Corpus
Modo: Corpus Pro

I. DECRETOS LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. MARCO NORMATIVO QUE RIGE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA OMISIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO APROBADO EN EL QUINTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL CONGRESO LOCAL ACTOR, AL NO EXISTIR IMPEDIMENTO LEGAL, TODA VEZ QUE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DECRETADA CON MOTIVO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO SE NEGÓ EXPRESAMENTE EN LO ATINENTE A LA PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN DICHO PERIODO IEXTRAODINARIO DE SESIONES [OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EL DECRETO NÚMERO (196) CIENTO NOVENTA Y SEIS, APROBADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS POR EL CONGRESO LOCAL, POR EL QUE SE "REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN VII, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS 1 AL ARTÍCULO 10, ASÍ COMO UN CAPÍTULO VIII BIS DENOMINADO "DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA FINANCIERA", EL CUAL CONTIENE LOS ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 BIS 1, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN."]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA OMISIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO APROBADO EN EL QUINTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL CONGRESO LOCAL ACTOR, AL NO EXISTIR IMPEDIMENTO LEGAL, TODA VEZ QUE AQUÉL NO ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE LAS SUPUESTAS SUSPENSIONES CONCEDIDAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD 1112/2022 Y 1116/2022 DEL ÍNDICE DE LA PRIMERA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO [OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EL DECRETO NÚMERO (196) CIENTO NOVENTA Y SEIS, APROBADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS POR EL CONGRESO LOCAL, POR EL QUE SE "REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN VII, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS 1 AL ARTÍCULO 10, ASÍ COMO UN CAPÍTULO VIII BIS DENOMINADO "DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA FINANCIERA", EL CUAL CONTIENE LOS ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 BIS 1, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN."]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA OMISIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO APROBADO EN EL QUINTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL CONGRESO LOCAL ACTOR EN TANTO QUE LE CORRESPONDE A AQUÉL SU PUBLICACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, ÓRGANO SUBORDINADO RESPONSABLE DEL MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EN LA ENTIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL [OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EL DECRETO NÚMERO (196) CIENTO NOVENTA Y SEIS, APROBADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS POR EL CONGRESO LOCAL, POR EL QUE SE "REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN VII, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS 1 AL ARTÍCULO 10, ASÍ COMO UN CAPÍTULO VIII BIS DENOMINADO "DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA FINANCIERA", EL CUAL CONTIENE LOS ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 BIS 1, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN."]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL RELATIVA A LA INEXISTENCIA DE LA OMISIÓN DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO APROBADO POR EL CONGRESO LOCAL ACTOR POR NO HABERSE ESTABLECIDO UN PLAZO PARA SU SANCIÓN, TODA VEZ QUE AL NO FORMULAR OBSERVACIONES Y NO EFECTUAR SU PUBLICACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO SE CONSIDERA SANCIONADO Y PROMULGADO SIN NECESIDAD DE QUE AQUÉL LO HAGA EXPRESAMENTE Y ES EL PRESIDENTE DEL CONGRESO LOCAL QUIEN ORDENARÁ SU PUBLICACIÓN EN EL MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EN EL ESTADO [OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EL DECRETO NÚMERO (196) CIENTO NOVENTA Y SEIS, APROBADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS POR EL CONGRESO LOCAL, POR EL QUE SE "REFORMA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN VII, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS 1 AL ARTÍCULO 10, ASÍ COMO UN CAPÍTULO VIII BIS DENOMINADO "DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA FINANCIERA", EL CUAL CONTIENE LOS ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 BIS 1, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN."]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS LOS ARGUMENTOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL DEMANDADO RESPECTO DE QUE EL OFICIO GIRADO POR EL CONGRESO LOCAL CON EL REQUERIMIENTO DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO APROBADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD CONTIENE DIVERSOS VICIOS QUE IMPIDEN CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PUBLICARLO EN TANTO QUE TAL OFICIO NO FUE IMPUGNADO Y NO FORMÓ PARTE DE LA LITIS EN EL PRESENTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL [OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EL DECRETO NÚMERO (196) CIENTO NOVENTA Y SEIS, APROBADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEIN

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 272/2022. · Registro digital (IUS): 32301
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-22
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo III, Pág.3355.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 272/2022. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 22 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: MANUEL POBLETE RÍOS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto u omisión impugnada: La omisión de publicar el decreto número 196 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 272/2022, promovida por el Poder Legislativo del estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de esa misma entidad, a quien se le atribuye la omisión de publicar el decreto número 196.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. En este apartado se relatarán, en primer lugar, los antecedentes relacionados con el decreto número 196 cuya falta de publicación se impugna en esta controversia, posteriormente, aquellos relativos al trámite de esta controversia constitucional y de otras que se encuentran vinculadas a la problemática aquí planteada.

A. Antecedentes legislativos

2. Aprobación del decreto 196. El día quince de junio de dos mil veintidós, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó el decreto legislativo número 196, por el que se "reforma el artículo 2, fracción VII, y se adiciona una fracción VI Bis 1 al artículo 10, así como un capítulo VIII Bis denominado ‘De la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera’, el cual contiene los artículos 33 bis y 33 bis 1, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León".

3. Envío del decreto al Poder Ejecutivo. El decreto antes mencionado fue enviado al Gobernador del estado de Nuevo León el dieciséis de junio de dos mil veintidós, para su publicación.

4. Envío al periódico oficial. Ante la falta de publicación, el once de julio de dos mil veintidós, la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, en su carácter de Presidenta de la Diputación Permanente de la LXXVI Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, envió al Responsable del Periódico Oficial de ese mismo estado el oficio AG 295/2022, en el que señaló que el decreto 196, entre otros, se consideraba promulgado, sin necesidad de refrendo, y ordenó que se publicara en el medio de difusión oficial del estado el martes doce de julio del año en cita.

5. Para clarificar los antecedentes legislativos antes narrados, a continuación, se inserta un cuadro con las fechas de aprobación, envío, presentación de observaciones y publicación de los decretos mencionados en los párrafos precedentes:

Ver cuadro

B. Trámite de la controversia constitucional 272/2022

6. Demanda de controversia constitucional. El veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, el diputado Mauro Guerra Villarreal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, presentó ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de ese mismo estado, a quien atribuyó la omisión de publicar el decreto número 196.

7. Conceptos de invalidez. El Poder Legislativo actor señaló que la omisión de publicación del decreto resulta violatoria de los principios de debido proceso legislativo, división de poderes, legalidad y tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 17, 40, 41, 116 y 120, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones siguientes:

• Se viola el principio de debido proceso legislativo consagrado en el artículo 116 de la Constitución federal, ya que dicho proceso culmina con la publicación del decreto legislativo, lo cual resulta una condición necesaria para que la norma objeto del proceso adquiera plena vigencia y validez, de acuerdo con el principio de publicación de las leyes, el cual también se transgredió.

Si bien el Poder Ejecutivo estatal cuenta con las atribuciones de formular observaciones, vetar, sancionar, promulgar y publicar el decreto aprobado en el proceso legislativo por el Congreso del estado, ello no significa que pueda utilizar esas facultades para minar u obstaculizar injustificadamente el devenir del proceso legislativo, como sucede en el presente caso.

• También se viola el principio de división de poderes, pues la omisión impide que se concluya con el proceso legislativo del decreto. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 111/2009, titulada "DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA."

De igual forma, la responsable del periódico oficial local incumplió con su deber de publicar el decreto, no obstante que la entonces presidenta del Congreso del Estado le ordenó que lo hiciera, en términos del artículo 71 de la Constitución local.(3)

• Se viola el principio de legalidad porque de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución federal, los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas "están obligados a publicar las leyes federales", lo que por analogía y mayoría de razón aplica para las leyes locales de su propia entidad.

