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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN DE LAS NORMAS GENERALES OBJETO DE LA CONTROVERSIA (ARTÍCULO 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 35 Y 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN XVI, 13, FRACCIÓN XX, Y 36, FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO, EN TANTO QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS SÍ ALEGA UNA VIOLACIÓN DIRECTA A SU ESFERA COMPETENCIAL. X. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA SU APROBACIÓN. XI. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE A LA LEGISLATURA ESTATAL APROBARLO POR CUANDO MENOS EL EQUIVALENTE AL CUATRO PUNTO SIETE POR CIENTO (4.7%) DEL GASTO TOTAL PROGRAMABLE AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. XIV. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. EL HECHO DE QUE EL TEXTO CONSTITUCIONAL LOCAL NO CONTENGA ESPECÍFICAMENTE LO QUE, DEBE ENTENDERSE POR "GASTO PROGRAMABLE", NO IMPIDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ACUDIR A OTROS MEDIOS QUE PERMITAN DEDUCIR LA RACIONALIDAD DE ESA FIGURA. XV. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. OBLIGACIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE MOTIVAR LA RAZÓN DEL CONCEPTO DE "GASTO PROGRAMABLE", CONFORME A LOS PARÁMETROS DE LA CONSTITUCIÓN ESTATAL, PUES DE LO CONTRARIO PUEDE TENER UNA REDUCCIÓN INDEBIDA DE LA BASE CONFORME A LA CUAL SE ASIGNA EL PRESUPUESTO MÍNIMO DEL PODER JUDICIAL ESTATAL. XVI. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA DEFINICIÓN DE "GASTO PROGRAMABLE" EMITIDA POR EL CONGRESO LOCAL, ES UN ACTO CONTRARIO A LA DIVISIÓN DE PODERES, EN GRADO DE SUBORDINACIÓN, TODA VEZ QUE ESTABLECE UN PARÁMETRO INCORRECTO Y, POR TANTO, NO ES APTO PARA SERVIR DE BASE DE CÁLCULO DEL CUATRO PUNTO SIETE POR CIENTO (4.7%) DEL GASTO PROGRAMABLE DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE, COMO MÍNIMO, DEBE ASIGNARSE AL PODER JUDICIAL CONFORME A LA CONSTITUCIÓN LOCAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS SEGUNDO, FRACCIONES XXIII Y XXVII, DÉCIMO SEXTO (EN LA PARTE QUE ASIGNA EL PRESUPUESTO TOTAL AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS) Y DÉCIMO OCTAVO (EN LA PARTE QUE ASIGNA EL PRESUPUESTO TOTAL AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS), ASÍ COMO EL ANEXO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 44/2024. · Registro digital (IUS): 33601
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-12
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.846.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 44/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 5 DE DICIEMBRE DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas y actos impugnados: a) la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2024; b) los artículos segundo, fracciones XXIII y XXVII, décimo sexto, décimo octavo, así como el anexo dos del Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024; c) la sanción, promulgación, refrendo y publicación del Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno, y d) la omisión de establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos las bases para la distribución interna de presupuesto para los tribunales de dicho poder.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 44/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en la que demandó la invalidez de la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2024; el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés; la sanción, promulgación, publicación y refrendo de dicho decreto, así como la omisión de establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos las bases para la distribución interna de presupuesto para los tribunales de dicho poder.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2024. El primero de septiembre de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos envió al Gobernador el anteproyecto de presupuesto de egresos y programa operativo anual del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes. Lo anterior, a fin de que el ejecutivo local los incluyera en la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2024.

2. Dado que el orden jurídico local dispone que el Tribunal Superior de Justicia debe integrar el presupuesto propuesto por el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, previamente la Magistrada Propietaria de ese tribunal especializado envió al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia la propuesta de presupuesto correspondiente con el objeto de que, a su vez, fuera agregada al anteproyecto de presupuesto de egresos del poder judicial estatal que se entregaría al gobernador del Estado.

