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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO FEDERAL TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN, AL RESOLVER UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARA LA INVALIDEZ DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA EN ÉSTA Y EN AQUÉLLA, DEBE ESTIMARSE QUE HAN CESADO SUS EFECTOS Y, POR ENDE, DEBE SOBRESEERSE (ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO Y EL ANEXO 2 DEL DECRETO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO POR EL QUE SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2020. · Registro digital (IUS): 29832
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-06-04
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo II, Pág. 2269.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2020. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del secretario de Gobierno de esa entidad, por los siguientes actos:

"...

"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado:

"A) Del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos se demanda:

"La invalidez de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que este Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez este último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas, llevadas a cabo dentro y durante el procedimiento para la integración del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año dos veinte (sic), correspondiente al Poder Judicial del Estado de Morelos y especialmente, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues inconstitucionalmente redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación, en relación con el mencionado presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que no fue presentado por este Poder Judicial actor, ya que al modificarse por el Ejecutivo no cumplió con su deber constitucional de enviar el anteproyecto de presupuesto aprobado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y remitido al Ejecutivo para que por su conducto se entregara al Congreso del Estado.

"B) De la LIV Legislatura del Estado de Morelos se demanda:

"a) La invalidez por sí y por vicios propios del proceso legislativo y del Decreto Número Seiscientos Sesenta y Uno (661]), publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 5777 de fecha veintinueve de enero de 2020 a través del cual el Poder Legislativo de Morelos aprobó el presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, en inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"b) La invalidez del concepto de gasto programable que ilegalmente el Congreso del Estado de Morelos realiza en el decreto por el que aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, al resultar una redefinición a la sentada en el Decreto Tres Mil Doscientos Cuarenta y Nueve (3249), publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5611, de once de julio de dos mil dieciocho –en que se fundó la autonomía financiera del Poder Judicial–, lo que evidencia el vicio constitucional de subordinar al Poder Judicial a través de la reducción de los recursos económicos que constitucionalmente le corresponden.

"C) Del secretario de Gobierno del Estado de Morelos se demanda:

"El refrendo y la publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 5777 de fecha veintinueve de enero de 2020 (sic) a través del cual el Poder Legislativo de Morelos aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. ..."

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 17, 20, 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez planteados se resumen a continuación.

1. El decreto que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 es inconstitucional, porque el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos carece de facultades para modificar el anteproyecto que, de manera independiente, elabora el Poder Judicial; es decir, en términos del artículo 70, fracción XVIII, inciso c), de la Constitución Política del Estado, el gobernador es un mero intermediario entre el Poder Judicial y el Legislativo para efectos de presupuesto, por tanto, no puede modificar el anteproyecto que ahora se defiende, sino que simplemente debe integrarlo al paquete económico que se remite al Poder Legislativo, y será éste quien determine aprobarlo o modificarlo.

El marco normativo ordena que el gobernador del Estado debía incorporar a la iniciativa del presupuesto de egresos el anteproyecto de presupuesto elaborado por el Poder Judicial, como lo ordena el último párrafo del artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, de donde es indudable que el gobernador únicamente funge como intermediario, de ahí la inconstitucionalidad del decreto combatido; y, que en este sentido, debe observarse la jurisprudencia P./J. 69/2006, de rubro: "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU TITULAR CARECE DE FACULTADES PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD."

Insiste en que con apoyo en los artículos 92-A, 109-Bis y 109-Quáter de la Constitución del Estado, 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como 117 y 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el Poder Judicial de la entidad formula su anteproyecto de presupuesto y lo envía al gobernador del Estado para que lo incorpore a la propuesta general, pero esas disposiciones no le permiten revisar, modificar o alterar el anteproyecto en cuestión; incluso, en el anteproyecto enviado no sólo se contempló al Tribunal Superior de Justicia, sino que se agregó lo relativo al Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, como lo ordena esa normativa.

Aunado a que la suma propuesta por el Poder Judicial se calculó tomando en consideración el gasto programable correspondiente al año dos mil diecinueve, en el entendido de que si el presupuesto total del Estado y, por tanto, el gasto programable aumenta se tendrían que hacer las adecuaciones pertinentes, en virtud de que la Constitución del Estado en su artículo 74, primer párrafo, prevé un presupuesto para el Poder Judicial del cuatro punto siete por ciento (4.7%) del gasto programable.

Consecuentemente, el acto llevado a cabo por el gobernador, plasmado en el decreto impugnado, transgrede la independencia y autonomía del Poder Judicial de la entidad, ya que invade la competencia que la Constitución Local le reconoce, y todo esto porque indebidamente modificó el anteproyecto de presupuesto de egresos que se le remitió, subordinando al Poder Judicial, de ahí la inconstitucionalidad del presupuesto de egresos reclamado, concretamente de su artículo décimo octavo y anexo 2.

