I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA LA TIENE LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO QUE HUBIERE EMITIDO Y PROMULGADO LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE [ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I, INCISO C), AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA QUE OPERE EL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y CUATROCIENTOS TRES, POR LOS QUE SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS A LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SE AUTORIZÓ AL MUNICIPIO DE JUÁREZ PARA QUE CONTRATE CON CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE CIEN MILLONES DE PESOS Y DESTINE LOS RECURSOS QUE OBTENGA AL COSTO DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONTEMPLADAS EN SU PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL, PUBLICADOS EN LA GACETA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO EL DIECISÉIS Y TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, RESPECTIVAMENTE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 405/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 15 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Tema: Determinar si el Congreso del Estado de Nuevo León, al publicar los decretos números 399 y 403 en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León, invade la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo Local.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día quince de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 405/2023, promovida por el Poder Ejecutivo en contra del Poder Legislativo, ambos del Estado de Nuevo León.
El problema jurídico que esta Segunda Sala debe resolver se circunscribe a determinar si es procedente este medio de defensa considerando que la litis se ciñe a dilucidar si el Congreso del Estado de Nuevo León, al publicar los Decretos 399 y 403 en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado, invade la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo Local.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la propia entidad federativa, en la que señaló como actos impugnados los siguientes:
• La publicación del Decreto número 399 de quince de mayo de dos mil veintitrés, por el que se reformaron dos artículos transitorios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León el dieciséis de junio de dos mil veintitrés; y,
• La publicación del Decreto número 403 de treinta de mayo de dos mil veintitrés, por el que se autorizó al Municipio de Juárez, Estado de Nuevo León, para que contrate con cualquier institución de crédito del sistema financiero mexicano uno o varios financiamientos en la modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de $100’000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional) y destine los recursos que obtenga al costo de inversiones públicas productivas contempladas en su programa de inversión municipal, publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León el treinta de junio de dos mil veintitrés.
2. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expuso los conceptos de invalidez que estimó convenientes.
3. Admisión y trámite. Mediante proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 405/2023 y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
4. Posteriormente, por acuerdo de veintiuno de agosto del mismo año, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y ordenó emplazar a dicha autoridad para que presentara su contestación. Por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República a efecto de que manifestara lo que a su representación correspondiera y correr traslado con copias simples del escrito de demanda y su anexo a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que expusiera lo que a su esfera competencial conviniera.
5. Contestación de la autoridad demandada. Por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, dando contestación a la demanda.
6. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y de expresar manifestación alguna.
7. Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el cuatro de diciembre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del diverso 34 de la misma ley, se hizo constar la comparecencia del poder local demandado, se relacionaron las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se asentó que la indicada parte formuló alegatos.
8. Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor decretó el cierre de la instrucción.
9. Radicación en Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para que se avocara al conocimiento del asunto, lo que se realizó mediante proveído de dos de diciembre de ese año.
10. Desistimiento de la controversia constitucional. Por escrito presentado el nueve de enero de dos mil veinticinco a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Nuevo León desistió de la presente controversia constitucional por así convenir a los intereses del Poder Ejecutivo Local que representa.
11. Mediante auto de diez de enero de este año, el Ministro Presidente de la Segunda Sala tuvo al Consejero Jurídico presentando desistimiento de la acción en representación del Gobernador del Estado y lo requirió para que ratificara el escrito respectivo.
12. Finalmente, por proveído de catorce de enero de la presente anualidad, el propio Ministro Presidente recibió el acta de la misma fecha en la que la Actuaria Judicial adscrita a esta Segunda Sala dio fe de que el Consejero Jurídico del Estado de Nuevo León compareció a ratificar el escrito de desistimiento.
I. COMPETENCIA
13. Esta Segunda Sala es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, respecto de actos administrativos, a saber, la publicación de los Decretos 399 y 403.
II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
14. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León designó como actos impugnados los siguientes:
• La publicación del Decreto número 399 de quince de mayo de dos mil veintitrés, por el que se reformaron dos artículos transitorios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León el dieciséis de junio de dos mil veintitrés; y,
• La publicación del Decreto número 403 de treinta de mayo de dos mil veintitrés, por el que se autorizó al Municipio de Juárez, Estado de Nuevo León, para que contrate con cualquier institución de crédito del sistema financiero mexicano uno o varios financiamientos en la modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de $100’000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional) y destine los recursos que obtenga al costo de inversiones públicas productivas contempladas en su programa de inversión municipal, publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León el treinta de junio de dos mil veintitrés.
