I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA NORMAS GENERALES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE DA LUGAR A SU IMPUGNACIÓN PUEDE CONSISTIR EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. V. SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ARTÍCULOS DÉCIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO TERCERO, CON EXCEPCIÓN DEL PÁRRAFO TERCERO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO QUINTO, TRIGÉSIMO SÉPTIMO Y TRIGÉSIMO NOVENO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, EXPEDIDO MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (ARTÍCULOS TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO QUINTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, EXPEDIDO MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. FACULTAD DEL GOBERNADOR ESTATAL PARA PROMULGAR, PUBLICAR Y EJECUTAR LAS LEYES Y DECRETOS EXPEDIDOS POR EL CONGRESO LOCAL, Y QUE SERÁN REFRENDADOS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO (ARTÍCULO 11, PRIMERO Y CUARTO PÁRRAFOS, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. ES INFUNDADO EL ARGUMENTO DE LA COMISIÓN ACTORA RESPECTO DE QUE EL DECRETO IMPUGNADO CARECE DE LA PROMULGACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, EN DETRIMENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, AL SER PROMULGADO POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE, EN TANTO QUE EL DECRETO SE PROMULGÓ CON BASE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, LOS CUALES MENCIONAN QUE, ANTE LA AUSENCIA DEL GOBERNADOR CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO CUBRIR LAS FALTAS DE ÉSTE, HASTA POR UN PERIODO DE SESENTA DÍAS (DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. ANTE LA AUSENCIA DEL GOBERNADOR, CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO CUBRIR LAS FALTAS DE ÉSTE HASTA POR UN PERIODO DE SESENTA DÍAS, Y PARA QUE UNA INICIATIVA ADQUIERA EL CARÁCTER DE LEY O DECRETO REQUIERE DE LA VOTACIÓN DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS PERSONAS DIPUTADAS AL CONGRESO LOCAL, ASÍ COMO DE LA SANCIÓN Y PROMULGACIÓN DEL EJECUTIVO LOCAL Y SU PUBLICACIÓN EN EL ÓRGANO OFICIAL DEL ESTADO (DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL ESTATAL NO SE ADVIERTE QUE EL SECRETARIO DE GOBIERN
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2024. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 5 DE DICIEMBRE DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y JUAN MANUEL ANGULO LEYVA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Normas impugnadas: El Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y el Decreto Número Mil Doscientos Ochenta y Cuatro, por el que se reforma el artículo 121, en su párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 79/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en contra de diversos artículos contenidos en el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno (en delante, 1621) por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del Decreto Número Mil Doscientos Ochenta y Cuatro (en delante, 1284) por el que se reforma el artículo 121, en su párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Decreto de reformas a la Constitución local de Morelos. El veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se publicó, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6232, el Decreto número 1284, por el que se reforma el artículo 121, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.(1)
Artículo 121. El Estado garantizará que la educación que se imparta en la entidad, sea de calidad, inclusiva y con equidad, a través de las Unidades Gubernamentales que estime pertinentes, ajustándose estrictamente a las disposiciones del artículo 3° y demás relacionados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de asegurar el máximo aprendizaje de los educandos, a través de la participación social; así como la implementación de mecanismos y procedimientos de control que aseguren la evaluación y capacitación permanente de los docentes, tanto de Instituciones Públicas como particulares con autorización o reconocimiento oficial.
La enseñanza Media Superior y Superior se regirá por las Leyes Federales y Estatales correspondientes; la determinación de las profesiones que requieran de la expedición de títulos se ajustará a los términos del artículo 5° de la propia Constitución General de la República. Esta podrá ser impartida por instituciones creadas o autorizadas por el Gobierno del Estado, a las que en su caso podrá otorgar autonomía.
Se otorga a la Universidad del Estado plena autonomía para impartir la enseñanza media superior y superior, crear las bases y desarrollar la investigación científica y humanística así como fomentar y difundir los beneficios de la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas; para determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; tener la libre disposición y administración de su patrimonio, incluyendo el incremento del mismo por medio de fuentes propias, y realizar todos aquellos actos relacionados con sus fines.
