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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES DE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO QUE HACEN EFECTIVA LA SANCIÓN ORDENADA POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, CUANDO NO SE PLANTEA LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO ACTOR (RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE DICTADA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ PROCEDENTE LA DESTITUCIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO DE ESA ENTIDAD). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL (RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE DICTADA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ PROCEDENTE LA DESTITUCIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO DE ESA ENTIDAD). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA EN UN JUICIO DE AMPARO (RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE DICTADA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ PROCEDENTE LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO DE ESA ENTIDAD). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR PARA IMPUGNAR LA REVOCACIÓN DEL MANDATO CONFERIDO A ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO (RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE DICTADA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ PROCEDENTE LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO DE ESA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/2018. · Registro digital (IUS): 200592
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/2018. MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. 22 DE MAYO DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de mayo de dos mil diecinueve.

V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Velázquez Flores, en su carácter de Síndica del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, promovió controversia constitucional en representación de la propia municipalidad, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

Entidad, poder u órgano demandado:

• Poder Legislativo del Estado de Morelos.

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

• Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

• El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.

• Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.

• Los actuarios adscritos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.

Norma general o acto cuya invalidez se demanda:

• Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

• La resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/316/11, en la que se declara procedente la destitución del Presidente y Tesorero Municipal del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, impuesta como sanción por supuesto desacato al pago de un laudo dinerario firme.

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

1. El veintidós de agosto del año dos mil, el Congreso codemandado aprobó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma que se promulgó el uno de septiembre de ese año y publicada en el periódico oficial de la entidad federativa el seis de agosto del referido año, iniciando su vigencia al día siguiente.

2. El uno de enero de dos mil dieciséis se integró el actual Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos con un presidente municipal, una síndica municipal y cinco regidores, siendo en total siete integrantes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 bis y 18, fracción V de la Ley Orgánica Municipal de dicho Estado. Se destaca que también se nombró a un tesorero municipal.

3. El once de junio de dos mil dieciséis se modificó el presupuesto de egresos, fijando una bolsa de $ 4’273,500.00 (cuatro millones doscientos setenta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para el cumplimiento de obligaciones dinerarias derivadas de resoluciones jurisdiccionales condenatorias.

4. El tres de octubre de dos mil diecisiete, el presidente municipal manifestó la necesidad de pagar el laudo dinerario relativo al juicio laboral burocrático 01/316/11; sin embargo, ante las diversas obligaciones de pago del Municipio, el cabildo del Ayuntamiento ha estado en análisis para programar y presupuestar el caudal de pasivos por condenas en procesos jurisdiccionales, pues tal cantidad asciende a la mitad del presupuesto y la otra mitad a pago de nómina.

5. El nueve de enero de dos mil dieciocho, la Síndica Municipal se enteró de la resolución dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 01/316/11, en el cual se resolvió declarar procedente la orden de destitución del presidente y tesorero municipales.

TERCERO. Conceptos de invalidez.

• Arguye que no existe antecedente del proceso legislativo inherente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo cual se corrobora en el informe dado por el Congreso en la diversa controversia constitucional 56/2016 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es una norma proveniente de un proceso legislativo viciado en el que no hubo presentación de iniciativa, dictamen, deliberación ni aprobación parlamentaria, por lo cual violenta los artículos 40, 41, párrafo primero, 116, párrafo primero y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los dispositivos relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

No existen constancias de la existencia del proceso legislativo inherente a dicha Ley, ya que no emanó del Poder Legislativo sino del Presidente del Congreso que fue quién la envió para su publicación.

Al no observarse las normas inherentes al proceso legislativo, dicha Ley contraviene los principios de seguridad jurídica y de legalidad.

Del artículo 124 de dicha Ley deriva el fundamento que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, órgano demandado, utilizó para la destitución del presidente y tesorero del Ayuntamiento.

La destitución afecta los intereses del Municipio y del Ayuntamiento, por tanto debe ser procedente la declaración de invalidez por inconstitucional de la ya multicitada Ley y en general todo lo actuado en los expedientes laborales burocráticos, en específico el acuerdo de destitución del presidente y tesorero municipales efectuado con base en el artículo 124 de dicha Ley.

• Por otra parte, expresa que el acuerdo dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a la destitución del presidente y tesorero municipales impuesto como sanción de un supuesto desacato al pago de un laudo dinerario, invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso del Estado de Morelos, conforme al artículo 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución Federal, pues conforme a dicho precepto, es el único autorizado para destituir (suspender de sus cargos) por mayoría calificada a alguno de los miembros de los Ayuntamientos electos por voto popular.

Manifiesta que dicha regla inclusive se encuentra prevista en el artículo 41 de la Constitución Local y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica de la Entidad.

