I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 168/2024. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AUTORIDAD DEMANDADA: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 9 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León demanda la omisión, por parte de la autoridad demandada, de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el Decreto número 341, (trescientos cuarenta y uno) aprobado por el Pleno del Congreso de dicha entidad federativa el veintidós de febrero de dos mil veintitrés.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 168/2024, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León contra el Poder Ejecutivo de la misma entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido por vía electrónica el cuatro de junio de dos mil veinticuatro, el Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, promovió Controversia Constitucional contra el Titular del Poder Ejecutivo del mismo estado.
2. En la demanda la parte actora impugnó la omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto número 341 (trescientos cuarenta y uno) aprobado por el Pleno del Congreso de dicha entidad federativa el veintidós de febrero de dos mil veintitrés.
3. Antecedentes. Los narrados en la demanda son los siguientes:
a) El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, el Pleno del Congreso del estado de Nuevo León, aprobó el Decreto número 341 (trescientos cuarenta y uno), en el cual se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
b) Mediante oficio de la fecha anteriormente señalada, el Congreso del Estado solicitó al Gobernador Constitucional de la misma entidad federativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución estatal, la publicación del referido Decreto.
c) Con fecha veintitrés de febrero del mismo año, es decir, al día siguiente, fue recibido el oficio de mérito por el Gobernador del Estado.
d) Ante la omisión del Gobernador estatal en ordenar la publicación del referido Decreto, con fecha tres de marzo de la misma anualidad, el Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León solicitó al encargado responsable del Periódico Oficial del Estado, procediera a la publicación respectiva.
e) No obstante, a la fecha de la presentación de la presente demanda, no se advierte la publicación del Decreto de referencia en el Periódico Oficial del Estado.
4. Artículos que se estiman violados. Los artículos 14, 16, 40, 41, 116, primer párrafo, y artículos 49 y 120 por aplicación analógica y mayoría de razón, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Conceptos de invalidez. La parte actora expuso tres conceptos de invalidez:
I. Primero. Violación al principio de debido proceso legislativo. Indica que la omisión de publicar el Decreto 341 en el Periódico Oficial del Estado por parte del Poder Ejecutivo estatal, vulnera el artículo 116 de la Constitución Federal, toda vez que, de forma injustificada, impide que el proceso legislativo culmine.
II. Aduce que el proceso legislativo es un mecanismo de colaboración y coordinación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, en el que cada uno tiene encomendadas obligaciones conforme a su ámbito de competencias, siendo la publicación, por parte del Poder Ejecutivo, el acto cúspide a través del cual termina dicho proceso de creación.
III. Señala que la publicación de las normas es una exigencia para brindar seguridad y certeza jurídica a la ciudadanía, con el fin de que, por una parte, se conozca el contenido de las disposiciones para poder cumplirlas y, por otra, se evite la arbitrariedad de los gobernantes. Apoya su reclamo en la tesis aislada de rubro: “LEYES, PUBLICACIÓN DE LAS.”(1)
IV. Asimismo, asegura que en el estado de Nuevo León se sigue el principio de publicación formal, donde sólo es necesario insertar el contenido de la ley en el Periódico Oficial de la entidad, o en caso de excepción, en la Gaceta Legislativa.
V. Por lo anterior, reitera que la omisión injustificada del Poder Ejecutivo socava y veda el funcionamiento del órgano legislativo, así como los principios democráticos de división de poderes y el de seguridad y certeza jurídica.
VI. Segundo. Violación al principio de división de poderes. La parte actora alega que la omisión reclamada provoca un deficiente o incorrecto desempeño de sus funciones al obstaculizar su función legislativa; siendo que, el principio de división de poderes encuentra su justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del estado se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de sus tres poderes y no, para entorpecer su desempeño.
VII. Afirma que el Poder Ejecutivo demandado ha incumplido con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución local, en lo relativo a ordenar al responsable del Periódico Oficial del Estado la publicación del citado Decreto. No obstante que, dicho medio de difusión es un órgano informativo del Gobierno Constitucional, entendiéndose a éste como el que emana de los tres poderes y no sólo de uno de ellos; por tanto, corresponde al encargado del Periódico Oficial la responsabilidad de publicar las distintas disposiciones emanadas de los distintos Poderes, Órganos Autónomos y Ayuntamientos cuando cumplan con los dispositivos legales, como es el caso del Decreto 341.
