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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O, AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES [CANCELACIÓN DE RECURSOS FEDERALES AL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BUENA VISTA, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL; REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ASÍ COMO LA RETENCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE [CANCELACIÓN DE RECURSOS FEDERALES AL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BUENA VISTA, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL; REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ASÍ COMO LA RETENCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA EN LA QUE SE ADUCE LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, AL HABER QUEDADO ACREDITADA SU EXISTENCIA [CANCELACIÓN DE RECURSOS FEDERALES AL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BUENA VISTA, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL; REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ASÍ COMO LA RETENCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VII. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. RECURSOS FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO O RETARDO DE LA TRANSFERENCIA DE DICHOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN O LOS ESTADOS IMPLICA LA PRIVACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE LA BASE MATERIAL Y ECONÓMICA NECESARIA PARA EJERCER SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR CUANDO ÉSTE RECLAMA LA ENTREGA DE RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN HABÍA ORDENADO TRANSFERIR CON LA MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS [CANCELACIÓN DE RECURSOS FEDERALES AL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BUENA VISTA, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL; REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ASÍ COMO LA RETENCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA]. X. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS SU PRESTACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. LOS MUNICIPIOS PUEDEN COORDINARSE Y ASOCIARSE CON OTROS MUNICIPIOS O CON LA ENTIDAD FEDERATIVA A LA QUE PERTENECEN PARA SU PRESTACIÓN DE MANERA MÁS EFICAZ. XII. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL ESTADO DE OAXACA. CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE LA FORMULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EJECUTAR AQUÉLLAS POR SÍ O POR CONDUCTO DE TERCEROS. XIII. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE OAXACA. ATRIBUCIONES, F

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 190/2018. · Registro digital (IUS): 29614
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-01-08
Promovente: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, DISTRITO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, Pág. 591.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 190/2018. MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, DISTRITO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA. 21 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Clotilde Jiménez Figueroa, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Huautla de Jiménez, Oaxaca, promovió controversia constitucional, en la que solicitó la invalidez de diversos actos emitidos por las autoridades siguientes:

Entidad, poder u órganos demandados:

• Poder Ejecutivo Federal.

• Secretario de Hacienda y Crédito Público.

• Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

• Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Estado de Oaxaca.

• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Norma general o acto cuya invalidez se demanda

• Comunicado verbal y por oficio simple, por parte de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, dependiente; del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la inminente retención de los recursos federales, autorizados a favor del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, para la obra "Ampliación del Sistema de Agua Potable (3er etapa), para beneficiar a la localidad de Santa Catarina Buena Vista, en el Municipio de Huautla de Jiménez", decretado mediante oficio de autorización de recursos CGI/DGAI/PROII/2018/OF/0183, de fecha 04 de abril de 2018, derivado del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal del 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017.

• La inminente determinación por parte del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en reducir ilegalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017 y, consecuentemente, la inminente retención de los recursos federales a mi representada por un monto de $1'797,786.68 (un millón setecientos noventa y siete mil setecientos ochenta y seis pesos 68/100 M.N.), para la obra: "Ampliación del Sistema de Agua Potable (3er etapa), para beneficiar a la localidad de Santa Catarina Buena Vista, en el Municipio de Huautla de Jiménez", decretado mediante oficio de autorización de recursos CGI/DGAI/PROII/2018/OF/0183, de fecha 04 de abril de 2018, violando con ello el proceso constitucional de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y usurpando funciones legislativas.

• La inminente determinación por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, en retener los recursos federales a favor de mi representada, por un monto de $1'797,786.68 (Un millón setecientos noventa y siete mil setecientos ochenta y seis pesos 68/100 M.N.) para la obra "Ampliación del Sistema de Agua Potable (3er etapa), para beneficiar a la localidad de Santa Catarina Buena Vista, en el Municipio de Huautla de Jiménez", decretado mediante oficio de autorización de recursos CGI/DGAI/PROII/2018/OF/0183, de fecha 04 de abril derivado; del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal del 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017, recurso previamente autorizado en beneficio de mi representada y que ilegalmente se pretende privar de ese beneficio.

