I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PARA EL QUE FUE ELECTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, ESTADO DE MORELOS (DICTAMEN EMITIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE CGYG/001/LV/2023, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO, DETERMINÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA E INMEDIATA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2024. MUNICIPIO DE OCUITUCO, ESTADO DE MORELOS. 12 DE MARZO DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 212/2024, promovida por el Municipio de Ocuituco, Estado de Morelos, en contra del Poder Legislativo y del Tribunal de Justicia Administrativa, ambos de dicha entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dieciocho de julio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Rosa Lilia Cala Barranco, ostentándose como Síndica del Municipio de Ocuituco, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional, señalando como demandados al Poder Legislativo y al Tribunal de Justicia Administrativa, ambos de la entidad federativa y controvirtiendo lo siguiente:
“(...) IV.- ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDAN.
1).- EL DICTAMEN LEGISLATIVO NÚMERO CGYG/001/LV/2023, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA E INMEDIATA DEL C. JUAN JESÚS ANZURES GARCÍA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCUITUCO, MORELOS Y, POR CONSECUENCIA, SE DESINTEGRA EL CABILDO MUNICIPAL DE DICHO MUNICIPIO QUE REPRESENTO, SIN QUE SE HAYA NOTIFICADO DE MANERA PERSONAL Y DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, MORELOS, POR CONDUCTO DE LA SUSCRITA EN MI CALIDAD DE SÍNDICA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, MORELOS.
B). Lo constituye el dictamen de resolución emitido dentro del expediente CGYG/001/LV/2023, a través del cual el Congreso del Estado de Morelos resolvió lo siguiente:
PRIMERO. A través de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado se declaró competente para conocer del presente asunto en términos de lo que disponen los artículos 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 178, 181, fracción V, 183.
SEGUNDO. Respecto del C. Juan Jesús Anzures García, en su carácter de Presidente Municipal de Ocuituco, Morelos, y por las razones y consideraciones que han quedado expresadas, se señala que queda acreditado que se actualiza el supuesto a que se refiere la fracción V del artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en relación con las acciones jurídico administrativas que debió haber llevado a cabo dentro de la administración pública municipal a su cargo, para dar cumplimiento a la resolución condenatoria derivada del expediente **********.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se determina la suspensión definitiva inmediata del C. Juan Jesús Anzures García, en su carácter de Presidente Municipal de Ocuituco, Morelos.
CUARTO. Notifíquese al Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, por conducto de quien corresponda, para efecto de que se proceda en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 183 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; así también, notifíquese a las instituciones correspondientes para deslindar responsabilidades administrativas en relación al incumplimiento de funciones que derivó en el impacto patrimonial referido.
QUINTO. Notifíquese la presente resolución al C. JUAN JESÚS ANZURES GARCÍA, así como al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para los efectos conducentes.
C). Los Oficios números TECyA/4085/2017, TECyA/4085/2017 y TECyA/4085/2017 (anexos 2, 3 y 4) todos de fecha 12 de abril del dos mil diecisiete, dirigidos a los regidores del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos (integrantes del Cabildo), a través de los cuales se les requiere para que dentro del término improrrogable de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, tengan a bien realizar las gestiones necesarias tendientes a la materialización de la medida de apremio impuesta por el Tribunal y remitan las constancias en original de los documentos que acrediten su ejecución, así como todas las acciones legales o administrativas realizada para hacer efectiva LA DESTITUCIÓN REAL, MATERIAL Y JURÍDICA DE QUIEN ACTUALMENTE OSTENTA EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL MUNICIPIO.”
2. Conceptos de invalidez. En la demanda el Municipio actor, en sus dos conceptos de invalidez manifestó, en esencia, lo siguiente:
- Primero. Refiere que el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal fortalece la autonomía del Municipio, buscando no sólo una libertad política sino una independencia económica para satisfacer sus necesidades, surgiendo así la libre hacienda municipal, siendo que la fracción I de dicho numeral prevé que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, integrado por un Presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.
- En esa línea, sostiene que si el Congreso del Estado de Morelos, mediante el dictamen legislativo impugnado, pretende suspender definitivamente al Presidente municipal y, con ello, desintegrar la instalación y conformación del Cabildo, sin que se hubiere notificado del inicio del procedimiento al Municipio, por conducto de su Síndica, se transgrede el aludido artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, y las garantías de audiencia y debido proceso del propio Municipio, previstas en los preceptos 14 y 16 constitucionales.
