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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 23, FRACCIÓN IV, 92 Y 93, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR LA PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO LOCAL (ARTÍCULOS 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 44, FRACCIÓN XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, TODOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 60, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, Y 24, FRACCIÓN XV, DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (ARTÍCULO 27, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE, PUBLICADA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA OMISIÓN LEGISLATIVA DE ESTABLECER EN ESE ORDENAMIENTO UN SUELDO MÁXIMO PARA EL GOBERNADOR DEL ESTADO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2019. · Registro digital (IUS): 200902
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2019. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 9 DE AGOSTO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: Artículo 27, párrafos primero y tercero de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019, publicada en el Periódico Oficial de dicha Entidad Federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; así como la omisión legislativa de establecer en ese ordenamiento, en el tabulador correspondiente, un sueldo máximo para el Gobernador del Estado de Nuevo León.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 43/2019, promovida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Javier Mendoza Torres, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León, por los actos consistentes en el artículo 27, párrafos primero y tercero de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019, publicada en el Periódico Oficial de dicha Entidad Federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como la omisión legislativa de establecer en ese ordenamiento, en el tabulador correspondiente, un sueldo máximo para el Gobernador del Estado de Nuevo León.

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 116, fracción III, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. En la demanda se plantearon diversos conceptos de invalidez, los cuales no se transcriben en atención al sentido que regirá en el presente fallo.

4. Trámite y admisión. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 43/2019; así como lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.

5. Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de diecinueve de febrero siguiente admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León; señaló que no ha lugar a tener como terceros interesados al Secretario de Finanzas y Tesorero General, así como al Responsable de la Unidad del Periódico Oficial; requirió a las autoridades demandadas para que al momento de dar contestación a la controversia enviaran copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y su respectiva publicación en el Periódico Oficial de esa Entidad; asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Contestación a la demanda. Las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, las cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.

7. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.

8. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el seis de junio de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia Ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

9. Envío de proyecto a la Secretaría General de Acuerdos. El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se envió el proyecto a esa Secretaría de este Alto Tribunal.

10. Envío a la Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente a la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, lo que ocurrió por auto de doce de junio de dos mil veintitrés.

I. COMPETENCIA.

11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) y los puntos segundo, fracción I y tercero, del Acuerdo General número 5/2013, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

II. PRESUPUESTOS PROCESALES.

13. A continuación, se analiza la oportunidad en la presentación de la demanda.

14. Oportunidad. A continuación se analiza la oportunidad en la presentación de la demanda.

15. El Decreto número 081, por el cual se expide la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019, fue publicado en el Periódico Oficial de esa Entidad Federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

16. Por su parte, el artículo 21, fracciones I y II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

17. En el caso, si el Decreto combatido fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el plazo referido transcurrió del dos de enero al catorce de febrero de dos mil diecinueve, descontando los días uno, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero; dos, tres, cuatro, cinco, nueve y diez de febrero de ese año, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley de la materia, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.

18. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de febrero de dos mil diecinueve, es claro que su presentación resultó oportuna.

19. Legitimación activa y pasiva. En la especie se cumple con el requisito en comento, atento a los razonamientos que se desarrollan a continuación.

20. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

(...).

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

(...).

21. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia señalan lo siguiente:

Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;

(...).

Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

(...).

22. De los preceptos reproducidos se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre los Poderes de los Estados, en relación con la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.

23. En el caso, la demanda fue promovida por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, quien cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional de conformidad con los artículos mencionados.

24. Además, el Presidente de ese Órgano Jurisdiccional acreditó su personalidad con copia certificada de las actas de sesión extraordinaria del Pleno de ese Tribunal, número 6/2017 y 7/2017 de fecha primero de agosto de dos mil diecisiete.(2) Aunado a que en términos de los artículos 94, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,(3) 23, fracción IV, 92 y 93, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León,(4) el Presidente del Tribunal Superior de Justicia es el representante tanto de ese órgano como del Consejo de la Judicatura del Estado.