• La extralimitación de facultades constitucionales y legales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de pretender reducir el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal del 2018, previamente aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017, violando el proceso constitucional de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

• La negativa, por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, de seguir con el proceso de trámite y entrega a mi representada, de los recursos federales por un monto de $1'797,786.68 (un millón setecientos noventa y siete mil setecientos ochenta y seis pesos 68/100 M.N.), para la obra "Ampliación del Sistema de Agua Potable (3er etapa), para beneficiar a la localidad de Santa Catarina Buena Vista, en el Municipio de Huautla de Jiménez", decretado mediante oficio de autorización de recursos CGI/DGAI/PROII/2018/OF/0183, de fecha 04 de abril derivado; del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal del 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017, sin respetar los procedimientos previamente establecidos, violando las garantías de audiencia, defensa y legalidad.

• Todas consecuencias y actos subsecuentes que se hayan originado y los que se sigan originando con motivo de las determinaciones inconstitucionales de las demandas.

SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes antecedentes:

1. El doce de marzo de dos mil dieciocho la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas suscribió un Acuerdo de Coordinación con el Gobierno del Estado de Oaxaca, con el objeto de la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena del cual resultó beneficiario el Municipio actor, por la cantidad de $1'797,786.68 (un millón setecientos noventa y siete mil setecientos ochenta y seis pesos 68/100 M.N.), mismo que fue notificado al secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno de Oaxaca mediante oficio DOAX/2018/OF/0857 de seis de abril de dos mil dieciocho. A su vez, la secretaría de mérito notificó al Municipio la autorización a su favor del mencionado recurso, mediante oficio SINFRA/SPPO/PROII/043/2018.

2. El dos de octubre de dos mil dieciocho –tras múltiples gestiones y una vez cumplidos los requisitos a los que estaba sujeto el programa de infraestructura indígena– el subsecretario de Planeación y Programación de Obra de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno de Oaxaca indicó, de forma verbal, al Municipio actor, que ya no le depositaría cantidad alguna de los recursos autorizados por la Federación para la obra de mérito, toda vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que haría una reducción presupuestal. Lo anterior quedó notificado por oficio CDI/SINFRA/PROII/CORESE/7MA/0002/2018 en el que, sin fundar y motivar su determinación, sin antes haber llevado el procedimiento legal correspondiente.

3. De lo anterior, se estima una violación en la esfera de atribuciones de mi representada, puesto que con la determinación impugnada se limita el ejercicio de las atribuciones del Municipio actor –la ejecución de una obra pública, la ampliación del sistema de agua potable en su territorio– puesto que le impide brindar, debidamente, el servicio de agua potable.

En ese orden de ideas, el Municipio es el único que puede solicitar la modificación, prorroga, ampliación, cancelación, de un convenio y/o autorización de recursos, o cualquier otro acto jurídico; que esté vinculado con la esfera de sus atribuciones siempre y cuando justifique el proceder de su acto, y que no afecte a la colectividad, pero en ningún caso puede efectuarlo el Estado directamente, sin consentimiento del Municipio.

Lo anterior, porque se tiene conocimiento que en las cuentas Bancarias de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, se encuentra depositado, la cantidad de $539,336.00 (quinientos treinta y nueve mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N), por concepto de anticipo para la obra de mérito.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de validez, la parte actora formuló las siguientes consideraciones:

• Los actos impugnados afectan la esfera de atribuciones del Municipio actor al retener un beneficio que lleva inherente una de las funciones previstas en el numeral 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo al servicio de agua potable y soslaya que el Municipio está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, lo limita en cuanto a la libre administración de su hacienda pública, al privarlo de prestar un servicio, del que se recaudará un ingreso por el servicio público prestado.

• Los actos impugnados violentan la esfera de atribuciones de la Cámara de Diputados, en virtud de que es ésta la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, una vez sancionadas las contribuciones que, a su juicio, deben de decretarse para cubrirlo, por lo que existe una usurpación de esas funciones, misma que invalida por si sólo dichos actos y determinaciones.