- Así, argumenta que, al pretender suspender definitivamente al Presidente municipal, afecta y restringe facultades previstas en el artículo 115 de la Constitución General, pues, de ejecutarse dicha acción, se vería desintegrada la conformación del Cabildo, siendo que el Congreso local omitió notificar y dar a conocer al Ayuntamiento el inicio del procedimiento de suspensión a efecto de que éste acudiera en defensa de sus intereses; sirviendo de apoyo la jurisprudencia P./J. 115/2005 de rubro “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).”
- Segundo. Señala que el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, a través de la Quinta Sala de Responsabilidades Administrativas, así como la Legislatura del Estado, al pretender desintegrar la conformación del Cabido, contravienen los principios de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que omiten dar cabal cumplimiento con las formalidades del procedimiento y notificar de manera personal y directa al Ayuntamiento, por conducto de su Síndica, el inicio del procedimiento de suspensión definitiva del Presidente municipal.
- Resalta que es desproporcional la medida que actualmente ejecuta el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al pretender desintegrar al Cabildo sin haber notificado a la Síndica en su carácter de representante jurídica en términos del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, para que se realizaran defensas y excepciones o se argumentara lo que en derecho correspondiera, sirviendo de fundamento la jurisprudencia P./J. 14/99 de rubro “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO QUE PUEDE AFECTAR AL MUNICIPIO, POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL AL AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DEL SÍNDICO (ESTADO DE MÉXICO).”
3. Preceptos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como vulnerados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Admisión. Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veinticuatro, las Ministras integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de dos mil veinticuatro, tuvieron por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y admitieron a trámite la demanda de controversia constitucional, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que se pudieran advertir de manera fehaciente al momento de dictar sentencia; tuvieron como demandados al Poder Legislativo y al Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Morelos, ordenando su emplazamiento para que presentaran su contestación y remitieran copia certificada de todos los antecedentes relacionados con el acto impugnado; luego, dieron vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal; y por último, ordenaron formar el cuaderno incidental respectivo.
5. Turno. Mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
6. Contestación del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos. Por escrito presentado en el buzón judicial de este Alto Tribunal el once de diciembre de dos mil veinticuatro, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el mismo día, Guillermo Arroyo Cruz, ostentándose como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, en la cual, sustancialmente, sostuvo lo siguiente:
• Precisa que, respecto a los oficios reclamados, no fueron emitidos por el Tribunal, pues hacen referencia a la fecha de doce de abril de dos mil diecisiete, año en el que no iniciaba el juicio primigenio, siendo que las nomenclaturas no corresponden a las que se utilizan para expedir oficios, e incluso se repite el mismo número de oficio; por lo que al no existir los actos controvertidos debe sobreseerse.
• Por otra parte, sostiene que es cierta la existencia del juicio de nulidad y, ante la omisión de dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal, ordenó formar el incidente no especificado con la finalidad de lograr el cumplimiento del fallo, sin que se hubiese logrado, por lo que se ordenó turnar lo actuado el Poder Legislativo del Estado a efecto de que procediera conforme a derecho.
• En esa línea, indica que no existe concepto de invalidez tendiente a controvertir algún acto emitido por el Tribunal, sino que están encaminados a impugnar actuaciones y atribuciones exclusivas del Congreso local.
• Empero, considera importante mencionar que el juicio de nulidad **********, radicado en la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal, en el cual es demandada la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se abrió incidente no especificado con motivo de la ejecución de la resolución, en el que se pidió la intervención del Congreso de la entidad, dada la contumacia del Ayuntamiento para cumplir con la sentencia definitiva de once de septiembre de dos mil dieciocho.
• Así, señala que a través de la resolución interlocutoria de doce de junio de dos mil veinticuatro, en cumplimiento a la resolución del juicio de amparo 696/2022, el Pleno del Tribunal ordenó turnar el asunto al Congreso del Estado para que, en términos del artículo 41 de la Constitución de Morelos, en armonía con los numerales 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, resuelva lo que en derecho corresponda.
