I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE LO DISPUESTO EN DIVERSOS PRECEPTOS DE UN PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CUANTO NO CONSTITUYEN NORMAS GENERALES [OFICIO GOG/087/2020, DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A TRAVÉS DEL CUAL EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS REMITIÓ AL CONGRESO LOCAL EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, Y LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEXTO (EN LA PARTE QUE ASIGNA EL PRESUPUESTO TOTAL AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS) Y DÉCIMO OCTAVO, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, ASÍ COMO EL ANEXO 2, DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CINCO POR EL QUE SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTOS DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO LOCALES RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (OFICIO GOG/087/2020, DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A TRAVÉS DEL CUAL EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS REMITIÓ AL CONGRESO LOCAL EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. V. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VI. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. VII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. VIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. IX. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA SU APROBACIÓN. X. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. SU TITULAR CARECE DE FACULTADES PARA REVISAR, MODIFICAR, ALTERAR O REDUCIR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS REMITIDO POR EL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD. XI. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE A LA LEGISLATURA ESTATAL APROBARLO POR CUANDO MENOS EL EQUIVALENTE AL CUATRO PUNTO SIETE POR CIENTO (4.7%) DEL GASTO TOTAL PROGRAMABLE AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL (OFICIO GOG/087/2020, DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A TRAVÉS DEL CUAL EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS REMITIÓ AL CONGRESO LOCAL EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). XII. PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA FACULTAD DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA MODIFICAR, ALTERAR O REDUCIR LOS REMITIDOS POR OTROS PODERES ESTÁ CONDICIONADA AL DEBER DE JUSTIFICAR ESA DETERMINACIÓN. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA MODIFICACIÓN REALIZADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS REMITIDO POR AQUÉL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y POSTERIOR ENVÍO AL CONGRESO ESTATAL PARA SU APROBACIÓN LESIONA SU INDEPENDENCIA Y VULNERA EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL OFICIO GOG/087/2020, DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A TRAVÉS DEL CUAL EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS REMITIÓ AL CONGRESO LOCAL EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). XIV. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. EL APROBADO POR EL CONGRESO LOCAL EN LOS TÉRMINOS REMITIDOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO SIN GARANTIZAR QUE SU MONTO CORRESPONDE AL CUATRO PUNTO SIETE POR CIENTO (4.7%) DEL GASTO TOTAL PROGRAMABLE DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE Y SIN JUSTIFICAR LA DETERMINACIÓN DE REDUCIR LA CANTIDAD SOLICITADA POR AQUÉL IMPLICA UNA AFECTACIÓN A SU AUTONOMÍA EN LA GE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2021. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIERON SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: JAZMÍN BONILLA GARCÍA.
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 15/2021, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra la alteración del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos al presentar la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, la aprobación del presupuesto y otros actos.
I. Antecedentes
1. Promoción de la demanda. Por escrito recibido el doce de febrero del dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el representante del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional contra la alteración a su presupuesto en la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno y otros actos, atribuidos tanto al Gobernador Constitucional de Morelos como a su Congreso Local.
2. Admisión de las demandas. Por acuerdo de dieciocho de febrero del año en curso, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 15/2021 y, por razón de turno, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que actuara como instructor.
3. En proveído de nueve de marzo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo por ofrecidas las pruebas, ordenó emplazar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos para que contestaran la demanda y remitieran los documentos relacionados con los actos impugnados. Además, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
4. Informes. En proveído de dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidas las contestaciones de demanda tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo del Estado de Morelos, con las que se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
5. Cierre de instrucción. Luego de celebrada la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria), mediante proveído de catorce de julio siguiente se cerró la instrucción.
6. Avocamiento. En atención al dictamen formulado por el Ministro instructor, mediante proveído de dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.
II. Competencia
7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la ley reglamentaria, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que se impugnan actos que no constituyen normas generales.