VIII. Señala que, aun cuando no es parte destacada de la litis, que en el caso de normas como las que son objeto de omisión en su publicación (que rigen la vida interna del Poder Legislativo), no pueden ser objeto de observaciones por parte del Poder Ejecutivo, por lo que éste debe proceder directamente a su publicación.
IX. Que todo lo anterior, coloca al Poder Legislativo de facto en una situación de subordinación y dependencia del Poder Ejecutivo estatal, lo que se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes.
X. Apoya su reclamo en los siguientes criterios: tesis aislada de rubro: “ÓRGANOS PÚBLICOS. LA REGULARIDAD EN SU FUNCIONAMIENTO CONSTITUYE UN PRINCIPIO DE ORDEN CONSTITUCIONAL.”,(2) jurisprudencia P./J. 111/2009 (9a.) de rubro: “DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA.”,(3) y jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.) de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO.”(4)
XI. Tercero. Violación al Principio de Legalidad. Señala que se vulnera el artículo 120 de la Constitución Federal que establece que los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales, por lo que, en caso de que se considerara que existe un silencio por parte del constituyente sobre este aspecto para leyes locales, se debe aplicar dicho precepto constitucional por analogía y en mayoría de razón.
XII. Incluso, señala que la falta de publicación del Decreto impide que cualquier sujeto legitimado pueda eventualmente controvertir judicialmente su contenido, lo cual redunda, además, en una violación al principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 constitucional.
XIII. Señala como precedentes, el Amparo en Revisión 1807/2011 y la Controversia Constitucional 272/2022, ambos fallados por la Primera Sala de este Alto Tribunal, siendo este último, exactamente aplicable, además de evidenciar la sistematizada actitud del Titular del Poder Ejecutivo de la entidad para paralizar los procesos legislativos.
6. Trámite. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente Controversia Constitucional a la que correspondió el número 168/2024 y ordenó remitirlo a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien correspondió la instrucción del asunto.(5)
7. Admisión. Mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, al cual mandó emplazar para que formulara su contestación y lo requirió para que remitiera copia certificada de todos los documentos relacionados con el acto impugnado; también ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera, quienes no formularon opinión en el presente asunto.
8. Manifestación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Por escrito enviado vía electrónica y recibido el dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, el Delegado autorizado por el Congreso del Estado de Nuevo León solicitó se tuviera por no contestada la demanda en virtud de haber transcurrido el plazo legal para ello, sin que se recibiera su debida contestación y, por ende, solicitó se señalara fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.
9. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal tuvo por recibido el escrito a que se hace referencia en el párrafo que antecede e indicó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que se encontraba en proceso de notificación el acuerdo admisorio del presente asunto a la mencionada autoridad demandada.
10. Por acuerdo de la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de treinta de octubre de dos mil veinticuatro, y toda vez que no se había logrado llevar a cabo el emplazamiento al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León mediante despacho, se tuvo como hecho notorio para esta Suprema Corte que, en la Controversia Constitucional 262/2023 señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México; por lo que se le requirió a fin de que ratificara el domicilio donde se le estaba notificando, o bien, señalara uno distinto en esta ciudad, apercibido que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones serían por lista.
11. Apersonamiento del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Por escrito de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León manifestó que, ante la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento al Poder Ejecutivo se le dejó en estado de indefensión por lo que solicitó la reposición del procedimiento a fin de que se le notificara debidamente la admisión de la demanda.
12. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, se determinó que no había lugar a la solicitud de la autoridad demandada de reponer el procedimiento toda vez que, de autos se advertía que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León remitió el despacho 557/2024 debidamente diligenciado, del cual se apreciaba que el diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León fue debidamente emplazado en su residencia oficial, con copia del escrito inicial de demanda y con el auto admisorio de dieciséis de agosto del mismo año, por lo que se continuó con el trámite conducente.
13. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Por escrito recibido vía electrónica el veinte de enero de dos mil veinticinco, el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León dio contestación a la demanda conforme lo siguiente:
• La controversia es improcedente toda vez que la discusión del Decreto no fue publicada y circulada profusamente.