25. Respecto a la legitimación pasiva, en este asunto tienen el carácter de autoridades demandadas los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

26. Conforme a los artículos 10, fracción II(5) y 11, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de la materia, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

27. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, contestó la demanda el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, como representante jurídico del Gobernador, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Oficio número 17-A/2015, de seis de octubre de dos mil quince, por el cual es nombrado con el cargo con el que se ostenta; y, con copias simples de los Decretos publicados en el Periódico Oficial Local, número 008 de fecha cuatro de octubre de dos mil quince y número 009 de siete de octubre de ese año, en los que rindió protesta y se declaró Gobernador electo de esa Entidad,(6) respectivamente.

28. Aunado a que el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,(7) prevé que el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un funcionario que se denominará Gobernador del Estado; y los diversos 20, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado;(8) y 44, fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno;(9) establecen respectivamente, que es facultad de la Secretaría General de Gobierno representar legalmente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en los procedimientos, juicios o asuntos litigiosos en los que sea parte o tenga interés jurídico de cualquier materia o naturaleza; y que corresponde al Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana la representación jurídica del Titular del Ejecutivo, en todo tipo de juicios, recursos y procedimientos en que sea parte, tenga el carácter de tercero o le resulte algún interés jurídico, así como en asuntos de carácter extrajudicial; por lo que es de concluirse que tiene legitimación para participar en este medio de control constitucional.

29. En relación a la legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado, compareció a contestar la demanda el diputado Marco Antonio González Valdés, en su carácter de Presidente de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Decreto número 001 publicado en el Periódico Oficial de siete de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual se aprobó la integración de la Mesa Directiva de esa Legislatura.(10)

30. Asimismo, los artículos 60, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 24, fracción XV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ambos del Estado de Nuevo León,(11) prevén respectivamente, que la o el Presidente de la Mesa Directiva tendrá, entre otras atribuciones, la de ostentar la representación legal y protocolaria del Congreso del Estado; y que a éste le corresponde, entre otros, tener la representación legal de ese Órgano.

31. Por ende, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, tienen legitimación pasiva para comparecer al juicio, ya que a éstos se les atribuye el acto impugnado y ha quedado demostrado que los funcionarios que comparecen cuentan con facultades para representarlos.

32. Empero, quién carece de legitimación pasiva para ser parte en este medio de control constitucional, es el Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, tal y como lo expone en el informe que le fue requerido.

33. En efecto, en el documento respectivo aduce que los actos impugnados corresponden a las atribuciones del Poder Legislativo, así como del Titular del Poder Ejecutivo local, pero en ningún segmento se hace referencia al acto de refrendo y, tampoco se combatió éste por vicios propios, sólo se aludió a los vicios del precepto cuestionado, por lo que carece de esa legitimación, en virtud de que no le correspondió emitir, ni promulgar el artículo 27 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019.

34. Al respecto, en la demanda de controversia constitucional, concretamente en el rubro identificado como: "Actos cuya invalidez se demanda", se lee lo siguiente:

7. ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA

7.1. Los párrafos primero y tercero del artículo 27 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

7.2. La omisión legislativa de establecer en la ley de egresos referida, particularmente, en el tabulador correspondiente, un sueldo máximo para el Gobernador del Estado de Nuevo León.

35. Por otra parte, de la lectura a los conceptos de invalidez, se acredita que la parte actora sólo expresó argumentos en contra del primer y tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019, por violación a los principios de independencia judicial e irreductibilidad salarial, y el de seguridad jurídica, esto es, se constriñó a combatir la hipótesis normativa que ordena que ninguna percepción salarial mensual de los servidores públicos del Gobierno del Estado, integrado entre otros, por el Poder Judicial, podrá exceder de la percepción salarial real del gobernador del Estado.

