Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, AUN CUANDO SE ALEGUE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES, SI ÚNICAMENTE SE ESGRIMEN ARGUMENTOS DE LEGALIDAD (SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA EN EL EXPEDIENTE JDC/262/2021). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA EXCEPCIONAL CONTRA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL CUANDO EL MUNICIPIO ACTOR NO DEMUESTRE QUE ÉSTA CORRESPONDE A SU ÁMBITO DE COMPETENCIA O A UNA AFECTACIÓN A SU INTEGRACIÓN DEMOCRÁTICA (SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA EN EL EXPEDIENTE JDC/262/2021).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 211/2021. · Registro digital (IUS): 31067
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-11-18
Promovente: MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo II, Pág.1948.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 211/2021. MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA. 29 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE Y PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MANUEL POBLETE RÍOS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: La resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente JDC/262/2021.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de junio de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 211/2021, promovida por el Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, contra el Tribunal Electoral de ese mismo Estado.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Antecedentes del juicio de origen. El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Consejo Electoral Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, declaró la validez de la elección de concejales del Ayuntamiento respectivo y expidió la constancia de mayoría relativa a la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia.

2. En sesión celebrada el primero de enero de dos mil diecinueve, el Cabildo del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino asignó al señor Adrián Pérez Rojas la Regiduría de Obras Públicas.

3. El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el señor Pérez Rojas solicitó licencia al cargo de regidor de Obras Públicas por el periodo comprendido del seis de febrero al siete de marzo de ese mismo año. En su lugar se designó al señor Marsciano Muñoz Hernández como regidor de Obras Públicas sustituto.

4. Mediante escrito fechado el lunes ocho de marzo de dos mil veintiuno, el señor Pérez Rojas informó al presidente municipal y al Cabildo que retomaría sus funciones y, entre otros aspectos, solicitó ser convocado a las sesiones de Cabildo.

5. El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, previa solicitud formulada por el regidor sustituto, el Cabildo acordó iniciar el procedimiento para la revocación de mandato del señor Pérez Rojas ante el Congreso del Estado de Oaxaca, al considerar que había incurrido en abandono del cargo. En consecuencia, como el señor Muñoz Hernández se estaba desempeñando como regidor de Obras Públicas suplente, se determinó ratificarlo en el cargo.

6. Juicio electoral JDC/90/2021. El seis de abril de dos mil veintiuno, el señor Pérez Rojas promovió juicio ciudadano en contra del presidente municipal, del tesorero y del Cabildo del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, a quienes atribuyó las omisiones de convocarlo a sesiones de Cabildo, otorgarle una oficina y material administrativo para el desarrollo de sus funciones y realizar el pago de dietas a partir del ocho de marzo de dos mil veintiuno, así como los actos consistentes en: obstaculizar el ejercicio de sus funciones como regidor de Obras Públicas y ejercer violencia política por razón de género en su contra.

7. El juicio se radicó con la clave JDC/90/2021. El dos de julio de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dictó sentencia en la que ordenó restituir al señor Pérez Rojas, de manera plena, en el uso y goce de su derecho político electoral violado, así como que se le asignara un espacio físico, recursos humanos y materiales para el desempeño de su cargo y se le pagaran las dietas comprendidas en el periodo del ocho de marzo al quince de junio de dos mil veintiuno; finalmente declaró inexistente la violencia política en razón de género denunciada.(1)

8. Controversia constitucional 108/2021. El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, por conducto de su presidente Dante Montaño Montero y de quien se ostentó como su apoderado, Juan Flores Núñez, promovió una controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la sentencia de dos de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente JDC/90/2021.

9. Esa controversia fue resuelta por unanimidad de votos de las Ministras y Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. En la sentencia se decretó el sobreseimiento de la controversia, pues se advirtió que en la fecha en que se dictó la sentencia ya habían cambiado los integrantes del Cabildo del Municipio actor y, por ende, habían cesado los efectos de la sentencia en la que se ordenó restituir a quien debía fungir como regidor de Obras Públicas por el periodo del uno de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno.

10. Juicio electoral JDC/262/2021. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el señor Pérez Rojas promovió nuevo juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el que reclamó del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y de otras autoridades municipales:

a) La omisión de convocarlo a las sesiones celebradas por el Cabildo de ese Ayuntamiento;

b) La negativa u omisión de pagarle las dietas que le corresponden desde el tres de julio de dos mil veintiuno y las que se generen hasta la culminación de su cargo, así como el aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno, y el pago de las remuneraciones correspondientes a su personal;

c) La omisión de asignarle un espacio digno, material y personal auxiliar para el desempeño de sus funciones;

d) La obstaculización de su cargo al no permitirle ejercer sus facultades de observación y vigilancia de la administración municipal; y,

e) La negativa de que desempeñe sus funciones como presidente de la Comisión de Obras Públicas.