2. El artículo décimo octavo del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 del Estado de Morelos no contiene una cifra que equivalga al cuatro punto siete por ciento (4.7%) del gasto programable que debe autorizarse al Poder Judicial de esa entidad.

En efecto, la disposición en cuestión es inconstitucional, pues con ella el Congreso del Estado viola la autonomía e independencia del Poder Judicial Local, toda vez que modificó el monto solicitado para el presupuesto, además de que no contiene las operaciones aritméticas necesarias para demostrar que la cifra plasmada corresponde al cuatro punto siete por ciento (4.7%) del gasto programable que constitucionalmente debe otorgársele. Es decir, si bien el Congreso del Estado tiene facultades para modificar el presupuesto de egresos, también lo es que respecto del presupuesto del Poder Judicial debe autorizarle el cuatro punto siete por ciento (4.7%) del gasto programable, ya que es una obligación prevista en los artículos 32, segundo párrafo y 40, fracción V, de la Constitución de Morelos, esto para salvaguardar la independencia de los juzgadores.

Que lo anterior claramente se desprende de las consideraciones del Decreto Tres Mil Doscientos Cuarenta y Nueve (3249), publicado en el Periódico Oficial de la entidad el once de julio de dos mil dieciocho, donde se explican las razones de ese porcentaje específico; además, la reducción del presupuesto no corresponde a la definición de gasto programable a que se refiere la Constitución del Estado, en todo caso, la diferencia en el monto de los recursos que anualmente se asignen al Poder actor depende de la mayor o menor captación de ingresos en un ejercicio fiscal, y no por determinación unilateral o caprichosa de los Poderes demandados, como acontece en el caso.

Subraya que del texto del decreto reclamado y sus anexos que desglosan las partidas presupuestarias, se acredita que se limitan a señalar el monto del presupuesto y su detalle de partidas, pero no existe mayor referencia en el sentido de si los recursos asignados al Poder Judicial equivalen al cuatro punto siete por ciento (4.7%) que por disposición constitucional le corresponde, máxime que por su naturaleza la decisión combatida exige una motivación reforzada.

3. En otro aspecto explica que es inconstitucional el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 porque no contiene una partida presupuestal particular y suficiente para el pago de pensiones.

Explica que el Congreso del Estado al aprobar el presupuesto de egresos violó el principio de autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial, en especial del Tribunal Superior de Justicia, porque no autorizó los recursos suficientes para el pago de las pensiones y jubilaciones del personal en retiro de ese tribunal, a pesar de la obligación consignada en el artículo 32, párrafo séptimo, de la Constitución del Estado y 61, fracción II, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.

El Congreso demandado autorizó una partida presupuestal para el pago de decretos jubilatorios por la cantidad de $70'000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 M.N.), cifra alejada a la solicitada por el Poder Judicial en su anteproyecto de presupuesto, que asciende a la suma de $164,246'049,208.00 (ciento sesenta y cuatro mil millones doscientos cuarenta y seis millones cuarenta y nueve mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.), la cual se integra de la siguiente manera:

Ver monto

Argumenta que de la lectura a ese cuadro se evidencian los recursos necesarios sólo para cumplir con las obligaciones ya existentes a octubre de dos mil diecinueve por la suma solicitada, y que el Congreso del Estado estaba obligado a garantizar en una partida presupuestal independiente de aquellos recursos que constitucionalmente corresponden al Poder Judicial, sobre todo para no lesionar a éste en su autonomía presupuestal; empero, la autoridad demandada le impuso una carga económica que atenta contra la función normal de la administración de justicia. Por ende, viola el principio de autonomía en la gestión presupuestal al disponer de los recursos de uno de los Poderes del Estado destinados a la función que le toca desempeñar, cuando en términos del artículo 116 de la Constitución Federal el Poder Judicial es autónomo en la administración y disposición de su presupuesto.

Aduce que lo decidido por el Poder Legislativo equivale a subordinar al Poder actor, al determinar la distribución de sus recursos, simulando que cumplía con la obligación de prever la partida presupuestal para el pago de pensiones con la supuesta inclusión en el presupuesto de egresos de la partida denominada "Pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia".

