I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PARA EL QUE FUE ELECTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO ESTADO DE MORELOS (RESOLUCIÓN DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE TCA/3AS/222/2014, EN LA CUAL SE DESTITUYO DEL CARGO A LA SINDICA MUNICIPAL Y SE LE INHABILITÓ POR UN AÑO PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER OTRO EMPLEO DENTRO DEL SERVICIO PÚBLICO ESTATAL O MUNICIPAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 330/2017. MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, ESTADO DE MORELOS. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA QUIEN SE RESERVA SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. AUSENTE EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de septiembre de dos mil diecinueve por el que se emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 330/2017 promovida por el Municipio de Tlaquiltenango del Estado de Morelos, por conducto de Yasmín Velázquez Flores, quien se ostentó como Síndica Municipal, en la que demandó la invalidez de los siguientes actos emitidos por los poderes legislativo y ejecutivo de la entidad:(1)
a) Artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
b) La resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente TCA/3AS/222/2014, en la cual se destituyó del cargo a la Síndica Municipal y se le inhabilitó por un año para desempeñar cualquier otro empleo dentro del servicio público estatal o municipal, en aplicación de lo previsto por la norma general impugnada.
I. ANTECEDENTES.
1. El uno de enero de dos mil dieciséis se integró el nuevo ayuntamiento de Tlaquiltenango del Estado de Morelos.
2. El nueve de noviembre de dos mil diecisiete el Municipio actor se enteró por personal jurídico del mismo que el actuario adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado notificó la resolución impugnada por la que se destituyó a la Síndica Municipal.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Municipio actor señaló como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:
4. ÚNICO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Violación al procedimiento legislativo y al artículo 115 constitucional.
5. El artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos no cumple con los requisitos de creación de las normas por contener vicios en las diferentes etapas de creación de la ley, violando el artículo 14 constitucional, ya que faltó la iniciativa, el dictamen en comisiones, la discusión en el pleno del Congreso local, la votación de su aprobación, la observancia de la fórmula de expedición, la sanción, el refrendo por parte de los secretarios de Gobierno y del Trabajo, la promulgación y la fecha de inicio de vigencia.
6. La norma impugnada contraviene el artículo 115 constitucional porque la separación de servidores públicos electos democráticamente debe contar con el procedimiento señalado en la Constitución. Le corresponde a las legislaturas locales por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley prevenga, siempre y cuando hayan tenido la oportunidad suficiente de rendir pruebas y formular alegatos.
7. La resolución impugnada es inconstitucional porque el Tribunal Administrativo local se arrogó la atribución para destituir a servidores públicos electos por el voto popular, facultad que le corresponde exclusivamente al órgano legislativo, sin estar fundada ni motivada vulnerándose los artículos 14 y 16 constitucionales.
8. Asimismo, se vulneró el artículo 115, fracción I de la Constitución Federal porque no se notificó la resolución al nuevo ayuntamiento el inicio del procedimiento, sin otorgar oportunidad para realizar manifestaciones ni ofrecer pruebas.
9. El artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos que sirvió de fundamento para que el Tribunal de Justicia Administrativa emitiera la destitución de la Síndica municipal ocasiona un perjuicio al Municipio actor en su integración.
10. Cita en apoyo a sus consideraciones las tesis de rubros: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO" y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UNA AYUNTAMIENTO, SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRANSGREDE LA PRERROGATIVA CONCEDIDA A DICHO ENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN SALVAGUARDAR SU INTEGRACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO".
11. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 40, 41, 115, fracción IV, 116, 126, 128 y 134 de la Constitución Federal.
II. TRÁMITE DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
12. Admisión y trámite. Los ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo período de dos mil diecisiete, por auto de veintiuno de diciembre del mismo año, ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y determinaron que una vez que diera inicio el primer periodo de sesiones siguiente, se enviaran los autos a la presidente de este Alto Tribunal para que se proveyera lo relativo al turno del asunto. Asimismo, admitieron la demanda y tuvieron por presentada a la Síndica del Municipio actor; y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, al Secretario de Gobierno, así como al Tribunal de Justicia Administrativa, todos del Estado de Morelos, no así al Secretario del Trabajo porque no se le atribuyeron ningún acto y porque se trata de un órgano subordinado al ejecutivo local, ni al Magistrado de la Tercera Sala del citado Tribunal Administrativo al formar parte de éste, emplazándolos para que formularan su contestación; finalmente, dio vista a la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(2)
13. El Presidente de este Alto Tribunal ordenó turnar el expediente al ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(3)
14. Contestación a la demanda por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Este órgano al rendir su contestación de demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:
a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia porque no existe una invasión en la competencia del Municipio actor.