3. Así, en su anteproyecto, el Poder Judicial del Estado de Morelos manifestó que la expectativa de presupuesto que le corresponde es de $1,191,607,873.62 (mil ciento noventa y un millones seiscientos siete mil ochocientos setenta y tres pesos 62/100 moneda nacional) con base en el parámetro del 4.7% (cuatro punto siete por ciento) del gasto programable establecido en la Constitución Política del Estado de Morelos.(1)

4. Sin embargo, el propio anteproyecto precisó que, en atención a las "necesidades reales" del Poder Judicial del Estado de Morelos, se requería una asignación presupuestaria "mínima" de $1,030,000,000.00 (mil treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional) para garantizar el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia.(2) Asimismo, se adjuntó la propuesta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, que asciende a $57,361,108.58 (cincuenta y siete millones trescientos sesenta y un mil ciento ocho pesos 58/100 moneda nacional).

5. Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 2024. El veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Gobernador del Estado remitió al congreso local la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2024.

6. Al efecto, el titular del ejecutivo estatal propuso un presupuesto para el Poder Judicial del Estado de Morelos por un monto total de $1,087,361,108.58 (mil ochenta y siete millones trescientos sesenta y un mil ciento ocho pesos 58/100 moneda nacional), desglosados de la manera siguiente: $1,030,000,000.00 (mil treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional) para el Tribunal Superior de Justicia y $57,361,108.58 (cincuenta y siete millones trescientos sesenta y un mil ciento ocho pesos 58/100 moneda nacional) para el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.

7. A detalle, la exposición de motivos de la iniciativa señaló que el gasto programable equivale al gasto no etiquetado (esto es, ingresos de libre disposición(3) menos participaciones federales que se transfieren a los municipios), el cual asciende, en el caso, a $15,564,345,358.08 (quince mil millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho pesos 08/100 moneda nacional), de ahí que el 4.7% (cuatro punto siete por ciento) de dicha cantidad son $731,524,231.83 (setecientos treinta y un millones quinientos veinticuatro mil doscientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, el ejecutivo local puntualizó que el presupuesto solicitado por el poder judicial era superior al mínimo requerido conforme a la Constitución estatal.

8. Aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2024. En sesión ordinaria concluida el quince de diciembre de dos mil veintitrés, el congreso estatal aprobó el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Decreto de Presupuesto de Egresos 2024). El presupuesto que se aprobó al Poder Judicial del Estado de Morelos es de $916,443,549.90 (novecientos dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos 90/100 moneda nacional) con el desglose siguiente:

Ver desglose

9. En las consideraciones del Decreto de Presupuesto de Egresos 2024, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública explicó que, en el ejercicio fiscal 2023, se autorizó al Tribunal Superior de Justicia un presupuesto de $800,000,000 (ochocientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) y que, en el presente ejercicio, se le aumentan $85,000,000.00 (ochenta y cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional) para que pueda cumplir con sus objetivos.

10. Precisó, adicionalmente, que no se aprobó la cantidad solicitada por dicho tribunal porque significa un porcentaje de incremento del 28.75% (veintiocho punto setenta y cinco por ciento) respecto a dos mil veintitrés, en tanto que se preveía un incremento tan solo del 4.2% (cuatro punto dos por ciento) de ingresos para el gobierno estatal. A pesar de ello, se contempló para el poder judicial un aumento del 5% (cinco por ciento) respecto al presupuesto del ejercicio anterior, que es superior a la inflación prevista del 4.5% (cuatro punto cinco por ciento), razón por la cual el poder judicial ejercerá un presupuesto mayor en términos reales respecto al del año previo.

11. Por otra parte, se explicó que el presupuesto aprobado era superior al mínimo constitucional del 4.7% (cuatro punto siete por ciento) del gasto (estatal) programable, es decir, tomó como válida la base de cálculo propuesta en la iniciativa del ejecutivo estatal, que señaló que eran $731,524,231.83 (setecientos treinta y un millones quinientos veinticuatro mil doscientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional), que es la cantidad equivalente al 4.7% (cuatro punto siete por ciento) del gasto no etiquetado (o gasto programable).

