I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 22 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, 24, PÁRRAFO PRIMERO, DE SU REGLAMENTO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LOCAL LEGITIMADO PARA PROMOVER ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTÓ SABEDOR DEL MISMO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SU CREACIÓN SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE ESTABLECER ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA EJERCER UNA FUNCIÓN PROPIA DEL ESTADO CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA. XI. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. XII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. CUENTAN CON UNA NÓMINA COMPETENCIAL PROPIA OPONIBLE AL RESTO DE LOS PODERES DEL ESTADO. XIII. AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉLLA, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA PREVISIÓN RESPECTO DE QUE LA FISCALÍA GENERAL ACTORA SE ENCUENTRA EN POSIBILIDAD DE REQUERIR UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL OTORGAMIENTO DE ESA PENSIÓN LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO EN EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO. EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN SUFICIENTES, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN PRESUPUEST
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 290/2024. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 23 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El Decreto 2084, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6335 en el que se concede una pensión por jubilación a Raúl Macías Gutiérrez, con cargo al presupuesto de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 290/2024, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos en la cual se demandó la invalidez del decreto dos mil ochenta y cuatro (2084), publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6335, a través del cual se concedió una pensión por jubilación a Raúl Macías Gutiérrez, con cargo al presupuesto de la Fiscalía General mencionada.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. El quince de febrero de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5578, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución local, así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de las cuales la Fiscalía General nació a la vida jurídica como un nuevo sujeto de derecho distinto al Poder Ejecutivo estatal, con autonomía financiera, independencia en su estructura orgánica y facultad reglamentaria.
2. Por otra parte, las relaciones laborales y administrativas surgidas y concluidas durante el proceso de transición de la Fiscalía General con la naturaleza de organismo constitucional autónomo, se entendieron con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos como único, exclusivo y último titular de la relación laboral o administrativa surgida con las personas servidoras públicas que se encontraban adscritos a aquel antes de la transferencia de recursos financieros, humanos y materiales.
3. Ahora bien, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, Raúl Macías Gutiérrez solicitó por escrito al Congreso del Estado de Morelos le fuera otorgada una pensión por cesantía en edad avanzada, acompañando la documentación requerida por la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
4. El primero de abril de dos mil veinticuatro, el señor Raúl Macías Gutiérrez presentó ante la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, la solicitud para hacer su cambio de pensión de cesantía en edad avanzada a jubilación.
5. En el decreto impugnado se estableció que, del análisis practicado a la documentación exhibida por el señor Raúl y una vez realizado el procedimiento de investigación, se comprobó fehacientemente la antigüedad de veintitrés años, cuatro meses y veintinueve días. Sin embargo, de los cargos que ostentó Raúl Macías Gutiérrez y que se detallan en el decreto dos mil ochenta y cuatro, se desprende que laboró veintidós años, diez meses y siete días.
6. El treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6335, el decreto dos mil ochenta y cuatro, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar una pensión por jubilación a Raúl Macías Gutiérrez, el cual se transcribe:
DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y CUATRO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A RAÚL MACÍAS GUTIÉRREZ
ARTÍCULO 1.- Se concede pensión por Jubilación a RAÚL MACÍAS GUTIÉRREZ, quien ha prestado sus servicios en la Fiscalía General del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Agente de Investigación Criminal, adscrito en la Agencia de Investigación Criminal.
ARTÍCULO 2.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65 % de la última remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será cubierta por el Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago en forma mensual, del Presupuesto otorgado en el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno, Por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, en términos del artículo Décimo Sexto párrafo décimo octavo. En caso de que las asignaciones presupuestales consignadas en el Decreto referido no resulten suficientes, el Ente Público podrá solicitar una ampliación presupuestal en términos de lo establecido en el artículo vigésimo octavo segundo y tercer párrafo, y en caso de resultar procedente, el Poder Ejecutivo podrá otorgar dicha ampliación en términos de lo establecido en el artículo décimo quinto fracción VI del mismo Decreto de Presupuesto, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 3.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Segundo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Poder Legislativo del Estado de Morelos, Sesión Ordinaria del cuatro de julio de dos mil veinticuatro.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente. Dip. Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, secretaria. Dip. Alberto Sánchez Ortega, secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes de julio del dos mil veinticuatro.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO SECRETARIO DE GOBIERNO SAMUEL SOTELO SALGADO. RÚBRICAS.