• Señala que existe una clara imposibilidad jurídica y una improcedencia manifiesta e indudable de la presente controversia, toda vez que, la falta de publicación por parte del Ejecutivo local no se debe a una decisión arbitraria, sino de una imposibilidad jurídica y legislativa, en virtud que, previo a la publicación del Decreto 341 en el Periódico Oficial del Estado, se debió publicar y circular profusamente el extracto de la discusión de la reforma pretendida, tal como lo ordena el artículo 212 de la Constitución estatal.
• Aduce que es vital que los extractos de la discusión sean publicados en todos los medios oficiales que estén dotados de validez, a fin de que, posteriormente sean votados por las dos terceras partes de los diputados que integran la legislatura correspondiente, por lo que se considera un requisito esencial del proceso legislativo.
• El Ejecutivo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no se llevó a cabo publicación alguna de los extractos de discusión del Decreto en comento, ni la publicación de este mismo en el Periódico Oficial del Estado; porque si no se cumplió con una publicación y circulación profusa, por lo que, entonces su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León sería inconstitucional.
• Argumenta que es el Congreso estatal el que vulnera el proceso legislativo, pues aprobó el Decreto sin haber cumplido con los requisitos procesales en la materia para su aprobación, enviándola posteriormente al Ejecutivo para su promulgación y publicación. De manera que, para impugnar la falta de publicación, previamente se debió de haber cumplido con los requisitos que establece la Constitución.
• Señala que es conveniente hacer referencia de forma análoga a lo resuelto por la Primera Sala en la Acción de Inconstitucionalidad 73/2023 y su acumulada 78/2023, en lo relativo a que no se puede realizar un análisis de fondo de los Decretos, hasta en tanto, éstos no sean publicados en el medio oficial correspondiente.
• Insiste en que se declare de manera urgente e inmediata el sobreseimiento de la controversia, en virtud de que no se ha concluido el proceso legislativo, pues de no ser así, se permitiría al Congreso vulnerar el proceso legislativo contemplado en la constitución local, así como las atribuciones del Poder Ejecutivo en el estado.
• La controversia es improcedente, toda vez que el procedimiento legislativo no ha llegado a la etapa de publicación del Decreto en el Periódico Oficial del Estado, en virtud de que el Congreso no ha superado el veto emitido por el Ejecutivo estatal.
• Con relación a la violación al principio del debido proceso legislativo, señala que su derecho al veto constituye una parte fundamental en el proceso de deliberación legislativa, al garantizar que el Congreso considere las posibles implicaciones de sus decisiones antes de la promulgación de una nueva Ley; por tanto, las observaciones del Ejecutivo no deben ser vistas como una imposición o interferencia, sino como una fase más del proceso que permite la reflexión y el perfeccionamiento de la legislación.
• En cuanto a la violación al principio de división de poderes, indica que de conformidad con los artículos 125, fracción X, de la constitución estatal y 118, 119 y 120 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León tiene la facultad constitucional de emitir observaciones sobre cualesquier disposición aprobada por el Congreso, por lo que, al no publicar el decreto, el Poder Ejecutivo demandado no ha hecho más que ejercer su función dentro del marco constitucional y reglamentario asegurando que el proceso legislativo se haya realizado debidamente.
• Por lo que hace a la violación al principio de legalidad, sostiene que la publicación del Decreto de referencia en el Periódico Oficial del Estado no se ha llevado a cabo, en virtud de que dicho Decreto no ha cumplido con los requisitos establecidos por la Constitución local y el reglamento mencionado.
• Afirma que, de conformidad con los artículos 90 y 125, fracción X, de la constitución estatal y 94, 118 y 119 del Reglamento mencionado, cuando el Congreso del Estado aprueba una ley y es enviada al Ejecutivo local para su publicación, el Gobernador tiene la facultad para que, en un plazo de diez días hábiles, realice las observaciones que estime pertinentes, que una vez que devuelva la ley con las observaciones, el Congreso tiene la posibilidad de discutirlas y para aprobarla nuevamente, se requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros de la legislatura presentes. Que aprobada la ley, el Ejecutivo tiene un plazo máximo de diez días hábiles para proceder a su publicación.
