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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA LA TIENE LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO QUE HUBIERE EMITIDO Y PROMULGADO LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL NO HABER TENIDO INJERENCIA EN LA EMISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN TANTO QUE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD FUE QUIEN REALIZÓ LA SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN EL EJERCICIO DE SU FACULTAD AUTÓNOMA PARA INVESTIGAR Y PERSEGUIR DELITOS DE SU COMPETENCIA DE MANERA INDEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER EMITIDO DE MANERA AUTÓNOMA EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE PROCEDENCIA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD [ARTÍCULOS 60, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y 24, FRACCIÓN XV, DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULOS 160, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 24, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR INATACABILIDAD DE LA APROBACIÓN DE LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA EN TANTO QUE SE IMPUGNÓ LA EMITIDA POR EL CONGRESO LOCAL CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO ESTATAL Y NO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CONTRA ALGUNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, RESUELTO POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA ACREDITAR SU IMPROCEDENCIA POR LITISPENDENCIA. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA POR LITISPENDENCIA NO SE ACTUALIZA POR LA EXISTENCIA DE UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS MISMOS ACTOS, SI EL ACTOR Y LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ SON DIVERSOS. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, RESUELTO POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 258/2022. · Registro digital (IUS): 32622
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-09
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.215.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 258/2022. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 6 DE MARZO DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: MANUEL POBLETE RIOS Y JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León presentó ante el Congreso de la entidad una solicitud de declaración de procedencia para estar en posibilidad de proceder penalmente en contra del Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León por el delito local de abuso de autoridad. Previo trámite, el Congreso por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós aprobó la solicitud e inconforme con dicho procedimiento, el Poder Ejecutivo del estado promovió la presente controversia constitucional.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 258/2022, promovida por el Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, en contra del procedimiento de declaración de procedencia instaurado en contra del Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, cuya declaratoria de procedencia fue aprobada por acuerdo del Pleno del Congreso de la entidad el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. La presente controversia deriva de un procedimiento de declaratoria de procedencia en contra de Javier Luis Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno del estado de Nuevo León, a quien se le imputa el delito de abuso de autoridad por no haber publicado cincuenta y seis decretos aprobados previamente por el Congreso local.

2. En atención a lo anterior, y para tener un panorama completo de la problemática planteada, en este apartado se relatarán, en primer lugar, los antecedentes relacionados con los decretos en cuestión; luego, los actos realizados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y por el Congreso local con motivo del procedimiento de declaratoria de procedencia; posteriormente, aquéllos relativos al trámite de esta controversia constitucional y a los recursos que han derivado de su tramitación y, finalmente, se hará mención de otras controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se encuentran vinculadas a la problemática aquí planteada.

A. Decretos legislativos

3. Aprobación de decretos legislativos. Los días primero de diciembre de dos mil veintiuno, veintinueve de marzo, cinco de abril, once y treinta y uno de mayo, seis, ocho, quince y veintinueve de junio, trece, catorce, veintiséis y veintiocho de septiembre, tres, cuatro, doce, dieciocho y treinta y uno de octubre, y siete de noviembre de dos mil veintidós, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó los decretos legislativos números 29, 113, 118, 139, 148, 151, 163, 164, 165, 166, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 228, 231, 240, 246, 247, 249, 251, 252, 254, 255, 257, 259, 261, 262, 263.

4. Envío de los decretos al Poder Ejecutivo. El Congreso local envió los decretos antes mencionados al Gobernador del estado de Nuevo León, quien los recibió los días nueve de diciembre de dos mil veintiuno,(1) primero de abril,(2) ocho de abril,(3) trece de mayo,(4) dos de junio,(5) tres de junio,(6) ocho de junio,(7) trece de junio,(8) dieciséis de junio,(9) diecisiete de junio,(10) treinta de junio,(11) veintidós de septiembre,(12) treinta de septiembre,(13) seis de octubre,(14) catorce de octubre,(15) veinte de octubre,(16) dos de noviembre,(17) nueve de noviembre,(18) y diez de noviembre,(19) todos de dos mil veintidós.