Aún más cuando los recursos presupuestados no son ni la mitad de lo necesario para cumplir con los decretos jubilatorios, y que el Congreso del Estado tiene conocimiento directo de la obligación del pago de pensiones, según se desprende de los oficios PDM/014/2 AÑO 191/2019 y PDM/014/2 AÑO 193/2019, suscritos por el presidente de su mesa directiva, por los cuales se solicitaron recursos para el cumplimiento de las controversias constitucionales 187/2018, 185/2018, 246/2017, 317/2017, 186/2018, 293/2017 y 324/2017; aunado a que ante el gobernador mediante oficio MCVCL/JUNTA ADMON/2425/2019, de siete de octubre de dos mil diecinueve, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia remitió el anteproyecto de presupuesto de egresos en el que detalló la necesidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de decretos jubilatorios.

Incluso a la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos le fue remitido el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial mediante oficio DGA/ORG/0672/2019, de trece de diciembre de dos mil diecinueve, esto en atención al diverso oficio CDM/2 AÑO 257/2019 por el cual solicitó se informara lo relativo a los recursos económicos vinculados al cumplimiento de ciento dieciséis controversias constitucionales resueltas por la Suprema Corte; lo que además es un hecho notorio para el propio Alto Tribunal, quien en sesión de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, autorizó el "Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, relacionado con el cumplimiento de las ejecutorias derivadas de las controversias constitucionales falladas por las Salas de este Alto Tribunal, relativas al pago de pensiones de servidores públicos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos", publicado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, en el que obligó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo demandados el cumplimiento de esas controversias con motivo de los diversos decretos pensionarios de los trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos. Por ende, tenían pleno conocimiento del presupuesto que se requiere para ese efecto y, a pesar de ello, no lo previeron de esa forma.

Asimismo aduce que el legislador morelense no tomó en cuenta la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado a que se refiere la exposición de motivos que culminó con la reforma de los artículos 32 y 40, fracción V, de la Constitución del Estado de Morelos, elemento que demuestra la vulneración a los principios de división de poderes y autonomía en la gestión presupuestaria del Poder actor, básicos para su independencia, de donde se demuestra la violación al artículo 116 de la Constitución General, pues el Congreso Local tiene la obligación ineludible de aprobar una partida específica, necesaria y suficiente para cubrir las pensiones y jubilaciones del personal en retiro del Poder Judicial, sin afectar el presupuesto para las funciones propias de la administración de justicia.

4. En el cuarto y último concepto de invalidez la parte actora reitera la violación al principio de autonomía financiera que protege el artículo 32, párrafo segundo, y 40, fracción V, de la Constitución Estatal, porque el decreto reclamado no contiene un porcentaje por concepto de presupuesto equivalente al cuatro punto siete por ciento (4.7%) del monto total del gasto programable del Gobierno del Estado, con lo que se acredita la violación a su esfera competencial en términos de los diversos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, por cuanto prevén el principio de independencia judicial y las garantías con las que ésta se logra.

Aduce que con la reforma a la Constitución Local de once de julio de dos mil dieciocho, contenida en el Decreto Tres Mil Doscientos Cuarenta y Nueve (3249) que introdujo ese porcentaje, el Congreso de la entidad utilizó un concepto de gasto programable, entendido como aquel que "... comprende las erogaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones de las instituciones, dependencias y entidades del Gobierno del Estado, entre las cuales se considera a los Poderes del Estado, la administración pública central y entidades de la administración pública paraestatal, consignadas en un programa para su mejor control y evaluación",(1) el cual coincide con el que en su momento se utilizó para el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2012, esto es, en una fecha anterior al decreto por el que se le otorgó el porcentaje que defiende.

Y que lo anterior significa que el presupuesto autorizado en el decreto reclamado no tiene sustento en la definición de gasto programable que se introdujo en el ya citado Decreto Tres Mil Doscientos Cuarenta y Nueve (3249), pues en el que ahora se analiza, concretamente en el artículo segundo, fracción XVII, se lee lo siguiente: "Gasto estatal programable, al gasto no etiquetado, que se destina al cumplimiento de los fines y funciones propias del Estado, que se encuentran directamente relacionados con los programas a cargo de los ejecutores del gasto previamente establecidos, para alcanzar los objetivos y metas, los cuales tienen un efecto directo en la actividad económica y social de la población".(2)

En otras palabras, con esa definición el Congreso Local realiza una nueva interpretación del concepto de gasto programable, con el objetivo de dotar de menores recursos al Poder Judicial.

Por eso subraya que la interpretación correcta de ese concepto es aquella del Decreto Tres Mil Doscientos Cuarenta y Nueve (3249), que le otorgó un porcentaje fijo de presupuesto, pues incluso, coincide con el de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 2, fracción XXVII.(3)

Es por ello que enfatiza la violación al principio de independencia y autonomía presupuestal, poniendo como ejemplo lo que ocurrió con el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2012 del Estado de Morelos,(4) en el que se estableció por primera vez la necesidad de garantizar un porcentaje con apoyo en el concepto de gasto programable, que a su vez coincide con el de la multicitada reforma de la Constitución Local.

