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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LA FEDERACIÓN U OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRIMERA SALA UNITARIA CIVIL, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN IV, 92 Y 93, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESTE ÚLTIMO POR CONDUCTO DE LA SALA REGIONAL MONTERREY, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER EMITIDO LAS SENTENCIAS IMPUGNADAS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECAE EN LA PERSONA QUE LO PRESIDA (ARTÍCULO 283, FRACCIÓN I, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DE LA SALA REGIONAL DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN RECAE EN LA PERSONA QUE LA PRESIDA (ARTÍCULO 178, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE SU IMPROCEDENCIA POR "MATERIA ELECTORAL" DEBE ENTENDERSE A LAS "LEYES ELECTORALES" Y ACTOS O RESOLUCIONES CUYO CONOCIMIENTO ES COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE JUSTICIA ELECTORAL. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL CONTRA NORMAS GENERALES O ACTOS RELACIONADOS CON LA "MATERIA ELECTORAL" QUE VULNERAN LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTRE PREVISTO LEGALMENTE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA REMEDIAR TAL VULNERACIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VIII. MATERIA ELECTORAL. SU DEFINICIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA CONTRA NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL SE ACTUALIZA CUANDO SE REFIEREN A LA "MATERIA ELECTORAL DIRECTA" POR REGULAR ALGÚN PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR O LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE GARANTIZAN LA LEGALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA PROMOVIDA POR EL PODER JUDICIAL ACTOR CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN UN JUICIO ELECTORAL, AL TRATARSE DE ACTOS JURISDICCIONALES CUYOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS NO INCIDEN EN LA MATERIA ELECTORAL, TODA VEZ QUE EN TALES RESOLUCIONES NO SE CONSTITUYÓ ALGÚN DERECHO POLÍTICO ELECTORAL Y NO SE ESTABLECIERON LINEAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSULTA POPULAR (SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DENTRO DE LOS JUICIOS ELECTORALES SM-JE-46/2023 Y JE-02/2023, EL TRES Y TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, RESPECTIVAMENTE). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA DEFINITIVIDAD E INATACABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, TODA VEZ QUE EL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PREVÉ LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR AQUÉLLAS (SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DENTRO DE LOS JUICIOS ELECTORALES SM-JE-46/2023 Y JE-02/2023, EL TRES Y TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, RESPECTIVAMENTE). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA QUE ALEGA LA IMPOSIBILIDAD DE PROMOVER AQUÉLLA CONTRA SUS RESOLUCIONES POR SER UN ÓRGANO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 119/2004, TODA VEZ QUE DICHO CRITERIO NO ES APLICABLE EN TANTO QUE, AL DICTAR LA SENTENCIA IMPUGNADA, LA SALA REGIONAL REFERIDA NO EJERCIÓ UN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, SINO QUE SE LIMITÓ A REVISAR LA LEGALIDAD DE UNA SENTENCIA DE UN TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL (SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DENTRO DE LOS JUICIOS ELECTORALES SM-JE-46/2023 Y JE-02/2023, EL TRES Y TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, RESPECTIVAMENTE). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 519/2023. · Registro digital (IUS): 33691
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-10-10
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Duodécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.107.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 519/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 30 DE ABRIL DE 2025. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y LORETTA ORTIZ AHLF. DISIDENTES: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIENES RESERVARON SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día treinta de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Por la que se resuelve la controversia constitucional 519/2023, promovida por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, demandando la invalidez de la resolución de trece de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, dentro del juicio electoral JE-02/2023, así como de la diversa resolución de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del juicio electoral SM-JE-46/2023.

I. ANTECEDENTES

1. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, como titular del Poder Ejecutivo del Estado, presentó una petición de consulta popular ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, con el objetivo de “determinar si tienen lugar las reformas respecto a conservar la facultad del Gobernador del Estado para intervenir en el proceso para la designación del Fiscal General del Estado, del artículo 159 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León”.

2. El instituto referido radicó la solicitud con el número CP-R-1/2023 y ordenó remitir el expediente respectivo al Tribunal Superior de Justicia a fin de que resolviera sobre la legalidad de la petición de mérito.

3. El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Tribunal Superior de Justicia concluyó lo siguiente:

Primero. Se determina no superado el examen de legalidad efectuado a la petición de consulta popular formulada por el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado como titular del Poder Ejecutivo.(1)

Segundo. Notifíquese al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León la presente resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión.