• Que en el segundo concepto de invalidez se advierte que el Municipio actor se duele de que existió omisión de notificarle respecto del procedimiento de suspensión del Presidente municipal y que no se cumplieron las formalidad esenciales del procedimiento para desintegrar la conformación del Cabildo; siendo que la resolución dictada en el referido incidente fue debidamente notificada el catorce de junio de dos mil veinticuatro.
• Sin embargo, indica que respecto del procedimiento de suspensión definitiva del Presidente municipal, no existe obligación de realizar tal notificación, porque, en primer término, tal procedimiento es competencia exclusiva del Congreso de Morelos y, en segundo, el Tribunal no cuenta con facultades para hacer del conocimiento dicha notificación ni tampoco se lo solicitó el Legislativo local.
• Por tanto, concluye que al no existir argumentos que solventar, aún en suplencia de la queja, es improcedente el medio de control constitucional.
7. Acuerdo recaído. Mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por presentado con la personalidad que ostenta y contestando la demanda de controversia constitucional.
8. Contestación del Poder Legislativo de Morelos. Por oficio depositado en la oficina de correos de la localidad el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el cuatro de octubre siguiente, Jazmín Juana Solano López, ostentándose como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, en la cual, en esencia, sostuvo lo siguiente:
• Improcedencia. Señala que la controversia constitucional es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, debido a que el Municipio actor carece de interés legítimo, pues impugna el acuerdo del Congreso del Estado que determina la suspensión definitiva inmediata de Juan Jesús Anzures García, en su carácter de Presidente municipal, lo cual no evidencia una relación entre ese acto y la afectación al ejercicio directo e inmediato de una competencia del actor, indicada en la Norma Fundamental.
• De esta forma, refiere que, aunque el Municipio accionante menciona que se vulnera el artículo 115 de la Constitución General, ello es insuficiente para la procedencia del asunto, en tanto que dicho precepto no contiene una atribución, facultad o competencia exclusiva a favor de los municipios, sino una cláusula sustantiva que alude a la forma en la que se integra el gobierno municipal.
• Así, indica que se pretende dilucidad aspectos de mera legalidad consistentes en verificar el acuerdo por el cual se determina dicha suspensión definitiva inmediata, que no conduce a demostrar una afectación a las facultades constitucionales del actor.
• En cuanto a los conceptos de invalidez. Sostiene que el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, recibió el oficio TJA/P/SGA/375/2023 mediante el cual el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa remitió copias certificadas del expediente **********, promovido por ********** en contra de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ocuituco, Morelos, así como el incidente no especificado derivado de dicho expediente, para efecto de que, en términos del artículo 41 de la Constitución local, en armonía con los ordinales 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se resuelva lo que corresponda.
• En relación con el oficio, precisa que el veinticuatro de mayo anterior, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad, la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el incidente no especificado.
• Que el catorce de junio de dos mil veintitrés, se turnó al Presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del Estado, el oficio y constancias de referencia, en términos del artículo 62, fracción VI, de la Ley Orgánica para el Congreso local; y el cinco de octubre siguiente, dicha Comisión dio cuenta, por lo que, atendiendo a las constancias recibidas, consideró que existían elementos suficientes para presumir que existían causas graves en la conducta de Juan Jesús Anzures García, en su carácter de Presidente municipal, en virtud de advertirse un evidente desacato e incumplimiento a una orden emitida por la autoridad jurisdiccional, por lo que se ordenó citarlo a la audiencia de ley, notificación que se llevó a cabo el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento actor.
• Señala que el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia, compareciendo personalmente dicho Presidente municipal, quien designó defensor y manifestó que la resolución se encontraba en vía de cumplimiento al llevarse a cabo diversos pagos parciales, admitiéndose las documentales que ofreció al efecto, y conforme al artículo 183, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se tuvo por cerrada la instrucción.
• En tales circunstancias, precisa que la Comisión de Gobernación y Gran Jurado es competente para dictaminar el asunto en términos del artículo 183, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, a efecto de que el Pleno del órgano legislativo dicte la resolución correspondiente de conformidad al numeral 62, fracción VI, de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos.
• Puntualiza que las pruebas ofrecidas por el Presidente municipal acreditan diversos pagos en acatamiento de la resolución condenatoria expedidos en agosto y septiembre de dos mil veintitrés, no obstante que ésta causó ejecutoria desde el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, y dicho Presidente fue vinculado a su cumplimiento mediante acuerdo que le fue notificado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve.
