, así como los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, la cual le fue otorgada en atención a las reformas constitucionales del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Es fundado en virtud de que el Municipio actor dio cabal cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo tercero transitorio de las reformas constitucionales señaladas. Lo anterior se sustenta en la tesis de rubro siguiente: "TRÁNSITO. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO H, DE LA CONSTITUCIÓN, RESERVA ESE SERVICIO A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI UN GOBIERNO ESTATAL, A UNO DE ELLOS LE CONDICIONA SU TRANSFERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO AJENO A ESA NORMA FUNDAMENTAL, VIOLA LA MISMA."

OCTAVO. Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por la Ministra ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el treinta y uno de mayo de dos mil once acordó remitir el expediente a esta Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o., fracción I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el punto tercero, fracción I, del Acuerdo 5/2001, reformado por el Tribunal Pleno mediante Acuerdo 3/2008 de diez de marzo de dos mil ocho, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Zacatecas, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no presentarse el estudio de constitucionalidad de una norma general.

SEGUNDO. Oportunidad. Enseguida se analizará si la demanda se presentó en forma oportuna.

El acto impugnado en la presente controversia constitucional lo constituye el oficio SSP/1349/2010, de quince de diciembre de dos mil diez, suscrito por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, que contiene la respuesta negativa para transferir el servicio público de tránsito al Municipio actor, recibido por correo certificado en la presidencia municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, el día trece de enero de dos mil once.

De lo anterior se advierte que el Municipio promovente solicita la declaración de invalidez del oficio de referencia que contiene la negativa del Poder Ejecutivo Estatal de transferirle el servicio público de tránsito, de ahí que la naturaleza de lo combatido en este asunto sea un acto al estar referido a una situación concreta y particular, por lo que para efectos de su oportunidad debe estarse a lo que dispone la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, que señala:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

Del análisis integral de la demanda, en específico, de los antecedentes narrados, se advierte que el Municipio actor se ostenta sabedor del oficio que combate a través de su recepción vía correo certificado, ocurrida en su residencia oficial el trece de enero de dos mil once, según se advierte del propio oficio exhibido por el actor y que obra a fojas treinta y siete del expediente.

Por tanto, tomando en consideración esa fecha, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del viernes catorce de enero al viernes veinticinco de febrero de dos mil once; entonces, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veinticuatro de enero de la propia anualidad, resulta innegable que se promovió oportunamente.

TERCERO. Legitimación. A continuación se procede a analizar la legitimación de las partes.

Legitimación activa. Por el Municipio actor comparece su síndico, quien acreditó su cargo con copia certificada de la constancia de mayoría signada por el Concejo Municipal Electoral del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, expedida el siete de julio de dos mil diez, en la que se hace constar que resultó electo como síndico propietario (foja trece del expediente).

El artículo 78, fracción III, de la Ley Orgánica del Municipio para el Estado de Zacatecas señala:

"Artículo 78. El síndico, además de la representación jurídica del Ayuntamiento, en todo tipo de juicios, tendrá específicamente las siguientes facultades y obligaciones:

"...

"III. Formular demandas, denuncias y querellas sobre toda violación a las leyes en que incurran los servidores públicos municipales, o los particulares, en perjuicio del patrimonio del Municipio."

En consecuencia, si conforme al precepto anterior el síndico del Ayuntamiento tiene la representación jurídica del Municipio y este ente público es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que el Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Estado de Zacatecas, cuenta con la legitimación necesaria para promoverla.

Legitimación pasiva. Tiene el carácter de autoridad demandada el Poder Ejecutivo del Estado, quien compareció por conducto de Miguel Alejandro Alonso Reyes, en su carácter de gobernador de la entidad, lo que acreditó con copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, de dieciocho de agosto de dos mil diez, en el que consta la publicación del Decreto 524 expedido por el Congreso Local y que contiene el bando solemne por el que se le declara como gobernador de la entidad para el periodo comprendido del doce de septiembre de dos mil diez al doce de septiembre de dos mil dieciséis.(1)

En este orden, si el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas(2) prevé que el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en el gobernador de la entidad, es de concluirse que éste se encuentra legitimado para comparecer en la presente controversia en representación de aquél.