12. En ese orden, el Decreto de Presupuesto de Egresos 2024 definió como gasto estatal programable al gasto no etiquetado, que se destina al cumplimiento de los fines y funciones propias del Estado que se encuentran directamente relacionados con los programas a cargo de los ejecutores del gasto previamente establecido para alcanzar los objetivos y metas, los cuales tienen un efecto directo en la actividad económica y social de la población.

13. En complemento, determinó que el gasto no etiquetado son las erogaciones que realiza el Estado con cargo a sus ingresos de libre disposición, exceptuando el porcentaje de las participaciones federales que se transfieren a los municipios en términos de la normativa aplicable.(4)

14. Por cuanto hace al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, el congreso local señaló que dicho órgano había solicitado un incremento presupuestario del 91.55% (noventa y uno punto cincuenta y cinco por ciento) respecto a dos mil veintitrés, lo cual no resulta congruente con la expectativa de ingresos para este ejercicio fiscal. Por ello, al igual que los organismos autónomos, aprobó a dicho tribunal un incremento de recursos del 5% (cinco por ciento) respecto a dos mil veintitrés, lo cual permitirá su operatividad en el ejercicio fiscal 2024.

15. El dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos remitió al Gobernador del Estado el Decreto de Presupuesto de Egresos 2024 para su publicación.

16. Publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos 2024. El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. Dicho decreto fue sancionado y promulgado por el Secretario de Gobierno del Estado de Morelos en ausencia temporal del Gobernador.

17. Demanda de controversia constitucional. El trece de febrero de dos mil veinticuatro, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió una demanda de controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que señaló como normas y actos impugnados:

IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

A) Del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos:

La transgresión al párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que no remitió para su examen, discusión y aprobación el anteproyecto de presupuesto enviado al Ejecutivo del Estado, para el Ejercicio Fiscal siguiente en el que se deberá respetar el porcentaje que en términos de esta Constitución está determinado para el Poder Judicial, lo que del decreto de presupuesto que se combate no se advierte que haya ocurrido de esa manera, por tanto existió una violación al proceso legislativo por parte del Poder Ejecutivo en agravio del Poder Judicial.

La sanción y publicación del decreto número 1621 de fecha 29 de diciembre de 2023, ello en virtud de que el Gobernador omite sancionar el decreto impugnado e indebidamente lo hace el Secretario de Gobierno, haciendo dos funciones al mismo tiempo, el de Sancionar en sustitución del Gobernador y el de dar fe y Publicar en el Periódico Oficial, sin facultades para ejercer los dos cargos al mismo tiempo en un mismo acto del proceso legislativo, lo cual además no funda ni motiva legalmente por que actúa en sustitución del Gobernador y a su vez como Secretario de Gobierno en un mismo acto, acumulando en su persona dos funciones distintas, lo que es contrario a la Norma Constitucional y no es acorde a la División de funciones de los Servidores Públicos, además de que no se encuentra dentro de las facultades que establece el artículo 63 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

B) De la LIV Legislatura del Estado de Morelos se demanda:

a) La invalidez por sí y por vicios propios del proceso legislativo y del decreto número mil seiscientos veintiuno [1621], publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6267 de fecha veintinueve de diciembre de 2023 a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2024, en inobservancia de lo dispuesto en los artículo 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) La invalidez del artículo segundo fracciones XXIII y XXVII del decreto 1621, en donde define el concepto de gasto programable que ilegalmente el Congreso del Estado de Morelos realiza en el decreto por el que aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, al resultar una redefinición a la sentada en el decreto tres mil doscientos cuarenta y nueve [3249], publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5611, de once de julio de dos mil dieciocho –en que se fundó la autonomía financiera del Poder Judicial–, lo que evidencia el vicio constitucional de subordinar al Poder Judicial a través de la reducción de los recursos económicos que constitucionalmente le corresponden.

c) La invalidez de los artículos décimo sexto y décimo octavo, así como en anexo dos del decreto 1621 publicado en fecha 29 de diciembre de 2023 en lo que concierne al Poder Judicial del Estado de Morelos.

d) Violación al Principio de Irreductibilidad del presupuesto 2024 en relación al presupuesto correspondiente al año 2023, pues en lo que corresponde a la libre disposición del presupuesto existe una notable reducción del presupuesto correspondiente al año 2023 en relación con el aprobado al año 2024.

e) La omisión legislativa en la que ha incurrido el Congreso del estado de Morelos consiste en que no ha legislado para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado para establecer las bases que permitan la distribución interna entre los Tribunales que conformamos el Poder Judicial del estado (Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes), respecto del presupuesto de egresos que anualmente recibe dicho poder por así determinarlo el artículo 87, párrafo segundo, de la Constitución Política del estado de Morelos.