El Congreso del Estado proveerá los instrumentos legales necesarios para el cumplimiento de la función social educativa, expedir la Ley para el ejercicio de las profesiones en el Estado y para fijar las sanciones aplicables a quienes no cumplan o hagan cumplir las normas relativas a dicha función educativa o a las personas que las infrinjan.
Con relación al segundo párrafo del artículo 32 de la presente Constitución, el Gobernador remitirá al Congreso del Estado para su examen, discusión y aprobación el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal siguiente, en el que establecerá como base para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el tres punto cinco por ciento del total del Presupuesto de Egresos del Estado. El Congreso del Estado con relación a la fracción V del artículo 40 de esta Constitución garantizará en la autorización del presupuesto de egresos ese porcentaje mínimamente para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
2. Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos. El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés se publicaron, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6267, los Decretos por los que se aprobaron la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.(2)
3. Demanda de controversia constitucional. El trece de febrero de dos mil veinticuatro, el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, en su carácter de Presidente y representante legal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el Secretario de Gobierno, todos de la misma entidad, por la emisión de los Decretos antes mencionados. En lo particular, impugnó lo siguiente:
• El artículo 121, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de Morelos.
• Los artículos primero, décimo quinto, décimo sexto, vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo segundo, trigésimo quinto, trigésimo séptimo, trigésimo noveno, quinto transitorio y el anexo 21 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2024.
4. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos expuso que con la emisión de los Decretos impugnados se vulneró su independencia y autonomía de gestión presupuestal. En este contexto, en sus cinco conceptos de invalidez señaló lo siguiente:
• Primero. Los artículos primero, décimo sexto, vigésimo, trigésimo segundo, quinto transitorio y el anexo 21 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 invaden la independencia y autonomía de gestión presupuestal de la actora, lo que genera una afectación al principio de división de poderes.
• La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos es un órgano constitucional autónomo que se encuentra a la par de los poderes tradicionales, en tanto cumple con la función esencial consistente en la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, de ahí que se le dota de elementos para su desempeño, como la autonomía presupuestal que, a su vez, se subdivide en autonomía de determinación presupuestal y de gestión, y la independencia funcional.
• En términos del artículo 116 de la Constitución Política del país, es competencia exclusiva del Congreso local discutir y aprobar el presupuesto de egresos estatal; no obstante, dicha facultad debe entenderse armonizada con el principio de división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, por lo que no puede ser utilizada para diluir o desaparecer la autonomía presupuestal con que cuentan los órganos constitucionales autónomos.
• Así, una eventual modificación al presupuesto solicitado debe ser debidamente motivada, inclusive, justificada con argumentos objetivos, razonables y plasmados en el dictamen o durante el procedimiento legislativo. También cita las tesis de jurisprudencia P./J. 50/2000 y 120/2009, la controversia constitucional 10/2009 y la acción de inconstitucionalidad 34/2021 para apuntar que las modificaciones a los proyectos de presupuesto de los entes públicos deben ser fundamentadas y motivadas y que el Congreso local tiene la obligación de ejercer esta facultad con base en lo propuesto por el órgano constitucional autónomo y motivar si atiende o no a lo solicitado.
• En el caso particular, el Congreso estatal ejerció deficientemente su competencia constitucional, pues no motivó ni dio intervención a la Comisión, sino que solamente asignó un presupuesto que no concuerda con el planteado, lo que generó una invasión a la división de poderes.
• Esta modificación discrecional de la propuesta de presupuesto de egresos elaborada por la Comisión de Derechos Humanos local hace nugatorio el contenido del artículo 102, apartado B, párrafo quinto, de la Constitución Política del país, consistente en la garantía de autonomía. Lo anterior, en tanto que el presupuesto requerido por la Comisión actora ascendía a la cantidad de $45,833,000.00 (cuarenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), mientras que el Congreso local adujo que le corresponde el último presupuesto ejercido más un incremento de cinco puntos porcentuales.