5. Presentación de observaciones. El Gobernador del estado formuló observaciones en los decretos 118, 139, 148, 151, 184 y 263, las cuales presentó ante el Congreso local los días veintisiete de mayo (decreto 118), treinta de mayo (decreto 151), primero de junio (decreto 139), quince de junio (decreto 148), y cinco de diciembre (decreto 184), todos del dos mil veintidós, así como veinticinco de enero de dos mil veintitrés (decreto 263).

6. Mandatos directos al Periódico Oficial. El Congreso de la entidad envió diversos oficios a la entonces directora del Periódico Oficial de Nuevo León en los que señaló que, al haberse vencido los plazos para la formulación de observaciones y publicación, se declaraban promulgados los decretos y, en consecuencia, se ordenó la publicación respectiva. Estos oficios fueron entregados los días diez de junio,(20) once de julio,(21) veinte de octubre,(22) y primero de noviembre,(23) todos de dos mil veintidós.

7. Respuesta del Periódico Oficial. El doce de julio de dos mil veintidós, en respuesta a los oficios AG 295/2022 y AG 296/2022, la entonces responsable del Periódico Oficial del estado de Nuevo León envió un diverso oficio a la Presidenta de la Diputación Permanente de la LXXVI Legislatura del Congreso de esa entidad, en el que indicó lo siguiente:

[...] me permito informarle que derivado de las suspensiones que se han otorgado por parte de distintos órganos del Poder Judicial de la Federación, así como por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, esa autoridad se encuentra impedida para realizar las acciones subsecuentes, tales como observación o promulgación que le compete constitucionalmente al Poder Ejecutivo, derivadas de las distintas sesiones extraordinarias llevadas a cabo por la Legislatura del órgano que usted preside, proceso legislativo que ha sido impugnado por diversos particulares por contravenir la normativa para el proceso de creación de normas generales previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y Reglamento Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, sirviendo de base el siguiente criterio [...].(24)

8. Publicación de decretos. De la consulta realizada en la página web del Periódico Oficial del estado de Nuevo León, la cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles(25) de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de la materia,(26) se advierte que ya fueron publicados cuarenta y un decretos los días veintiséis de octubre,(27) diecisiete,(28) veintiuno,(29) veintitrés,(30) veinticinco,(31) y veintinueve de noviembre,(32) todos de dos mil veintidós, así como once de enero,(33) y trece de febrero de dos mil veintitrés.(34)

9. Respuesta a las observaciones. El ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Comisión de Estudio Previo del Congreso del estado de Nuevo León emitió una opinión en el sentido de considerar que las observaciones formuladas por el Gobernador del estado en relación con los decretos 113, 246, 247, 249, 257 y 263, se formularon fuera del plazo de diez días hábiles establecido en los artículos 71 y 85, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (vigente hasta el primero de octubre de dos mil veintidós).(35)

10. Tabla de decretos. Para visualizar mejor los antecedentes legislativos antes narrados, se inserta una tabla con las fechas de aprobación, envío, presentación de observaciones y publicación de los decretos:

Ver tabla

B. Declaratoria de procedencia 16204/LXXVI

11. Denuncia por abuso de autoridad. El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el Diputado Mauro Guerra Villarreal presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de Javier Luis Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno de Nuevo León, por la omisión de publicar los decretos remitidos al Periódico Oficial, que quedaron precisados en el apartado anterior de esta sentencia.

12. Solicitud de inicio del procedimiento de declaración de procedencia. El veintidós de noviembre siguiente, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Nuevo León presentó ante el Congreso local una solicitud para iniciar el procedimiento de declaratoria de procedencia en contra de Javier Luis Navarro Velasco, a quien se le imputó el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 209, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Nuevo León,(36) por no cumplir con la obligación de publicar cincuenta y seis decretos legislativos, de acuerdo con los artículos 90, 91 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.(37)

13. La solicitud fue turnada en esa misma fecha a la Comisión Jurisdiccional del Congreso y quedó registrada con el número de expediente 16204/LXXVI.

