I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESA COMISIÓN). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA INTERVENIR EN JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULOS 11, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EL ACUERDO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL UNO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE JULIO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 45/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del titular del Poder Ejecutivo Federal.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal, por los actos consistentes en:
(...).
IV. Acto cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó.
La aprobación, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, por el Poder Ejecutivo de la Unión, del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, en específico, los artículos 16, fracción II, incisos b) y c), 20; así como los Anexos 23.1.2; 23.1.3; Anexos 23.1.2 último párrafo; 23.1.3; 23.9.1, penúltimo y último párrafo; 23.9.2, penúltimo y último párrafo; 23.9.3; y 31, Apartado A, Gasto Programable 35, y séptimo transitorio que textualmente disponen:
(...).
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La Comisión promovente de la controversia señaló como preceptos violados los artículos 16, 49, 74, fracción IV, 75, 102, Apartado B, párrafo cuarto y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó diversos conceptos de invalidez, los cuales no se transcriben en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
4. Trámite y admisión. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 45/2019; así como lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
5. Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de quince de febrero siguiente admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo Federal; los requirió para que remitieran copia certificada de los antecedentes que a cada autoridad corresponde, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
6. Contestación a la demanda. Las autoridades demandadas Poder Ejecutivo Federal y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dieron contestación a la demanda, las cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
7. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.
8. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
9. Envío de proyecto a la Secretaría General de Acuerdos. El quince de octubre de dos mil diecinueve, se envió el proyecto a esa Secretaría de este Alto Tribunal.
10. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente a la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, lo que ocurrió por auto de doce de junio de dos mil veintitrés.
I. COMPETENCIA
11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) y los puntos segundo, fracción I y tercero, del Acuerdo General número 5/2013, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
II. PRESUPUESTOS PROCESALES
13. Oportunidad. A continuación, se analiza la oportunidad en la presentación de la demanda.
14. El artículo 21, fracciones I y II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:
Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y
(...).
15. Como se advierte, el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia; y por lo que hace a los actos el plazo es el mismo contado a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surte efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
16. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho.
17. Ahora bien, si el Presupuesto reclamado fue publicado en la fecha arriba indicada, por consiguiente, el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional corrió del dos de enero al catorce de febrero de dos mil diecinueve, descontando los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero; dos, tres, cuatro, cinco, nueve y diez de febrero de dos mil diecinueve, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 2 de la Ley Reglamentaria y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
18. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de febrero de dos mil diecinueve, es claro que su presentación resultó oportuna.
19. Más aún este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 31/2019, en sesión de uno de julio de dos mil diecinueve,(2) determinó que el presupuesto de egresos es norma general y no acto, lo que aplicado al caso respecto del Presupuesto combatido, conduce a confirmar la presentación oportuna de la demanda.
20. Legitimación activa y pasiva. En la especie se cumple con el requisito en comento, atento a los razonamientos que se desarrollan a continuación.
21. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
(...).
l). Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.
(...).
22. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria señalan lo siguiente:
Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
(...).
Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
(...).
23. De los preceptos transcritos se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión, en relación con la constitucionalidad de sus actos, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
24. En el caso, la demanda fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional de conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal.
25. Por otra parte, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República, de fecha trece de noviembre de dos mil catorce.(3)
26. Además, dicho funcionario cuenta con facultades para representar a la Comisión en términos de los artículos 15, fracciones I y XI de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 del Reglamento Interno de esa Comisión;(4) por lo que es de concluirse que tiene legitimación para participar en este medio de control constitucional.
27. Respecto a la legitimación pasiva, en este asunto tienen el carácter de autoridades demandadas el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
28. Conforme a los artículos 10, fracción II(5) y 11, párrafos primero y tercero de la Ley Reglamentaria,(6) serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
29. Por cuanto hace a la legitimación del Ejecutivo Federal, compareció Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, personalidad que acreditó con copia certificada del nombramiento que le fue expedido el uno de diciembre de dos mil dieciocho.(7)
30. De igual forma, dicho funcionario cuenta con facultades para representar al titular del Ejecutivo Federal en términos del párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(8) en relación con la fracción X del diverso 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(9) así como el punto único del Acuerdo por el que se establece que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno.(10)
31. Respecto a la Cámara de Diputados compareció el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Diario de los Debates de la sesión del Pleno de esa Cámara de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, que contiene la elección de los integrantes de la Mesa Directiva que funcionará durante el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura y su toma de protesta.(11)
32. Aunado a que el artículo 23, numeral 1, inciso l) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,(12) prevé que son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, entre otras, la de representar legalmente a la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario; en consecuencia, tiene legitimación para participar en este medio de control constitucional.