Tercero. Háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

4. Contra esa resolución, el Gobernador presentó ante el Tribunal Electoral local demanda de Juicio Electoral, mismo que se radicó bajo el expediente JE-002/2023.

5. El diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Tribunal Electoral dictó sentencia en el sentido de sobreseer el juicio al considerar, esencialmente, que: a) se actualizaba la causal de improcedencia consistente en la falta de un interés jurídico por parte del promovente ya que, con la resolución controvertida no se afectó de manera directa e inmediata algún derecho sustancial que se encuentre dentro de la esfera jurídica del actual Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León que pudiera ser susceptible de restitución judicial al revocar la resolución impugnada; y, b) en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 24 de la Ley de Participación, resulta inviable la pretensión del promovente de solicitar una consulta popular, en su modalidad de referéndum, respecto de una norma que ya había sido aprobada por el Congreso del Estado.

6. Dicha resolución se impugnó ante la Sala Monterrey y se registró el bajo el expediente SM-JE-31/2023, en donde determinó revocar la resolución de sobreseimiento combatida y ordenó los efectos siguientes:

Por las razones expuestas, en atención al sentido de revocar la sentencia impugnada, el Tribunal de Nuevo León deberá emitir una nueva en la que:

1. En primer lugar, reconozca que el impugnante sí tiene interés jurídico y legítimo para inconformarse contra la resolución controvertida.

2. En caso de no advertir alguna otra causal de improcedencia, deberá resolver el caso mediante el estudio del fondo de la controversia planteada, conforme a los alegatos concretamente expresados por el impugnante en su demanda.

Ello, tomando en cuenta lo determinado en la presente ejecutoria.

7. En cumplimiento a dicha resolución, el Tribunal Electoral emitió una nueva resolución en la que determinó que el Gobernador sí tenía interés jurídico y legítimo y, por lo tanto, legitimación para promover la consulta popular planteada, por lo que determinó revocar la resolución impugnada, a efecto de ordenar al Tribunal Superior de Justicia a fin de que dentro del plazo de diez días posteriores al de la notificación, en caso de no advertir alguna causal de improcedencia, emitiera una nueva resolución en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 29 de la Ley de Participación.

8. Acto impugnado. El Gobernador impugnó dicha resolución ante la Sala Monterrey, se registró bajo el expediente SM-JE-46/2023, y el tres de octubre de dos mil veintitrés dictó sentencia en la que determinó revocar la resolución de cumplimiento y ordenó los efectos siguientes:

En atención a lo expuesto, se revoca la sentencia impugnada para los siguientes efectos:

1. Se dejan firmes las consideraciones del Tribunal Local que no son controvertidas ante esta Sala.

2. En términos de la sentencia SM-JE-31/2023 y de la presente resolución, el Tribunal Local deberá emitir una nueva resolución, en la que estudie los referidos agravios del actor.

3. En la nueva resolución, en Tribunal Electoral deberá determinar sustituir la instrucción dada al Tribunal Superior de Justicia, para que emitiera una nueva determinación de fondo, sin condicionarla al supuesto de que se cumplan los requisitos de procedencia, pues esa decisión se encuentra firme por la sentencia primigenia del propio Tribunal Superior de Justicia.

4. El Tribunal de Nuevo León deberá emitir una nueva resolución dentro de un plazo breve considerando la naturaleza de la impugnación.

En el entendido que la actual ejecutoria se tendrá por cumplida con el informe que realice el Tribunal Local dentro de las 24 horas siguientes a que emita la determinación, con las constancias que así lo acrediten.

9. En cumplimiento de la sentencia anterior, el trece de octubre de dos mil veintitrés, el Tribunal Electoral local dictó sentencia en la que revocó la resolución combatida y se vinculó al Tribunal Superior de Justicia a cumplir con los efectos siguientes:

4.6. Efectos

Como corolario de lo anterior, se revoca y se reitera la ilegalidad de la resolución impugnada a efecto de requerir al Pleno del Tribunal Superior de Justicia a fin de que dentro del plazo de diez días posteriores al de la notificación de la presente determinación, emita una nueva resolución conforme a lo siguiente:

4.6.1. Se ordena a la responsable que, en la nueva resolución que emita, deberá establecer que el Titular del Ejecutivo del Estado sí está legitimado para presentar la solicitud de consulta popular en la modalidad de referéndum.