III. OPORTUNIDAD
15. El artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la demanda de la controversia constitucional será: "Tratándose de actos u omisiones, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos", mientras que el artículo 3, fracción II, del mismo ordenamiento legal indica que en el cómputo de los plazos "se contarán sólo los días hábiles"; lo que revela que el plazo para promover una controversia constitucional contra actos específicos es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en el que hayan sido notificados, se haya adquirido conocimiento de ellos o se aduzca haber tenido noticia de su existencia y contenido.
16. En el caso, el gobernador actor señala que tuvo conocimiento de la publicación del decreto número 399, precisamente, a través de su aparición en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para promover la controversia constitucional transcurrió del diecinueve de junio al catorce de agosto del mismo año.(1)
17. Mientras que, por lo que hace a la publicación del decreto número 403, la parte accionante señala que tuvo conocimiento mediante su aparición en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León el treinta de junio de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para promover la controversia constitucional transcurrió del tres de julio al veintiocho de agosto siguientes.(2)
18. Luego, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de agosto de dos mil veintitrés, es claro que la promoción de la controversia constitucional es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
19. El artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal establece que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: ... h) Dos Poderes de una misma entidad federativa", sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Conforme a lo cual, se infiere lo siguiente:
20. A. Legitimación activa. Los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria(3) señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.
21. En el caso, la demanda fue promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, lo que revela que se configura la legitimación activa, dado que se trata de un poder de una entidad federativa que, además, acude al medio de defensa a través del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien, conforme a los artículos 111(4) y 124(5) de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, es su titular. Funcionario que, además, acredita su personalidad con copia certificada de los decretos número 007 y 008, en los que se recibió su protesta de ley y se le declaró Gobernador Electo del Estado de Nuevo León para el periodo comprendido del cuatro de octubre de dos mil veintiuno al tres de octubre de dos mil veintisiete, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad legislativa el cuatro de octubre de dos mil veintiuno.
22. B. Legitimación pasiva. Los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria(6) señalan que tendrá el carácter de demandado o demandada, la entidad, poder, u órgano que hubiese emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.
23. En el caso, se designó como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, lo que revela que se configura la legitimación pasiva, dado que se trata de un poder de una entidad federativa que, además, acude al medio de defensa a través de quien tiene facultades para representarlo, a saber, el Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, quien, conforme a los artículos 60, fracción I, inciso c),(7) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 24, fracción XV,(8) del Reglamento para el Gobierno Interior del indicado Congreso del Estado, tiene la atribución de representación legal de ese poder. Funcionario que, además, acreditó su personalidad con copia certificada del decreto número 414, por el que se aprobó la integración de la Mesa Directiva de la citada legislatura, publicado en la Gaceta Legislativa el nueve de octubre de dos mil veintitrés.
V. CONCEPTOS DE INVALIDEZ
24. El Gobernador del Estado de Nuevo León expone medularmente lo siguiente:
A. La orden y ejecución de la publicación de los decretos impugnados viola el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el principio de división de poderes en las entidades federativas, habida cuenta de que:
• Esa disposición de la Ley Fundamental prevé que cada estado regulará el funcionamiento de sus poderes, por lo que el proceso de creación de las leyes y decretos en Nuevo León se rige por los artículos 90 y 91 de su Constitución Local en su texto vigente.
• Conforme a esas disposiciones locales, el medio oficial de difusión de las normas generales –para su entrada en vigor–, es el Periódico Oficial del Estado, en términos de los artículos 2, 5, 6 y 7 de la ley que lo rige.
• Esos preceptos legales indican que las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos surtirán efectos jurídicos y serán obligatorios por el solo hecho de aparecer publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
• Las publicaciones efectuadas en la Gaceta Parlamentaria, incluso cuando sean ordenadas por el Congreso del Estado, carecen de sustento jurídico y, más aún, no pueden generar la vigencia de una norma de carácter general.
• No pasa inadvertido que el Poder Legislativo pretende sostener la publicación de los decretos materia de este asunto en la reforma que aprobó el artículo 90 de la Constitución Local; empero, el texto normativo que pretendió adicionarse no ha entrado en vigor, dado que el decreto relativo a esa modificación constitucional tampoco ha sido publicado en el Periódico Oficial, por lo que no puede servir de fundamento a la actuación del Congreso del Estado.
B. La orden y ejecución de la publicación de los decretos impugnados transgrede el artículo 116 de la Carta Magna, en concreto, el principio de división de poderes que rige en las entidades federativas, ya que:
• La promulgación y publicación de las normas y decretos constituye una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo, previo refrendo del Secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León.