33. Por ende, las autoridades demandadas tienen legitimación pasiva para comparecer a la controversia, ya que a éstas se les atribuye el acto impugnado y ha quedado demostrado que los funcionarios que comparecen cuentan con facultades para representarlas.
34. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
35. En este apartado se examinarán las causales de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.
36. Así, por ser un tema de estudio preferente y oficioso, se procede al análisis de las causas de improcedencia planteadas por las partes o que, en su caso, advierta esta Segunda Sala de oficio, ello, de conformidad con lo establecido en el párrafo último, del artículo 19, de la Ley Reglamentaria.
37. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria.
38. Al respecto, señaló que procede el sobreseimiento en la controversia porque han cesado los efectos del acto combatido, es decir, el actor cuestionó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, el cual tuvo una vigencia anual, la cual rigió del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, lo que trae como consecuencia la cesación de los efectos de ese acto administrativo.
39. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera fundada la causa de improcedencia hecha valer por el Poder demandado, por las razones siguientes.
40. Del contenido del artículo 19, fracción V(13), de la Ley Reglamentaria, se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos respecto del ente que resintió la afectación.
41. Ahora bien, en el presente asunto se advierte que la parte actora solicitó la invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, concretamente los artículos 16, fracción II, incisos b) y c), 20 y séptimo transitorio; así como los Anexos:
• ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN TOTAL LÍQUIDA MENSUAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos), último párrafo;
• ANEXO 23.1.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos);
• ANEXO 23.9.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos), penúltimo y último párrafos;
• ANEXO 23.9.2. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos), penúltimo y último párrafos;
• ANEXO 23.9.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (pesos); y,
• ANEXO 31. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos), A: Ramos Autónomos, Gasto Programable, Ramo 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
42. Sin embargo, a pesar de que la Comisión actora no lo haya especificado en el apartado de norma general impugnada, ha lugar a tener como tal, el Anexo 1. GASTO NETO TOTAL (pesos), A: RAMOS AUTÓNOMOS, Gasto Programable 35,(14) pues al tratarse del gasto neto total relacionado con la disminución presupuestal reclamada, y al existir conceptos de invalidez relacionados, es indudable que debe examinarse.
43. Las disposiciones y Anexos indicados son del tenor siguiente:
Artículo 16. Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación se refieren en el Anexo 23 de este Decreto y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
I. Las remuneraciones se integran, conforme a lo dispuesto en la referida disposición constitucional y en el artículo 2, fracciones XXXIII, XXXIV y XLVI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la suma de la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los servidores públicos de la Federación.
Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables.
En aquellos puestos de personal militar y, en su caso, en los que se establezcan en las disposiciones específicas que emita la Secretaría y la Función Pública, respecto de las dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse la potenciación del seguro de vida institucional, y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y salarios. Las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere este párrafo, incluyendo los conceptos extraordinarios señalados, deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Función Pública evaluará la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago, previo dictamen favorable de la Secretaría en el ámbito presupuestario.
Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las percepciones señaladas en el párrafo anterior, forman parte de su remuneración;
II. La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República y los límites de remuneración mensual para la Administración Pública Federal se presentan en el Anexo 23.1. de este Decreto, conforme a lo siguiente: a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, se presentan en el Anexo 23.1.1. de este Decreto y comprenden los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de impuestos correspondiente:
i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y
ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.
Los montos presentados en el Anexo 23.1. no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente ejercicio fiscal, las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, ni las adecuaciones a la curva salarial del tabulador;
b) La remuneración total líquida mensual neta autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2019 se incluye en el Anexo 23.1.2. de este Decreto;
c) La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2019 se incluye en el Anexo 23.1.3. de este Decreto, en cumplimiento a lo dispuesto en la Base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
III. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores de gasto que a continuación se indican y los límites correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias, según corresponda, de los servidores públicos que se señalan de dichos ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I, primer párrafo, de este artículo, se refieren en los siguientes Anexos de este Decreto:
a) Anexo 23.2. Ramo 01: Cámara de Senadores;
b) Anexo 23.3. Ramo 01: Cámara de Diputados;
c) Anexo 23.4. Ramo 01: Auditoría Superior de la Federación;
d) Anexo 23.5. Ramo 03: Suprema Corte de Justicia de la Nación;
e) Anexo 23.6. Ramo 03: Consejo de la Judicatura Federal;
f) Anexo 23.7. Ramo 03: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
g) Anexo 23.8. Ramo 22: Instituto Nacional Electoral;
h) Anexo 23.9. Ramo 35: Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
i) Anexo 23.10. Ramo 41: Comisión Federal de Competencia Económica;
j) Anexo 23.11. Ramo 42: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
k) Anexo 23.12. Ramo 43: Instituto Federal de Telecomunicaciones;
l) Anexo 23.13. Ramo 44: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
m) Anexo 23.14. Ramo 40: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y
IV. El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto, se presenta en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos.