14. Aprobación de la declaratoria de procedencia. El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó un acuerdo en el que determinó que sí ha lugar a proceder en contra de Javier Luis Navarro Velasco. El acuerdo es del tenor siguiente:

ACUERDO

Número 305

PRIMERO. En este acto se ratifica el procedimiento de la Comisión Jurisdiccional, en los términos de las consideraciones del presente Acuerdo, de conformidad con el numeral SEGUNDO del Acuerdo Legislativo aprobado por el Pleno del H. Congreso del Estado de Nuevo León en fecha 22 de noviembre del año 2022 por medio del cual se creó la Comisión Jurisdiccional del H. Congreso del Estado de Nuevo León con el objeto de resolver si ha lugar o no a la declaración de procedencia respecto a los expedientes que le sean turnados por la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Es procedente la solicitud presentada por el C. JAVIER GARZA Y GARZA, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, por lo que se declara que SÍ HA LUGAR A PROCEDER en contra del servidor público C. JAVIER LUIS NAVARRO VELASCO, quien actualmente ostenta el cargo de Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León.

TERCERO. Se solicita a la Presidencia de este H. Congreso, continúe con el procedimiento establecido en el artículo 204 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

CUARTO. Se de vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para efecto de quedar a disposición de esa autoridad para que actúen con arreglo a la Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Pleno de este H. Congreso del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Se Instruye a la oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado de Nuevo León, para efecto de llevar a cabo las notificaciones correspondientes.

TERCERO. Envíese al Periódico Oficial del Estado para su publicación.

C. Juicio de amparo indirecto 1668/2022

15. Demanda. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, Javier Luis Navarro Velasco, por su propio derecho, promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó la aprobación de la declaratoria de procedencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, su inminente publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y diversos actos emitidos por el Congreso del estado dentro del procedimiento de declaratoria de procedencia en cuestión.

16. En su demanda, el señor Navarro Velasco solicitó la suspensión de plano y la suspensión incidental.

17. Admisión de la demanda. La demanda fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en donde por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós se radicó con el número 1668/2022, se admitió a trámite, se negó la suspensión de plano solicitada, y se ordenó la apertura del incidente de suspensión respectivo.

18. Primera ampliación de la demanda. El dos de diciembre de dos mil veintidós, el señor Navarro Velasco amplió su demanda de amparo indirecto a efecto de reclamar como nuevos actos: a) La ejecución de los actos reclamados en la demanda de amparo de origen; b) el inicio y desahogo del procedimiento (penal) establecido en el artículo 204 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; c) los actos de molestia derivados de la aplicación y ejecución de la declaratoria de procedencia, y d) la prosecución del procedimiento establecido en el artículo 204 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

19. Admisión de la ampliación. Previa declaratoria de incompetencia que no fue aceptada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León admitió a trámite la ampliación de la demanda y ordenó acordar lo relativo a la suspensión en el expediente incidental.

20. Segunda ampliación de la demanda. El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el señor Navarro Velasco amplió nuevamente su demanda, en la que señaló como actos reclamados los siguientes:

A) Del H. Congreso del Estado de Nuevo León, se reclama:

1. Las sesiones celebradas en fecha 22 y 29 de noviembre de 2022, en las que se aprobó la creación e integración de la Comisión Jurisdiccional y se declaró la procedencia declaratoria de procedencia (sic) contra el quejoso.

B) Del C. Diputado Mauro Guerra Villarreal, Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León, se reclama:

2. La emisión de voto como integrante del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en la celebración de las sesiones celebradas en fecha 22 y 29 de noviembre de 2022, en las que se aprobó la creación e integración de la Comisión Jurisdiccional y se resolvió la declaratoria de procedencia contra el quejoso, solicitada por parte del fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Nuevo León.

C) Del C. Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León, se reclama:

3. La ejecución y consecuencias directas e indirectas de las sesiones celebradas en fecha 22 y 29 de noviembre de 2022 por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, en las que se aprobó la creación e integración de la Comisión Jurisdiccional y se resolvió la declaratoria de procedencia contra el suscrito quejoso.

D) Del C. Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León, se reclama:

4. Todas y cada una de las consecuencias mediatas e inmediatas, directas e indirectas, que de hecho o por derecho se deriven de los actos reclamados que se precisan en los párrafos que anteceden del presente capítulo.