36. Por otro lado, en este considerando ya se hizo referencia a lo dispuesto en el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal, por cuanto enumera a lo sujetos legitimados para promover controversia constitucional, a saber, la Federación y una Entidad Federativa; la Federación y un Municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente; una Entidad Federativa y otra; dos Municipios de diversos Estados; dos Poderes de una misma Entidad Federativa; un Estado y uno de sus Municipios; una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México; y, dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.(12)

37. Precisado lo anterior, como se apuntó, el Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León no tiene legitimación pasiva para ser parte en esta controversia, pues no tiene ninguna de las calidades que enumera la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Federal; esto es, no emitió ni promulgó la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019.

38. Además, como lo explica en el informe correspondiente, tiene una dependencia subordinada jerárquicamente al Gobernador del Estado, en quien radica la titularidad del Poder Ejecutivo, que es uno de los Poderes que señala la fracción I del artículo 105 constitucional, por lo que no se le puede atribuir la emisión del Decreto impugnado, ni la omisión reclamada, de ahí que ha lugar a sobreseer en la controversia constitucional respecto de esa autoridad.

39. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio contenido en la tesis P./J. 84/2000, que a continuación se reproduce:

LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS. Tomando en consideración que la finalidad principal de las controversias constitucionales es evitar que se invada la esfera de competencia establecida en la Constitución Federal, para determinar lo referente a la legitimación pasiva, además de la clasificación de órganos originarios o derivados que se realiza en la tesis establecida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. LXXIII/98, publicada a fojas 790, Tomo VIII, diciembre de 1998, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA.’, para deducir esa legitimación, debe atenderse, además, a la subordinación jerárquica. En este orden de ideas, sólo puede aceptarse que tiene legitimación pasiva un órgano derivado, si es autónomo de los sujetos que, siendo demandados, se enumeran en la fracción I del artículo 105 constitucional. Sin embargo, cuando ese órgano derivado está subordinado jerárquicamente a otro ente o poder de los que señala el mencionado artículo 105, fracción I, resulta improcedente tenerlo como demandado, pues es claro que el superior jerárquico, al cumplir la ejecutoria, tiene la obligación de girar, a todos sus subordinados, las órdenes e instrucciones necesarias a fin de lograr ese cumplimiento; y estos últimos, la obligación de acatarla aun cuando no se les haya reconocido el carácter de demandados". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, jurisprudencia, tomo XII, agosto de 2000, P./J. 84/2000, página 967, registro digital 191294).

40. Incluso, se enfatiza que respecto del acto que le correspondió llevar a cabo, consistente en el refrendo de la Ley cuestionada, de la demanda no se aprecia argumentación alguna en que combata ese acto por vicios propios.

41. Por tanto, ha lugar a sobreseer en la controversia constitucional respecto de la autoridad denominada Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, por carecer de legitimación pasiva.

42. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

43. En este apartado, por ser un tema de estudio preferente y oficioso, se procede al análisis de las causas de improcedencia planteadas por las partes o que, en su caso, advierta esta Segunda Sala de oficio, ello, de conformidad con lo establecido en el párrafo último, del artículo 19, de la Ley Reglamentaria.

44. Esta Segunda Sala advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria, el cual prevé que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos respecto del ente que resintió la afectación, porque su vigencia está sujeta a la anualidad del ejercicio para el cual se expidieron.

45. Este Alto Tribunal ha sentado el criterio de que las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos se rigen por el principio de vigencia anual, pues constituyen instrumentos jurídico-financieros cuyo propósito fundamental es poner los medios para el funcionamiento y desarrollo del Gobierno y de la gestión financiera general de los asuntos públicos durante un año fiscal determinado.

46. En términos de la colaboración constitucional y legalmente fijada, los Poderes Legislativo y Ejecutivo tienen la responsabilidad de emitir estas normas para obtener los ingresos necesarios para saldar los gastos que la gestión de los asuntos públicos requerirá durante el mencionado periodo temporal.

47. En el caso, de acuerdo al transitorio primero del Decreto impugnado, se advierte que entró en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve, con lo cual se desprende que su vigencia duró desde esa fecha hasta el treinta y uno de diciembre de la misma anualidad. Lo que pone de manifiesto que la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019, cuya invalidez solicita la parte actora, ha quedado sin efectos puesto que ha perdido su vigencia y las consecuencias que se hubieran podido producir por su emisión ya no tienen eficacia material ni jurídica en la esfera competencial del actor.