• Los actos impugnados pretenden llevar a cabo una reducción, afectando el presupuesto previamente aprobado, siendo que es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad exclusiva para ello, violentando con ello el principio de división de poderes. Así, la demanda invade la esfera de atribuciones de la Cámara de Diputados al querer modificar una aprobación legislativa que se llevó a cabo mediante un proceso legitimado y exclusivo, deparando perjuicio al Municipio actor.

• Esta extralimitación de facultades violenta las funciones y servicios públicos a cargo de los Municipios por disposición constitucional, por lo que debe declararse su invalidez.

CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 49, 50, fracción II, 74, fracción IV, 115, fracción III, inciso a), fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, el Ministro presidente ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 190/2018; asimismo, ordenó se turnará el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.(1)

Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, se tuvo como demandados al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a quienes se ordenó emplazar para que formularan su contestación, requiriéndolos para que enviaran a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; por otra parte, no se tuvo como demandados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de la entidad, ya que se trata de dependencias subordinadas a los poderes señalados.

Además, se ordenó dar vista a la Cámara de Diputados, como tercero interesado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y a la Procuraduría General de la República a efectos de que hiciera lo propio. Finalmente, se mandó formar cuaderno incidental a efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada.

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo Federal. Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, al contestar la demanda refirió que:(2)

A. Antecedentes.

I. Con respecto a la facultad del Municipio para celebrar convenios con la entidad federativa no se afirma ni se niega por no ser un hecho propio del Ejecutivo Federal.

II. Es cierta la suscripción del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa de Infraestructura Indígena y en el anexo 1 de dicho instrumentó se incluyó la obra número 20/01/0004/2016 denominada "Ampliación del Sistema de Agua Potable (3er etapa) para beneficiar a la localidad de Santa Catarina Buena Vista, en el Municipio de Huautla de JIMÉNEZ", donde la dependencia ejecutora es el Municipio actor, con una estructura financiera de $1'797,786.68 (un millón setecientos noventa y siete mil setecientos ochenta y seis pesos 69/100 M.N.) a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y un periodo de ejecución estimado de ciento ochenta días; sin embargo, no se afirma ni se niega, que mediante oficio número SINFRA/SPPO/PROII/0043/2018 se haya designado como ejecutor de la obra, al Municipio de Huautla de Jiménez, por no ser hecho propio del Ejecutivo Federal.

III. Es cierto que se notificó al secretario de las Infraestructuras y Ordenanzas Territoriales de Oaxaca, por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre la asignación de dicho recurso, sin embargo la notificación que derivó de ésta, hecha al Municipio de Huautla de Jiménez, no se afirma ni se niega, al no ser hechos propios del Ejecutivo Federal.

IV. Sobre la notificación verbal que hizo el subsecretario de las Infraestructuras y Ordenanzas Territoriales de Oaxaca relativa a ya no se realizaría el depósito, no se afirma ni se niega pues se desconocen los actos que provocaron dicha comunicación.

V. Es parcialmente cierto, el antecedente en que se aduce lo relativo al recorte notificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en lo referente a la cancelación mediante el oficio CDI/SINFRA/PROII/CORESE/7MA/0002/2018, pues existe el oficio de mérito.

VI. No es cierto, que exista violación alguna a la esfera de atribuciones del Municipio actor, ya que la cancelación de la obra se debió a razones atribuibles al Municipio.

VII. No es cierto, que el Municipio actor sea el único que puede solicitar la modificación prórroga, ampliación o cancelación del convenio y/o autorización de recursos para la ejecución de la obra, debido a que éste no cuenta con dichas facultades de conformidad con el acuerdo de coordinación.

VIII. El antecedente relativo a un anticipo de $539,336.00 (quinientos treinta y nueve mil trescientos treinta seis pesos 00/100 M.N.) que se depositó en las cuentas de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, no se afirma ni se niega, por no ser un hecho propio del Poder Ejecutivo Federal.

B. Consideraciones previas:

• El presupuesto de egresos de la Federación es un instrumento cuya emisión compete a la Cámara de Diputados en el cual se establecen las partidas o asignaciones de las que podrá disponer el Estado para la consecución de sus fines en la satisfacción de las necesidades colectivas; todo ello con observancia del contenido de las disposiciones constitucionales que le rigen.