III. Precisión de los actos impugnados
8. Como cuestión preliminar y tomando en cuenta que la congruencia de las sentencias es una cuestión de orden público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 41, fracción I, de la ley reglamentaria, esta Segunda Sala estima necesario precisar los actos impugnados.
9. Para tal efecto se toma en cuenta que de la demanda de controversia se advierte que la parte actora señaló como actos impugnados los siguientes:
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado:
"A) Del Gobernador Constitucional del Estado se demanda:
"La alteración del presupuesto del Poder Judicial del Estado al presentar al Congreso la ‘Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021’ (en adelante, la iniciativa de decreto), mediante oficio número GOG/087/2020, de 30 de septiembre de 2020.
"Respecto de la presentación de esa iniciativa de decreto se puede leer en el capítulo de antecedentes del Decreto Número Mil Ciento Cincuenta y Cinco por el que se aprueba el de (sic) Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021’ (en adelante, el decreto), publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, el 31 de diciembre de 2020.
"...
"B) Del Congreso del Estado de Morelos se demanda:
"No haber aprobado el presupuesto que le corresponde al Poder Judicial del Estado, en el sentido de que le era obligatorio asignar para el Poder Judicial de Morelos una partida equivalente al cuatro punto siete por ciento del monto total del gasto programable autorizado en el decreto de presupuesto de egresos que anualmente aprueba.
"Esa omisión impugnada quedó evidenciada en el aludido decreto publicado el 31 de diciembre de 2020; y, en específico, en el primer cuadro que forma parte de su artículo décimo sexto, en el rubro que tiene por concepto ‘Poder Judicial’, así como en su artículo décimo octavo, y en los anexos 2, 11, 14 y 16, los cuales son parte de dicho decreto. Por este motivo se deben considerar combatidos como parte de aquella omisión, tanto el decreto referido, como sus artículos y anexos destacados.
"En adición a lo anterior, también se impugna el no haber asignado al Poder Judicial del Estado de Morelos la cantidad señalada en su anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, de $120'000,000.00 (ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N.), que se necesitan destinar a la implementación del Tribunal de Justicia Laboral, que por mandato constitucional debe implementar el Poder Judicial de cada entidad federativa, y que por lo que hace al Estado de Morelos, debió iniciar funciones en octubre de dos mil veinte.
"Finalmente, se le demanda al Poder Legislativo del Estado no haber asignado al Poder Judicial actor una cantidad suficiente y adecuada para hacer frente a las obligaciones derivadas del pago de pensiones y jubilaciones; ni una cantidad suficiente y adecuada para el pago de los incrementos salariales de los decretos pensionarios que se han emitido desde el año 2015, y que en el propio articulado de los mismos, dispone el incremento de la pensión atendiendo al porcentaje que incremente año con año el salario mínimo. Cantidades que fueron solicitadas en el anteproyecto de presupuesto de egresos presentada al Poder Ejecutivo del Estado. ..."
10. En el capítulo de conceptos de invalidez, la parte actora propuso argumentos tendentes a evidenciar: a) la falta de competencia del gobernador estatal para modificar el anteproyecto de presupuesto que le hubiera remitido por ser violatoria, además de la independencia judicial; y, b) que la cantidad final presupuestaria que se le asignó por parte del Congreso Estatal también atenta contra la independencia judicial en tanto le impide cumplir sus obligaciones y operar con normalidad, con independencia de que ni siquiera alcanza el cuatro punto siete por ciento (4.7%) del gasto programable que le debe ser asignado en términos de la Constitución Local.
11. Ahora, como quedó de manifiesto con la transcripción aquí realizada, la parte actora señaló los actos lesivos de su esfera de derechos atribuidos al Congreso del Estado que se corroboran con lo dispuesto por los artículos décimo sexto y décimo octavo del presupuesto de egresos aprobado por la autoridad demandada, así como en los anexos 2, 11, 14 y 16, que establecen:
"Artículo décimo sexto. El gasto neto total previsto en el presente presupuesto de egresos asciende a la cantidad de $27,144'791,971.00 (veintisiete mil ciento cuarenta y cuatro millones setecientos noventa y un mil novecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos y se distribuye de la siguiente manera: ...