11. El nuevo juicio quedó radicado con el código JDC/262/2021 del índice del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, quien previo el trámite respectivo dictó sentencia el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que por mayoría de votos resolvió:

"Primero. Este tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, en términos del considerando 2 de este fallo.

"Segundo. Se desecha parcialmente el presente medio de impugnación, en términos del considerando 3 de la presente resolución.(2)

"Tercero. Se ordena al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, realizar el pago de las dietas adeudadas al actor, en términos del considerando 8.2.1. de esta sentencia."(3)

12. Controversia constitucional 211/2021. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el señor Montaño Montero, ostentándose como presidente municipal(4) de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el expediente JDC/262/2021.

13. Conceptos de invalidez. En su demanda, el presidente municipal expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca carecía de competencia para dictar sentencia en el juicio JDC/262/2021, pues lo que allí se planteó no se trataba de un conflicto político electoral. Con su actuar, el tribunal violó los derechos humanos de debido proceso, debida defensa y legalidad del Municipio.

b. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC/262/2021, promovido por el señor Pérez Rojas era improcedente, tal como lo hicieron valer el presidente municipal y el Cabildo del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, quienes plantearon la improcedencia del juicio por no ser de naturaleza electoral, atendiendo a que el acto allí reclamado derivó de un procedimiento de revocación de mandato que constituye una medida excepcional de naturaleza político-administrativa autorizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la cual, una persona electa en un proceso constitucional es removida de su cargo.

c. La sentencia impugnada no funda ni motiva la competencia del Tribunal Electoral. Ello, pues el tribunal aquí demandado no expuso las razones y motivos que tuvo para desconocer un procedimiento administrativo exclusivo del Ayuntamiento en el que se determinó revocar el mandato al regidor de Obras Públicas del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, ni para restituir al citado regidor en su cargo, nulificando la decisión de la mayoría de los integrantes del Cabildo. Con ello se vulneraron los artículos 14, 16 y 115, párrafo primero, fracciones I y II, de la Constitución Política del País.

14. Admisión y trámite. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente correspondiente, registrarlo bajo el número 211/2021 y turnarlo a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, por ser instructora también de la controversia 108/2021, en la que se impugnó un acto de contenido similar.

15. En acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

16. Contestación de demanda. El trece de abril de dos mil veintidós, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca contestó la demanda. En ésta, señaló que debía declararse improcedente la controversia constitucional en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) pues en el caso concreto, el Municipio actor se inconformó en contra de un acto del Tribunal Electoral Local al atender una demanda presentada con todas las formalidades exigidas por la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.

17. Asimismo, el tribunal demandado defendió la constitucionalidad de su acto.

18. Pedimento. El fiscal general de la República y la consejera jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.

19. Cierre de la instrucción. El siete de junio de dos mil veintidós, habiéndose celebrado la audiencia de ley, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción para efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

20. Avocamiento. Por acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, la Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto.

I. COMPETENCIA

21. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política del País y 10, fracción I y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) en relación con lo dispuesto en los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Santa Lucía del Camino y el Estado de Oaxaca, a través de un organismo constitucional autónomo, en el que no resulta necesaria la intervención del Pleno, por no haberse impugnado normas generales.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

22. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I,(7) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el Poder actor.

23. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló como tal el siguiente:

"IV. Acto cuya invalidez se reclama

"La resolución de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el expediente JDC/262/2021."

24. Por tanto, se tiene como acto impugnado la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno dentro del expediente JDC/262/2021 por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

25. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria, en el caso quedó demostrada la existencia del acto impugnado, pues el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al contestar la demanda, aceptó haber emitido la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno dentro del expediente JDC/262/2021, y exhibió copias certificadas de dicho acto.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

26. Resulta innecesario el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad de la demanda y legitimación de las partes, en virtud de que procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, del referido ordenamiento, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política del País.(8)