Para sustentar lo anterior, cita los criterios de rubro: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO", "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO)"; así como "REVOCACIÓN DEL MANDATO POPULAR. LOS ARTÍCULOS DEL 386 AL 390 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN CUANTO PREVÉN ESA FIGURA PARA LA REMOCIÓN DE CUALQUIER FUNCIONARIO PÚBLICO ELECTO MEDIANTE EL VOTO POPULAR, VIOLAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009)".

• Por último, aduce que el acuerdo dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a la destitución del presidente y tesorero municipales impuesto como sanción de un supuesto desacato al pago de un laudo dinerario, invade la esfera de competencia exclusiva del Municipio al pasar por alto la bolsa para pago de condenas dinerarias jurisdiccionales, con base en su autonomía presupuestal constitucional y disponibilidad de ingresos.

Con lo anterior, contraviene lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, 126 y 134 de la Constitución Federal, en tanto que los Ayuntamientos deben administrar libremente su hacienda y aprobar sus respectivos presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles, ya que en ejercicio de esa autonomía y soberanía presupuestaria, con responsabilidad, programe y presupueste ineluctablemente el pago de las condenas dinerarias dictadas en su contra por órganos jurisdiccionales.

Refiere que resulta evidente que la programación y presupuestario del pago de la condena dineraria relativa al expediente laboral burocrático 01/316/2011 del índice del citado Tribunal, constituye un acto de exclusiva competencia del Ayuntamiento, realizado en ejercicio de los principios de libre hacienda, de autonomía y soberanía presupuestal, acorde a sus ingresos disponibles derivados del artículo 115 Constitucional.

De igual manera, señala que la destitución del presidente y tesorero municipales efectuada por el Tribunal burocrático representa una invasión de competencias al pasar por alto los principios aludidos en el párrafo precedente, en la programación y presupuesto del pago de la referida condena.

CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 40, 41, párrafo primero, 113, 114, 115, fracciones I y IV, 116, párrafo primero, 126, 128 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 26/2018 y designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del presente procedimiento.

Mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Ministro Instructor determinó desechar de plano la demanda intentada, por una parte, con fundamento en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, al considerar que se actualizaba un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues el acto impugnado constituía una resolución jurisdiccional que no era susceptible de impugnación a través de la controversia constitucional, ya que se haría la vía un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural.

Por otra parte, desechó la demanda con fundamento en los artículos 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que la impugnación de Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y su proceso legislativo no constituía su primer acto de aplicación, sino uno ulterior.

La determinación anterior fue impugnada por el Municipio actor a través del recurso de reclamación previsto en la ley, fue registrado con el número 16/2018-CA y, por resolución de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se resolvió en el sentido de declararlo fundado.(1)

Por lo anterior, en auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda promovida por Yasmín Velázquez Flores, síndica del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos; y como demandado se tuvo únicamente al Poder Ejecutivo, mas no así al Poder Legislativo y al Secretario de Gobierno, ambos de dicha entidad, pues en el recurso de reclamación 16/2018-CA, derivado de la presente controversia constitucional, quedó firme la determinación de desechar por extemporánea la controversia constitucional respecto de la Ley del Servicio Civil de Morelos, al no impugnarse con motivo de su primer acto de aplicación; asimismo, tampoco tuvo como parte al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, su Presidente ni los diversos actuarios de aquél, en tanto se trata de funcionarios que pertenecen a dicho órgano.(2) Por último, ordenó emplazar al demandado para que formulara su respectiva contestación; asimismo, ordenó dar vista al Procurador General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión.

SEXTO. Contestación a la demanda.

El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señaló en su contestación a la demanda de controversia constitucional, en síntesis, lo siguiente:

• Opuso la falta de legitimación del Municipio actor al carecer de la titularidad del derecho que pretende hacer valer a través de la presente controversia, en virtud que este no ha realizado acto alguno que invada o afecte su órbita competencial, pues los actos los realizó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en uso de su autonomía jurisdiccional plena para ejercer sus funciones y dictar sus resoluciones.

En relación con los hechos que constituyen los antecedentes:

• Que es cierto lo señalado en el punto uno; sin embargo, se debe tomar en cuenta que se desechó la demanda en este aspecto.

• Que los hechos del número dos al seis, no los afirma ni los niega por no ser propios de la autoridad.

• En atención al hecho siete, indica que no lo afirma ni lo niega por no ser propio de la autoridad, considerando que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, cuenta con autonomía jurisdiccional plena para ejercer sus funciones y dictar sus resoluciones.

En lo tocante a los conceptos de invalidez:

• Refiere que aun cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un organismo que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, el mismo es autónomo en su función jurisdiccional en términos del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Entidad.

Por lo anterior, expresa que no tiene injerencia el Poder Ejecutivo en las determinaciones que emita el Tribunal burocrático y en consecuencia, no se le puede atribuir el acuerdo reclamado.