C. Del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos se demanda:

El refrendo y publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6267 de fecha veintinueve de diciembre de 2023 a través del cual el Poder Legislativo de Morelos aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, ello en virtud de que si el mismo actuaba en sustitución del Gobernador del Estado de Morelos por ausencia temporal, no podía actuar a su vez como Secretario de Gobierno para el refrendo y publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad antes citado, pues no se podían acumular dos funciones distintas en una misma persona.

18. Conceptos de invalidez. En su demanda, la parte actora expuso en seis conceptos de invalidez la transgresión a los principios de autonomía y de gestión presupuestaria en su perjuicio, conforme a lo siguiente:

• PRIMERO. El poder ejecutivo carece de facultades para modificar el anteproyecto de presupuesto de egresos que elabora el poder judicial, pues únicamente tiene la obligación de integrarlo al paquete económico y remitirlo al poder legislativo para que este último lo apruebe o modifique.

En el caso, en la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos el Gobernador del Estado disminuyó indebidamente la propuesta de presupuesto del poder judicial, pues estableció la cantidad de $1,030,000,000.00 (mil treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), pero el poder judicial solicitó una cantidad mayor, esto es, $1,191,607,873.62 (mil ciento noventa y un millones seiscientos siete mil ochocientos setenta y tres pesos 62/100 moneda nacional), que es el equivalente al 4.7% (cuatro punto siete por ciento) del gasto programable del presupuesto de egresos.

Inclusive, en la controversia constitucional 15/2021,(5) la Segunda Sala de esta Suprema Corte resolvió que el Gobernador del Estado disminuyó en forma inconstitucional la cantidad originalmente solicitada por el poder judicial en la iniciativa de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021.

• SEGUNDO. Son inconstitucionales las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos 2024 que definen "gasto programable" para los efectos de determinar la asignación presupuestaria que corresponde al poder judicial.(6)

Por otra parte, el congreso local indebidamente aprobó un presupuesto menor al poder judicial, ya que solo asignó $604,074,113.00 (seiscientos cuatro millones setenta y cuatro mil ciento trece pesos 00/100 moneda nacional) para el Tribunal Superior de Justicia y $31,443,549.90 (treinta y un millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos 90/100 moneda nacional) para el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.

La suma de ambas cantidades –$635,517,663.00 (seiscientos treinta y cinco millones quinientos diecisiete mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 moneda nacional)– es el "presupuesto real" (pero disminuido) que le queda al poder judicial, pues los conceptos etiquetados por concepto de "Pensiones, Jubilaciones, Haber de retiro y Retiro voluntario" no debieron incluirse o computarse dentro del 4.7% (cuatro punto siete por ciento) del monto total del gasto programable autorizado en el presupuesto de egresos del ejercicio que corresponde.

Como se ha resuelto en más de ciento cincuenta controversias constitucionales,(7) el congreso morelense tiene la obligación de presupuestar las pensiones jubilatorias de las personas servidoras públicas del poder judicial y transferir los recursos necesarios en una partida específica para no invadir el presupuesto otorgado al poder judicial.

De igual manera, la cantidad de $2,100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 moneda nacional) destinada a vales de despensa no puede considerarse como parte del presupuesto del poder judicial, esto es, dentro del 4.7% (cuatro punto siete por ciento) del monto total del gasto programable autorizado en el presupuesto de egresos del ejercicio que corresponde. Se trata de recursos etiquetados para el personal sindicalizado, de los cuales no puede disponer el poder judicial.