27. La resolución jurisdiccional reclamada no puede ser examinada en la presente controversia constitucional debido a que no ocurre genuinamente un alegato de invasión de competencias, sino que se controvierten el sentido y el alcance de esa determinación jurisdiccional. Ello, en atención a diversos precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular, a lo fallado por el Tribunal Pleno en la controversia constitucional 273/2019(9) y por esta Primera Sala en las controversias constitucionales 113/2017,(10) 233/2017,(11) 237/2017,(12) y los recursos de reclamación 13/2018, derivado de la controversia constitucional 2/2018(13) y 35/2020, derivado de la controversia constitucional 31/2020.(14)

28. En el presente caso el Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, comparece a la presente controversia demandando la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente JDC/262/2021, en la que el Tribunal Electoral de ese Estado ordenó al citado Municipio que pagara al señor Pérez Rojas (a quien en diverso juicio se le había reconocido el carácter de regidor de Obras Públicas) las dietas comprendidas en el periodo del tres de julio al veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

29. A juicio del Municipio promovente de la presente controversia, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se extralimitó en sus funciones, pues el conflicto materia de la sentencia ahora impugnada no es de naturaleza político electoral, por lo que dicho acto se emitió sin que el tribunal tuviera facultades para ello, violándose así los derechos humanos de debido proceso y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política del País.

30. Esta Primera Sala entiende que la pretensión planteada por el Municipio de Santa Lucía del Camino consiste en invalidar una resolución jurisdiccional que lo condenó a pagar una cantidad de dinero por concepto de dietas adeudadas al regidor de Obras Públicas, lo que según el Municipio, resulta violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política del País debido a que el Municipio carecía de competencia y además omitió exponer las razones y motivos por los que desconoció un procedimiento de revocación de mandato iniciado en contra del funcionario actor.

31. Para estar en posición de poder resolver este planteamiento, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe examinar si es o no posible tener como acto reclamado la sentencia impugnada por el Municipio actor, al tratarse precisamente de una resolución jurisdiccional.

32. Esta primera Sala resolvió recientemente la controversia constitucional 207/2020,(15) en la que se planteó el mismo problema jurídico y se hizo una relatoría de diversos criterios jurisprudenciales y precedentes tanto del Tribunal Pleno como de la propia Sala relacionados con la regla general de improcedencia de las controversias constitucionales en contra de resoluciones jurisdiccionales, así como de la hipótesis de excepción que se ha previsto al respecto.

33. En este contexto, debe destacarse que es criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que las controversias constitucionales no proceden en contra de resoluciones de carácter jurisdiccional, ya que este medio de control constitucional no puede utilizarse como un ulterior juicio, recurso o medio de defensa. La controversia constitucional se circunscribe a analizar invasiones competenciales entre órganos del Estado legitimados. Este criterio fue aplicado por primera vez por el Tribunal Pleno al fallarse la controversia constitucional 16/1999,(16) y se reflejó en la tesis de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES."(17)

34. De conformidad con ese criterio, por regla general, una decisión jurisdiccional, como la sentencia que en este caso se controvierte, no es susceptible de impugnación a través del presente medio de control constitucional en virtud de que se haría de esta vía un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural.

35. Empero, este criterio, según lo resuelto por primera vez en la controversia constitucional 58/2006,(18) tiene una excepción que se refleja en la tesis P./J. 16/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.",(19) conforme a la cual, de manera excepcional, procede la controversia constitucional, aun cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional, si la cuestión a examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado.

36. El Municipio de Santa Lucía del Camino pretende situarse precisamente en esta hipótesis, aduciendo una transgresión a su esfera competencial, pues en su único concepto de invalidez señaló:

"... Es necesario garantizar la autonomía del Municipio como ente administrativo, y que se reconozca que, en ejercicio de su autonomía e independencia, atendiendo a los principios constitucionales de legalidad. En ese sentido, se desarrollan los argumentos encaminados a demostrar que el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y con fundamento en ese principio de legalidad, el Cabildo del Ayuntamiento, inició el procedimiento de revocación de mandato por causas graves.

"Ahora, en el caso concreto, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano era improcedente, ya que el actor pretendía impugnar un acto que no puede entenderse lesivo a sus derechos político-electorales, por no ser de naturaleza electoral, atendiendo a que como se mencionó el acto reclamado derivó de un procedimiento de revocación de mandato que constituye una medida excepcional de naturaleza político-administrativa, autorizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la cual una persona electa en un proceso constitucional es removida de su encargo.

"...