• Igualmente se transgrede el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ante la falta de publicación, se impide que la población o cualquier sujeto legitimado pueda eventualmente controvertir judicialmente el contenido del decreto de mérito.

8. Admisión de la controversia constitucional. El veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y el Ministro Javier Laynez Potisek, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo período de dos mil veintidós, admitieron a trámite la demanda; tuvieron como demandado al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, como tercero interesado a la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León y dieron vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial corresponde.

9. Turno. Por acuerdo de tres de enero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, por existir conexidad con las diversas controversias constitucionales 253/2022 y 258/2022.(4)

10. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León. El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés el Poder Ejecutivo local dio contestación a la demanda.

11. En su escrito de contestación, el Ejecutivo estatal planteó que la omisión de publicación era inexistente porque el decreto 196 está sujeto a las suspensiones decretadas en el juicio de amparo 922/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León y en los juicios de nulidad 1112/2022 y 1116/2022 de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, en los que se ordenó la suspensión de todos los actos relacionados con el quinto período extraordinario de sesiones en el Congreso del estado, en el que se emitió dicho decreto.

12. El Ejecutivo del estado también consideró actualizadas las siguientes causales de improcedencia:

• Litispendencia y falta de definitividad, por no haberse agotado los medios locales para la solución del conflicto. Esto, pues se encuentra en trámite la controversia de inconstitucionalidad local número 1/2022; las partes son las mismas y se aducen violaciones a la Constitución local similares a las que se plantean en la presente controversia constitucional.

• No se hicieron valer violaciones directas a la Constitución federal, pues el Congreso local sustenta sus conceptos de invalidez en supuestas transgresiones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. En este sentido, si bien al inicio de los conceptos de invalidez el poder actor señala que la omisión impugnada violenta el principio de división de poderes y el debido proceso legislativo en términos de los artículos 40, 41 y 116 de la Constitución federal, lo cierto es que en el desarrollo de sus argumentos plantea toralmente violaciones a la Constitución local.

En el apartado de la demanda denominado "C) Violación al principio de legalidad", el poder actor señala que resulta aplicable por analogía, mayoría de razón y a fortiori, el artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, ese precepto se refiere a la publicación de leyes federales, no locales, lo que evidencia que solamente se invoca para hacer creer que sí se están planteando violaciones directas a la Constitución federal.

13. Asimismo, el Poder Ejecutivo expuso las siguientes razones para justificar la falta de publicación del decreto:

• La atribución u obligación de publicar el decreto no corresponde al Gobernador de la entidad, sino a la persona responsable del Diario Oficial del estado, según lo dispone el artículo 9, fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Por ello, en la hipótesis en que el presidente del Poder Legislativo es quien ordena la publicación, la orden se dirige al Periódico Oficial, no al titular del Ejecutivo, y debe anexarse el decreto a publicar, lo cual no quedó demostrado por el poder actor.

• No existe un plazo para que el Ejecutivo local sancione las leyes. En términos de los artículos 71 y 75 de la Constitución local, vigente hasta el primero de octubre de dos mil veintidós, y 10, fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la publicación siempre ha estado condicionada a la previa sanción y promulgación de las leyes por parte del Gobernador del Estado; esto es, antes de poderse publicar una ley o decreto, primero debe sancionarse y promulgarse por el titular del Ejecutivo. Sin embargo, los preceptos citados no prevén un plazo para la sanción, previo a la promulgación.

• La diputada Presidenta de la Diputación Permanente carecía de facultades para ordenar la publicación de los decretos. El oficio AG 295/2022 que contiene la orden para publicar el decreto 196, cuya publicación se reputa omitida, no se encuentra firmado o autorizado por la Presidenta del Congreso, sino por la Diputada Presidenta de la Diputación Permanente, quien no cuenta con facultades para emitir dicho requerimiento en términos de lo dispuesto por los artículos 66 y 71, segundo párrafo, de la Constitución local, pues esta reserva dicha facultad a la Presidencia del Congreso.