Agrega que el Tribunal de Conciliación, al imponer la sanción correspondiente al funcionario infractor, actuó conforme a las atribuciones que le confiere la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 123 y 124, fracción II, de los cuales se desprende la facultad de dicho órgano jurisdiccional para hacer efectivos los apercibimientos a los funcionarios que se nieguen a cumplir las resoluciones que emite.

Puntualiza que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que el presidente municipal, como representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por tanto, si es el sujeto obligado con su acatamiento, deben aplicársele las medidas de apremio contenidas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil, además que se le aplicó dado la reiterada desobediencia en su cumplimiento.

Enfatiza que lo que pretende el actor es controvertir temas de legalidad mas no de constitucionalidad y por tanto, en términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del medio de protección constitucional, pues el acto cuya invalidez se demanda proviene de una resolución jurisdiccional.

• Continua expresando que de conformidad con las disposiciones de la Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, el Ayuntamiento, en ejercicio de los principios que rigen la libre administración de la hacienda pública municipal, se encuentra compelido a ejecutar las acciones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento del laudo dictado por el Tribunal burocrático.

SÉPTIMO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y se puso el expediente en estado de resolución.

OCTAVO. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Ministro Presidente de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y II, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto Segundo, fracción II, a contrario sensu, y punto Tercero del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Fijación de la Litis. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.

En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, el actor señaló como tales los siguientes:

• Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

• La resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/316/11, en la que se declara procedente la destitución del Presidente y Tesorero Municipal del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, impuesta como sanción por supuesto desacato al pago de un laudo dinerario firme.

Lo anterior, en atención a la jurisprudencia P. /J. 98/2009,(3) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA".

No obstante tal señalamiento, en el recurso de reclamación 16/2018-CA que derivó de la presente controversia constitucional, se indicó que quedó firme la determinación de desechar por extemporánea la controversia constitucional respecto de la Ley del Servicio Civil de Morelos, al no impugnarse con motivo de su primer acto de aplicación sino de un acto ulterior, toda vez que lo dicho no fue combatido por el Municipio recurrente.

De tal suerte que sólo será materia de análisis la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/316/11, en la que se declara procedente la destitución del presidente y tesorero Municipales, del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, al considerar el actor que existe una transgresión al artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal.

TERCERO. Sobreseimiento. Resulta innecesario analizar la oportunidad y la legitimación de las partes en la presente controversia constitucional, toda vez que esta Primera Sala advierte que se actualizan diversas causales de improcedencia en el caso.

I. En principio, por lo que respecta a la orden de destitución del tesorero municipal, del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, esta Primera Sala advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal.

En efecto, esta Primera Sala al resolver la diversa controversia constitucional 167/2017 el nueve de mayo de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos consideró que tratándose del acto consistente en la destitución del tesorero municipal, se actualiza la causa de improcedencia señalada.

Esto pues, como lo sostuvo esta Primera Sala al resolver la diversa controversia constitucional 58/2017, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal, en virtud de que en el presente medio de control constitucional se impugna una resolución jurisdiccional que no es revisable en esta instancia y no se surte la única excepción a dicha regla general que ha sostenido el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la existencia de diversos límites a aquello que puede ser estudiado en una controversia constitucional.

Dentro de dichos límites, este Alto Tribunal ha determinado que la controversia constitucional no puede ser considerada como la vía para controvertir la legalidad ni la constitucionalidad de resoluciones jurisdiccionales, toda vez que no es un ulterior recurso o medio de defensa para los órganos u órdenes de gobierno.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 117/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES".

De ahí que se tenga que la controversia constitucional no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una resolución emitida por un tribunal judicial o administrativo aunque se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual en este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio, máxime que en dichos procedimientos no se dirimen conflictos entre los órganos, poderes o entes a que se refieren los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la Ley Reglamentaria de la materia, sino que tienen como objeto salvaguardar los intereses de los gobernados.

Asimismo, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 58/2006, señaló que existe una excepción a la regla general mencionada, sosteniendo que sólo se puede controvertir en controversia constitucional una resolución emitida por un tribunal judicial o administrativo cuando la cuestión planteada atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, es decir, en el caso de que se planteé que algún tribunal se arrogó facultades que no le competen, sino al actor, o a otro órgano originario y dichas facultades se encuentran contempladas constitucionalmente.