Aun cuando fuera correcto el concepto de gasto programable que sirvió de base al congreso local para calcular el presupuesto que corresponde al poder judicial, de todas formas esa metodología arrojaría un monto de $731,524,231.83 (setecientos treinta y un millones quinientos veinticuatro mil doscientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional),(8) que es inferior al presupuesto real que, como arriba se señaló, se otorgó al poder judicial en el decreto impugnado.

Aunque el congreso tiene facultades para modificar el presupuesto de egresos, carece de ellas respecto al del poder judicial porque constitucionalmente se dio autonomía e independencia financiera, y se obligó al Poder Legislativo del Estado a respetar y garantizar el 4.7% (cuatro punto siete por ciento) del gasto programable. • TERCERO. En el Decreto de Presupuesto de Egresos 2024, el congreso local homologa la definición de gasto programable a la de gasto no etiquetado, lo que es erróneo y fue "inventado" con el propósito de dar cumplimiento a la ejecutoria de la controversia constitucional 15/2021.(9)

Por lo contario, el congreso local debió aplicar el concepto de gasto programable señalado en las consideraciones del decreto del once de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se reformó la Constitución del Estado de Morelos para establecer el parámetro de asignación presupuestaria al poder judicial, consistente en el 4.7% (cuatro punto siete por ciento) del monto total del gasto programable autorizado en el presupuesto de egresos del ejercicio que corresponde.

En el apartado considerativo de la reforma constitucional en cuestión –mediante la cual se otorgó autonomía financiera al poder judicial–, se señaló que por gasto programable deben entenderse las erogaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones de las instituciones, dependencias y entidades del Gobierno del Estado, entre las cuales se considera a los Poderes del Estado, la Administración Pública Central y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, consignadas en un programa para su mejor control y evaluación.

Dicha definición es consistente con la prevista en otras disposiciones jurídicas como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y diversos instrumentos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que establecen que el gasto programable se integra por las erogaciones que realizan los entes públicos en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población.

Entonces, el concepto de gasto programable plasmado en el decreto impugnado es contrario al que se tomó en cuenta en la reforma constitucional y su aplicación tuvo como efecto que se asignara al poder judicial local un presupuesto muy inferior al que le corresponde.

Así, como lo señaló desde su anteproyecto de presupuesto de egresos, la base del cálculo del gasto programable debió ser, entonces, el gasto total del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal que corresponda menos las transferencias a municipios y el pago de la deuda pública.

• CUARTO. El congreso local definió el "gasto estatal programable" a partir del mismo concepto previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2021, que también retoma las definiciones de "gasto no etiquetado" e "ingresos de libre disposición" previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Sin embargo, la definición incurre en dos falacias: la primera, que la definición contenida en aquel presupuesto no tiene base constitucional y, la segunda, que la ley federal referida no establece la definición de "gasto programable".

• QUINTO. El Decreto de Presupuesto de Egresos 2024 transgredió el principio de irreductibilidad presupuestal porque a los dos tribunales del poder judicial local les redujo el presupuesto en relación con el aprobado en el ejercicio fiscal anterior.

Así, en dos mil veintitrés se aprobó un presupuesto de "libre disposición" de $639,452,158.00 (seiscientos treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), pero en dos mil veinticuatro este se redujo a $635,517,662.00 (seiscientos treinta y cinco millones quinientos diecisiete mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional).

Por otra parte, se eliminó el presupuesto establecido para la "justicia laboral" que se había aprobado en dos mil veintitrés, lo cual es incorrecto, pues los tribunales laborales siguen funcionando.

Además, si el presupuesto general del Estado aumentó, por lógica, el presupuesto del poder judicial debió haber aumentado y no disminuido, como ocurrió.

• SEXTO. (Conceptos relacionados con el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes).

a. Omisión legislativa

El congreso local no ha legislado a fin de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos para establecer las bases que permitan la distribución interna del presupuesto que corresponde a los tribunales que conforman dicho poder.