• En los oficios referidos se utilizan expresiones impersonales como "se declara", "se ordena", "se consideran promulgados", que no permiten distinguir quién es el autor de esas expresiones y órdenes, esto es, quién ordenó la publicación.

• El decreto cuya publicación se reputa omitida fue remitido al Gobernador de Nuevo León mediante oficio signado por las personas titulares de la Primera y de la Segunda Secretarías del Congreso estatal (o por quienes las sustituyeron), sin embargo, ellas no están facultadas para gestionar o solicitar la publicación oficial de las leyes o decretos, sino solamente para firmar la correspondencia oficial del Congreso, en términos del artículo 60, fracción IV, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad.

• Corresponde a la Oficialía Mayor enviar al Ejecutivo local las leyes, decretos y acuerdos legislativos, para su publicación, según lo dispone el citado artículo 60, en su fracción I, inciso f), así como en términos del artículo 65, fracción VI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.

14. Finalmente, refutó los conceptos de invalidez con los siguientes argumentos:

• La omisión impugnada no se traduce en la ruptura de la estructura federal del gobierno imperante en el país ni de la soberanía de los Poderes de la Unión o del régimen interior del estado de Nuevo León; tampoco transgrede la división de poderes al interior del estado, ni equivale a depositar el legislativo en un solo individuo, por lo que no existe transgresión alguna a los artículos 40, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Los conceptos de invalidez deben declararse inoperantes, ya que en ellos se hacen valer cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad.

• Resultan infundados los conceptos de invalidez, pues no se surten las circunstancias de hecho y de derecho que permitan realizar la publicación oficial cuya omisión se demanda.

15. Audiencia y cierre de la instrucción. El ocho de junio de dos mil veintitrés se celebró la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos y por acuerdo del día veintiocho siguiente la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

16. Avocamiento. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala determinó que esta se avocaría al conocimiento del presente asunto.

C. Contexto y otras controversias constitucionales vinculadas

17. La presente controversia constitucional se encuentra inmersa dentro de una problemática más amplia, pues según se advierte de las diversas controversias constitucionales 253/2022, 258/2022, y 31/2023, el Poder Legislativo del estado de Nuevo León ha iniciado juicios políticos en contra del Gobernador y del Secretario General de Gobierno de esa misma entidad, así como un procedimiento de declaratoria de procedencia en contra de este último por no haber publicado cincuenta y seis decretos que fueron aprobados entre el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno y el siete de noviembre de dos mil veintidós. Entre esos decretos se encuentra el decreto 196 que es materia de este juicio.

18. Además, de la diversa controversia constitucional 273/2022 se advierte que el Congreso local impugnó la omisión de publicar otros decretos, a saber, los identificados con los números 113, 118, 139, 148, 151, 184, 197, 198, 246, 247, 249 y 257.

19. Mientras que de la diversa controversia constitucional 240/2023 se desprende que el ocho de febrero de dos mil veintitrés, esto es, después de haberse promovido todas las controversias constitucionales anteriores, el Congreso del estado de Nuevo León desechó las observaciones que el Gobernador de esa entidad formuló respecto de los decretos 118, 139, 148, 151, 184 y 263. En contra de ese acuerdo desechatorio se promovió la citada controversia 240/2023.

20. Cabe señalar que, por acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora en la controversia 240/2023 desechó la demanda. Dicho acuerdo fue recurrido por el Poder Ejecutivo del estado mediante recurso de reclamación número 262/2023-CA, el cual fue resuelto por la Primera Sala en sesión del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, por mayoría de tres votos,(5) en el sentido de revocar el acuerdo de desechamiento.