4.6.2. Se ordena a la responsable que, en la nueva resolución que dicte, deberá establecer que los requisitos de procedencia de la consulta planteada se encuentran cumplidos, pues esa decisión se encuentra firme por la sentencia primigenia que emitió el propio Tribunal Superior de Justicia.

4.6.3. Se ordena a la responsable que, al momento de realizar el examen de legalidad en relación con la consulta popular planteada por el actor, sólo deberá establecer si la materia de la consulta se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los artículos 35, fracción VIII, numeral 3, de la Constitución Federal y 33, de la Ley de Participación Ciudadana y, con base en ello, determine si se supera dicho examen o se incurre en alguno de los supuestos prohibidos.

4.6.4. Se ordena a la responsable que, en caso de advertir alguna inconsistencia en la pregunta propuesta, realice la modificación conducente, a fin de garantizar que sea congruente con la materia de la consulta.

4.6.5. Se ordena a la responsable que, en la nueva resolución que pronuncie, deberá establecer que la trascendencia de la consulta popular se encuentra superada y acreditada, de acuerdo con los precedentes establecidos en materia de consulta popular fijados en la resolución de la consulta popular CP-P-04/2017, así como en el criterio fijado por la SCJN en la consulta popular 1/2020.

4.6.6. Una vez hecho lo anterior, proceda en términos del inciso c) del artículo 29 de la Ley de Participación.

4.6.7. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia deberá informar al Tribunal el cumplimiento dado a esta sentencia en las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten, apercibido que, en caso de incumplimiento, se aplicará cualesquiera de los medios de apremio que se juzgue pertinente establecidos en el artículo 42, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la materia conforme lo dispuesto en el artículo 288, párrafo segundo de la Ley Electoral Local.

II. PROMOCIÓN Y TRÁMITE

10. Presentación de la demanda. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, promovió la presente controversia constitucional, en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León dictada en el juicio electoral JE-02/2023, así como contra la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada en el juicio electoral SM-JE-46/2023.

11. El Poder actor expresa, en síntesis, en el primer concepto de invalidez que, los actos impugnados transgreden los principios de división de poderes, democracia organizada y supremacía constitucional. Posteriormente, desarrolló lo que a su consideración implican dichos principios.

12. Explica el proceso de consulta conforme a la Constitución local y la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León. Al respecto, concluye que el Tribunal Superior de Justicia del Estado es el único que le corresponde verificar la constitucionalidad o legalidad de una petición a consulta popular. Por lo tanto, que las autoridades demandadas hayan adoptado el criterio de que la resolución del Tribunal es impugnable en la jurisdicción electoral, constituye una invasión a la esfera competencial del Poder actor.

13. Así, existe una intromisión, porque se inmiscuyen en el ejercicio de una atribución que constitucional y legalmente solo le compete al citado Tribunal. Tan es así que el artículo 30 de la propia Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León establece que las resoluciones del Tribunal serán definitivas e inatacables. Además, se impide que el Poder Judicial tome sus propias decisiones o actúe autónomamente para determinar la constitucionalidad o legalidad de la petición de consulta popular. Asimismo, existe subordinación, porque el Poder Judicial se debe someter a las decisiones de las autoridades demandadas, siendo que estas no cuentan con facultades para ello.

14. El Poder actor en su segundo concepto de invalidez refiere que los actos impugnados violan los principios de seguridad jurídica, legalidad y división de poderes, puesto que el Tribunal Electoral Local se arroga una atribución que no le corresponde, pues se trata de una facultad reservada para el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Posteriormente, desarrolla el contenido de dichos principios.

15. Afirma que, las resoluciones impugnadas son inválidas, toda vez que los numerales 40, 43 y 116 de la Constitución Federal otorgan a las entidades federativas la atribución para organizarse conforme a la Constitución local de cada uno de los Estados, con la única condición de que sigan las normas ahí establecidas.

16. Así, como ya se dijo, los artículos 59 de la Constitución local y 29 de la Ley de Participación Ciudadana Estatal reconocen al Poder Judicial su independencia y autonomía para determinar la ilegalidad o intrascendencia de la materia de una petición de consulta popular. Luego, el acto combatido constituye una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial, pues se están atribuyendo una facultad que no es de su competencia, lo cual transgrede los principios de seguridad jurídica y legalidad.