• No obstante, insiste en que no se cumplió con el quórum de las dos terceras partes de las diputaciones presentes, establecido en el artículo 94 del reglamento; asimismo, que sus observaciones no se turnaron a la comisión que conoció de la iniciativa o a la que se considerara pertinente, conforme al artículo 118 del mismo reglamento; y que el congreso omitió comunicarle la resolución como lo indica el artículo 119 del Reglamento, de modo que no se puede considerar que el Decreto sea válido ni, por tanto, que deba ser objeto de publicación.
• Argumenta que el derecho de veto forma parte del sistema de contrapesos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, de esta manera, mientras el gobernador puede formular observaciones respecto de la legislación, el congreso puede superarlas con el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes. Lo anterior, sin dejar de lado que en ningún momento la constitución local establece un supuesto donde las observaciones pueden dejar de tomarse en consideración.
• Lo anterior lo fundamenta en la tesis aislada 1a. LXXXVII/2009 de rubro: “DERECHO DE VETO. AL NO EXISTIR ALGÚN PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE LIMITE SU EJERCICIO EN CUANTO AL CONTENIDO, EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PUEDE REALIZAR LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A CUALQUIER PROYECTO DE LEY O DECRETO.”(6)
• Aduce que es fundamental dejar en claro que la afectación no versa sobre un tema de legalidad, sino de una clara invasión de poderes, pues permitir que el congreso mitigue la facultad de veto del gobernador, es un acto arbitrario y desapegado a derecho, con lo cual se demerita la soberanía del estado.
• Argumenta que, por lo anterior, no encontró las posibilidades de ejercer acciones legales en tratándose de ese decreto ni ha vulnerado la constitución local, que es el Congreso el que sí ha violado gravemente sus facultades y, con el ello, el principio de división de poderes.
• Asimismo, señala que está obligado constitucionalmente a verificar si lo que va a asentar es correcto con el texto constitucional, y que de impedirle que haga esa verificación, sería tanto como obligarlo a publicar algo que contradice la constitución, es decir, está realizando un control constitucional no jurisdiccional con el fin de evitar que entren en vigor normas sin cumplir con los requisitos procesales correspondientes; sin perjuicio de que pueda impugnarlas a través de los medios legales que procedan.
• Lo anterior, con base en la siguiente tesis P. I/2005 de rubro: “LEYES O DECRETOS. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO ESTÁ OBLIGADO A PUBLICARLOS SI FORMULÓ OBSERVACIONES A SUS INICIATIVAS EN USO DE SU DERECHO DE VETO Y EL CONGRESO NO LAS APROBÓ CON EL VOTO CALIFICADO EXIGIDO POR LA CONSTITUCIÓN LOCAL.”(7)
• Así, sostiene que la facultad del Ejecutivo de promulgar las leyes no es un simple acto de publicación, sino también una función de control de la constitucionalidad de las normas no es jurisdiccional, por lo que si advierte que no se superó satisfactoriamente el proceso legislativo, no está obligado a la publicación de la norma.
• Considera aplicable la jurisprudencia P./J. 53/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DIVISIÓN DE PODERES. EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 21 DE JULIO DE 2003, RESPETA ESE PRINCIPIO.”(8)
14. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el treinta de enero de dos mil veinticinco, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia en la que ambos Poderes ofrecieron pruebas y se formularon alegatos y el cuatro de febrero siguiente, la Ministra Instructora cerró instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
15. Envío a la Sala. Previo el dictamen respectivo, mediante proveído de diez de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Primera Sala para su avocamiento.
16. Avocamiento. Es así como mediante auto de catorce de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Primera Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional y ordenó enviar a su ponencia los autos, a fin de que se elabore el proyecto de sentencia.
17. Desistimiento. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinticinco, el Poder actor por conducto de la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXXVII Legislatura del Congreso de Nuevo León, se desistió de la demanda de la presente controversia constitucional y solicitó se le tuviera por ratificado al tratarse de un documento firmado electrónicamente.
18. Por auto de veinticuatro de febrero del año en curso, la Ministra Presidenta de la Primera Sala tuvo por recibido el escrito mencionado y requirió a la parte promovente para que realizara la ratificación del desistimiento, al momento de notificarle de manera personal el acuerdo o bien, mediante videoconferencia.
19. El dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, se realizó la diligencia mediante la cual la parte promovente ratificó vía videoconferencia el escrito de desistimiento de la demanda de la presente controversia constitucional.
20. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Primera Sala recibió la razón de ratificación mencionada, para los efectos legales conducentes.