21. Similar cuestión sucedió con la controversia constitucional 341/2023, en la que el Poder Ejecutivo de Nuevo León impugnó: a) el desechamiento de las observaciones que formuló respecto de los decretos legislativos 340, 341, 342, 343 y 361,(6) así como del acuerdo legislativo 331;(7) y b) El artículo 68 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.(8)

22. Esa controversia fue desechada por la Ministra instructora por acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés. Sin embargo, ese acuerdo también fue recurrido por el Poder Ejecutivo del estado mediante el recurso de reclamación 308/2023-CA, el cual fue resuelto por la Primera Sala en sesión del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, por mayoría de tres votos,(9) en el sentido de revocar parcialmente el acuerdo de desechamiento y admitir solamente en lo relativo al desechamiento de los decretos 343, 361 y acuerdo legislativo 331, así como respecto de la impugnación del artículo 68 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

23. En una diversa controversia constitucional registrada con el número 247/2023, el Poder Ejecutivo de Nuevo León impugnó la omisión atribuida a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León, de publicar en el Periódico Oficial del estado los expedientes legislativos 16300/LXXVI, 16242/LXXVI y 16313/LXXVI.

24. La demanda respectiva fue desechada por el ministro instructor al considerar que, por una parte, se estaban impugnando actuaciones dentro de un procedimiento legislativo que solamente son susceptibles de ser analizadas hasta que se publican las normas que fueron objeto de dicho proceso, y por otra, porque el Poder actor carecía de interés legítimo en tanto que no había hecho valer la invasión a un ámbito competencial de orden constitucional, sino que se limitó a sostener que el Congreso del estado no siguió las normas que rigen el procedimiento legislativo.

25. Otra controversia que se encuentra relacionada con la problemática aquí planteada, es la número 248/2023, en la que el Poder Ejecutivo de Nuevo León impugnó las solicitudes en las que el Congreso local le requirió que publicara los decretos 340, 341 y 342, en los que se reformaron diversos artículos de la Constitución local, entre ellos, el artículo 204, que regula el procedimiento de declaratoria de procedencia y que fue reformado para efecto de eliminar, entre los sujetos protegidos con la protección constitucional, a los Secretarios de Estado.

26. El ministro instructor desechó de plano esa controversia porque no se demostró un principio de agravio suficiente que permitiera justificar que el Poder actor cuenta con interés legítimo. Ese acuerdo fue recurrido mediante el recurso de reclamación 234/2023-CA; sin embargo, el Poder recurrente se desistió del recurso.

27. Una controversia constitucional más es la 262/2023, en la que el Poder Ejecutivo de Nuevo León impugnó nuevamente las solicitudes en las que el Congreso local requirió la publicación de los decretos 340, 341 y 342 (previamente impugnados en la controversia 248/2023), así como el escrito dirigido al encargado o responsable del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en el que se ordenó la publicación de los referidos decretos, sin que se hayan publicado los extractos en el Periódico Oficial local en primera ocasión, y la publicación posterior de los decretos 340, 341 y 342, realizada por el propio Congreso en la Gaceta Legislativa de ocho de marzo de dos mil veintitrés.

28. El ministro instructor admitió a trámite esta controversia y negó la suspensión que había solicitado el Poder Ejecutivo para que no se ejecutara la orden de publicación de los decretos 340, 341 y 342 en el Periódico Oficial del estado.

29. El acuerdo de suspensión dictado en esa controversia fue recurrido mediante el recurso de reclamación 295/2023-CA y confirmado por la Primera Sala en sesión del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, por unanimidad de cuatro votos.(10)

30. En relación con esos mismos decretos 340, 341 y 342, el Poder Ejecutivo de Nuevo León y una minoría de personas diputadas promovieron las acciones de inconstitucionalidad 73/2023 y 78/2023 (acumuladas), en las que se plantearon diversos vicios al procedimiento legislativo y la ilegalidad de la publicación en un medio no oficial (Gaceta Parlamentaria).