Ver distribución
"Artículo décimo octavo. Para el Poder Judicial se prevén asignaciones por la cantidad de $549'034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), distribuidos de conformidad con el anexo 2.
"La cantidad autorizada para el Poder Judicial en el presente decreto se integra por los recursos necesarios, que deberá utilizarse para todas y cada una de las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, la capacitación de recursos humanos y demás obligaciones que en general deban cumplir.
"Para el Tribunal de Justicia Administrativa se le asigna la cantidad de $41'500,001.00 (cuarenta y un millones quinientos mil un pesos 00/100 M.N.), mismo que se desglosa en el anexo 18.
"Asimismo, al Tribunal Electoral del Estado de Morelos se le asigna la cantidad de $33'025,000.00 (treinta y tres millones veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), mismo que se desglosa en el anexo 24.
"Con base a los artículos 108 y 109-Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a los Tribunales: Electoral del Estado de Morelos y de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, se consideran en anexos independientes al Poder Judicial, en razón de su autonomía."
Ver anexos
12. De los actos que la parte actora destacó como impugnados se advierte que los que atribuyó al Congreso Local no son, por sí mismos, susceptibles de ser impugnados a través de una controversia constitucional sino que, en realidad, corresponden a violaciones que reprocha a la autoridad demandada y, por ende, constituyen propiamente conceptos de invalidez tendentes a evidenciar la inconstitucionalidad de la actuación de esa autoridad demandada, tanto es así que el capítulo correspondiente a los conceptos de invalidez insiste en que al no haberse aprobado los montos solicitados, el Congreso Local violó su independencia judicial.
13. En efecto, lo que la parte actora reprocha como una falta de asignación de recursos suficientes, en realidad se trata del vicio que pretende atribuir al presupuesto que el Congreso Local aprobó, afirmación que se corrobora si se toma en cuenta que al haber precisado en la demanda que la falta de diversas asignaciones quedó evidenciada en los artículos décimo sexto y décimo octavo, así como en los anexos 2, 11, 14 y 16 del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, queda de manifiesto que los actos del Congreso Local que en todo caso pudieran afectar la esfera jurídica de la parte actora lo constituyen, precisamente, los artículos décimo sexto (en la parte que asigna el presupuesto total al Poder Judicial del Estado de Morelos) y décimo octavo, párrafos primero y segundo, así como el anexo 2 que constituyen propiamente la asignación y distribución presupuestaria al Poder Judicial del Estado de Morelos que se reprocha insuficiente.
14. Sobre esas bases, esta Segunda Sala considera que los actos impugnados en esta controversia constitucional lo constituyen:
a. Del gobernador del Estado de Morelos: El oficio GOG/087/2020, de treinta de septiembre del dos mil veinte, a través del que remitió al Congreso Local el proyecto de presupuesto de egresos (y en el que alteró la propuesta de presupuesto enviada por el Poder Judicial de esa entidad federativa); y
b. Del Congreso del Estado de Morelos: Los artículos décimo sexto (en la parte que asigna el presupuesto total al Poder Judicial del Estado de Morelos) y décimo octavo, párrafos primero y segundo, así como el anexo 2, del Decreto Número mil ciento cinco por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, a través de los cuales se asignó y distribuyó la partida presupuestaria asignada al Poder Judicial Estatal.
IV. Oportunidad
15. Por razón de técnica en la exposición se examinarán primero los argumentos que proponen las autoridades demandadas a guisa de causa de improcedencia en relación con el oficio GOG/087/2020, de treinta de septiembre del dos mil veinte y que se relacionan con la extemporaneidad de la demanda. Posteriormente, se verificará la oportunidad.