17. En el tercer concepto de invalidez aduce, en síntesis, que se violan los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución Federal al transgredir el principio de división de poderes al encontrarse indebidamente fundamentadas y motivadas. Posteriormente, desarrolla dichos principios.

18. En primer lugar, los actos impugnados se encuentran indebidamente fundamentados, puesto que la Constitución Federal, la Constitución local y la Ley de Participación Ciudadana Estatal no otorgan a las demandadas la facultad para revisar la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia local, relacionada con la consulta popular. Por el contrario, el artículo 30 de la referida ley indica que las resoluciones que emite el Tribunal Superior de Justicia son definitivas e inatacables.

19. Se agrega que los precedentes, Consulta Popular CP-P-04/2017 y el criterio de la Suprema Corte en la Consulta Popular 1/2020, en donde se consideró legitimación al Titular del Poder Ejecutivo para promover una consulta popular, no son aplicables al presente asunto, porque ninguno de esos casos se trató de una consulta popular en su modalidad de “referéndum”, la cual se presenta cuando se consulta a la ciudadanía respecto a la aprobación o rechazo sobre la expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes competencia del Congreso o de reglamentos estatales y municipales, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana Estatal.

20. Las resoluciones impugnadas no se encuentran debidamente fundamentadas, ya que para considerar que el Ejecutivo del Estado de Nuevo León tenía legitimación para solicitar una consulta popular, se basaron en unos antecedentes de consultas populares en la modalidad de “plebiscito”, conforme al numeral 16 de la citada ley.

21. Por otra parte, menciona que las resoluciones combatidas resultan inválidas, en virtud de que se encuentran indebidamente motivadas, ya que la naturaleza jurídica de la consulta popular no tiene como finalidad denunciar, evidenciar o detener ante la ciudadanía el actuar de una autoridad por parte de la otra, sino que se trata de un instrumento de participación en las decisiones del Estado, en aquellos supuestos donde exista “crisis de representación” entendida como una indecisión en el actuar sobre un tema específico.

22. En el caso concreto, el Ejecutivo del Estado pretende que se consulte a la ciudadanía “si tiene o no lugar la reforma al artículo 159 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León” lo cual evidentemente resulta improcedente, pues la reforma a la constitución no es del ámbito del Ejecutivo. Dicho de otro modo, el Poder Ejecutivo local únicamente tendría legitimación para solicitar una consulta popular en la modalidad de referéndum, respecto a la aprobación o rechazo sobre la expedición, reforma, derogación o abrogación, pero solo respecto a aquellos reglamentos que tenga que emitir en el ámbito de su competencia.

23. Además, refiere que, en la legislación estatal no existe un supuesto para consultar normas de dicha jerarquía. De ahí que, la disposición que establece la posibilidad de llevar a cabo consultas populares sobre leyes debe entenderse limitativa a dicha especie de dispositivos y no realizarse una interpretación con el fin de ampliar su alcance a cualquier acto del Poder Legislativo, como lo es la reforma de la Constitución local.

24. Asimismo, afirma que el artículo 59 de la Constitución local establece expresamente que la “seguridad en el Estado” no es susceptible de consulta popular, por lo que, al realizar una interpretación sistemática de dicha disposición, en relación con las normas de ordenamientos especiales que catalogan al Fiscal General de Justicia como una autoridad de seguridad, debe concluirse que la consulta planteada respecto del procedimiento para el acceso al cargo está intrínsecamente relacionada a la materia prohibida.

25. En el cuarto concepto de invalidez aduce, en síntesis, que los actos impugnados actualizan una violación a los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Federal. Al respecto desarrolla la importancia de un correcto emplazamiento.

26. En el caso, afirma que era necesario que el Poder Judicial fuera debidamente emplazado al juicio electoral como parte demandada, lo cual no sucedió, pues solo se solicitó un informe previo y justificado, lo cual no puede considerarse como un emplazamiento.

27. Con la falta de emplazamiento se priva al Poder Judicial de su derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que se dicte.

28. En el caso, las resoluciones se dictaron sin que al Poder Judicial se le hubiera otorgado la oportunidad de acudir al juicio a rebatir las manifestaciones vertidas por la parte actora, es decir, se le negó el derecho de un debido acceso a la justicia.