31. El contenido de estas controversias constitucionales, recursos de reclamación y acciones de inconstitucionalidad se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(11) de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por disposición expresa de su artículo 1o.(12) I. COMPETENCIA

32. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(13) 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(14) así como en los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023,(15) por tratarse de un conflicto entre dos Poderes de una misma entidad, en el que no se impugna la constitucionalidad de normas generales, y no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

33. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(16) se procede a precisar las omisiones que son objeto de la presente controversia constitucional, descartando todas las manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión, con apoyo en el criterio sostenido por el Tribunal Pleno contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/2009 de rubro "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(17)

34. En el apartado de la demanda denominado "V. La norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado", el Poder Legislativo accionante señaló como impugnada:

"La omisión de publicar y/o ordenar publicar el Decreto 196 aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, en fecha 15 de junio del 2022, con el que se reforman los artículos (sic) 2, fracción VII, y adiciona una fracción VI Bis 1 al artículo 10, así como de un capítulo VIII Bis denominado ‘DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA FINANCIERA’, el cual contiene los artículos 33 bis y 33 bis 1, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

"Omisión que se reclama derivado de que dicho Decreto no fue observado (vetado) por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, lo cual genera que, no obstante que la Constitución Local prevea que ante dicha omisión se considerará como sancionado, a la fecha no ha sido publicado, parializando (sic) así el proceso legislativo, lo cual redunda en una violación al principio constitucional de división de poderes, de legalidad y a las formalidades esenciales del proceso legislativo, lo que provoca un incorrecto desempeño y funcionamiento del Poder Legislativo estatal, en violación directa a los artículos 40, 41, 116 y 120 (por aplicación analógica y por mayoría de razón) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La obstaculización e interferencia injustificada del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para concluir el proceso legislativo de mérito, por no cumplir con su obligación constitucional de llevar a cabo la publicación del mismo, al darse el supuesto contenido en el artículo 71 de la Constitución local que resultaba aplicable en el momento de la aprobación de dicho decreto.

"En virtud de que la omisión cuya invalidez se reclama, es generada por la Parte Demandada, la cual rompe con los principios de división de poderes, de legalidad y el principio de debido proceso legislativo, consagrados en nuestra Carta Magna mientras sus efectos subsistan, ya que estos se actualizan día a día mientras no sea restituido el orden constitucional, no es aplicable plazo alguno para la interposición de la demanda, por lo que me permito invocar la siguiente Jurisprudencia del Pleno de esta Corte. ... ."

35. En atención a ello, debe tenerse como impugnada la omisión de publicar el decreto número 196.

III. EXISTENCIA DE LA OMISIÓN IMPUGNADA

36. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Primera Sala debe verificar si existe la omisión de publicar el decreto 196.

37. Para ello, resulta necesario precisar, en primer lugar, cuál es el marco normativo que rige la publicación de los decretos legislativos en el estado de Nuevo León, aplicable al presente caso; a partir de ese análisis, se establecerá si en el presente caso existe la omisión de publicar el decreto 196; y finalmente, se dará respuesta a los argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo, por los que pretende demostrar que no existe la omisión planteada.

IIII.1. Marco normativo que rige la publicación de decretos legislativos en Nuevo León

38. El artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León que estuvo vigente cuando se aprobaron los decretos impugnados (fue reformado el primero de octubre de dos mil veintidós), establecía la obligación a cargo del Ejecutivo estatal de publicar las leyes y decretos aprobados y enviados por el Congreso local, que no hubieren sido vetados u observados por el Gobernador del estado.(18) Esto es, existe una actuación esperada a cargo del Poder Ejecutivo establecido directamente en la norma constitucional local, para contribuir al correcto trámite legislativo.

39. En este sentido, el dispositivo citado establece, en lo que aquí interesa, que una vez aprobada una ley o decreto, se enviará al Gobernador para su publicación, quien cuenta con diez días hábiles para formular observaciones. En caso de hacerlo así, el decreto volverá a ser examinado; pero si no se formulan observaciones en ese plazo, se tendrá por sancionada la ley o decreto y deberá publicarse en un plazo máximo de veinte días.