• Dentro de las diversas partidas o asignaciones, se encuentran las referidas al Ramo 47 entidades no sectorizadas, dentro de las que se encuentra la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyas asignaciones tienen como finalidad cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible del Gobierno Federal, respecto de los programas sustantivos en materia de infraestructura básica en zonas indígenas.

• El artículo 115 constitucional no establece la forma en que debe o puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal sino que únicamente precisa en lo particular aquellos conceptos de ésta que quedan sujetas al régimen de libre administración hacendaria.

• El presupuesto de egresos de la Federación establece, en su artículo 28 qué programas deberán sujetarse a reglas de operación. En ese sentido, el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con la finalidad de asegurar la eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, el programa de Infraestructura Indígena debe operar de acuerdo con las reglas de operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

• El Acuerdo por el que se Modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General Adjunta de Infraestructura de la Comisión para el ejercicio fiscal 2018, consiste en establecer la regulación para la ejecución de los programas de subsidio del Ramo 47 relativo al Desarrollo de los Pueblos Indígenas de acuerdo con los criterios de la Comisión, el cual tiene su origen en base del acuerdo (sic) de Coordinación para la Ejecución del Programa de Infraestructura Indígena. Así del punto 2.6.3.1. establece, entre otros, el supuesto de la suspensión y cancelación total o parcial cuando el avance de las obras no fuera entregada de manera oportuna con los procedimientos y formatos establecidos. En ese sentido, el punto 2.8.2 faculta a la Dirección General Adjunta de Infraestructura de la Comisión, para normar el programa de infraestructura indígena e interpretar las reglas de operación y los instrumentos que se deriven de ellas, así como resolver los casos no previstos en las mismas y sus instrumentos normativos. Finalmente, el punto 3.1.1.3. establece los criterios y mecánica por el cual se pueden efectuar modificaciones a las obras o acciones autorizadas.

C. Causales de improcedencia y sobreseimiento:

• El Municipio actor no agotó los recursos o medios de defensa que, previamente a la promoción de la controversia constitucional, permitirían resolver el conflicto del adeudo impugnado (principio de definitividad en términos del artículo 19, fracción VI, de la ley de la materia), pues no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto planteado, esto es, debió haber sido impugnado mediante juicio civil federal, demandando el cumplimiento del acuerdo de coordinación de mérito. Lo anterior, toda vez que el concepto de invalidez planteado por el actor no va encaminado sobre el tema de invasión de facultades, pues busca únicamente que se le pague la cantidad que se le adeuda. Por tanto, la controversia constitucional deviene improcedente.

• Por otra parte, se actualiza la causal de improcedencia relativa a la ausencia de la causa de pedir (artículos 19, fracción VIII y 22, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional), toda vez que en su demanda el Municipio, únicamente, se limita a señalar que los actos omisivos violan en su perjuicio, entre otros, el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, por lo cual es notable la ausencia de al menos un razonamiento que constituya al menos una causa de pedir respecto del acto de mérito.

D. Contestación al concepto de invalidez planteado por el Municipio actor:

• No hay violación, por parte del ejecutivo, del artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Federal, puesto que la cancelación de la obra por virtud de cuestiones imputables al Municipio, no conlleva la vulneración de las atribuciones inherentes a su naturaleza jurídica y al manejo de su patrimonio conforme a la ley. Tampoco se vulnera el principio de autonomía municipal y libre administración hacendaria, toda vez que los recursos federales materia del convenio de coordinación, no constituyen ingresos que se encuentren comprendidos dentro de la libre administración hacendaria pues estos recursos ingresan a la comisión para el cumplimiento de los fines dispuestos en el acuerdo y no a la hacienda municipal; es decir, se trata de subsidios federales, en términos del acuerdo de coordinación, los cuales son de naturaleza distinta a la de las participaciones y aportaciones federales.