21. Admisión de la segunda ampliación. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, la jueza de distrito tuvo al señor Navarro Velasco ampliando su demanda de amparo.

22. Suspensión provisional. Por acuerdos de treinta de noviembre y quince de diciembre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional (solicitada en la demanda y en la primera ampliación) al señor Navarro Velasco para el efecto de que las autoridades responsables, sin paralizar el procedimiento administrativo que se ordenó continuar en términos del artículo 204 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, se abstuvieran de dictar la resolución final, hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva.

23. Suspensión definitiva. El tres de enero de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia incidental únicamente en lo relativo a los actos atribuidos al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León, en la que se concedió la suspensión definitiva "[...] para el exclusivo efecto de que no ejerza sus potestades en contra del quejoso que hayan quedado habilitadas como consecuencia de la declaratoria de procedencia dictada en contra del servidor público quejoso, que tuvo como propósito retirarle la inmunidad de la que gozaba en términos de lo dispuesto por el artículo 204 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León".

24. El veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés se celebró la audiencia incidental en relación con el resto de autoridades señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda, en la que se concedió la suspensión definitiva en favor de Javier Luis Navarro Velasco "[...] exclusivamente para el efecto de que las autoridades responsables, sin paralizar el procedimiento, en su caso, no dicten la resolución final, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia, que en su caso se dicte en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión".

25. Es importante destacar que el juicio de amparo se encuentra en trámite al momento en que se resuelve esta controversia constitucional.

D. Trámite de la controversia constitucional 258/2022

26. Demanda. El ocho de diciembre de dos mil veintidós, el Gobernador del estado de Nuevo León promovió controversia constitucional en contra de: a) la solicitud presentada por el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción ante el Congreso local a fin de que se inicie el procedimiento de declaratoria de procedencia respecto de Javier Luis Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno local; y b) la aprobación por parte del Congreso de Nuevo León de la declaratoria de procedencia antes referida.

27. En los conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo actor expuso lo siguiente:

a) Violación al principio de exacta aplicación de la ley penal. La solicitud de inicio del procedimiento de declaratoria de procedencia viola ese principio porque aplica el tipo correspondiente al delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 209, fracción IV, del Código Penal local, que se dirige a todo servidor público que "ejecute cualquier acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución"; sin embargo, no se precisa a qué Constitución se refiere, si a la federal o a la local.

b) Afectación al principio de división de poderes. La denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la consecuente declaratoria de procedencia constituyen medios de presión utilizados por el Poder Legislativo para inmiscuirse en atribuciones que corresponden exclusivamente al Poder ejecutivo local, como son: la sanción, la promulgación y la publicación de las leyes.

c) Vicios en el procedimiento. La declaratoria de procedencia se tramitó con una celeridad inusitada; además, el mismo diputado que presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción participó en el análisis y aprobación de la solicitud de declaratoria de procedencia. Todo ello genera la impresión de que existió una confabulación para presionar al Poder Ejecutivo a publicar diversos decretos legislativos.

d) Establecimiento de un tribunal especial. Los actos impugnados se llevaron a cabo por un órgano creado especialmente para integrar el procedimiento de declaratoria de procedencia, lo cual resulta violatorio de los artículos 13 y 14 de la Constitución federal. Máxime que el artículo 96 de la ley local no faculta al Congreso del estado a crear una "Comisión Jurisdiccional" especial que pueda sancionar o asumir las facultades jurisdiccionales que se arroga.

e) Falta de legislación. El procedimiento es violatorio del principio de legalidad, ya que se fundamenta en el artículo 204 de la Constitución local,(38) el cual establece que la declaratoria de procedencia deberá llevarse a cabo con arreglo a la "Ley", empero, no existe ley alguna que regule ese procedimiento. En consecuencia, el procedimiento es ilegal, pues no se ha emitido la legislación secundaria a la que se encuentra supeditada su aplicación.

28. Registro y turno. El nueve de diciembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico de la controversia constitucional con el número 258/2022 y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento correspondiente. 29. Admisión. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, la ministra instructora admitió la demanda de controversia constitucional.