29. Registro y turno. Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 519/2023 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos.

30. Auto admisorio. En acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional y tuvo como autoridades demandas al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a este último por conducto de su Sala Regional Monterrey, a quienes ordenó emplazar para que presentaran su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles. Además, tuvo como tercero interesado al Poder Ejecutivo de Nuevo León, a quien dio vista para que en el plazo de treinta días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que hicieran las manifestaciones que estimaran correspondientes.

31. Contestación del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. En principio plantea que la controversia constitucional es improcedente.

32. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, dado que la sentencia impugnada se trata de una resolución formal y materialmente jurisdiccional electoral, proveniente de un órgano constitucionalmente autónomo. Agrega que sirve como precedente el recurso de reclamación 132/2022-CA. La única vía para impugnar las cuestiones electorales es la acción de inconstitucionalidad, no la controversia constitucional.

33. Por otra parte, aduce que se debe declarar infundado el concepto de invalidez, porque la sentencia combatida se emitió en cumplimiento de una determinación de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

34. La resolución, continúa el Tribunal demandado, fue dictada en uso de las facultades que le confieren los artículos 276, 277, 281, fracciones IV y V, 286 y 291 de la Ley Electoral local. Asimismo, la sentencia contiene los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvieron de base para su dictado, por lo que cumple con las exigencias constitucionales de la debida fundamentación y motivación. 35. Además, refiere que el Poder actor parte de una premisa equivocada, porque aduce que no se le emplazó; sin embargo, la Ley Electoral local y el Acuerdo General 9/2020 establecen que la autoridad responsable deberá rendir un informe previo y un informe justificado, los cuales sí fueron rendidos por dicha autoridad, por lo que el Poder actor sí contó con la oportunidad procesal para hacer valer los motivos para sostener la legalidad de su determinación.

36. Contestación de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En principio se hacen valer tres causales de improcedencia.

37. En primer lugar, aduce que la controversia constitucional es improcedente porque se promovió contra una sentencia definitiva e inatacable, en términos del artículo 99 de la Constitución Federal.

38. En segundo lugar, afirma que la controversia constitucional es improcedente porque se promovió contra actos en materia electoral. Ello, porque, cuando se involucra el voto popular dentro de los instrumentos de participación ciudadana, como lo es la consulta popular, se está en presencia de actos de naturaleza electoral, por conllevar el ejercicio del derecho político-electoral de voto activo.

39. En tercer lugar, aduce que la controversia constitucional es improcedente, ya que se promovió contra una sentencia emitida por un órgano integrante del Poder Judicial de la Federación. Estima aplicable la jurisprudencia P./J. 119/2004, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE EN CONTRA DE LOS ÓRGANOS DEPOSITARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”.

40. Por otra parte, respecto de los conceptos de invalidez, manifiesta, en relación con el primero, que la Sala Regional, desde el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SM-JDC-219/2019 concluyó que el Tribunal Electoral es competente para conocer en primera instancia de un juicio en el que se controvierte la calificación de legal realizada con motivo de una consulta popular por el Tribunal Superior, en virtud de que la declaración que recae a una solicitud de consulta se ubica dentro del ámbito administrativo, es decir, pertenece a una etapa del procedimiento para que se desarrolle dicho medio de participación ciudadana.

41. Por lo tanto, no existe una invasión a la esfera competencial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, ya que la Sala demandada es la autoridad competente para revisar las determinaciones emitidas por el Tribunal Electoral local relacionadas con controversias derivadas de una de las etapas del desarrollo e implementación de los instrumentos de participación ciudadana establecidos en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León.

42. Agrega que también se debe identificar la elección o ejercicio democrático con el que se relaciona, y ponderar la pretensión final del justiciable, la incidencia del acto, así como los derechos político-electorales involucrados como lo es el derecho a votar y ser votado. En ese sentido, afirma que se protegió el derecho fundamental de la ciudadanía a participar y votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia en su estado.

43. Por lo que hace a la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia, aduce que se debe considerar que al verificar la legalidad de la petición de consulta popular se ejercen funciones de carácter administrativo en una fase o etapa del procedimiento de consulta popular y no una actuación de índole jurisdiccional. Por lo que las controversias generadas en cualquiera de las etapas del desarrollo e implementación de las consultas populares por actos o decisiones de las autoridades cuando incumplan con los principios o vulneren los derechos de la ciudadanía, serán resueltas por el Tribunal Electoral local.