• Esta falta de fundamentación y motivación priva al organismo actor de su autonomía funcional y presupuestal e impacta en su ámbito competencial, en detrimento del principio de división de poderes, cuyas violaciones han sido conceptualizadas en tres niveles, a saber, intromisión, dependencia y subordinación, y considera que, en el presente caso, se actualiza una subordinación, pues subordina a la Comisión a la voluntad del Congreso local sin atender sus necesidades reales.
• Las disposiciones relativas a la determinación consistente en que los recursos aprobados deber ser destinados al pago de pensiones y jubilaciones, así como de preferir su pago sobre cualquier otro gasto para el funcionamiento de la Comisión, lesionan su independencia en el grado más grave y trasgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal.
• Segundo. La aprobación, sanción y publicación de los artículos décimo quinto, décimo sexto, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, trigésimo séptimo y trigésimo noveno del Presupuesto de Egresos impugnado contravienen el principio de legalidad y de división de poderes, al reducir la eficacia de la autonomía presupuestal de la Comisión actora, la cual tiene conferida de conformidad con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política del país.
• En términos de los artículos 116 y 134 de la Constitución federal, las legislaturas locales se encuentran facultadas para aprobar el presupuesto de egresos local y fiscalizar los recursos ejercidos por los diversos entes públicos estatales, cuestiones que se contemplan en la Constitución local de Morelos.
• A partir de lo resuelto por este Alto Tribunal en las acciones de inconstitucionalidad 139/2019 y 155/2021, concluye que es facultad exclusiva de los Congresos estatales aprobar el destino y asignación del gasto público de los poderes, entes y organismos constitucionales autónomos y que las disposiciones impugnadas conllevan una delegación a favor de la persona titular del Poder Ejecutivo local para autorizar y asignar el destino de los recursos públicos. Esto conforma un sistema supralegal que le permite disponer libremente de los recursos, aun y cuando se hubiere establecido un monto y destino específico, lo que impacta en la autonomía presupuestaria de la actora.
• Por una parte, se le delega al Ejecutivo local la facultad de modificar, reasignar, adecuar, suspender, ampliar o cancelar las partidas presupuestales asignadas y aprobadas en el presupuesto de egresos sin la intervención del Congreso estatal. Asimismo, el Poder Ejecutivo local ostenta una posición superior, de acuerdo con la cual puede decidir si es procedente la autorización de una ampliación presupuestal, ejerciendo facultades propias de otro poder, lo que entorpece el ejercicio presupuestal de la Comisión para el cumplimiento de sus fines y trastoca el sistema democrático, en específico, la división del ejercicio del poder y el principio de legalidad.
• Tercero. La omisión del Congreso local de aprobar la Ley de Ingresos, en términos del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vulnera la autonomía presupuestal de la actora.
• El Congreso local aprobó la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 dieciocho días posteriores a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
• Adicionalmente, realizó una disminución de los montos estimados a recibir por los conceptos de participaciones y aportaciones federales plasmados originalmente en la iniciativa de ley, en tanto tuvo conocimiento que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se había realizado una disminución en el monto global estimado a distribuir de las participaciones y aportaciones federales para las entidades federativas y los municipios.
• Así, considera que el Congreso local debió haber realizado una estimación de acuerdo con el parámetro contenido en el artículo 5, último párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con base en los criterios generales de política económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales anteriores.
• Los montos respectivos fueron establecidos por el Congreso de forma discrecional y arbitraria, de ahí que la omisión de calcular las estimaciones por concepto de participaciones y aportaciones federales implica una violación al principio de legalidad y seguridad jurídica y produce, a manera de consecuencia, una violación a la autonomía presupuestal de la Comisión actora, en tanto que la ley de ingresos estatal es la referencia de los recursos que podrán destinarse al gasto público en el presupuesto de egresos, por lo que cualquier disminución en la estimación repercute en la asignación presupuestal de los entes públicos.
• Cuarto. La reforma al artículo 121, quinto párrafo, de la Constitución local genera una exclusión normativa y trato diferenciado, pues fijó un porcentaje mínimo que debe ser asignado como presupuesto a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sin que se haya hecho extensiva a la Comisión de Derechos Humanos, lo que vulnera el principio de igualdad normativa en menoscabo de la autonomía presupuestal de este organismo, la cual se deja a la voluntad del legislador local, situación que implica una subordinación a intromisión a la independencia de la actora.