• A la publicación de los decretos materia de esta controversia constitucional precedió la promulgación respectiva, que constituye un requisito esencial de la creación de una disposición general como parte de la fase integradora de su eficacia.
• Incluso, esa publicación carece también de la promulgación por parte del Gobernador del Estado, que implica una declaración solemne que formaliza la incorporación de preceptos al orden jurídico.
• El supuesto otorgamiento de vigencia de los decretos impugnados a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria carece de sustento constitucional, toda vez que parte de una invasión de la esfera de competencia del Ejecutivo Local por ignorar sus facultades exclusivas de refrendo y promulgación, las cuales no constituyen un mero trámite.
VI. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO
25. Esta Segunda Sala considera que resulta innecesario analizar la posible actualización de causales de improcedencia y, más aún, examinar los conceptos de invalidez, dado que la parte accionante se ha desistido de la controversia constitucional.
26. Conforme al artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las controversias constitucionales pueden ser promovidas por los entes legitimados que esa porción normativa enlista, pues es a ellos a quienes corresponde el impulso procesal para promover el medio de defensa; lo que revela que el derecho a que el medio de defensa continúe hasta su total resolución, lo tiene la parte que lo promovió y responde exclusivamente al interés que ésta tiene en continuar con su tramitación y la aceptación de sus consecuencias.
27. Al mismo tiempo, ese presupuesto procesal otorga la posibilidad jurídica de que el ente promovente tenga la prerrogativa de renunciar al ejercicio de su acción en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, teniendo el deber este Alto Tribunal de aceptar esa renuncia expresa. Esto es, el accionante está en aptitud de retirar el medio de defensa extraordinario en cualquier momento, por una mera declaración de su voluntad, clara y fehaciente; por lo que, anulado de manera manifiesta e indubitable el acto de voluntad de promoción de la controversia constitucional, el órgano jurisdiccional queda eximido de su obligación de examinar las pretensiones planteadas y resolver lo que en derecho proceda, cuando se satisfagan las exigencias a que se refiere el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:
Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales;
28. Al respecto, el Tribunal Pleno, mediante la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.",(9) ha establecido que la voluntad de abandonar la acción procesal puede expresarse en cualquier etapa de la sustanciación del juicio siempre que, desde luego, no se haya emitido la sentencia respectiva.
29. Asimismo, a través de la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.",(10) ha sostenido que el desistimiento únicamente procede cuando la persona que se desista de la demanda en nombre de la entidad, poder u órgano de que se trate: a) Esté legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan, b) Ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública; y c) Cuando no se hayan impugnado normas de carácter general.
30. En el caso se cumplen las tres condiciones anunciadas.
31. En efecto, el escrito de desistimiento fue signado por el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, quien es el funcionario encargado de su representación legal durante la sustanciación y resolución de las controversias constitucionales en los términos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESUNCIÓN LEGAL DE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA NO OPERA PARA EFECTOS DE SU DESISTIMIENTO.",(11) según se desprende de los artículos 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 7, fracción XII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado de Nuevo León, que dicen:
Artículo 21. La persona titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes Unidades Administrativas: [...]
IV. Consejería Jurídica; [...]
Artículo 7. Para la atención y el despacho de los asuntos establecidos en el artículo 34 de la Ley Orgánica para el Estado de Nuevo León, el Consejero tendrá las siguientes atribuciones: [...]
XII. Efectuar las acciones pertinentes para representar al Gobernador del Estado en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los medios de control de la constitucionalidad local; [...]
32. Asimismo, dicho servidor público expresó claramente la intención de desistirse de la controversia constitucional, pues en la promoción respectiva indicó que "por medio del presente escrito ocurro a solicitar desistimiento de la controversia constitucional 405/2023, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar dentro de la controversia constitucional en que se actúa, esto por así convenir a los intereses del Ejecutivo del Estado de Nuevo León que en este acto represento".
33. Más aún, ese desistimiento fue ratificado por dicho funcionario, ya que, como la Actuaria adscrita a esta Segunda Sala hizo constar en el acta de catorce de enero de la presente anualidad, compareció para expresar que "en este acto ratifica el contenido y firma del escrito presentado electrónicamente el nueve de enero de dos mil veinticinco y registrado con el folio 123–SEPJF, por medio del cual desiste de la controversia constitucional 405/2023", identificándose con su credencial vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave CRFNUL74040619H700.