Las dependencias y entidades podrán modificar las percepciones ordinarias de los puestos conforme a las disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos establecidos en el Anexo 23.1., del presente Decreto, previa autorización y registro presupuestario en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán efectuarse ajustes en la composición de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios, siempre y cuando no se incremente el monto mensual previsto en dicho Anexo para el puesto correspondiente, y no se aumente su presupuesto regularizable de servicios personales.
Las entidades que cuenten con planes de compensación acordes con el cumplimiento de las expectativas de aumento en el valor agregado, podrán determinar las percepciones aplicables, sin generar costos adicionales y siempre que dichos planes sean autorizados por la Secretaría en lo que se refiere a que el presupuesto total de la entidad no se incremente y no se afecten negativamente los objetivos y metas de sus programas, y por lo que se refiere a la Función Pública en cuanto a la congruencia del plan de compensación con la política de planeación y administración de personal de la Administración Pública Federal.
Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios, sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar en consejos, órganos de gobierno o equivalentes en las dependencias y entidades o comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a éstos.
Los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos a su cargo y, en los casos correspondientes, al personal militar; personal de enlace; así como personal operativo de base y confianza, y categorías, especificando los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.
Los Poderes Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades, así como los entes autónomos, deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo, o bien por el término de la administración correspondiente.
Artículo 20. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, el manual que regule las remuneraciones para los servidores públicos a su servicio, incluyendo a los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Magistrados y Jueces del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura Federal; Presidentes y miembros de los órganos de gobierno de los entes autónomos; así como a los demás servidores públicos; en el que se proporcione la información completa y detallada relativa a las remuneraciones que se cubran para cada uno de los niveles jerárquicos que los conforman.
Adicionalmente, deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha antes señalada, la estructura ocupacional que contenga la integración de los recursos aprobados en el capítulo de servicios personales, con la desagregación de su plantilla total, incluidas las plazas a que se refiere el párrafo anterior, junto con las del personal operativo, eventual y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que se otorguen con base en disposiciones emitidas por sus órganos competentes, así como la totalidad de las plazas vacantes con que cuenten a dicha fecha.
En tanto no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones y la estructura ocupacional a que se refieren los párrafos anteriores de este artículo, no procederá el pago de estímulos, incentivos, reconocimientos o gastos equivalentes a los mismos.
Séptimo. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las instituciones de banca de desarrollo y demás entes públicos federales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán llevar a cabo las medidas necesarias para alinear sus estructuras salariales a su presupuesto de servicios personales aprobado en este Presupuesto de Egresos con sujeción al artículo 127, segundo párrafo, base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, deberán asegurarse que dichas medidas surtan efectos a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, garantizando el pago de la remuneración de sus trabajadores en los términos del párrafo anterior.
Las instituciones de banca de desarrollo deberán remitir a la Secretaría, a más tardar el 31 de enero, los tabuladores y la estructura ocupacional para el registro correspondiente.
Ver Anexo 23.1.2.
Ver Anexo 23.1.3.
ANEXO 23.9. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Ver Anexo 23.9.1.
Este anexo refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales aplicables a los servidores públicos durante 2019, en función del puesto que ocupen. No contemplan las cuotas de seguridad social.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la remuneración mayor es la asignada al Presidente de la República. En los términos del presente presupuesto, esta remuneración está cifrada en la cantidad total anual neta de $1,663,050.00 pesos (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos).
Para el año de 2019, las remuneraciones de los servidores públicos de mando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, serán determinadas por parte del órgano de gobierno, del órgano de dirección o la instancia correspondiente, las cuales serán siempre inferiores a la fijada para el cargo de Presidente de la República en este mismo año de 2019.
Ver Anexo 23.9.2.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la remuneración mayor es la asignada al Presidente de la República. En los términos del presente presupuesto, esta remuneración está cifrada en la cantidad total anual neta de $1,663,050.00 pesos (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos).
Para el año de 2019, las remuneraciones de los servidores públicos de mando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, serán determinadas por parte del órgano de gobierno, del órgano de dirección o la instancia correspondiente, las cuales serán siempre inferiores a la fijada para el cargo de Presidente de la República en este mismo año de 2019.
ANEXO 23.9.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (pesos)
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la remuneración mayor es la asignada al Presidente de la República. En los términos del presente presupuesto, esta remuneración está cifrada en la cantidad total anual neta de $1,663,050.00 pesos (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos).
Para el año de 2019, las remuneraciones de la máxima representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, serán determinadas por parte del órgano de gobierno, del ór
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200889-3fa9b143/i-controversia-constitucional-legitimacion-de-la-comision-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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