30. Suspensión. El quince de diciembre de dos mil veintidós, la ministra instructora negó la suspensión para el efecto de que se suspendieran el procedimiento de declaratoria de procedencia y el proceso penal; sin embargo, se concedió para el efecto de que "[...] no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso penal respectivo, hasta en tanto se resuelva la controversia constitucional". Asimismo, se precisó que ello no impedía que la fiscalía general del estado ni los juzgadores correspondientes continuaran con los procedimientos respectivos, ni que adoptaran las resoluciones correspondientes, relacionadas con la probable responsabilidad penal del servidor público en cuestión.

31. Recurso de reclamación contra el acuerdo de suspensión. En contra de la medida cautelar, el Poder actor interpuso el recurso de reclamación 15/2023-CA. Correspondió conocer de ese asunto a la Segunda Sala, la que mediante resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés declaró infundado el recurso y confirmó el acuerdo recurrido.

32. Ampliación de demanda. El veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo local amplió su demanda con el fin de formular nuevos conceptos de invalidez.

33. En el escrito de ampliación se reiteraron argumentos relacionados con que:

a) No existe una ley secundaria que regule el procedimiento de declaratoria de procedencia;

b) El artículo 96 de la ley local no faculta al Congreso del estado a crear una "Comisión Jurisdiccional" que pudiera actuar y resolver el procedimiento de declaratoria de procedencia;

c) El procedimiento de declaratoria de procedencia se encuentra viciado de origen porque el denunciante fue el diputado Mauro Guerra Villarreal, quien ha intervenido y ha votado en distintas fases del procedimiento, no obstante que por su calidad de denunciante estaba impedido legalmente para sufragar en el juicio de procedencia; y

d) Se violó el principio de división de poderes, porque el Congreso estatal pretende utilizar como elemento de presión a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la declaratoria de procedencia para poder controlar el proceso de creación de las leyes en el estado de Nuevo León, en especial, lo relativo a la sanción, promulgación y publicación, cuyas facultades corresponden en exclusiva al Poder Ejecutivo local.

34. Además, se expuso que:

e) La declaratoria de procedencia resulta violatoria del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no se aseguró la adecuada defensa del Secretario multicitado en el procedimiento en cuestión; y

f) Las autoridades demandadas no cumplieron con el principio pro persona previsto en el artículo 1o constitucional, toda vez que aplicaron en perjuicio del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León diversas normas generales cuya interpretación no fue la menos restrictiva a los derechos humanos del Secretario General de Gobierno.

35. Contestación de demanda del Poder Legislativo. El quince de febrero de dos mil veintitrés, el Poder Legislativo local dio contestación a la demanda y planteó las siguientes causales de improcedencia:

a) Inatacabilidad de la declaratoria de procedencia. Los actos dictados durante el procedimiento de declaración de procedencia son inatacables en las controversias constitucionales por su naturaleza de actos soberanos.(39)

b) Falta de interés legítimo. El Poder Ejecutivo actor carece de interés legítimo porque la declaratoria de procedencia no se siguió en contra del titular de ese poder, sino contra el Secretario General de Gobierno. En ese sentido, si los Poderes Ejecutivos son unipersonales y sus competencias se depositan en su titular, no puede existir un principio de agravio que permita a dicho poder acudir en defensa del Secretario General de Gobierno, pues la falta de este no pone en riesgo el funcionamiento del poder al que pertenece.

En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León prevé cómo deben suplirse las ausencias temporales o definitivas del cargo en cuestión (Secretario General de Gobierno), lo cual evita un vacío en la competencia específica que se ejerce y, por consiguiente, evita también alguna afectación al Poder actor.(40)

36. Contestación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El veinte de febrero de dos mil veintitrés, la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción dio contestación a la demanda y planteó la improcedencia de la controversia debido a que los actos aquí impugnados fueron también combatidos por Javier Luis Navarro Velasco (Secretario General de Gobierno) en un juicio de amparo indirecto.(41) En dicho juicio se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que la autoridad investigadora no pudiera ejercer acción penal hasta que causara ejecutoria la sentencia que eventualmente se dictara en ese juicio.