7. Demanda de controversia constitucional. El veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, Uriel Carmona Gándara, en su calidad de Fiscal General del Estado de Morelos, promovió demanda de controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual planteó la invalidez del decreto dos mil ochenta y cuatro.
8. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, el actor argumenta que las autoridades demandadas vulneran en su perjuicio el principio de autonomía e independencia en la gestión presupuestal, expresando, esencialmente, lo siguiente:
• El decreto emitido por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, por el que se concedió pensión por jubilación a Raúl Macías Gutiérrez, con cargo a al presupuesto de la Fiscalía General del Estado de Morelos, otorgando un porcentaje mayor al que le corresponde y sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con dicha obligación, lo cual resulta inconstitucional por vulnerar la autonomía e independencia presupuestal del órgano constitucional autónomo.
• Asimismo, el decreto impugnado causa una afectación grave a la institución de procuración de justicia, ya que el Congreso Local ordenó el pago de la pensión por jubilación decretada en favor de Raúl Macías Gutiérrez a razón del 65 % de la última remuneración, a partir del día siguiente a aquel en que se separó de sus funciones. Lo anterior, toda vez que erróneamente se realizó el cálculo de la antigüedad del trabajador, pues el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó que se acreditaron veintitrés años, cuatro meses y veintinueve días, por lo que se actualiza lo previsto en el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Prestaciones.
• La Fiscalía General argumenta que se trata de un acto emitido de manera unilateral e inconstitucional por el Poder Legislativo estatal, ya que el poder demandado pasó por el alto que la institución tiene la facultad de disponer de sus propios recursos al tratarse de un organismo dotado de autonomía constitucional, afectando de manera directa su capacidad de gasto y toma de decisiones financieras.
• Por otra parte, señala que se han enviado múltiples oficios a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, relacionados con las controversias constitucionales promovidas por la Fiscalía General, en lo que se ha insistido en que siendo dicha Comisión la responsable de conocer, estudiar y dictaminar los asuntos relativos a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, al momento de realizar el dictamen correspondiente debe tomar en cuenta las constancias resultado de su investigación, así como los argumentos planteados en las controversias promovidas en su contra y sobre todo las consideraciones de las sentencias de este Alto Tribunal.
• Asimismo, menciona que el sistema de pensiones para los trabajadores burocráticos de Morelos ha sido materia de análisis del Tribunal Pleno y las Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de la resolución de las controversias constitucionales promovidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
• El Constituyente, tanto federal como local, dotó a los órganos constitucionales autónomos de garantías de actuación e institucionales, para que efectivamente alcancen los fines para los que fueron creados, sin la interferencia de los clásicos Poderes del Estado, lo cual se traduciría en una violación al principio de división de poderes.
• Por ello, la Fiscalía General del Estado de Morelos es el único que se encuentra facultado para administrar, manejar y aplicar los recursos que le son asignados a través del Presupuesto de Egresos, de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales. Por lo que, si el Poder Legislativo del estado tiene injerencia en dichas facultades representaría una violación a lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Política del país, en tanto que pretende tomarse atribuciones que le competen única y exclusivamente a la Fiscalía General, como es el manejo libre de su presupuesto.
• El Poder Legislativo lesiona la autonomía financiera y de gestión presupuestaria de la Fiscalía General local, en tanto que, con la emisión del decreto impugnado, pretende disponer directamente de los recursos financieros otorgados, sin haberle dado intervención alguna, pues a la par no le fueron otorgados recursos adicionales para cumplir con la obligación de pago de la pensión concedida.
• Considera que el Congreso Estatal ha incumplido la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de emitir el decreto combatido, pretendiendo fundar su actuar con la adición de los preceptos del Decreto Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del dos mil veinticuatro, insistiendo en subordinar a este órgano constitucional autónomo.
• La actuación del Poder Ejecutivo local vulnera la autonomía financiera de la Fiscalía General, pues el poder demandado sancionó, promulgó y publicó el decreto dos mil ochenta y cuatro sin observar la cuestión relativa a la antigüedad del trabajador, haciendo nugatoria su facultad de vetar decretos.
• Argumenta una invalidez conjunta de los actos emitidos por los Poderes demandados al considerar inconstitucional que el Poder Legislativo del Estado de Morelos unilateralmente ordenara el pago de la pensión a razón de un porcentaje mayor, sin transferir o ampliar los recursos necesarios para tal obligación y, en cambio pretendía disponer, conducir o administrar el presupuesto que le es asignado a la Fiscalía General de forma anual; por lo que considera que se causa un perjuicio a su autonomía financiera.
9. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente, registrado bajo el número 290/2024 y turnarlo a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
10. Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, a quienes emplazó para que contestaran la demanda dentro de los treinta días hábiles siguientes.
11. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El dos de enero de dos mil veinticinco el Poder Ejecutivo local dio contestación a la demanda.
• La controversia constitucional es improcedente respecto de los actos atribuidos al Poder Ejecutivo local, porque la Fiscalía General del Estado de Morelos no formuló conceptos de invalidez, específicamente y por vicios, en contra de la promulgación y publicación, los cuales se realizaron en términos de los artículos 47, 70, fracción XVII, incisos a) y c) y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
• Los actos emitidos por el Gobernador del Estado de Morelos, relativos a la promulgación y publicación del decreto impugnado, se encuentran apegados al orden constitucional razón por la que la impugnación que formula la fiscalía actora resulta notoriamente improcedente e infundada, en virtud de que bajo ninguna circunstancia dichos actos invaden el ámbito de las facultades constitucionalmente establecidas a favor de la Fiscalía General local.
• Por otra parte, la cantidad autorizada para la Fiscalía General del Estado de Morelos es integrada por los recursos necesarios, que deberán utilizarse para todas las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, la capacitación de recursos humanos y demás obligaciones.
• Finalmente, la Fiscalía General deberá, en ejercicio de su autonomía financiera, instrumentar los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran su presupuesto, para dar cumplimiento al momento de austeridad, lo anterior, ante el principio económico de escasez.
12. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El dos de enero de dos mil veinticinco el Congreso local depositó en la oficina de correos de la localidad el escrito de contestación a la demanda, el cual fue recibido hasta el nueve de enero del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
13. La controversia constitucional es improcedente de conformidad con el artículo 19, fracción IX, en relación con la fracción II del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, porque la Fiscalía General del Estado de Morelos carece de interés legítimo para acudir al presente medio de control constitucional, ante la inexistencia de un principio de agravio en la esfera de su competencia.
14. El Poder Legislativo local plantea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política del país, contempla la legitimación de los órganos constitucionales autónomos para promover controversias constitucionales, tal procedencia se limita a que se combatieran actos emitidos por otros órganos constitucionales autónomos o actos y disposiciones emitidas por el Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal.
15. En el caso concreto, la controversia constitucional fue promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos en contra de actos emitidos por los Poderes Legislativo y Ejecutivo locales, por lo que, conforme al criterio del Alto Tribunal no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia contenidos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política del país y, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la ley reglamentaria de la materia.
16. Aunado a lo anterior, el Congreso local señala que resulta procedente sobreseer la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 19, fracciones II y VII, en relación con el 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, dado que del escrito de demanda se aprecia que la Fiscalía General estatal, tuvo conocimiento de la expedición del decreto impugnado el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro, sin embargo, la demanda se presentó hasta el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, por lo que su presentación resulta extemporánea, pues aconteció después de fenecido el plazo de treinta días hábiles con el que contaba dicha Fiscalía actora para promoverla.
17. Finalmente, la Fiscalía General deberá, en ejercicio de su autonomía financiera, instrumentar los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran su presupuesto, para dar cumplimiento al momento de austeridad, lo anterior, ante el principio económico de escasez.
18. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejera de la Presidencia. El Fiscal General de la República y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.
19. Audiencia y cierre de la instrucción. El cinco de marzo de dos mil veinticinco se celebró la audiencia y por acuerdo de once de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
20. Avocamiento. En atención a la solicitud de la Ministra instructora, por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, la Primera Sala se avocó para conocer el presente asunto.
21. Recepción en ponencia. El diez de abril de dos mil veinticinco, la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala entregó a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico de la controversia constitucional 290/2024, por lo que se tuvo por recibido a partir de esa fecha.
I. COMPETENCIA
22. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Política del país(1) y 10, fracción I y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(2) aplicable en términos del Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(3) por tratarse de una controversia entre la Fiscalía General y los poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en términos de lo dispuesto en los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023.(4)
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
23. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, se procede a precisar los actos y normas que son objeto de la presente controversia constitucional. En el respectivo apartado de la demanda, la Fiscalía General señaló como normas concretas y específicamente, las siguientes: IV. ACTO, NORMA U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:
"La aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación del decreto número dos mil ochenta y cuatro (2084), publicado el treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6335, por el que se concede pensión por jubilación a Raúl Macías Gutiérrez."