• Del acuerdo de coordinación del que deriva el recurso, se advierte que éste puede ser suspendido o cancelado, total o parcialmente, cuando las obras se apartaran de lo programado y cuando la información de los mismos no fuera entregada de manera oportuna y con los formatos y procedimientos establecidos. Al respecto, la Coordinación General de Infraestructura, en uso de sus facultades, realizó los procedimientos necesarios para la suscripción del acuerdo modificatorio al acuerdo de coordinación celebrado entre la Comisión y el Estado de Oaxaca en donde se determinó la cancelación total de la obra, toda vez que la misma representaba un cero por ciento de avance físico. Ante esta falta de cumplimiento fue que se determinó la cancelación y, por tanto, no se le suministró la cancelación previamente establecida.

• Son infundadas las manifestaciones en las que se señala que la reducción presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vulnera la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, puesto que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 nunca se estableció una partida específica en favor del Municipio actor para la obra multicitada, puesto que lo único ahí previsto fueron los recursos federales asignados a la comisión para diversos programas, entre ellos el "Programa de Infraestructura Indígena" que, se reitera, opera con base a las reglas de operación respectivas.

• El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, no es autorizado a nivel del Municipio, ya que éste se integra a nivel de clase presupuestaria, cuya desagregación es hasta nivel de entidad federativa, por lo que los ajustes en modelo de adecuaciones presupuestarias no se realizan a nivel Municipio.

• Si bien es cierto que la Unidad de Política y Control Presupuestario, conforme a sus atribuciones, realizó la reducción al presupuesto de la comisión por medidas de control presupuestario, también lo es que únicamente aplicó para la entidad federativa 34 (no distribuible geográficamente), es decir, no se afectó a la entidad federativa 20 (Oaxaca), de manera específica.

• Todas las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Dirección General Adjunta, correspondiente al PP S179 se realizaron a petición del ejecutor del gasto para el mejor cumplimiento de programas a su cargo y, conforme al fundamento jurídico que las regula, su reglamento y demás disposiciones aplicables que para tal efecto emitió la unidad de política y control presupuestario en su carácter de autoridad presupuestaria (artículo 62 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).

SÉPTIMO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Con respecto a la respuesta de los antecedentes, el Ejecutivo del Estado de Oaxaca, contestó:

• Que con respecto al antecedente relativo a las facultades que le otorga el artículo 113, fracciones I y II, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca así como los artículos 1, 2, 3, 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, éstos no constituyen un antecedente que pueda calificarse como un hecho pues su contenido es parte de una norma por lo que es imposible negar o afirmar este punto.

• Es cierto que se suscribió el acuerdo de coordinación entre el Estado de Oaxaca y el Gobierno Federal (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), en el que se designó como ejecutor al Municipio actor. Sin embargo, éste debía ceñirse a las reglas de operación conducentes; mismas, que se hicieron de su conocimiento a través de diversos oficios.

• Es cierta la notificación que se hizo al secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca relativa a la autorización del recurso de $1'797,786.68 (un millón setecientos noventa y siete mil setecientos ochenta y seis pesos 68/100 M.N.), para la realización de la obra de mérito. Empero, se omite que, mediante oficio SINFRA/SPPO/PROII/0121/2018, se le notificó al Municipio actor todas las funciones que tenía que realizar en su carácter de ejecutor, entre las que estaba el avance de la obra, los informes que debía presentar y el ejercicio del recurso.

• Es cierto, parcialmente, que al Municipio actor se le notificó que ya no se le depositaría el recurso derivado del programa "Infraestructura Indígena" en virtud de un recorte presupuestal efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo aquél omite precisar que mediante diversos oficios se le reiteraron todas las disposiciones legales, administrativas y reglas de operación a las que se obligaba para la ejecución de la obra que refiere, proporcionándole incluso vía digital dichas obligaciones así como los formatos para presentar la información a fin de que no incurriera en irregularidades, pues si ello sucedía, sería bajo su estricta responsabilidad, por lo que es claro que existe una fundamentación y motivación del acto, misma que el Ayuntamiento intenta ignorar.