• El Congreso local no proporcionó una motivación ordinaria ni reforzada sobre el otorgamiento de una protección a la autonomía presupuestal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y porqué excluyó de esa protección a la Comisión actora, lo que crea una desigualdad jurídica al tratar de manera distinta a ambos organismos, soslayando que realizan funciones similares.
• Solicita que, en caso de declararse la inconstitucionalidad, sea con el efecto de extender al estatuto jurídico de la Comisión a través del procedimiento legislativo correspondiente, el reconocimiento y asignación de un porcentaje mínimo como presupuesto desde el texto constitucional, al igual que como se ha legislado en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o del Poder Judicial local.
• Quinto. Las porciones normativas de los artículos décimo quinto, décimo sexto, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo quinto, trigésimo séptimo, trigésimo noveno y quinto transitorio del Decreto por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos son inconstitucionales porque dicho instrumento normativo fue promulgado por una autoridad incompetente, en tanto que fue promulgado por el Secretario de Gobierno y no por la persona titular del Poder Ejecutivo local, a quien compete en exclusiva ese acto, por lo que la norma impugnada carece de efectos jurídicos vinculantes al estar viciada, pues no satisface una formalidad esencial para su validez.
• Sin soslayar que el Secretario de Gobierno firmó la promulgación en suplencia por ausencia temporal del Gobernador local; sin embargo, pasa por alto que la promulgación es un acto personalísimo del titular del Ejecutivo local a fin de que adquiera vigencia la ley o decreto.
• En el caso de que este Alto Tribunal considerara que el Secretario de Gobierno sí puede actuar en suplencia por ausencia del Gobernador local, lo cierto es que no podría haber fungido al mismo tiempo con el carácter de Secretario de Gobierno, pues tal acción es contradictoria en sí misma, de ahí que el Secretario, a su vez, debió haber sido suplido por un funcionario distinto, pues no es plausible que ejerciera simultáneamente las funciones de dos cargos.
• De declararse fundado este concepto de invalidez, solicita que la declaratoria de inconstitucionalidad surta sus efectos únicamente sobre las disposiciones impugnadas y no sobre la totalidad del contenido del presupuesto de egresos impugnado.
5. Admisión y trámite. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 79/2024 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento correspondiente, por razón de conexidad con la diversa controversia constitucional 32/2024.
6. Por acuerdo de diez de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos y, por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación corresponda.
7. Contestación del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. El treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, Samuel Sotelo Salgado, en su carácter de Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda y expuso la siguiente causal de improcedencia:
• Ausencia de conceptos de invalidez en contra de la promulgación, refrendo y publicación. En cuanto el Secretario de Gobierno debe refrendar el decreto una vez que éste sea promulgado por el Poder Ejecutivo local, lo cual aconteció en la especie; sin embargo, tal circunstancia no invade al ámbito de atribuciones de la Comisión actora por encontrarse apegado a las facultades que le han sido conferidas, de ahí que los argumentos de la promovente carezcan de sustento jurídico, y no expone concepto de invalidez alguno en que exprese los motivos o razones que justifiquen la procedencia de lo reclamado.
• Así, omite presentar un concepto de invalidez en que exprese el agravio que lo causa y los motivos que lo origina, de ahí que la ausencia o insuficiencia de los conceptos de invalidez dificulta la labor que realiza este Alto Tribunal, por lo que puede optar por no entrar al estudio de fondo del asunto y declarar la improcedencia de la controversia constitucional en términos del artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia.
8. Por otra parte, en relación con los conceptos de invalidez planteados por la actora, señaló lo siguiente:
• Para dar respuesta a los conceptos de invalidez primero, segundo, tercero y cuarto, señala que la Coordinación de Programación y Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos recibió y analizó el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, se realizó una estimación de los ingresos y una protección de los egresos, de conformidad con las políticas económicas del país. • Al integrarse dicho presupuesto con los anteproyectos de los diversos entes públicos, este fue presentado por la persona titular del Poder Ejecutivo local ante el Congreso estatal, tomando en consideración el equilibrio presupuestario y el balance presupuestario sostenible. En dicha iniciativa, se mencionó que, a pesar de que se incumplió el límite establecido para incrementar la asignación de recursos de los entes públicos locales, estos fueron incorporados de manera íntegra al Proyecto de Presupuesto de Egresos, dejando a consideración del Poder Legislativo la modificación o aprobación de las cantidades solicitadas.