"De ahí que, el Tribunal Electoral demandado indebidamente omite tales circunstancias, apartándose de la naturaleza de la revocación del cargo, acto que constituye la procedencia y legalidad del acto impugnado, como una medida excepcional de naturaleza político-administrativa autorizada constitucionalmente y no un acto de naturaleza electoral y, por lo mismo, no puede entenderse atentatoria de los derechos político-electorales del actor, ni de algún otro derecho fundamental indispensable para el ejercicio de los primeros, de ahí que su tutela no encuadre en el supuesto de permanencia en el cargo que este tribunal concibe como parte del derecho a ser votado." 37. No obstante, tras un examen de la demanda y las diferentes pruebas aportadas al expediente, esta Primera Sala llega a la convicción de que no se está ante un caso de excepción de la regla de improcedencia de la controversia constitucional en contra de resoluciones jurisdiccionales; por el contrario, lo que pretende el Municipio actor es cuestionar el sentido y alcance de las consideraciones de la sentencia impugnada.

38. Por más que puedan parecer correctos o incorrectos los razonamientos del fallo o los efectos impuestos, el control que se efectúa en una controversia constitucional no puede llevar a analizar los méritos de tal resolución, sino únicamente a quién le corresponde una determinada competencia. Por ello, aunque en la demanda de la presente controversia el Municipio actor es insistente en plantear la improcedencia del juicio tramitado ante el Tribunal Electoral de Origen, lo cierto es que esas razones nada tienen que ver con la existencia de un conflicto competencial o con la violación a la esfera de atribuciones por parte del tribunal aquí demandado, sino con cuestiones propias de la procedencia del juicio electoral en el que se dictó la sentencia que ahora se pretende controvertir.

39. A mayor abundamiento, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado de manera histórica y reiterada que las controversias constitucionales no pueden ser utilizadas por las partes en un juicio o recurso para objetar las conclusiones o alcances que haya tomado una autoridad jurisdiccional en un caso concreto. Lo único por lo que pueden inconformarse los órganos legitimados en una controversia constitucional cuando el acto impugnado consiste en una resolución jurisdiccional es por la existencia de una invasión de competencias para poder ejercer su jurisdicción sobre dicho caso, pero nunca para refutar si es o no correcta la decisión tomada en tal resolución.

40. A saber, cuando se falló la citada controversia constitucional 58/2006, la razonabilidad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aceptar una excepción al criterio de improcedencia de la controversia en contra de resoluciones jurisdiccionales tuvo lugar con motivo de un conflicto competencial entre dos órganos jurisdiccionales de un mismo Estado (Poder Judicial y Tribunal Contencioso Administrativo, ambos del Estado de Nuevo León) y se refirió a la falta de competencia del segundo para conocer o juzgar los actos emitidos por el primero; es decir, se actualizaba el caso de excepción consistente en la falta de competencia del órgano jurisdiccional emisor del acto impugnado para conocer del asunto, siendo el conocimiento en sí mismo, mas no el contenido o los alcances del fallo, lo que actualiza la vulneración a la esfera competencial del ente legitimado para promover la controversia constitucional.

41. Posterior a este precedente, tanto el Tribunal Pleno como esta Primera Sala han resuelto otros casos en los que se ha considerado actualizada la excepción a la regla general de incompetencia y se ha explicitado su alcance. Por ejemplo, el tres de julio de dos mil dieciocho, el Pleno resolvió las controversias constitucionales 67/2016, 173/2016 y 121/2017,(20) en las que diversos Municipios del Estado de Morelos impugnaron tanto la constitucionalidad del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad(21) como diferentes acuerdos plenarios dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los que se aplicó dicha norma. Con estos acuerdos se destituyó a los respectivos presidentes municipales por el incumplimiento de ciertos laudos.

42. En las sentencias, se sostuvo que eran procedentes las controversias constitucionales a pesar de haberse reclamado unos acuerdos plenarios; ello, al actualizarse el aludido supuesto de excepción, pues los Municipios actores no pretendían cuestionar la legalidad de las consideraciones de fondo de dichos acuerdos, sino pretendían evidenciar cómo éstos, fundamentados en una norma, implicaban una desatención a las competencias establecidas constitucionalmente que exigen que los miembros de un Ayuntamiento elegidos democráticamente sólo puedan ser suspendidos o revocados de sus funciones por causas graves y por determinación del Poder Legislativo.