Asimismo, debe considerarse que el Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas cuenta con la legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que se le atribuye la emisión del acto cuya invalidez se demanda.

CUARTO. Causas de improcedencia. A continuación se procede a analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio se adviertan.

El Poder Ejecutivo demandado hizo valer las siguientes causas de improcedencia:

a) Que se actualiza la causal de improcedencia comprendida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la autoridad que emite el acto del cual se pretende su invalidez -secretario de Seguridad Pública Estatal-, se encuentra jerárquicamente subordinada al poder demandado, por lo que no tiene carácter de entidad, poder u órgano para que válidamente pueda instar a este órgano de control constitucional.

Con relación al anterior argumento, es de señalar que el Municipio actor en su escrito inicial señaló únicamente como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, no así al secretario de seguridad pública de la entidad, de ahí que no se actualice el motivo de improcedencia hecho valer, máxime que tanto en el auto admisorio como en el considerando anterior, se reconoció, exclusivamente, como autoridad demandada al titular del Poder Ejecutivo Estatal.

b) Asimismo, señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, porque si bien existe una respuesta emitida por el secretario de seguridad pública local, a una solicitud del Municipio actor, dicho pronunciamiento puede ser combatido a través de otros medios legales.

No se actualiza el anterior motivo de improcedencia, en primer término, porque el poder demandado no señala cuál es el medio de defensa idóneo previsto en la legislación local a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto cuya invalidez se demanda; de igual forma, tampoco se actualiza la improcedencia aducida, en atención a que del análisis integral de los conceptos de invalidez que hace valer la actora, se advierte que ésta plantea violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, en específico al artículo 115, fracción III, motivo por el cual no es aplicable el principio de definitividad consagrado en el numeral en cita.

En efecto, el principio de definitividad tratándose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales sólo opera cuando en la demanda de controversia constitucional no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la Carta Magna, pues el órgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneración a disposiciones de ese Ordenamiento Supremo.

Por su parte, la fracción I, inciso i), del artículo 105 de la Constitución Federal hace referencia específica a los conflictos que se susciten entre los Estados y los Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos y disposiciones generales, como de aquellos que deberá conocer esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que se sigue que las autoridades estatales no cuentan con competencia para resolver el conflicto planteado al referirse a preceptos de la Constitución Federal.

Resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 136/2001 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero de dos mil dos, página 917, que textualmente señala:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES. El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, principio de definitividad que tratándose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales sólo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la Carta Magna, pues el órgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneración a disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

c) Del análisis integral del oficio de contestación a la demanda, deriva que el poder demandado aduce que la presente controversia constitucional es improcedente, debido a que el Municipio actor no señala en forma alguna de qué manera el acto cuya invalidez pretende, le genera afectación a su ámbito de competencia.

El anterior argumento debe desestimarse, puesto que la afectación que pudiera llegar a resentir el actor en su esfera de competencias, en virtud de la emisión del oficio impugnado, es un aspecto que está íntimamente vinculado con el análisis de fondo del asunto, por lo que será en ese apartado en donde se elucidará tal aspecto.

Sustenta lo anterior, la tesis del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(3)

QUINTO. Estudio de fondo. El Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Estado de Zacatecas, solicitó la declaración de invalidez del oficio de quince de diciembre de dos mil diez, mediante el cual, el Poder Ejecutivo Local, a través del secretario de Seguridad Pública, le negó la transferencia del servicio público de tránsito que en forma previa le había solicitado y que en la actualidad viene prestando esa autoridad estatal.

En el concepto de invalidez que hizo valer el actor, sustancialmente se sostiene que la negativa del gobernador del Estado, a través del secretario de seguridad pública, para transferir al Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román el servicio de tránsito, transgrede lo dispuesto por el artículo 115, fracción III, inciso h) y fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el tercero transitorio del decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil no

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23207-249bf06b/controversia-constitucional-la-via-prevista-en-la-legislacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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