La omisión legislativa absoluta deviene de las reformas constitucionales que establecieron la autonomía del poder judicial, específicamente, al artículo 87 de la constitución morelense,(10) que obliga al congreso a legislar sobre la distribución interna del presupuesto. Esto es trascendente porque el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes son autónomos e independientes entre sí.

Al no existir las bases que permitan la distribución interna entre los tribunales, el congreso morelense ha asignado el presupuesto sin criterios objetivos que permitan una repartición equitativa y proporcional de los recursos.

Así, se genera una subordinación del poder judicial al poder legislativo, puesto que, en el caso, el incremento autorizado al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes no le permitirá tomar autónomamente decisiones para administrar sus recursos, cumplir metas y objetivos ni enfrentar el gasto operativo.

b. Indebida fundamentación y motivación

El congreso local no aprobó el monto del presupuesto solicitado por el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, y solo le otorgó un incremento del cinco por ciento respecto al dos mil veintitrés. Dicha determinación carece de una debida fundamentación y motivación.

Si el artículo 87 de la Constitución morelense dispone que, para distribuir el presupuesto al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, debe atenderse a las bases previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, pero esas bases no se han establecido; entonces, el porcentaje de incremento se determinó discrecionalmente y carece de fundamentación.

Por otra parte, el presupuesto aprobado a ese tribunal unitario carece de motivación. En primer lugar, el congreso local no precisó si es equitativo y proporcional en relación con el presupuesto aprobado al Tribunal Superior de Justicia cuando el poder judicial local tiene asignado, como mínimo, el 4.7% (cuatro punto siete por ciento) del gasto programable.

En segundo lugar, los motivos del congreso local no son reflexivos ni exhaustivos, pues se limitó a señalar que el presupuesto solicitado era desproporcional con la realidad financiera del Estado sin atender a los proyectos, necesidades y obligaciones que el tribunal expresó en su propuesta de presupuesto.

c. Afectación al principio de autonomía presupuestaria

Históricamente, el presupuesto asignado al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes ha sido insuficiente para cumplir con sus obligaciones constitucionales; por ejemplo, no se ha concluido la implementación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Debido a la falta de reglas para la distribución de los recursos, el tribunal unitario no tiene certeza en obtener un presupuesto estable para poder sustentar sus gastos, lo cual genera una situación de subordinación en la que dicho órgano no podrá tomar autónomamente sus propias decisiones.

d. Afectación al principio de autonomía de la gestión presupuestaria.

El congreso local vulnera la autonomía e independencia, en la vertiente presupuestaria, porque dispuso que el presupuesto de egresos se integra con los recursos necesarios para el pago de pensiones y jubilaciones; sin embargo, no etiquetó ninguna partida presupuestal para tal efecto a favor del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.

En ese orden, corresponde al congreso local establecer y autorizar las partidas presupuestarias necesarias para satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como distribuir las cargas financieras, dependiendo del ente público que fue patrón del pensionista y por cuánto tiempo.

En concreto, el tribunal unitario tiene nueve personas pensionadas, respecto de las cuales el congreso local no aportó la partida presupuestal respectiva.

Entonces, dicho órgano no puede hacer frente al pago de las jubilaciones que tiene a su cargo, de manera tal que se ve obligado a utilizar recursos de su gasto operativo.

Tan es así que, apenas al iniciar el ejercicio fiscal de 2024, el tribunal unitario tuvo que gestionar una solicitud de ampliación presupuestal para atender el déficit en materia de pensiones y reasignar gasto para cumplir ese tipo de obligaciones de pago.(11)

19. Admisión y trámite. Por acuerdo de trece de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 44/2024 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

20. Por acuerdo de primero de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados en este procedimiento constitucional a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al Secretario de Gobierno y, por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación corresponda.

21. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio contestación a la demanda.

22. En primer término, planteó que debe sobreseerse la controversia constitucional por cuanto a la sanción, promulgación y publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos 2024, en virtud de que el poder judicial estatal omite formular conceptos de invalidez específicos sobre tales actos impugnados.

23. En cuanto al fondo del asunto, manifestó que son constitucionales los actos atribuidos al poder ejecutivo estatal conforme a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33601-f94670d5/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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