16. Al contestar la demanda, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos sostuvieron que se debe sobreseer en la controversia constitucional respecto del acto consistente en el oficio GOG/087/2020, de treinta de septiembre del dos mil veinte, a través del que el gobernador estatal remitió al Congreso Local el proyecto de presupuesto de egresos (y en el que alteró la propuesta de presupuesto enviada por el Poder Judicial de esa entidad federativa), en virtud de que la demanda fue promovida en forma extemporánea.
17. Afirman que si el oficio impugnado es de treinta de septiembre del dos mil veinte, resulta claro que el plazo para computar la promoción de la controversia comenzó a correr desde el día siguiente a esa fecha en términos del artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria, que establece que el plazo para la promoción de la demanda, tratándose de actos, será de treinta días contados a partir del día siguiente a aquel en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
18. Agregan que, si la parte actora refirió en su propia demanda que el oficio impugnado es de treinta de septiembre del dos mil veinte, resulta claro que se ostentó sabedora de su contenido y, por ende, procede el sobreseimiento.
19. De la lectura de los argumentos antes sintetizados se advierte que las demandadas consideran que debe sobreseerse en la controversia constitucional porque su promoción es extemporánea partiendo de la premisa de que la actora tuvo conocimiento del oficio impugnado desde el treinta de septiembre del dos mil veinte.
20. A efecto de examinar su proposición conviene tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 19, fracción VII, y 21, fracción I, de la ley reglamentaria, que establecen:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y ..."
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y
"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."
21. De la interpretación de los preceptos transcritos se advierte que las controversias constitucionales serán improcedentes cuando sean promovidas en forma extemporánea, disposición que encuentra su razón de ser en el hecho de que la parte actora, a través de su silencio, consiente el acto o norma general que estima lesivos de su esfera jurídica.
22. En efecto, cuando el sujeto legitimado para promover controversias constitucionales no ejerce oportunamente su acción contra el acto o norma que estima violatorios de su esfera jurídica, precluye su derecho para impugnarlos una vez que transcurrieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo porque opera una presunción legal en su contra, pues, ante su omisión, el legislador considera que pese al daño que ese acto o norma le pudiera generar, lo aceptó y consintió.
23. Ahora, el artículo 21 establece los plazos en que se podrá promover controversia constitucional distinguiendo el tipo de acto que se impugne. Concretamente, su fracción I prevé el plazo para el caso en que se impugnen actos y dispone que se contará con treinta días que se computarán, según se trate, de la siguiente forma: a) a partir del día siguiente a aquel al en que surta efectos su notificación conforme a la ley que lo rija; b) a partir del día siguiente a aquel al en que la parte actora hubiera tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) al día siguiente a aquel en que la parte actora se ostente sabedora.
24. Al utilizar la conjunción disyuntiva "o" el legislador reguló que el cómputo para la promoción de la demanda se hará según se actualice el supuesto de conocimiento del acto impugnado por la parte actora.
25. En relación con la oportunidad en la promoción de los diversos medios de defensa que existen en nuestro sistema jurídico, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha sido prolija en establecer que las leyes procesales deben prever un plazo cierto para comenzar a computar el plazo y que garantice que la parte a quien pudiera afectar un acto o norma general se encuentre en aptitud legal de defenderse en caso de que lo estime lesivo de su esfera jurídica.
26. Por tanto, el examen de la oportunidad en la promoción de una demanda debe partir de la base de que quien impugne el acto o norma respectiva lo hubiera conocido fehacientemente a fin de estar en aptitud legal de defenderse. No podría ser de otro modo, pues sin el conocimiento del acto no se estaría en posibilidad de combatirlo.
27. Sentado lo anterior, se hace referencia al caso concreto en que, como se dijo, la parte actora impugna el oficio GOG/087/2020, de treinta de septiembre del dos mil veinte, a través del cual el gobernador estatal remitió al Congreso Local el proyecto de presupuesto de egresos (y en el que alteró la propuesta de presupuesto enviada por el Poder Judicial de esa entidad federativa).
