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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 169/2024. · Registro digital (IUS): 201012
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 169/2024. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AUTORIDAD DEMANDADA: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 9 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León demanda la omisión de publicar el decreto número 342 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, aprobado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 169/2024, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León contra el Poder Ejecutivo de la misma entidad federativa, a quien se le atribuye la omisión de publicar el decreto número 342.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veinticuatro, a través de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diputado Ricardo Canavati Hadjópulos, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, promovió demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de ese mismo estado, a quien atribuyó la omisión de publicar el decreto número 342.

2. Antecedentes legislativos. Los narrados en la demanda son los siguientes:

a) El día veintidós de febrero de dos mil veintitrés, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó el decreto número 342, por el que se reforma el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

b) El decreto antes mencionado fue enviado al Gobernador del estado de Nuevo León el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, para su publicación.

c) Ante la falta de publicación, el tres de marzo de dos mil veintitrés, el diputado Mauro Guerra Villarreal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, envió al Responsable del Periódico Oficial de ese mismo estado, oficio en el que señaló que el decreto 342, entre otros, se consideraba promulgado, sin necesidad de refrendo, y ordenó que se publicara en el medio de difusión oficial del estado al día hábil siguiente a la recepción del oficio de mérito.

3. Artículos que se estiman violados. Los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 116, primer párrafo y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Conceptos de invalidez. La parte actora expuso tres conceptos de invalidez que se sintetizan enseguida:

A. Se viola el principio de debido proceso legislativo consagrado en el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que dicho proceso culmina con la publicación del decreto legislativo, lo cual resulta una condición necesaria para que la norma objeto del proceso adquiera plena vigencia y validez, de acuerdo con el principio de publicación de las leyes, el cual también se transgredió.

Si bien el Poder Ejecutivo estatal cuenta con las atribuciones de formular observaciones, vetar, sancionar, promulgar y publicar el decreto aprobado en el proceso legislativo por el Congreso del estado, ello no significa que pueda utilizar esas facultades para minar u obstaculizar injustificadamente el devenir del proceso legislativo, como sucede en el presente caso.

B. También se viola el principio de división de poderes, pues la omisión impide que se concluya con el proceso legislativo del decreto. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 111/2009, titulada “División de poderes a nivel local. Dicho principio se transgrede si con motivo de la distribución de funciones establecidas por el legislador, se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los poderes de la entidad federativa respectiva”.

De igual forma, la responsable del periódico oficial local incumplió con su deber de publicar el decreto, no obstante que la entonces presidenta del Congreso del Estado le ordenó que lo hiciera, en términos del artículo 90 de la Constitución local.(1)

C. Se viola el principio de legalidad porque de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución federal, los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas “están obligados a publicar las leyes federales”, lo que por analogía y mayoría de razón aplica para las leyes locales de su propia entidad.

5. Turno. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 169/2024 y ordenó remitirlo a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien correspondió la instrucción del asunto.(2)

6. Admisión. Mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, al cual mandó emplazar para que formulara su contestación y lo requirió para que remitiera copia certificada de todos los documentos relacionados con el acto impugnado; también ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera, quienes no formularon opinión en el presente asunto.

7. Manifestación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Por escrito enviado vía electrónica y recibido el dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, el Delegado autorizado por el Congreso del Estado de Nuevo León solicitó se tuviera por no contestada la demanda en virtud de haber transcurrido el plazo legal para ello, sin que se recibiera su debida contestación y, por ende, solicitó se señalara fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

8. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal tuvo por recibido el escrito a que se hace referencia en el párrafo que antecede e indicó que no había lugar acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que se encontraba en proceso de notificación el acuerdo admisorio del presente asunto a la mencionada autoridad demandada.

9. Por acuerdo de la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de treinta de octubre de dos mil veinticuatro, ante la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León mediante despacho, se tuvo como hecho notorio para esta Suprema Corte que, en la Controversia Constitucional 262/2023, dicho ente público señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México; por lo que se le requirió a fin de que ratificara el domicilio donde se le estaba notificando, o bien, señalara uno distinto en esta ciudad, apercibido que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones serían por lista.