48. Esta conclusión se robustece al considerar que el treinta de diciembre de dos mil diecinueve se publicó el Decreto número 217 por el cual se expide la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2020, en el Periódico Oficial de esa Entidad Federativa, cuyo primer artículo transitorio establece que dicho Decreto entró en vigor el uno de enero de dos mil veinte.(13) Por lo tanto, es claro que la posible afectación que pudiera resentir la parte actora en su esfera de atribuciones quedó sin efectos.

49. En consecuencia, si la vigencia anual concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno, puesto que no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la invalidez del acto impugnado, la sentencia no tendría impacto en la esfera jurídica de la parte actora, pues por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal(14) y 45 de la Ley Reglamentaria,(15) la declaración de invalidez de las sentencias no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal.

50. En las relatadas consideraciones, al haber dejado de producir sus efectos el Decreto impugnado en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 19(16) de la Ley Reglamentaria.

51. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 54/2001 de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS"(17) y por identidad de razón el criterio del Tribunal Pleno, consultable en la tesis jurisprudencial número P./J. 9/2004, de rubro siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS".(18)

52. No obsta a lo anterior que también se hubiera impugnado una omisión legislativa, es decir, que se argumentara que el primer párrafo del artículo 27 de la Ley impugnada transgrede el diverso 14 constitucional, al determinar que ningún servidor público podrá percibir una remuneración mayor a la "percepción salarial real" del Titular del Ejecutivo Estatal; empero, el legislador no determinó a cuánto asciende ésta, así como las prestaciones que la integran.

53. Esto en virtud de que la referida omisión es de carácter relativo, pues la parte actora la hace depender de la deficiencia normativa de la Ley impugnada, al no contener la información arriba descrita.(19)

54. Pero al perder vigencia toda la normativa que preveía la supuesta deficiencia acusada por la parte actora, se actualiza la cesación de efectos también de la omisión legislativa impugnada.

55. De ahí que, en el caso, han cesado los efectos del acto impugnado y, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria, por lo que lo procedente es sobreseer en la controversia constitucional, con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria,(20) respecto del artículo 27 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019, publicada en el Periódico Oficial de esa Entidad Federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como la omisión legislativa de establecer en ese ordenamiento, en el tabulador correspondiente, un sueldo máximo para el Gobernador del Estado de Nuevo León.

56. En similares condiciones la Segunda Sala resolvió las controversias constitucionales 358/2019, 2/2020, 10/2020;(21) así como las diversas 2/2019 y 75/2019.(22)

57. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

IV. DECISIÓN.

58. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera procedente sobreseer en la presente controversia constitucional.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE Y PONENTE

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA

CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

_______________

1. Asimismo es pertinente tener como fundamento el artículo quinto transitorio del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", publicado en el Diario Oficial de la Federación de siete de junio de dos mil veintiuno, que prevé lo siguiente:

Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

2. Fojas treinta y cinco a cuarenta y cuatro de la controversia constitucional.

3. "Artículo 94.- Al Poder Judicial corresponde la jurisdicción local en las materias de:

I. Control de la constitucionalidad local en los términos que señale la ley correspondiente; y

II. Civil, familiar, penal, laboral y de adolescentes infractores.

También garantizará la vigencia de las normas de la Constitución y leyes federales, en las materias en que estas autoricen la jurisdicción concurrente.

El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Menores, y se expresará a través de funcionarios y auxiliares en los términos que establezcan esta Constitución y las Leyes.

En el Poder Judicial habrá un Consejo de la Judicatura del Estado, el cual tendrá las atribuciones que le señalen esta Constitución y las Leyes.

El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno, en Salas Colegiadas y en Salas Unitarias y se regirá en la forma que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tendrá el número de Magistrados que determine la Ley, quienes durarán hasta veinte años e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200902-b5cdcd2e/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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