28. En su demanda de controversia sostiene que tuvo conocimiento de ese acto al haberse publicado el Decreto Número mil ciento cinco por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, pues basta la lectura del capítulo de "Antecedentes" de ese decreto legislativo para advertir que la iniciativa de decreto fue remitida por el gobernador a través de ese oficio.
29. Es decir, la parte actora no acude a impugnar el oficio multirreferido a partir de que se le hubiera notificado, sino a partir de que tuvo conocimiento de su contenido y sostiene que esto sucedió al publicarse el decreto legislativo que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, sin que de autos de esta controversia ni de sus legajos se advierta alguna documental u otra prueba demostrativa de que hubiera sido notificada del citado oficio ni de que hubiera tenido conocimiento en una fecha anterior a la que afirma.
30. Cabe precisar que los demandados se limitan a afirmar que, si la propia actora reconoció en su demanda que el oficio impugnado es de treinta de septiembre del dos mil veinte, entonces debe tenérsele como sabedora desde esa fecha. Sin embargo, no controvierten la afirmación que hizo en su demanda de que conoció sobre su existencia con motivo de la publicación del decreto legislativo que contiene el presupuesto de egresos ni mucho menos exhiben algún medio de prueba demostrativo de que, efectivamente, hubiera tenido conocimiento fehaciente del oficio impugnado desde esa fecha o se le hubiera notificado.
31. Por el contrario, existen indicios de que, efectivamente, la parte actora no fue notificada de la emisión del oficio respectivo, pues de los legajos de pruebas se advierte que el paquete económico dos mil veintiuno a través del que se remitió al Congreso Local el presupuesto de egresos se encuentra dirigido al diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y que dicha remisión tuvo fundamento en los artículos 32, párrafo segundo, 42, fracción I, 57 y 70, fracciones I y XVIII, inciso c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 6, 9, fracción II, y 23, fracciones I, II y XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 2 y 10 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, de cuyo contenido no se advierte que el gobernador de esa entidad federativa tenga obligación de notificar al Poder Judicial Estatal la remisión del paquete económico ni mucho menos su contenido, ya que únicamente refieren a la obligación jurídica de aquél de remitir al Congreso Local el paquete económico correspondiente.
32. Además, en todo caso, la alteración que hubiera realizado el gobernador al anteproyecto que le fue remitido por el Poder Judicial Estatal forma parte del procedimiento legislativo de aprobación del presupuesto de egresos y, por ende, constituye una unidad indisoluble con éste. De ahí que no sea posible impugnarla por separado, máxime que, como se mencionó, fue conocida por la parte actora precisamente hasta que se publicó el presupuesto.
33. De ahí que sea inexacto que deba considerarse al treinta de septiembre del dos mil veinte como base para el inicio del cómputo del plazo para promover la controversia, en virtud de que no existe prueba demostrativa de que la parte actora hubiera tenido conocimiento del oficio impugnado desde esa fecha. Por el contrario, subsiste su afirmación en el sentido de que conoció sobre su existencia con motivo de la publicación del Presupuesto de Egresos, por haber sido referido en el capítulo denominado "Antecedentes".
34. Sentadas las bases anteriores se procede a verificar la oportunidad en la promoción de la controversia de ambos actos impugnados para lo que se toma en cuenta que el Decreto Número mil ciento cinco por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, por lo que ésa es la fecha en que la parte actora los conoció.
35. Así, el plazo para promover la controversia constitucional inició el lunes cuatro de enero y concluyó el martes dieciséis de febrero del año en curso, descontando en el cómputo respectivo los días viernes primero de enero, sábado dos, domingo tres, sábado nueve, domingo diez, sábado dieciséis, domingo diecisiete, sábado veintitrés, domingo veinticuatro, sábado treinta y domingo treinta y uno de enero, así como lunes uno, viernes cinco, sábado seis, domingo siete, sábado trece y domingo catorce de febrero siguientes, por haber sido inhábiles de conformidad con los artículos 2o. y 3o., fracciones II y III, de la ley reglamentaria y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
36. Por tanto, si la demanda fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de febrero del dos mil veintiuno, esto es, al vigésimo sexto día hábil, resulta claro que su promoción es oportuna.