44. Además, añade, que el artículo 112 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado Nuevo León prevé la resolución, a cargo del Tribunal Electoral local, de las controversias generadas en cualquier etapa del desarrollo e implementación de los instrumentos de participación ciudadana; resoluciones que pueden ser revisadas por la Sala Regional, por lo que no se genera sumisión ni violación a la autonomía, sino que, se garantiza el acceso a la tutela judicial efectiva.

45. Respecto al segundo concepto de invalidez, aduce que la resolución del Tribunal Superior de Justicia incide directamente en el procedimiento de consulta popular, pues se trata de un requisito indispensable para continuar o ponerle fin a la misma, lo que la vuelve competencia del órgano jurisdiccional especializado en materia electoral en la vía de impugnación, esto es, el Tribunal Electoral local actuando como máxima autoridad en el plano estatal, como expresamente lo dispone el artículo 276 de la Ley Electoral local. Mientras que la Sala Regional resuelve en definitiva las determinaciones emitidas por los Tribunales Electorales locales.

46. En relación con el tercer concepto de invalidez, manifiesta que las sentencias están correctamente fundamentadas y motivadas, conforme al artículo 112 de la Ley de Participación referida, respecto al Tribunal Electoral local y, la de la Sala Regional en el artículo 176, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, se citaron precedentes que le son aplicables, tales como la consulta popular 1/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el criterio CP-P-04/2017 y la determinación emitida en el SM-JDC-219-2019. Asimismo, contrario a lo que afirma el Tribunal Superior de Justicia, el artículo 59 de la Constitución local, al hablar de la “seguridad del Estado” no se refiere a los nombramientos del cargo de Fiscal, sino a la situación en la que se encuentra el Estado, como organización política.

47. Respecto al cuarto concepto de invalidez, manifiesta que, la parte actora sí fue debidamente notificada y se respetó su garantía de audiencia, pues se le consideró parte dentro del Juicio Electoral como autoridad responsable. En sus informes (previo y justificado) tuvo oportunidad de afirmar o negar la existencia del acto impugnado, así como defender la legalidad del mismo, tal como se dispone en la Ley Electoral local.

48. Manifestaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. El Poder tercero interesado aduce que se actualizan las cuales de improcedencia resultantes del artículo 105, fracción I (último párrafo) de la Constitución Federal, en relación con el diverso numeral 19, fracciones III, VI y IX de la Ley Reglamentaria de la materia.

49. El incumplimiento de la exigencia constitucional estriba en que el Poder actor pretende dejar sin efectos la resolución pronunciada por la autoridad jurisdiccional electoral federal, así como la pronunciada por la autoridad jurisdiccional electoral local. No obstante, este hecho constituye una violación a la normativa constitucional y reglamentaria de la materia, por las razones que se exponen en la contestación de la demanda.

50. Agrega que, la admisión de la demanda de controversia constitucional viola el principio de legalidad, porque este medio de impugnación es improcedente por tratarse de actos de naturaleza electoral, ya que las resoluciones se desprenden de un procedimiento contencioso tramitado ante una autoridad jurisdiccional en la materia electoral.

51. Por otra parte, refiere que la controversia constitucional es improcedente porque se reclaman resoluciones de tribunales en funciones jurisdiccionales. Al respecto, refiere como aplicable la jurisprudencia P./J. 117/2000: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES”. Ello, porque el Poder Judicial actor no plantea un auténtico conflicto competencial de orden constitucional, sino que busca combatir el fondo de las resoluciones impugnadas.

52. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no emitió opinión en el presente asunto.

53. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) en donde se relacionaron las pruebas documentales y los alegatos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

54. Cierre de instrucción. Por acuerdo de doce de abril de dos mil veinticuatro, se decretó el cierre de instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.

55. Radicación en Primera Sala. Previa petición del Ministro ponente, por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, se ordenó el avocamiento de la presente controversia constitucional en la Primera Sala de este Alto Tribunal.

III. COMPETENCIA

56. Esta Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, incisos a) y k) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de la materia; 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, esto de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(3) en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo 1/2023 del Tribunal Pleno, por tratarse de una controversia constitucional en la que se estima resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

IV. PRECISIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33691-471e585f/i-controversia-constitucional-el-poder-judicial-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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