b) Se actualiza la causa de improcedencia porque se impugna una resolución jurisdiccional derivada del incumplimiento de una sentencia administrativa. Cita la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO".
c) Se actualiza la causa de improcedencia derivada de la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia en relación con lo previsto por las fracciones I y II del artículo 10 del mismo ordenamiento, porque ha sido criterio del Alto Tribunal que el Tribunal Administrativo carece de legitimación procesal activa para incoar controversias constitucionales, por tanto, tampoco puede ser parte demandada en la controversia.
d) No existe invasión de competencia alguna. Las Salas de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa local son competentes para destituir a las autoridades, máxime el desacato devino por el incumplimiento de una ejecutoria, ni se violentó la audiencia en perjuicio del Municipio actor, porque le precedió un juicio donde la autoridad se le dio oportunidad de contradecir las pretensiones de la actora, probar sus hechos y alegar en su beneficio.
e) No se vulnera la competencia del Poder Legislativo local porque este poder fue quien la emitió con la finalidad de salvaguardar la tutela efectiva ya que las sentencias deben cumplirse cabalmente en sus términos.
f) La desaparición de los ayuntamientos es un procedimiento diverso al contenido en el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y en el caso es el cumplimiento de una resolución como sucede en un incidente de inejecución de sentencia, previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional que permite separar del cargo a las autoridades responsables que no hayan acatado el fallo.
g) El derecho de audiencia fue respetado, máxime el desacato deriva del incumplimiento de una sentencia administrativa, ya que previo al acto impugnado existieron múltiples requerimientos, y la posición del Municipio actor fue de no cumplir con una determinación judicial. La controversia planteada tiene como único propósito dilatar el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada el diecinueve de mayo de dos mil quince, en el toca administrativo TCA/3ªS/222/2014, destacando que el municipio no ha enderezado acto alguno tendente a cumplir con el juicio administrativo.
h) La parte actora en el juicio de origen promovió el amparo indirecto 495/2017-V-E del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado en contra de las autoridades responsables de no dar cumplimiento a la sentencia definitiva de diecinueve de mayo de dos mil quince. Por su parte, el Tribunal Colegiado admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia 2/2018, requiriendo al síndico municipal y director de recursos humanos, ambos del Municipio actor el acatamiento de la ejecutoria de amparo.
15. Contestación del Secretario de Gobierno y del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Estos órganos al rendir su contestación de demanda señalaron, en el ámbito de sus competencias, coincidentemente, en síntesis, lo siguiente:
a) El municipio carece de interés legítimo puesto que no se ha afectado su ámbito competencial, por lo que no posee del derecho a demandar la invalidez de los actos impugnados del Secretario de Gobierno y del Poder Ejecutivo local. En relación a lo anterior, se actualiza la falta de legitimación pasiva porque no han realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación al municipio, ya que no tiene el derecho a obtener la pretensión que demanda respecto del Poder Ejecutivo del Estado, porque los actos del cual emanan sus pretensiones no son propios del ejercicio de las facultades y atribuciones ejercidas de manera directa por el Secretario de Gobierno.
b) La controversia constitucional es improcedente porque el acto impugnado fue emitido por un órgano jurisdiccional y por tanto no existe una invasión a las facultades del Municipio actor.
c) Cuentan con las facultades para sancionar, promulgar y publicar la norma impugnada y en ningún momento incurrieron en violación a los artículos constitucionales que señala el Municipio actor.
d) No debió haberse llamado al Secretario de Gobierno porque el acto impugnado versa sobre omisiones legislativas por parte del Congreso local en la creación de la Ley impugnada y no pueden atribuirse vicios propios.
e) Respecto a las violaciones al procedimiento legislativo, el Municipio actor no aporta prueba alguna que acredite sus afirmaciones. Así, el refrendo y la publicación fueron efectuados por quien en su momento desempeñaba el cargo de Secretario de Gobierno.
f) El Tribunal Administrativo tiene atribuciones para destituir a los servidores públicos que se nieguen a cumplir las resoluciones emitidas por dicha autoridad, por lo tanto, su proceder es apegado a la legalidad.
g) El Tribunal Administrativo actúa bajo el artículo 17 de la Constitución Federal que fija la garantía de la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias.
h) Los órganos jurisdiccionales, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lograr el cumplimiento de sus determinaciones cuentan con amplias facultades de aplicar los diversos medios de apremio que la ley prevea, incluso de llegar al extremo de decretar la separación del cargo de las autoridades responsables o vinculadas a acatar sus determinaciones.
i) El juicio político y el procedimiento para suspender o revocar el mandato, son una cuestión distinta a la aplicación de la medida de apremio por el incumplimiento a la obligación de naturaleza jurisdiccional, por lo que es equivocada la postura del Municipio actor. Además lo impugnado por el mismo son cuestiones de legalidad dentro de un juicio administrativo y no aspectos de inconstitucionalidad.