V. Legitimación
37. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. Por tanto, es necesario verificar la legitimación de las partes en esta controversia.
38. Legitimación activa. El Poder Judicial del Estado de Morelos compareció por conducto del presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, quien demostró contar con ese carácter con la copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de Pleno público solemne número uno de cinco de mayo del dos mil veinte en que se le designó como presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa quien, además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos cuenta con la atribución de [r]epresentar al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado, en nombre del Tribunal Superior de Justicia.
39. Legitimación pasiva. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos cuenta con legitimación pasiva toda vez que comparece por conducto del consejero jurídico de esa entidad federativa, personalidad que acredita con copia certificada del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número cinco mil seiscientos cuarenta y ocho, de ocho de noviembre del dos mil dieciocho, en que se publicó el nombramiento que se otorgó en su favor, autoridad que cuenta con la representación legal del Poder Ejecutivo Local en términos del artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos que establece que a la consejería jurídica corresponde la atribución de [r]epresentar al gobernador del Estado, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerdo que también consta en el Periódico Oficial el dieciséis de abril del dos mil diecinueve en que se publicó el Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo del gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos.
40. Por su parte, el Poder Legislativo Local comparece por conducto del vicepresidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, personalidad que acredita con el acta de la sesión ordinaria iniciada el quince de julio del dos mil veinte y continuada el treinta y uno de agosto siguiente en que se le designó con ese carácter, cargo público que de conformidad con el artículo 38 en relación con el diverso 36, fracción XVI, ambos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, cuenta con la representación legal, toda vez que conforme a esas normas jurídicas, el vicepresidente de la Mesa Directiva sustituirá en sus ausencias al presidente –quien tiene la representación legal del Congreso en cualquier asunto del que sea parte– y, si en el caso, el presidente de la Mesa Directiva renunció al cargo el once de febrero del año en curso, es claro que el vicepresidente cuenta con la representación legal del Congreso.
VI. Estudio de fondo
41. Al no existir alguna otra causa de improcedencia alegada por las partes ni que esta Segunda Sala advierta de oficio, en este apartado se examinará el fondo del asunto.
42. Por cuestión de técnica y método en la exposición se analizarán en primer lugar los argumentos a través de los que la parte actora pretende evidenciar la inconstitucionalidad del oficio GOG/087/2020, de treinta de septiembre del dos mil veinte, a través del que el gobernador estatal remitió al Congreso Local el proyecto de presupuesto de egresos (y en el que alteró la propuesta de presupuesto enviada por el Poder Judicial de esa entidad federativa).
43. Alega que de conformidad con sus facultades constitucionales y legales, remitió al gobernador del Estado de Morelos un anteproyecto de presupuesto solicitando un monto total de $1,480'051,000.00 (mil cuatrocientos ochenta millones cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.), sin embargo, sin contar con facultades para ello, este último lo modificó para reducirlo a la cantidad total de $549'034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.).
44. Explica que esa reducción es violatoria de los artículos 17, antepenúltimo párrafo, y 116, fracción III, constitucionales, en tanto vulnera los principios de división de poderes, independencia judicial y autonomía presupuestaria del Poder Judicial Estatal, tal como ha reconocido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 9/2007 y en las diversas jurisprudencias P./J. 80/2004, de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.", P./J. 81/2004, de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS." y P./J. 79/2004, de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE VIOLACIÓN DE PODERES."
45. Finalmente, sostiene que este Alto Tribunal tiene una sólida doctrina jurisprudencial al respecto tal como se puede advertir de las controversias constitucionales 10/2005, 19/2005, 42/2006, 9/2007, 56/2010, 85/20
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30441-f5251610/i-controversia-constitucional-competencia-de-las-salas-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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