I. COMPETENCIA
21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta competente para conocer de esta controversia constitucional, conforme a lo establecido en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(9) 1o. de la Ley Reglamentaria de la materia;10,(10) 11, fracciones VI y VIII,(11) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(12) en relación con el artículo 37, párrafo primero,(13) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; así como con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero, del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 1/2023,(14) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año y publicado el catorce de abril siguiente; ya que se plantea una controversia entre dos Poderes del Estado de Nuevo León y no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. SOBRESEIMIENTO
22. Previo a analizar el resto de los presupuestos procesales, resulta necesario determinar si procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con fundamento en el artículo 20, fracción I,(15) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, frente al desistimiento de la demanda.
23. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para decretar el desistimiento de la demanda de controversia constitucional, éste debe ser expreso, sin que pueda actualizarse respecto de normas generales. Asimismo, ha sostenido que dicha figura se encuentra condicionada a que la persona que desista a nombre del poder, órgano o entidad de que se trate, tenga legitimación en términos de las leyes aplicables, y que esa manifestación expresa de voluntad esté ratificada ante un funcionario investido de fe pública.
24. Lo anterior, con apoyo en las jurisprudencias del Pleno de este Alto Tribunal, de rubros: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.”(16) y “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.”(17)
25. Así, es posible advertir que para la procedencia del desistimiento de una controversia constitucional es necesario que concurran las siguientes condiciones:
(i) La persona que formule el desistimiento esté facultada para representar a la entidad, poder u órgano de que se trate, en términos de las leyes que lo rijan.
(ii) Ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública.
(iii) No se hayan impugnado normas de carácter general, ya que sólo procede respecto de actos.
26. Ahora, en el caso, se advierte que por escrito presentado vía electrónica por Lorena de la Garza Venecia, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LXXVII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, personalidad que tiene acreditada en autos y cuya representación corresponde, en términos del artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,(18) manifestó desistirse de la presente controversia constitucional.
27. Asimismo, que en proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta Primera Sala recibió la razón de ratificación de dieciocho del mismo mes y año, levantada por el Titular de la Unidad de Actuaría de la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León ratificó mediante videoconferencia su voluntad de desistirse.
28. También se advierte que, la materia del desistimiento no versa sobre una norma general, pues del análisis de la demanda, como de las constancias que obran en el expediente, se desprende que el Poder Legislativo actor reclamó la omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el Decreto número 341 (trescientos cuarenta y uno), aprobado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés.
29. Por lo anterior, esta Sala considera que en el caso se cumplen las tres condiciones anunciadas, toda vez que, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXXVII Legislatura del Congreso local signó el desistimiento cuenta con la debida representación del Poder actor; el desistimiento fue ratificado ante un funcionario investido de fe pública y, en el caso, no se impugnaron normas de carácter general.
30. Por otra parte, se aclara que aun cuando en el asunto se celebró la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es obstáculo el desistimiento en la controversia constitucional, ya que este último puede manifestarse en cualquiera de las etapas del juicio, atendiendo a que la controversia constitucional se sigue a instancia de parte, es decir, de cualquiera de los entes, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución General de la República.
31. Entonces, es claro que la Ley Reglamentaria de la materia otorga la posibilidad jurídica de que cualquiera de dichos entes, poderes u órganos que promueva, tenga derecho para renunciar al ejercicio de su acción en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, teniendo el deber este Alto Tribunal, de aceptar esa renuncia expresa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2005, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.”(19)
32. En estas condiciones, se tiene por desistido al Poder actor y, en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en la presente controversia constitucional, de conformidad con el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
33. Similares consideraciones fueron sostenidas por esta Primera Sala al resolver la controversia constitucional 80/2024.(20)
III. DECISIÓN
Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO. Se tiene por desistido al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
SEGUNDO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de las señoras Ministras y los señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Loretta Ortiz Ahlf (Ponente).
Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE
MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA
Esta foja corresponde a la controversia constitucional 168/2024, fallada en sesión de nueve de abril de dos mil veinticinco, por unanimidad de cinco votos, bajo los puntos resolutivos siguientes: PRIMERO. Se tiene por desistido al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. SEGUNDO. Se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201013-045bc379/i-controversia-constitucional-condiciones-para-la-procedencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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