Lo anterior se desprende de la ejecutoria relativa, cuyas consideraciones, en lo que interesa, son las siguientes:

"No obstante la amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional, este mecanismo de control constitucional, por regla general, no es la vía idónea para controvertir una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo aunque se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual, en principio, a través de este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio. --- Lo anterior es así, ya que, por lo general, no puede sostenerse que la controversia constitucional constituya la vía idónea para impugnar las resoluciones o sentencias judiciales que recaigan en los juicios de los que conocen los órganos jurisdiccionales, toda vez que ello haría de esta vía un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, siendo que esta vía está reservada para preservar el orden constitucional entre órganos, entes o poderes en sus actos ordinarios y no para someter al control constitucional mecanismos de carácter jurisdiccional. --- En la presente controversia constitucional se impugna un acto emitido por un tribunal formalmente administrativo, consistente en la sentencia de veintiocho de abril de dos mil seis, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual la Sala confirmó que es facultad de dicho tribunal conocer de la demanda interpuesta por el servidor público Omar Garza Hernández ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de la resolución emitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en el procedimiento administrativo disciplinario 16/2005, por estimar que el aludido tribunal al atribuirse la facultad de resolver en ese asunto invade su esfera de competencia que constitucionalmente le corresponde. --- De esa guisa, si bien se trata de una resolución jurisdiccional, debe precisarse que el acto combatido únicamente versa respecto de la determinación del Tribunal Contencioso Administrativo en el sentido de que tiene competencia para revisar una resolución emitida por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Consejo de la Judicatura, de modo que no se trata de una resolución que haya dado solución al conflicto litigioso que se sometió a su potestad, es decir, no se trata de una sentencia que haya resuelto el fondo del asunto, cuyo contenido se trate de impugnar utilizando este medio de control constitucional como un ulterior recurso, sino que se trata de una determinación que asume, según lo aducido por el actor, una facultad que de inicio no le corresponde y con la cual, se dice, invade la esfera competencial del Poder Judicial Local. --- Así pues, en la presente controversia constitucional no se trata de conocer sobre la misma cuestión litigiosa que originó el juicio contencioso administrativo, ni mucho menos sobre lo resuelto al respecto, sino estrictamente sobre un aspecto que atañe al ámbito de competencias de los poderes actor y demandado. --- Por tanto, si el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado y tomando en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal, debe considerarse que en este caso las posibles transgresiones invocadas sí están sujetas a dicho medio de control constitucional. --- De esta manera, si bien el acto impugnado en estricto sentido es una resolución de carácter jurisdiccional, tal circunstancia no la hace improcedente, puesto que, como se ha dicho, en este caso la cuestión a examinar atañe estrictamente sobre la presunta invasión de la esfera de competencia de uno de los órganos originarios del Estado y si la finalidad de este medio de control constitucional es precisamente la preservación del ámbito de atribuciones conferido constitucionalmente, debe proceder la acción intentada como un caso de excepción a la regla general que ha establecido este Tribunal Pleno. --- De considerarse lo contrario se llegaría al extremo que por ser resoluciones jurisdiccionales nunca se podría analizar en esta vía cuestiones en las que algún tribunal se arrogue facultades que no le competan, llegando al absurdo de que si pretendiera invalidar alguna determinación, por ejemplo, emitida dentro de un juicio político, sólo por ser una resolución jurisdiccional, se impidiera al Poder Legislativo incoar esta acción constitucional, cuando su pretensión sería el salvaguardar las atribuciones que constitucionalmente le han sido conferidas, y cuando precisamente este medio se consagra como el idóneo para tutelar el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado, lo que de suyo sería inadmisible. --- Asimismo, en un caso como el presente, el Poder Judicial actor no tendría ningún medio de defensa contra los actos impugnados, que considera violatorios del ámbito competencial que le confiere la Constitución Federal, ya que no podría hacer valer ningún recurso ordinario o extraordinario, pues incluso el juicio de amparo sería improcedente al no tratarse de la afectación a sus intereses patrimoniales (artículo 9o. de la Ley de Amparo)."

Del que derivó la tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno 16/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO".

En este punto debe precisarse que la excepción a la regla general, como lo señaló el Tribunal Pleno en el asunto que se transcribe y como lo ha reiterado esta Primera Sala en diversos precedentes, en específico al resolver las controversias constitucionales 113/2017 y 233/2017, se actualiza cuando lo que se controvierte de una resolución jurisdiccional es precisamente la competencia del órgano jurisdiccional para emitir tal determinación, bajo el señalamiento de que dicha competencia es asignada por la Constitución Federal al ente actor o bien a una autoridad distinta, en perjuicio de la entidad, poder u órgano actor.

De manera que, sí lo que se cuestiona de dicha resolución jurisdiccional no es la invasión de esferas de competencias, no será procedente el presente medio de control constitucional. Destacando que, como también lo ha reiterado esta Primera Sala, la suplencia de la queja deficiente no puede llegar al extremo de hacer procedente una medio jurisdiccional que no lo es.

En efecto, si bien conforme al artículo 40 de la Ley Reglamentaria de la materia, en las controversias constitucionales existe una suplencia amplia; lo cierto es que dicha suplencia no puede dar lugar para modificar la impugnación de la parte actora para hac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200592-dd98abd1/i-controversia-constitucional-no-es-la-via-idonea · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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