37. En respuesta a los conceptos de invalidez, se expresó que si bien la solicitud de declaración de procedencia no precisó a qué constitución hace referencia el artículo 209, fracción IV, del código penal local, ello es porque resulta claro que se refiere a la Constitución local, pues en términos del artículo 1o. del referido código, las conductas a las que se aplica dicho ordenamiento son las realizadas en el estado de Nuevo León, que sean competencia de los tribunales locales.

38. Contestación de demanda de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. El veinte de febrero de dos mil veintitrés, la Fiscalía General de la entidad dio contestación a la demanda y planteó la inexistencia de actos que le fueran propios, pues no se le atribuyó alguno ni se hicieron valer conceptos de invalidez en su contra, sino en contra de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que es un órgano autónomo.

39. Contestación del Poder Legislativo a la ampliación de demanda. El dos de junio de dos mil veintitrés, el Congreso local dio contestación a la ampliación de la demanda y planteó la improcedencia al no existir hechos novedosos que justifiquen dicha ampliación.

40. En respuesta a los conceptos de invalidez planteados, señaló que:

• El interés que podría tener el diputado Mauro Guerra Villareal en relación con el cumplimiento de la obligación de publicar los decretos legislativos del caso es la misma que tienen todas las personas diputadas del Congreso, razón por la que si se sostuviera la premisa consistente en que las personas legisladoras que tengan un interés personal en el tema debieran excusarse, en consecuencia, todas deberían excusarse, lo que impediría hacer efectiva la figura de declaración de procedencia. Además, la denuncia la presentó en su carácter de Presidente del Congreso, en cumplimiento de un deber, por lo que no existe un interés personal del diputado en cita, sino un deber institucional.

• La declaratoria de procedencia no pretende usurpar ninguna función que corresponde al Poder Ejecutivo; lo que se pretende es que el Ministerio Público y el Poder Judicial puedan determinar lo que en derecho proceda respecto del incumplimiento atribuido al Secretario General de Gobierno en relación con la obligación que tiene de publicar los decretos legislativos.

• El Poder Ejecutivo no logra construir un solo argumento que permita advertir por qué se considera que la interpretación realizada por el Poder Legislativo resulta violatoria del principio pro persona.

41. Contestación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a la ampliación de demanda. El dos de junio de dos mil veintitrés, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dio contestación a la ampliación de conceptos de invalidez y manifestó lo siguiente:

• La solicitud de declaratoria de procedencia sí está debidamente fundada y motivada, pues se fundamentó en los artículos 204 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 19, fracción I, y 24, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado y 26, fracción XVI, del Reglamento Interno de la Fiscalía General del Estado. Además, se siguieron los lineamientos establecidos por esas normas para poder proceder penalmente en contra de Javier Luis Navarro Velasco, actual Secretario General de Gobierno del estado, por el delito de abuso de autoridad contemplado en el artículo 209, fracción IV, del código penal del estado.

• La fiscalía especializada no violó el principio de división de poderes, pues quien promueve la controversia constitucional no es el directamente investigado en los hechos de corrupción a que se refiere la solicitud de la declaratoria de procedencia; además, la fiscalía se limitó a ejercer las funciones de investigación con que cuenta, en relación con un hecho delictuoso atribuido a un servidor público.

• La violación al principio pro persona no se dirige al acto atribuido a la fiscalía.

42. Contestación de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León a la ampliación de demanda. El cinco de junio de dos mil veintitrés, la Fiscalía General local dio contestación a los nuevos conceptos de invalidez y reafirmó la inexistencia de los actos en lo que respecta a esa autoridad.

43. Audiencia y cierre de la instrucción. El veintitrés de agosto de dos mil veintitrés se celebró la audiencia y, por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, la ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

44. Avocamiento. En atención a la solicitud de la ministra instructora, por acuerdo de veintidós de enero de dos mil veinticuatro, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó para conocer el presente asunto.

E. Impedimento 2/2023-CA

45. Presentación. El Poder Legislativo del estado de Nuevo León presentó un impedimento en contra de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, por considerar que se encontraba impedida para conocer de la controversia consti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32622-c8f6e8a7/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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