10. Recurso de reclamación. El Poder Ejecutivo local, a través de su representante legal, en fecha trece de noviembre de dos mil veinticuatro interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinticuatro; dicho medio de impugnación fue registrado con el número 130/2024-CA y desechado por improcedente mediante acuerdo de veintiuno de noviembre de la misma anualidad, dictado por la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal.

11. En la misma fecha, el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León manifestó que, ante la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento al Poder Ejecutivo se le dejó en estado de indefensión por lo que, solicitó la reposición del procedimiento a fin de que se le notificara debidamente la admisión de la demanda.

12. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, se determinó que no había lugar a la solicitud de la autoridad demandada de reponer el procedimiento, toda vez que, de autos se advertía que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León remitió el despacho 558/2024 debidamente diligenciado, del cual se apreciaba que, el veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León fue debidamente emplazado en su residencia oficial, con copia del escrito inicial de demanda y con el auto admisorio de dieciséis de agosto del mismo año, por lo que se continuó con el trámite conducente.

13. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Por escrito recibido el veinte de enero de dos mil veinticinco en la referida oficina de correspondencia, el Poder Ejecutivo local, por conducto del Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda conforme lo siguiente:

• Aduce que la controversia constitucional es improcedente atendiendo a que no se cumplió con una de las etapas del proceso legislativo, concretamente la consagrada en el artículo 212 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, pues los extractos de la discusión del decreto 342 no fueron publicados y circulados profusamente.

• Al no cumplir con una publicación y circulación debida, es inconstitucional su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, por lo que el Decreto se aprobó sin haber cumplido con los requisitos procesales en la materia.

• La controversia constitucional resulta demás improcedente toda vez que el procedimiento legislativo no ha llegado a la etapa de publicación del Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en virtud a que el Poder actor no ha superado el veto emitido por el titular del Poder Ejecutivo local, atendiendo a las formalidades establecidas por la Constitución y las leyes que de ella emanan.

• Destaca que el Ejecutivo del estado impugnó vía controversia constitucional la determinación del Congreso Local en el sentido de desechar las observaciones efectuadas por dicha autoridad respecto de los decretos 340, 341 y 342, impugnación a la que correspondió el número 341/2023.

• Considera aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. I/2005 de rubro: “LEYES O DECRETOS. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO ESTÁ OBLIGADO A PUBLICARLOS SI FORMULÓ OBSERVACIONES A SUS INICIATIVAS EN USO DE SU DERECHO DE VETO Y EL CONGRESO NO LAS APROBÓ CON EL VOTO CALIFICADO EXIGIDO POR LA CONSTITUCIÓN LOCAL.”(3)

• Entonces, la negativa del Ejecutivo local a realizar a publicación del Decreto 342 deriva del incumplimiento por parte del Congreso de aprobar la resolución en la que se analizaron las observaciones realizadas en uso de su derecho de veto, con la votación de las dos terceras partes del total de los diputados.

14. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el treinta de enero de dos mil veinticinco, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia en la que ambos Poderes ofrecieron pruebas y se formularon alegatos, y se puso el expediente en estado de resolución.

15. Radicación en Sala. Previo el dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Primera Sala para su avocamiento.

16. Avocamiento. Es así como mediante auto de dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Primera Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera a su Ponencia para la elaboración del proyecto de sentencia.

17. Desistimiento. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinticinco, el Poder actor, por conducto de la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXXVII Legislatura del Congreso de Nuevo León, se desistió de la demanda de la presente controversia constitucional y solicitó se le tuviera por ratificado al tratarse de un documento firmado electrónicamente.

18. Por auto de veinticuatro de febrero del año en curso, la Ministra Presidenta de esta Primera Sala tuvo por recibido el escrito mencionado y requirió a la parte promovente para que realizara la ratificación del desistimiento, al momento de notificarle de manera personal el acuerdo o bien, mediante videoconferencia.