43. A la misma conclusión llegó esta Primera Sala, por unanimidad de votos, al fallar la controversia constitucional 167/2017, el nueve de mayo de dos mil dieciocho.(22) En ese asunto, el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, impugnó a su vez el citado artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad y el acuerdo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado en el que se aplicó esa norma y se ordenó destituir al presidente municipal y al tesorero por incumplimiento de un laudo.(23) La Sala, por una parte, consideró improcedente la controversia por lo que hace a la destitución del tesorero, ya que el Municipio actor en ese aspecto en realidad cuestionaba la legalidad de la resolución jurisdiccional y, por otro lado, declaró la invalidez de la resolución al implicar una invasión de competencias por ordenar la destitución del presidente municipal. La norma secundaria que justificaba esa destitución no tomaba en cuenta el contenido constitucional respecto a la protección de los funcionarios públicos elegidos democráticamente en el desempeño de su cargo.

44. Así las cosas, se considera que el caso que nos ocupa no se asemeja a los precedentes en los que se ha aceptado la actualización de la excepción. Aunque en la demanda, el Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, refiere que existe una violación a su autonomía por parte del tribunal demandado, de lo que en realidad se duele el Municipio, o más bien, el presidente del Ayuntamiento, es de la determinación del Tribunal Electoral que ordena pagar dietas adeudadas al señor Pérez Rojas, a quien en un diverso juicio se le reconoció el cargo de regidor de Obras Públicas, sin que se formule algún argumento que pretenda evidenciar cómo es que esa orden del pago de dietas afecta la esfera competencial del Municipio.

45. Además, de la sentencia aquí impugnada no se advierte que haya sido parte de la litis lo relativo al procedimiento de revocación de mandato que refiere el Municipio actor; incluso, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca señaló que existía cosa juzgada respecto de la negativa de convocar al señor Pérez Rojas a las sesiones celebradas por el Cabildo del Ayuntamiento, y la omisión de asignarle un espacio digno, material y personal auxiliar para el desempeño de sus funciones; ello, ya que tales aspectos habían sido motivo de pronunciamiento en el juicio JDC/90/2021. Asimismo, se advierte que respecto del reconocimiento del carácter de regidor de Obras Públicas se remitió también a lo resuelto en el juicio últimamente mencionado.

46. En esa tónica, si la pretensión del Municipio actor es que se analice si el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca era competente o no para determinar si el señor Pérez Rojas tenía derecho al pago de dietas adeudadas en su carácter de regidor de Obras Públicas, podemos concluir que el análisis de tal cuestión no implica invasión de competencias establecidas constitucionalmente en favor del Municipio demandante. De ahí que esta Primera Sala considere que la litis del caso únicamente podría consistir en analizar las razones y fundamentos que llevaron al tribunal demandado a emitir la sentencia de condena de pago y los efectos impuestos, no así una cuestión de violación de competencias constitucionales.

47. En este sentido, a diferencia del asunto que dio lugar al precedente de la excepcionalidad de la procedencia de la controversia constitucional contra una resolución jurisdiccional, el actor no alega ser el órgano competente para resolver el juicio de origen o que tal competencia le corresponde a otro órgano del Estado, como se hizo en las citadas controversias constitucionales 67/2016, 173/2016 y 121/2017.(24)

48. Lo anterior se corrobora, por un lado, de la revisión de los preceptos constitucionales que estima violados, a saber 14, 16 y 115, fracciones I y II de la Constitución Política del País,(25) de los cuales no se desprende alguna función originaria que tenga el Municipio actor para resolver el asunto decidido por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Se insiste, aunque el Municipio actor señala que la resolución impugnada viola el artículo 115, fracciones I y II, de la Constitución Política del País;(26) el trasfondo de sus alegaciones es la inconformidad con la respuesta que el tribunal dio a los planteamientos formulados por él, en su carácter de parte demandada en el juicio de origen.

49. Por último, no debe pasar inadvertido que, de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 5,(27) de la Constitución Política del País, el acto cuya invalidez se demanda fue emitido dentro de un medio de impugnación que se encuentra dentro del ámbito competencial del órgano jurisdiccional demandado. En consecuencia, resulta que el Municipio actor no demuestra que la resolución del conflicto original corresponda a su ámbito competencial y, por ende, en la especie, no se actualiza el caso de excepción para la procedencia de una controversia constitucional contra una resolución jurisdiccional.

50. Sin que sea óbice a lo anterior la constante referencia que se hace al procedimiento de revocación de mandato iniciado en contra del señor Pérez Rojas, ya que como se vio anteriormente, tal cuestión no formó parte de la litis en el juicio de origen y, por ende, no podría ser materia de análisis en esta controversia constitucional.

51. Al respecto, como se adelantó, deben tomarse en cuenta las conclusiones similares a las que llegó esta Primera Sala al resolver

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31067-c2704ae4/i-controversia-constitucional-no-es-la-via-idonea · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.