34. Finalmente, es de destacarse, en el caso, la parte accionante impugnó los actos siguientes:
• La publicación del Decreto número 399 de quince de mayo de dos mil veintitrés, por el que se reformaron los artículos transitorios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León el dieciséis de junio de dos mil veintitrés; y,
• La publicación del Decreto número 403 de treinta de mayo de dos mil veintitrés, por el que se autorizó al Municipio de Juárez, Estado de Nuevo León, para que contrate con cualquier institución de crédito del sistema financiero mexicano uno o varios financiamientos en la modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de $100’000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional) y destine los recursos que obtenga al costo de inversiones públicas productivas contempladas en su programa de inversión municipal, publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León el treinta de junio de dos mil veintitrés.
35. Ello porque, a decir del gobernador actor, la orden y ejecución de la publicación de esos Decretos 399 y 403 en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León viola el principio de división de poderes previsto en los artículos 49 y 116 de la Ley Fundamental, ya que esas actuaciones son facultades exclusivas atinentes a su ámbito competencial en términos del artículo 90 de la Constitución Local, máxime que aquella gaceta no constituye el medio oficial apto para difundir y, en su caso, dar vigencia a las normas generales y decretos aprobados en la entidad federativa y, más todavía, si se atiende a que no fueron previamente sancionados por el Gobernador del Estado.
36. De ahí que es claro que no se impugnaron normas de carácter general.
37. Además, se aclara que la celebración de la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria no es obstáculo para la procedencia del desistimiento en la controversia constitucional, ya que este último puede manifestarse en cualquiera de las etapas del juicio, atendiendo a que, como se ha expuesto, ese medio de defensa se sigue a instancia de parte, es decir, de cualquiera de los entes, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105 fracción I de la Constitución Federal.
38. De lo hasta aquí expuesto, se desprende que existe manifestación fehaciente, clara y precisa de la parte accionante de renunciar a su derecho a que continúe la controversia constitucional, la cual quedó ratificada antes de que el asunto fuera fallado, respecto de actos impugnados que no constituyen normas generales.
VII. DECISIÓN
39. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado el efecto jurídico generado por el desistimiento, se impone sobreseer en la controversia constitucional.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Se tiene por desistida a la parte accionante.
SEGUNDO.—Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán (ponente), Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
PONENTE
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN
SECRETARIA DE ACUERDOS
CLAUDIA MENDOZA POLANCO
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Dado que se descuentan los días comprendidos entre el quince y el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, por corresponder al receso relativo al primer periodo de sesiones de este Alto Tribunal conforme a los artículos 3 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio, uno, dos, ocho y nueve de julio, cinco, seis, doce y trece de agosto –sábados y domingos–, por haber sido inhábiles en términos del artículo 143 del indicado ordenamiento legal.
2. Dado que se descuentan los días comprendidos entre el quince y el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, por corresponder al receso relativo al primer periodo de sesiones de este Alto Tribunal conforme a los artículos 3 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los días uno, dos, ocho y nueve de julio, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto –sábados y domingos–, por haber sido inhábiles en términos del artículo 143 del indicado ordenamiento legal.
3. Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia. [...]
Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
4. Artículo 111. El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León se deposita en un ciudadano que se denominará Gobernador del Estado o Titular del Ejecutivo.
5. Artículo 124. El Gobernador será jefe y responsable de la administración pública, misma que será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso del Estado, esta ley distribuirá los negocios del orden administrativo del Estado que estarán a cargo de las secretarías del Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Gobernador en su operación.
6. Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
II. Como demandada o demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia. [...]
7. Artículo 60. Son atribuciones de los integrantes de la Directiva las siguientes:
I. Del Presidente: [...]
c) Representar al Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal y protocolario, pudiendo delegar dicha representación de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; [...]
8. Artículo 24. Además de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al Presidente del Congreso le corresponde: [...]
XV. Tener la representación legal del Congreso:
a) En los actos oficiales a que deba concurrir, pudiendo ser suplido en dicha representación en este orden: por los Vicepresidentes o por otro Diputado que sea nombrado para tal efecto por el Presidente de este órgano de dirección. En casos extraordinarios, el Pleno del Congreso podrá designar expresamente a una comisión para representar al Congreso; y
b) Para celebrar convenios, otorgar poderes o mandatos y designar delegados para que representen al Congreso, pudiendo éstos ejercer las facultades de administración, pleitos y cobranzas, aún aquéllas que requieran de cláusula especial. [...]
9. Jurisprudencia P./J. 54/2005 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, página novecientos diecisiete, registro digital 178008.
10. Jurisprudencia P./J. 113/2005 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de dos mil cinco, página ochocientos noventa y cuatro, registro digital 177328.
11. Jurisprudencia P./J. 40/2008 publicada en el Seman
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200987-16544c80/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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