19. El dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, se realizó la diligencia mediante la cual la parte promovente ratificó vía videoconferencia el escrito de desistimiento de la demanda de la presente controversia constitucional.

20. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Primera Sala recibió la razón de ratificación mencionada, para los efectos legales conducentes.

I. COMPETENCIA

21. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente Controversia Constitucional, conforme lo establecido en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(5) 10, 11, fracciones VI y VIII,(6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(7) en relación con el artículo 37, párrafo primero,(8) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; así como con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero, del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 1/2023,(9) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año y publicado el catorce de abril siguiente; por tratarse de un conflicto entre dos Poderes del Estado de Nuevo León y en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. SOBRESEIMIENTO

22. Previo a analizar el resto de los presupuestos procesales, resulta necesario determinar si procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con fundamento en el artículo 20, fracción I,(10) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, frente al desistimiento de la demanda.

23. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para decretar el desistimiento de la demanda de controversia constitucional, éste debe ser expreso, sin que pueda actualizarse respecto de normas generales. Asimismo, ha sostenido que dicha figura se encuentra condicionada a que la persona que desista a nombre del poder, órgano o entidad de que se trate, tenga legitimación en términos de las leyes aplicables, y que esa manifestación expresa de voluntad esté ratificada ante un funcionario investido de fe pública.

24. Lo anterior, con apoyo en las jurisprudencias del Pleno de este Alto Tribunal, de rubros: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.”(11) y “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.”(12)

25. Así, es posible advertir que para la procedencia del desistimiento de una controversia constitucional es necesario que concurran las siguientes condiciones:

(i) La persona que formule el desistimiento esté facultada para representar a la entidad, poder u órgano de que se trate, en términos de las leyes que lo rijan.

(ii) Ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública.

(iii) No se hayan impugnado normas de carácter general, ya que sólo procede respecto de actos.

26. Ahora, en el caso, se advierte que por escrito presentado vía electrónica, Lorena de la Garza Venecia, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LXXVII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, personalidad que tiene acreditada en autos y cuya representación corresponde, en términos del artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,(13) manifestó desistirse de la presente controversia constitucional.

27. Asimismo, que en proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta Primera Sala recibió la razón de ratificación del dieciocho del mismo mes y año, levantada por el Titular de la Unidad de Actuaría de la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León ratificó mediante videoconferencia su voluntad de desistirse.

28. También se advierte que, la materia del desistimiento no versa sobre una norma general, pues del análisis de la demanda, como de las constancias que obran en el expediente, se desprende que el Poder Legislativo actor reclamó la omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el Decreto número 342 (trescientos cuarenta y dos), aprobado por el Pleno del Congreso de esa entidad federativa el veintidós de febrero de dos mil veintitrés.

29. Por lo anterior, esta Sala considera que en el caso se cumplen las tres condiciones anunciadas, toda vez que, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXXVII Legislatura del Congreso local signó el desistimiento cuenta con la debida representación del Poder actor; el desistimiento fue ratificado ante un funcionario investido de fe pública y, en el caso, no se impugnaron normas de carácter general.

30. Por otro lado, se aclara que aun cuando en el asunto se celebró la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es obstáculo el desistimiento en la controversia constitucional, ya que este último puede manifestarse en cualquiera de las etapas del juicio, atendiendo a que la controversia constitucional se sigue a instancia de parte, es decir, de cualquiera de los entes, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución General de la República.

31. Entonces, es claro que la Ley Reglamentaria de la materia otorga la posibilidad jurídica de que cualquiera de dichos entes, poderes u órganos que promueva, tenga derecho para renunciar al ejercicio de su acción en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, teniendo el deber este Alto Tribunal, de aceptar esa renuncia expresa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2005, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.”(14)

32. En estas condiciones, se tiene por desistido al Poder actor y, en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en la presente controversia constitucional, de conformidad con el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

33. Similares consideraciones fueron sostenidas por esta Primera Sala al resolver la controversia constitucional 80/2024.(15)

III. DECISIÓN

Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

PRIMERO. Se tiene por desistido al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.

Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de las señoras Ministras y los señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Loretta Ortiz Ahlf (Ponente).

Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE

MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA

Esta foja corresponde a la controversia constitucional 169/2024, fallada en sesión de nueve de abril de dos mil veinticinco, por unanimidad de cinco votos, bajo los puntos resolutivos siguientes: PRIMERO. Se tiene por desistido al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. SEGUNDO. Se sobresee en la presente controversia constitucional. Conste.

________________

1. Dicho precepto dispone que cuando el Ejecutivo incumpla con los plazos para formular observaciones y para ordenar la publicación “[...] la ley o decreto será considerado promulgado, sin que se requiera refrendo, y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado debiéndose hacer al día siguiente”.

2. En atención a la conexidad con las diversas Controversias Constitucionales 262/2023 y 168/2024, en las que se impugnan diversos actos concretos de contenido similar respecto de un mismo decreto legislativo.

3. Tesis P. I/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2005, tomo XXI, página 1193, novena época. Registro digital: 179555.

4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; [...].”

5. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 1°. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles”.

6. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (abrogada)

“Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

[...]”.

“Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]

VI. Determinar, mediante acuerdos generales, la competencia por materia de cada una de las Salas y el sistema de distribución de los asuntos de que éstas deban conocer;

[...]

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...]”.

7. Lo anterior, de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro. Artículo que a letra dispone lo siguiente:

“Transitorios [...]

Tercero.- Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas.”

8. Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Artículo 37. La Suprema Corte contará con dos Salas integradas por cinco Ministros cada una, que ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica, bastando con la presencia de cuatro de ellos para funcionar. La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y la Segunda Sala, de las materias administrativa y laboral, en los términos establecidos en el presente Reglamento Interior. Además, conocerán de los asuntos que determine el Pleno mediante Acuerdos Generales. [...]”

9. Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las Salas para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente; [...]”

“TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.”

10. Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales; [...]”

11. De texto: “De conformidad con el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el sobreseimiento cuando la parte actora desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que pueda hacerlo tratándose de normas generales. Por su parte, el artículo 11, primer párrafo, de la ley citada establece, en lo conducente, que la comparecencia de las partes a juicio deberá hacerse por medio de los funcionarios con facultades de representación, conforme a las normas que los rijan. De lo anterior se concluye que la procedencia del sobreseimiento por desistimiento en una controversia constitucional está condicionada a que la persona que desista a nombre de la entidad, órgano o poder de que se trate, se encuentre legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan; que ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública y, en lo relativo a la materia del juicio, que no se trate de la impugnación de normas de carácter general.”

Jurisprudencia P./J. 113/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, novena época, septiembre de 2005. Registro digital: 177328, página 894.

12. De texto: “Del artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para decretar el sobreseimiento por desistimiento de la demanda de controversia constitucional, éste debe ser expreso y no tratarse de normas generales. Ahora bien, si se toma en consideración que el citado procedimiento se sigue a instancia de parte, es inconcuso que para que se decrete el sobreseimiento por desistimiento de la demanda, este último puede manifestarse en cualquiera de las etapas del juicio, siempre que cumpla con las condiciones señaladas.”

Jurisprudencia P./J. 54/2005, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005. Registro digital: 178008, página 917.

13. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

“Artículo 60.- Son atribuciones de los integrantes de la Directiva las siguientes:

I.- Del Presidente: [...]

c) Representar al Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal y protocolario, pudiendo delegar dicha representación de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; [...]”

14. Jurisprudencia P./J. 54/2005, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005. Registro digital: 178008, página 917.

15. Fallada en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro por unanimidad de cinco votos de los Señores Ministros y las Señoras Ministras: Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente).

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201012-38c6000d/i-controversia-constitucional-condiciones-para-la-procedencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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