24. No obstante, derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda, que en sus conceptos de invalidez que hizo valer la Fiscalía General el Estado de Morelos, se advierte que de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto de la Fiscalía General local sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.
25. Tal determinación se encuentra en el artículo 2o. y no en la totalidad del Decreto dos mil ochenta y cuatro, y es la que constituye la materia de la presente controversia constitucional, lo cual puede advertirse de la transcripción de los artículos impugnados:
DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y CUATRO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A RAÚL MACÍAS GUTIÉRREZ
ARTÍCULO 1.- Se concede pensión por Jubilación a RAÚL MACÍAS GUTIÉRREZ, quien ha prestado sus servicios en la Fiscalía General del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Agente de Investigación Criminal, adscrito en la Agencia de Investigación Criminal.
ARTÍCULO 2.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65 % de la última remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será cubierta por el Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago en forma mensual, del Presupuesto otorgado en el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno, Por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, en términos del artículo Décimo Sexto párrafo décimo octavo. En caso de que las asignaciones presupuestales consignadas en el Decreto referido no resulten suficientes, el Ente Público podrá solicitar una ampliación presupuestal en términos de lo establecido en el artículo vigésimo octavo segundo y tercer párrafo, y en caso de resultar procedente, el Poder Ejecutivo podrá otorgar dicha ampliación en términos de lo establecido en el artículo décimo quinto fracción VI del mismo Decreto de Presupuesto, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 3.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Segundo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Poder Legislativo del Estado de Morelos, Sesión Ordinaria del cuatro de julio de dos mil veinticuatro.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente. Dip. Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, secretaria. Dip. Alberto Sánchez Ortega, secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes de julio del dos mil veinticuatro.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO SECRETARIO DE GOBIERNOSAMUEL SOTELO SALGADO RÚBRICAS.
26. En consecuencia, se tiene el artículo 2o. del Decreto 2084, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6335, de treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro, como acto impugnado, en la porción normativa que señala "[...] y será cubierta por el Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago en forma mensual, del Presupuesto otorgado en el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno, Por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, en términos del artículo Décimo Sexto párrafo décimo octavo. En caso de que las asignaciones presupuestales consignadas en el Decreto referido no resulten suficientes, el Ente Público podrá solicitar una ampliación presupuestal en términos de lo establecido en el artículo vigésimo octavo segundo y tercer párrafo, y en caso de resultar procedente, el Poder Ejecutivo podrá otorgar dicha ampliación en términos de lo establecido en el artículo décimo quinto fracción VI del mismo Decreto de Presupuesto, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública."
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
27. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia, esta Primera Sala advierte que la existencia del Decreto 2084 se encuentra acreditada, al tratarse de un decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", sin que en el presente caso se requiera mayor prueba al respecto.
IV. OPORTUNIDAD
28. En términos del artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover la controversia constitucional, tratándose de actos, debe computarse a partir del día siguiente:
a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b) al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, y;
c) al en que el actor se ostenta sabedor de los mismos.(5)
29. En este caso, la Fiscalía General impugna el Decreto dos mil ochenta y cuatro, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro. En este momento será tomado como fecha de conocimiento, en virtud de que el actor no manifestó haber tenido de este acto en una fecha diversa ni en el expediente existe constancia que permita llegar a una conclusión distinta.
30. Luego, el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del jueves primero de agosto al jueves veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.(6) Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el jueves veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
31. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(7) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.
32. La Fiscalía General del Estado de Morelos compareció por conducto del licenciado Uriel Carmona Gándara, personalidad que se le reconoce con copia certificada de su nombramiento, de quince de febrero de dos mil dieciocho.(8) Dicho funcionario cuenta con facultades para ello, de conformidad con la fracción XXI del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y 24, párrafo primero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General.(9)
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
33. Por su parte, en el acuerdo de admisión de veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, se reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos.
34. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia,(10) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional. Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.
35. En primer lugar, en representación del Poder Ejecutivo acudió el Consejero Jurídico Edgar Antonio Maldonado Ceballos, lo que acreditó con copia certificada de su nombramiento.(11) Dicho funcionario cuenta con facultades para ello, de conformidad con la fracción II del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.(12)
36. En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció la diputada Jazmín Juana Solano López, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, quien acredita su personalidad con el acta de la Sesión de la Junta Previa de veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro y quien cuenta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33612-2ac8481b/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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