• Aunado a ello, refiere que del acta de la quinta sesión extraordinaria de cabildo celerada el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se desprende el punto del orden del día consistente en IV. Intervención del Presidente municipal para informar al Cabildo del inicio del procedimiento administrativo de destitución de su cargo de Presidente municipal en el Congreso del Estado de Morelos, como consecuencia del incumplimiento en el pago de la resolución dictada en los autos del expediente ********** de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por lo que se tiene por acreditado que el Ayuntamiento tiene pleno conocimiento de la situación legal en la que se encuentra el Presidente municipal, lo que además evidencia que hasta ese momento éste hizo del conocimiento del Cabildo dicho asunto.
• Así, expone que se consideraron insuficientes las pruebas presentadas por el Presidente municipal, ya que entre la fecha de resolución emitida por la Quinta Sala se hizo exigible el catorce de diciembre de dos mil dieciocho y la fecha en que éste ha pretendido dar cumplimiento es cuatro de agosto de dos mil veintitrés, quedando acreditado que hasta ese momento advirtió la circunstancia a los miembros del Ayuntamiento; siendo que en términos de los artículos 115, fracciones I y IV, de la Constitución Federal, 113 y 115 de la Constitución de Morelos, 17, 30, fracción II, 38, fracción VII, y 41, fracciones V, IX, X, XVII, XXIX y XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, y 14 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la entidad, el Presidente municipal debió realizar las gestiones necesarias para no incurrir en desacato; empero, al no realizarlas y haber obstruido la concretización de la justicia en favor de **********, de forma injustificada por más de cuatro años, contravino sus funciones en materia de cumplimiento de las leyes que rigen su actuar y en materia de programación de gasto (presupuesto de egresos) que debe poner a consideración del Ayuntamiento en sesión de cabildo para su debida autorización, donde debió contemplar la autorización para poder dar cumplimiento a la obligación de pago, habiendo tenido la posibilidad de incluirlo en los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, evitando mayor perjuicio al erario público municipal. • Por otro lado, menciona que mediante comunicado en la página oficial del Municipio actor, se hizo del conocimiento público que el seis de agosto de dos mil veinticuatro, el Cabildo llamó a tomar protesta a Carlos Alfredo Flores Barranco, quien tiene el carácter de Presidente municipal suplente, siendo que si la razón fundamental de la impugnación alude a la integración del Ayuntamiento, con lo anterior ésta se salvaguarda, máxime que el acuerdo que se combate se emitió para un caso particular y concreto, por lo que al haber cesado los efectos de la resolución controvertida, lo procedente es sobreseer la controversia constitucional, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia.
9. Fecha para audiencia. Mediante acuerdo de diez de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos por presentada con la personalidad que ostenta, dando contestación a la demanda. Luego, señaló las once horas del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, mediante el sistema de videoconferencias.
10. Audiencia. El veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, en la cual se hizo constar que las partes no comparecieron y se relacionaron las pruebas ofrecidas durante la instrucción, así como que las partes no formularon alegatos.
11. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, se agregó en autos el acta de audiencia y el Ministro instructor tuvo por desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas ofrecidas por las partes; asimismo, hizo constar que no formularon alegatos y declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
12. Opiniones. La Fiscalía General de la República y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.
13. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, dictado por la Ministra Presidenta de la Primera Sala, ésta se avocó al conocimiento del asunto y determinó devolver los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I,(2) y 11, fracciones VI y VIII,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(4) en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero(5) del Acuerdo General número 1/2023, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito;(6) en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Ocuituco, Estado de Morelos, y el Poder Legislativo, así como el Tribunal de Justicia Administrativa, ambos de dicha entidad federativa, en el que no es necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
II. SOBRESEIMIENTO
15. Esta Primera Sala considera innecesario analizar las cuestiones relacionadas con la oportunidad y la legitimación de las partes en el presente asunto, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V,(7) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, relativa a la cesación de efectos del acto impugnado, ya que el período en el que el Presidente del Municipio actor estuvo en funciones concluyó antes de que se resolviera el presente medio de control constitucional, por lo que en términos del artículo 20, fracción II,(8) de la Ley Reglamentaria de la materia, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional.
16. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que se actualiza la cesación de efectos cuando la norma general o acto materia de la controversia constitucional deja de producir sus efectos, toda vez que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, fracción III, párrafo segundo,(9) de la Constitución Federal y 45(10) de su ley reglamentaria.(11)
17. Aunado a lo anterior, en la controversia constitucional 41/2003,(12) la Segunda Sala de este Alto Tribunal determinó que, si un Municipio reclama actos que pretenden vulnerar su integración y durante el trámite del juicio concluye el periodo de gobierno del Ayuntamiento actor, la controversia debe sobreseerse por cesación de efectos.
18. El criterio en cita parte de la base de que la preservación de la autonomía del Municipio a través de la salvaguarda de la integración de su Ayuntamiento está vinculada inexorablemente con la duración de su periodo de gobierno. De esta forma, los actos combatidos por causar perjuicio al atentar contra su integración habrán cesado en sus efectos al concluir el período.(13)
19. En este sentido, resulta necesario exponer los motivos que, a consideración de esta Primera Sala, actualizan el supuesto de improcedencia previsto en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia.
20. A la fecha en que se promovió la presente controversia constitucional —dieciocho de julio de dos mil veinticuatro—, la integración del Municipio actor derivada del proceso electoral 2020-2021, duraría del uno de enero de dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro,(14) lo que se corrobora con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez, expedida por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a la Presidencia y Sindicatura del Municipio de Ocuituco, entre los cuales se encuentra el Presidente municipal propietario que ostentaba dicho cargo, Juan Jesús Anzures García.
21. Por otra parte, en junio de dos mil veinticuatro se llevó a cabo la elección para renovar los ayuntamientos de los municipios de la entidad federativa, resultando electo un nuevo ayuntamiento para el Municipio actor; lo cual se advierte del Periódico Oficial del Estado de Morelos de veintiuno de junio de dos mil veinticuatro,(15) en donde se publicó el “Acuerdo IMPEPAC/CEE/327/2024, que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el que se realiza el cómputo total, se emite la declaración de validez, se califica la elección y se otorga la constancia de mayoría correspondiente respecto de la elección de gubernatura del Estado Libre y Soberano de Morelos, que tuvo verificativo en la entidad el 02 de junio del 2024”, así como la “Relación completa de candidatos a los cargos de gubernatura, diputaciones al Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Morelos que resultaron electos en el proceso electoral ordinario local 2023-2024 que tiene verificativo en el Estado de Morelos.”
22. En dicha relación, en lo que interesa, se establece lo siguiente:
“RELACIÓN COMPLETA DE CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS QUE RESULTARON ELECTOS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2023-2024 QUE TIENE VERIFICATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS.
(...)
Ver relación de candidatos
23. En tal información, se observa que para el nuevo período comprendido del uno de enero de dos mil veinticinco al treinta y uno de diciembre de dos mil veintisiete, el Ayuntamiento del Municipio de Ocuituco, Morelos, ahora se integra por nuevos miembros, entre los que destaca el cargo de Presidente municipal que ostenta Rene Jacobo Ortuño, como propietario. Es decir, se observa una nueva integración derivada de la celebración de nuevas elecciones; por tanto, es que se afirma que los miembros del Ayuntamiento municipal actor al momento de promoverse el presente asunto han sido sustituidos por los que resultaron electos para el periodo de gobierno cuya administración inició el primer día de este año.
24. De ahí, que esta Sala estime que el acto combatido ha cesado en sus efectos, pues el Municipio actor impugnó el Dictamen emitido dentro del expediente CGYG/001/LV/2023, mediante el cual el Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, determina la suspensión definitiva inmediata de Juan Jesús Anzures García, en su carácter de Presidente municipal de Ocuituco, Morelos; argumentando, en esencia, que no se notificó el inicio del procedimiento al Municipio, por conducto de su Síndica, en su carácter de representante jurídica en términos del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, lo que transgrede el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, y las garantías de audiencia y debido proceso previstas en los preceptos 14 y 16 constitucionales, al afectar su integración y con ello el adecuado ejercicio de sus competencias.
25. Sobre esas bases, toda vez que el acto cuya invalidez se demanda, la afectación al órgano de gobierno del municipio, ha cesado en sus efectos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con la fracción II de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201021-e75a9f2d/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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