40. Si el Ejecutivo incumple con los plazos antes referidos, el Presidente del Congreso ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Periódico Oficial del Estado, lo que deberá hacerse al día siguiente.

III.2. Análisis sobre la existencia de la omisión impugnada

41. En lo atinente al decreto 196, debe decirse que la omisión de publicarlo sí resulta existente, pues de las constancias que obran en el presente expediente se advierte que:

a) Fue aprobado por el Congreso del estado de Nuevo León el quince de junio de dos mil veintidós;

b) Por diverso oficio enviado al gobernador el dieciséis de junio de dos mil veintidós, las diputadas Adriana Paola Coronado y Brenda Lizbeth Sánchez, con el carácter de Primera Secretaria y Segunda Secretaria del Congreso local, solicitaron la publicación de dicho decreto, y

c) Ante la falta de observaciones y de publicación, la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, en su carácter de Presidenta de la Diputación Permanente de la LXXVI Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, envió al Responsable del Periódico Oficial de ese mismo estado el oficio AG 295/2022, en el que señaló que el decreto 196, entre otros, se consideraba promulgado, sin necesidad de refrendo, y ordenó que se publicara en el medio de difusión oficial del estado. Ese oficio fue entregado el once de julio de dos mil veintidós.

42. Luego, si el citado decreto fue aprobado, notificado primero al gobernador y luego a la persona encargada del Periódico Oficial, sin que se formularan observaciones y, a pesar de ello, no se ha publicado, resulta evidente que en el caso subsiste la omisión de publicación que aquí se impugna.

II.3. Análisis de las razones relacionadas con la inexistencia

43. En relación con la existencia o inexistencia de la omisión, el Poder Ejecutivo señala que el decreto número 196 fue aprobado en el quinto periodo extraordinario de sesiones del Congreso local y que existía una suspensión definitiva concedida por la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León con motivo del juicio de amparo indirecto 922/2022, en relación con la celebración de ese periodo extraordinario de sesiones, por lo que de llevarse a cabo la publicación oficial se incurriría en la violación a dicha medida cautelar.

44. El argumento así expuesto resulta infundado, ya que la suspensión definitiva decretada en el referido juicio de amparo se concedió únicamente "para el efecto de que se suspenda el quinto periodo extraordinario de sesiones en el Congreso del Estado de Nuevo León, por emanar de una omisión de las autoridades responsables en cumplir con lo establecido por el artículo 66, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León".

45. Sin embargo, de la lectura íntegra de la citada resolución suspensional se puede advertir que la jueza federal negó de manera expresa la medida cautelar en lo atinente a la publicación de los acuerdos que se tomaran en el quinto periodo extraordinario de sesiones:(19)

46. Luego, si la referida medida cautelar se negó de manera expresa respecto de la publicación de los decretos y acuerdos que se tomaran en el mencionado quinto periodo extraordinario de sesiones, resulta lógico concluir que, contrario a lo sostenido por el Poder Ejecutivo demandado, no existía impedimento alguno para que publicara el decreto 196 que fue aprobado en el citado periodo de sesiones.

47. Tampoco es óbice el argumento relativo a que existían dos suspensiones concedidas en los juicios de nulidad 1112/2022 y 1116/2022 de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, ya que el Poder Ejecutivo demandado no acreditó la existencia de esas suspensiones, y mucho menos que se hayan dictado en los términos que refirió en su escrito de contestación a la demanda.

48. Por otra parte, respecto del argumento del Poder Ejecutivo demandado en el sentido de que la publicación en el Periódico Oficial del Estado no puede atribuirse al Gobernador, sino al responsable de ese medio de difusión oficial, debe decirse que tal argumento resulta también infundado, por lo siguiente.

49. De conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las controversias constitucionales pueden plantearse con motivo de los conflictos que se susciten entre dos poderes de una mism

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32301-d766edf8/i-decretos-legislativos-en-el-estado-de-nuevo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.