• Por otro lado, el Congreso local, al aprobar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, autorizó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos la cantidad de $36,586,879.97 (treinta y seis millones quinientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional), por lo que, si bien no le fue asignada la cantidad de $45,833,000.00 (cuarenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) solicitada en su anteproyecto, lo cierto es que la cantidad autorizada le permite hacer frente a sus obligaciones, por lo que es acorde con sus necesidades, de ahí que no se vulnera su autonomía e independencia presupuestal.
• El Poder Ejecutivo local no ha incurrido en un acto u omisión contrario a la Constitución federal respecto de las atribuciones que le son conferidas, sino que las acciones emprendidas se realizaron dentro del ámbito competencial que le corresponde. El hecho que la promovente sea un órgano constitucional autónomo no implica que su proyecto de presupuesto deba ser aprobado en su totalidad, sino que existen otras disposiciones a observar para un sano ejercicio de las finanzas públicas.
• Así, la cantidad asignada es acorde con las necesidades de la Comisión actora para hacer frente a sus gastos y no se vulneran su autonomía o independencia presupuestal, ni sus actividades como órgano garante de los derechos humanos.
• Finalmente, por cuanto hace al quinto concepto de invalidez, esclarece que la persona Gobernadora de la entidad federativa puede separarse de sus funciones hasta por treinta días sin autorización del Congreso estatal. Dichas faltas serán cubiertas por el Secretario de Gobierno.
• En el caso particular, mediante oficio GOG/085/2023 el Gobernador local comunicó a la Secretaría de Gobierno que se separaría de sus funciones durante el período comprendido del veinte de diciembre de dos mil veintitrés al cuatro de enero de dos mil veinticuatro y que, por ministerio de ley, supliera su ausencia conforme lo determina la Constitución local.
• Conforme lo dispone la legislación aplicable, el Secretario de Gobierno asumió la suplencia por ausencia temporal del Gobernador local, lo que implica que, adicionalmente a las atribuciones originarias como Secretario de Estado, también contrajo las correspondientes a Gobernador estatal al cubrir su falta temporal; sin embargo, no deja de tener el carácter de Secretario de Gobierno. No es dable aducir que este no puede actuar en dos funciones distintas aunque sea una misma persona, pues, al actuar en suplencia, significa que actuó cubriendo una ausencia temporal del Gobernador estatal.
• Para tener el carácter de ley o decreto, se requiere la sanción y promulgación del Ejecutivo local. Así, en el caso concreto, dada la suplencia en las funciones ejerció tanto la atribución de sancionar y promulgar, así como de refrendar y publicar el Decreto impugnado en el periódico oficial de la entidad.
• También precisa que, según los términos de la Constitución local, la promulgación de un decreto deberá ser refrendada únicamente por el Secretario de Gobierno, por lo que es una formalidad administrativa prevista como atribución a su cargo para la validez respectiva, por lo que resulta imposible considerar que se trate de una facultad que puede ser delegada a favor de otra persona servidora pública y, aunque en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno se dispone que los asuntos, cuya competencia corresponda originalmente al Secretario, podrán ser delegados a otras personas servidoras públicas subalternas, ello es con excepción de aquellas que, por la normativa aplicable, deban ser ejercidas directamente por él.
• De ahí que es incongruente lo aseverado por la actora en el sentido de que el Secretario de Gobierno, al haber ejercido las funciones de Gobernador para sancionar y promulgar el Decreto impugnado, debió haber sido relevado en sus funciones, pues el refrendo es una atribución exclusiva e indelegable.
9. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, Santiago Núñez Flores, en su carácter de Consejero Jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda y reiteró la causal de improcedencia advertida por el Secretario de Gobierno de la misma entidad. Por otro lado, en relación con los conceptos de invalidez planteados por la actora, señaló lo siguiente:
• A fin de dar respuesta a los conceptos de invalidez primero, segundo, tercero y cuarto, señala que la Coordinación Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en su calidad de órgano constitucional autónomo, está dotado de autonomía e independencia funcional, inclusive, la suficiencia presupuestal, la autonomía presupuestaria y la autonomía financiera, conforme con los cuales le fue otorgada la facultad de elaborar su propio anteproyecto de presupuesto de egresos, ejercer libremente los recursos económicos que le sean asignados, así como la adecuación presupuestal en caso de tener que incorporar nuevas erogaciones a las planteadas originalmente.
• La Coordinación de Programación y Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos recibió y analizó el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, se realizó una estimación de los ingresos y una proyección de los egresos, de conformidad con las políticas económicas del país.
• Al integrarse dicho presupuesto con los anteproyectos de los diversos entes públicos, este fue presentado por la persona titular del Poder Ejecutivo local ante el Congreso estatal, tomando en consideración el equilibrio presupuestario y el balance presupuestario sostenible. En dicha iniciativa, se mencionó que, a pesar de que se incumplió el límite establecido para incrementar la asignación de recursos de los entes públicos locales, estos fueron incorporados de manera íntegra al Proyecto de Presupuesto de Egresos, dejando a consideración del Poder Legislativo la modificación o aprobación de las cantidades solicitadas.
• Al aprobarse el Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, se autorizó a la Comisión actora un monto de $36,586,879.97 (treinta y seis millones quinientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional), por lo que, si bien no le fue asignada la cantidad de $45,833,000.00 (cuarenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) solicitada en su anteproyecto, lo cierto es que la cantidad autorizada le permite hacer frente a sus obligaciones, por lo que es acorde con sus necesidades, de ahí que no se vulnera su autonomía e independencia presupuestal.
• Es un hecho notorio que se estableció un sistema normativo por el que se prevé la posibilidad de realizar ajustes presupuestarios a través de adecuaciones y ampliaciones presupuestales. Añade que el Poder Ejecutivo local tiene conocimiento de que corresponde al Poder Legislativo de la entidad orientar el gasto público, así como de controlar, evaluar y vigilar su ejercicio a propuesta del Ejecutivo en el respectivo presupuesto de egresos.
• Es por ello que, en la iniciativa, se propuso un sistema normativo para hacer frente a las necesidades sobrevenidas en el transcurso del ejercicio fiscal, el cual implica que los entes públicos puedan solicitar ajustes presupuestarios en casos fortuitos, con lo que se instituye el principio de modificación presupuestaria.
• Así, se autorizó al Ejecutivo local para realizar adecuaciones a los montos de las asignaciones presupuestales en caso de que se actualicen determinadas hipótesis con la obligación de informar al Congreso su materialización, y se establecieron los requisitos de procedencia de las solicitudes de ampliaciones presupuestales. Contrariamente a lo que manifiesta la actora, no permiten al Ejecutivo local disponer a su voluntad de los recursos, sino que únicamente puede realizarse cuando se actualicen hechos fortuitos.
• También es infundado que la Comisión actora se encuentre en una situación de desventaja frente al Ejecutivo local, dado que, para obtener recursos adicionales, requerirá de la aprobación de este y del Legislativo local, pues, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en caso de requerir una ampliación es obligación del Ejecutivo solicitar la autorización correspondiente al Congreso, proponiendo la fuente de ingresos.
• Ello busca colmar una laguna legal para regular las solicitudes de ampliaciones presupuestales. En estos procesos, el Ejecutivo local interviene para analizar si los entes públicos cumplen el requisito de procedibilidad establecido por el Congreso local para que el Ejecutivo pueda solicitar su autorización y dotar de recursos adicionales al solicitante. De no acreditarse que el ente público no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar una obligación, la Secretaría de Hacienda rechaza la solicitud.
• En el caso contrario, si se cumple la procedibilidad dicha Secretaría remite, mediante Iniciativa de Decreto, la so
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