Antecedentes de la invasión de la esfera municipal:

• No es cierto que exista una violación a la esfera de atribuciones del Municipio con respecto a brindar el servicio de agua potable y con ello recaudar un ingreso, ya que ni el Gobierno de Oaxaca ni la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, suprimió (sic) en ningún momento su derecho como ejecutor de la obra, calidad que tenía en virtud del acuerdo de coordinación, mismo en el que se establecieron las consecuencias legales y administrativas si no se cumplía en el tiempo y con la reglamentación aplicable.

• No es cierto que dentro de las atribuciones del Municipio actor se encontraran las facultades para solicitar la modificación, prórroga, ampliación y cancelación del convenio, la autorización de recursos o la ejecución de cualquier otro acto dentro de su esfera de atribuciones constitucionales y legales, por lo que la retención del recurso para la obra no podía hacerla la entidad sin consentimiento del Municipio. Ello debido a que la cancelación fue una determinación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas a consecuencia de la tardanza y el atraso que llevaba la ejecución de la obra.

• Es parcialmente cierto, que existía un depósito en la cuenta de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca del $539,336.00 (quinientos treinta y nueve mil trescientos treinta y seis pesos M.N.), pues ello se aclara señalando que el contrato entre la empresa ejecutora y el Municipio se formalizó el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, para que diera inicio el veintiuno siguiente; sin embargo, el Municipio solicitó la modificación de partidas a ejecutar, misma que fue aprobada en la cuarta sesión ordinaria del Corese, lo que originó que dicha secretaría no transfiriera el recurso pues aún no se cubrían los requisitos para girar el oficio de autorización del recurso. Por otra parte, la supervisión gerencial encargada de las obras del Programa de Infraestructura Indígena, indicó en todos sus reportes que la obra "Ampliación del Sistema de Agua Potable (3er etapa), para beneficiar a la localidad de Santa Catarina Buena Vista, en el Municipio de Huautla de Jiménez", no estaba iniciada, lo cual fue el parámetro para que se determinara la cancelación total en la reunión nacional de evaluación y que se hizo del conocimiento mediante la circular SINFRA/SPPO/PROII/002/2018.

Como causales de improcedencia precisó:

• La retención de recursos aducida por el Municipio actor, es inexistente, ya que en ningún momento la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable retuvo de manera arbitraria, y menos de manera institucional, los recursos autorizados al Municipio, pues la cancelación obedeció a una reducción presupuestal efectuada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los acuerdos tomados en la séptima sesión ordinaria del Comité de Regulación y Seguimiento 2018 (Corese) por encontrarse dentro de las obras que no habían sido iniciadas aún.

• Por cuanto hace a la supuesta reducción ilegal del presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2018 que transgrede su proceso constitucional de aprobación, es inexistente, ya que estas determinaciones son generadas por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas conforme a los acuerdos mencionados en el punto anterior y en términos de las Reglas de Operación establecidas para el Programa de Infraestructura Indígena. A mayor abundamiento, tanto la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (artículo 2, fracción IV), como la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (artículos 53, 54, 74, 75 y 77), establecen plenamente las facultades de dicha Comisión para tomar las determinaciones de las que se duele el promovente.

• La retención por parte del Gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, es inexistente, pues se insiste la cancelación del recurso fue producto de los acuerdos tomados por el Comité de Regulación y Seguimiento en términos de la normativa aplicable, previamente expuesta, pues ni el gobierno ni la secretaría cuentan con las facultades de tomar esas determinaciones.

• Con relación a la supuesta extralimitación de facultades constitucionales y legales del Ejecutivo Federal al pretender reducir el presupuesto de egresos previamente aprobado por la Cámara de Diputados violando con ello el proceso constitucional debido, es inexistente, ya que dicha determinación fue tomada por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en términos del acuerdo de coordinación y las reglas de operación.

• En lo tocante a la supuesta negativa de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable de seguir con el proceso de trámite y entregar los recursos federales sin respetar los procesos establecidos en detrimento de la garantía de audiencia, defensa y legalidad es inexistente ya que esas determinaciones se tomaron por la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29614-e137ee8c/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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