16. Contestación del Poder Legislativo del Estado. Este órgano al rendir su contestación de demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:
a) Es cierto que el primero de enero de dos mil dieciséis inició el período de los ayuntamientos que integran el Estado de Morelos, entre ellos el del Municipio actor; no es cierto que el artículo impugnado sea inconstitucional, que no cumpla con el procedimiento legislativo de creación de normas y que contravenga el artículo 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución Federal ni los artículos 70, fracción XXVII y 41 de la Constitución local; no es cierto que el artículo impugnado provoque inestabilidad en la integración del ayuntamiento del Municipio actor, ni un daño a la colectividad como al interés social. Tampoco es cierto que la norma impugnada invada la esfera competencial del Tribunal Administrativo local.
b) Se debe sobreseer respecto del artículo 91 impugnado, porque la demanda de controversia constitucional se presentó de manera extemporánea, ya que el Municipio actor señala expresamente que con fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, la Síndica Municipal tuvo conocimiento de los actos impugnados, sin embargo, esa es la fecha que dice fue enterado por los regidores e integrantes del cabildo municipal del contenido de los oficios números 8867, 8871, 8870, 8869, 8868 de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete a través de los que les informó de la destitución del cargo del "presidente" municipal (sic). Siendo que el Poder Legislativo desconoce la fecha exacta en que se haya notificado al Municipio actor pero indiscutiblemente fue anterior al diez de noviembre de dos mil diecisiete porque es evidente que el síndico al ser integrante del ayuntamiento fue notificado por oficio.
c) En relación con el procedimiento legislativo, el Congreso local cuenta con facultades para expedir la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos que contiene el artículo 91 impugnado. De las copias certificadas de las documentales que se acompañan, se desprende que la discusión y aprobación del dictamen emanado de la Comisión dictaminadora del Congreso local correspondiente a la iniciativa de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos se llevó a cabo respetando todas y cada una de las etapas del proceso legislativo. Por lo que los diputados tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a participar en la discusión y debate del dictamen emanado de las comisiones legislativas y hacer uso de la tribuna para verter sus manifestaciones respecto del dictamen sujeto a debate.
Una vez concluida la intervención de los legisladores y al considerar la asamblea que se encontraba suficientemente discutido en lo general se aprobó el dictamen, respetando el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de igualdad, se plasmó la voluntad de los diputados a través de la votación.
Que derivado de los acontecimientos naturales del sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete y de que se llevaba a cabo el traslado del archivo legislativo a un diverso edificio, por lo que existía imposibilidad material para remitir las constancias relativas al procedimiento legislativo por lo que solicitó una prórroga suficiente para entregar los antecedentes legislativos de la norma impugnada.(4)
17. Opinión del entonces Procurador General de la República. Este servidor público no rindió opinión.
18. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(5)
19. Posteriormente, por acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue designado en sustitución del Ministro José Ramón Cossío Díaz, para que continúe como ponente en el presente asunto.
20. Radicación. Previo dictamen del Ministro ponente el asunto quedó radicado en la Primera Sala.
III. COMPETENCIA
21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto Segundo, fracción II, a contrario sensu, y punto Tercero del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
IV. PRECISIÓN DE LOS ACTOS Y NORMA IMPUGNADA
22. De conformidad con la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la tesis número P./J. 98/2009,(6) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA", se procede a precisar los actos que son objeto de la presente controversia constitucional.
23. De la lectura integral de la demanda y sus anexos esta Primera Sala advierte que los actos impugnados en la presente controversia constitucional son los siguientes:
a) La resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente TCA/3AS/222/2014, en la cual se destituyó del cargo a la Síndica Municipal y se le inhabilitó por un año para desempeñar cualquier otro empleo dentro del servicio público estatal o municipal, en aplicación de lo previsto por la norma general impugnada.
b) El artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
V. SOBRESEIMIENTO
24. Resulta innecesario analizar la oportunidad y la legitimación de las partes en la presente controversia constitucional, toda vez que esta Primera Sala advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, al haber cesado en sus efectos el acto impugnado y en consecuencia la impugnación de la norma general, en virtud del cambio de integración del Municipio actor, conforme a lo siguiente:
25. El alcance de las disposiciones legales citadas, en cuanto a la cesación de efectos se refiere, ha sido interpretada por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J.54/2001,(7) cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."
26. Del criterio señalado se desprende que en tratándose de la controversia constitucional se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria.