En consecuencia, el artículo décimo octavo del presupuesto impugnado es inconstitucional porque no se respeta el porcentaje del cuatro punto siete por ciento (4.7%) para efectos del presupuesto del Poder Judicial; y porque se formula una nueva interpretación del concepto gasto programable que provocó que se autorizaran menos recursos, a pesar de que por ejemplo, el Ejecutivo del Estado en la controversia constitucional 185/2018(5) reconoce que desde el presupuesto para 2019, correspondía al Poder Judicial una cantidad mayor de recursos.

CUARTO.—Trámite y admisión. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 42/2020, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de cinco de junio siguiente, admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno del Estado de Morelos; requirió al Poder Legislativo para que al dar contestación a la controversia enviara copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, así como al Poder Ejecutivo para que remitiera copia certificada de las constancias que integren el paquete económico que presentó el primero de octubre de dos mil diecinueve ante el Legislativo del Estado, y un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial donde se publicó el referido decreto impugnado.

De igual forma ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

QUINTO.—Acuerdo que tiene por rendido el informe al Poder Ejecutivo del Estado. Por acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por rendido el informe requerido al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por exhibidas las documentales que acompañó, incluidas las copias certificadas de las constancias que integran el paquete económico que presentó el primero de octubre de dos mil diecinueve ante el Legislativo, así como del Periódico Oficial del decreto impugnado.

Ese informe se tiene a la vista para la resolución de este expediente.

SEXTO.—Proveído que tiene por rendido el informe requerido al Poder Legislativo y segundo requerimiento. Por acuerdo de treinta y uno de agosto siguiente, el Ministro instructor tuvo por rendido el informe requerido al Poder Legislativo del Estado de Morelos, así como exhibidas las documentales que acompaña; y en virtud de que ese Poder no exhibió copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, se le requirió nuevamente para que enviara la copia certificada respectiva.

Ese informe se tiene a la vista para la resolución de este expediente.

SÉPTIMO.—Auto que tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado al Poder Legislativo. Por proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por cumplido el requerimiento formulado al Legislativo, al exhibir copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado.

OCTAVO.—Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.

NOVENO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el quince de octubre de dos mil veinte se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes del Estado de Morelos.

SEGUNDO.—Oportunidad. A continuación se analiza la oportunidad en la presentación de la demanda.

El Decreto Seiscientos Sesenta y Uno por el que se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintinueve de enero de dos mil veinte.

Por su parte, el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"...

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

Como se advierte, el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

En el caso, si el decreto combatido fue publicado el veintinueve de enero de dos mil veinte, el plazo referido transcurrió del treinta de enero al dieciséis de marzo de ese año, descontando los días uno, dos, tres, cinco, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve de febrero, uno, siete, ocho y nueve de marzo,(6) por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la ley de la materia, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General Número 18/2013 del Tribunal Pleno.

Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de marzo de dos mil veinte, es claro que su presentación resultó oportuna.

TERCERO.—Legitimación activa y pasiva. En la especie se cumple con el requisito en comento, atento a los razonamientos que se desarrollan a continuación.

Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"...

"h) Dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."

Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria(7) señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre los Poderes de los Estados, en relación con la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.

En el sumario que se examina se tiene que la demanda fue promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos por conducto de la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina de ese Poder, quien cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional de conformidad con los artículos mencionados; y porque esa personalidad la acreditó con copia certificada del acta de la sesión extraordinaria solemne plenaria de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, del Pleno de ese tribunal, en la que fue electa y se le tomó protesta para el cargo con el que se ostenta.(8)

Además, dicha funcionaria cuenta con facultades para representar al Poder Judicial del Estado de Morelos en términos del artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad.(9)

A su vez, la legitimación pasiva la tienen los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, conforme a los artículos 10, fracción II,(10) y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

Por cuanto hace al Poder Legislativo del Estado, compareció a contestar la demanda el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, quien acreditó su personalidad con copia certificada del acta de sesión de la Junta previa iniciada el veintinueve de agosto y concluida el treinta de agosto de dos mil dieciocho.(11)

Aunado a que el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos(12) prevé que son atribuciones del presidente de la mesa directiva, entre otras, la de representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al Pleno de ese Congreso.

En relación con la legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, contestó la demanda el consejero jurídico del Gobierno de esa entidad, Samuel Sotelo Salgado, quien acreditó ese carácter con copia certificada de su designación de uno de octubre de dos mil dieciocho.(13)

Asimismo, los artículos 74, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; 9, fracción XVI, 12, párrafo primero y 36, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad; 2 y 10, fracción XXI, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica,(14) prevén,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29832-0d368f43/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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