27. Ahora bien, la materia de impugnación es la resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente TCA/3AS/222/2014, en la cual se destituyó del cargo a la Síndica Municipal y se le inhabilitó por un año para desempeñar cualquier otro empleo dentro del servicio público estatal o municipal, en aplicación de lo previsto por la norma general impugnada.
28. La razón de la impugnación y que otorga al Municipio actor interés legítimo para promover la controversia constitucional, es precisamente la afectación que resiente en su integración, cuya salvaguarda establece en su favor el artículo 115 de la Constitución Federal, debido a que dicha integración tiene lugar con motivo de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la legislación local.
29. De esta forma, la salvaguarda de la integración del Ayuntamiento, cuyo fin es preservar al ente municipal de injerencias o intervenciones ajenas, en aras de un principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su autonomía política, se encuentra indiscutiblemente ligada a la duración del período para el que haya sido electo.
30. Siendo que a la fecha en que se promovió la controversia –veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete-, la integración del Ayuntamiento del Municipio actor, derivada del proceso electoral de dos mil quince, duraría del uno de enero de dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, de acuerdo con el artículo tercero transitorio del Decreto Número 250, por el que se reforman los artículos 32 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.(8)
31. En este sentido, al haber concluido el período del Ayuntamiento cuya integración se estimó vulnerada, la resolución impugnada, en la que fue aplicada la norma que se combate, no tiene efecto alguno, al haberse emitido para un caso concreto que solamente podía causar perjuicio a la integración que cesó en sus funciones, pues fue ésta la que, a juicio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, incurrió en desacato de la resolución cuyo cumplimiento se reclamó y a la que, como consecuencia, destituyó e inhabilitó.
32. En efecto, el encargo de la Síndica Municipal fue otorgado únicamente para la administración de los años dos mil dieciséis a dos mil dieciocho.(9) En esa tesitura, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 20, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que el Municipio actor carece de interés legítimo para impugnar el acto impugnado, pues durante el presente procedimiento concluyó su período de gobierno.
33. Por tanto, en virtud de que han cesado en sus efectos, en los términos expuestos, tanto la resolución controvertida como la norma aplicada en ésta cuya invalidez se impugna,(10) debe sobreseerse en la presente controversia constitucional, con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria, en relación con el ya citado artículo 19, fracción V, del propio ordenamiento.
34. Sirve de apoyo la tesis 1a. CXVII/2009(11) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO LA PROMUEVEN PARA RECLAMAR LA REVOCACIÓN DEL MANDATO CONFERIDO A ALGUNO DE ELLOS O UN ACTO QUE VULNERA SU INTEGRACIÓN, Y ADEMÁS CONTROVIERTEN NORMAS GENERALES, PERO DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO, PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO".
35. Similar consideración sostuvo el Tribunal Pleno al resolver las controversias constitucionales 265/2017 y 29/2018, falladas el veintinueve y treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, así como esta Primera Sala en las controversias constitucionales 227/2017 y 54/2018, resueltas el trece de marzo de dos mil diecinueve.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes. En su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien se reserva su derecho a formular voto concurrente y Presidente y Ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Firma el Ministro Presidente de la Primera Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE
MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
________________
1. Por oficio presentado el 21 de diciembre de 2017 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
2. Páginas 30 a 33 del expediente principal. Cabe señalar que por auto de la misma fecha los ministros integrantes de la citada comisión de receso otorgaron la suspensión para que, de ser el caso, no se ejecutara la resolución impugnada, únicamente por lo que hacía a la síndica municipal, hasta que se resolviera el fondo del asunto, sin que implicara prorrogar el mandato de alguno de algún integrante del ayuntamiento en funciones.
3. Por acuerdo de 2 de enero de 2018. Foja 49 del expediente.
4. Por acuerdo de 6 de marzo de 2018 (página 376 del expediente principal), el ministro instructor concedió un plazo de 10 días para que remitiera las documentales o manifestara la imposibilidad material para hacerlas llegar. Siendo que por oficio LIII/SSLyP/DJ3o. 4513/2018 de 6 de marzo de 2018, el delegado del Poder Legislativo remitió copia certificada del expediente formado con motivo de la Ley de Justicia Administrativa aprobada por el Congreso local en sesión de trece de julio de 2017 y publicada en el periódico oficial de la entidad de 19 de julio de 2017. Página 388 y siguientes del expediente principal.
5. La audiencia se celebró el 07 de agosto de 2018.
6. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX. Julio de 2009. Página: 1536, de contenido: "El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto".
7. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII. Abril de 2001. Página 882, de contenido: "La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir el agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria".
8. TERCERO. Las administraciones municipales que inician su gestión el 1º de enero de 2016, concluirán su ejercicio constitucional el 31 de diciembre de 2018.
9. Foj
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200606-27812ff2/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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