I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDOS POR LOS QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA DE ESA ENTIDAD). III. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DE LOS ACUERDOS POR LOS QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA DE ESA ENTIDAD). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS (INVALIDEZ DE LOS ACUERDOS POR LOS QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 229/2017. MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS. 7 DE NOVIEMBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de noviembre de dos mil dieciocho por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 229/2017 promovida por el Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, por conducto de Cuauhtémoc Blanco Bravo y Denise Arizmendi Villegas, quienes se ostentaron como presidente y síndica municipales, respectivamente, en la que demandaron la invalidez de los siguientes actos emitidos por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad:(1)
a) La aplicación y contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en particular lo relativo a la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, derivado de la ejecución de un laudo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad.
b) El acuerdo dictado por el presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje notificado el siete de junio de dos mil diecisiete, emitido con base en el citado artículo 124, fracción II, a través del cual se ordena destituir al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos.
I. Antecedentes.
1. En la demanda de controversia constitucional se señala que José Antonio Rogel Velázquez, promovió el juicio laboral 01/669/2013 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo el quince de septiembre de dos mil quince, en el que condenó al Ayuntamiento al pago de diversas prestaciones. El Municipio presentó un incidente innominado de cumplimiento sustituto el cual fue desechado y en contra se promovió juicio de amparo, el cual está pendiente de resolverse.
2. El siete de junio de dos mil diecisiete se presentó en las oficinas del Municipio actor, una persona del sexo femenino en busca del presidente municipal para efectuar la destitución ordenada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conforme a la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
3. En virtud de que no se ha dado cumplimiento al laudo, el presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con fundamento en el artículo impugnado, citó a sesión extraordinaria de pleno para efecto de destituir al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos. En este entendido los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales, al emitir la citada ley dejaron de advertir el contenido del artículo 115 de la Constitución Federal, ya que establece un procedimiento específico para la revocación de mandato o suspensión de alguno de los miembros del Ayuntamiento que contempla los derechos de audiencia y de ofrecimiento de pruebas y, ello es una facultad de las Legislaturas Locales.
4. Conceptos de invalidez. En su oficio de demanda, el Municipio actor señaló como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:
5. Único concepto de invalidez. Violación al artículo 115 de la Constitución Federal. El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos viola el artículo 115 de la Constitución Federal, porque establece como medida de apremio del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos la destitución del servidor público que no cumpla con sus resoluciones, lo que afecta la integración del Municipio y de sus funciones, puesto que el artículo constitucional prevé la suspensión o revocación de mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento únicamente por causa grave prevista en la ley local y por la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso Local.
6. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos carece de facultades para destituir de su cargo a un servidor público de elección popular, ya que la facultad de suspender o revocar, conforme al artículo 115 constitucional, corresponde en exclusiva al Congreso Local.
7. En consecuencia, el acuerdo impugnado es violatorio del artículo 115 constitucional porque el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje local carece de facultades para destituir a un servidor público.
8. Con la medida de apremio prevista en el artículo impugnado se invaden las facultades municipales. El Poder Ejecutivo Local vulnera la autonomía del Municipio y menoscaba sus facultades municipales, ya que dicho poder es auxiliado por la Secretaría del Trabajo en coordinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, las cuales forman parte del citado Poder, y éstas dependen de aquél, por lo que no es posible que se faculte a ese tribunal para destituir a algún miembro del Ayuntamiento por incumplimiento a un laudo laboral, ya que dichas facultades van más allá de la competencia de atribuciones concedidas a los órganos desconcentrados como es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
9. Finalmente, el artículo 41 de la Constitución Local establece la forma y los requisitos para revocar el mandato de un servidor municipal electo por votación popular. Se establece que la destitución podrá ser a través de un acuerdo de dos terceras partes de los miembros del Congreso, a petición del gobernador o cuando menos por el cincuenta por ciento más uno de los diputados del Congreso, por lo que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado y su presidente carecen de facultades para destituir al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos.
10. Artículo constitucional señalado como violado. El Municipio actor señaló como violado el artículo 115 de la Constitución Federal.
II. Trámite de la controversia constitucional
11. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor, en virtud de que existe conexidad con la diversa controversia constitucional 121/2017, promovida por el mismo Municipio actor en la que fue designado como instructor.(2)
12. El Ministro instructor, previo desahogo de requerimiento,(3) admitió la demanda de controversia constitucional en auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete y tuvo por presentada únicamente a la síndica del Municipio actor, ya que a ella corresponde la representación del Municipio; y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, emplazándolas para que formularan su contestación; finalmente, dio vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(4)
13. Contestación a la demanda. El secretario de Gobierno y el Poder Ejecutivo de la entidad, al rendir sus contestaciones de demanda señalaron, en el ámbito de sus competencias, coincidentemente en síntesis lo siguiente:
a) El Municipio carece de interés legítimo puesto que el secretario de Gobierno no ha afectado su ámbito competencial, por lo que carece del derecho a demandar la invalidez de los actos impugnados del secretario de Gobierno. En relación a lo anterior, se actualiza la falta de legitimación pasiva del secretario de Gobierno porque no ha realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación al Municipio, ya que no tiene el derecho a obtener la pretensión que demanda respecto del Poder Ejecutivo del Estado, porque los actos del cual emanan sus pretensiones no son propios del ejercicio de las facultades y atribuciones ejercidas de manera directa por el secretario de Gobierno.
b) Es improcedente la controversia constitucional contra resoluciones jurisdiccionales como lo es la determinación del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el que ordena la destitución del presidente municipal por no cumplir el laudo derivado del expediente laboral 01/391/13 y no existen elementos que permitan suponer una invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado. Máxime cuando el Municipio actor ha promovido juicios de amparo contra la orden de destitución del presidente municipal. Cita en apoyo a sus argumentaciones, la tesis «2a. CVII/2009», de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."
c) Existen ocho juicios de amparo promovidos por el Municipio actor en contra de la aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, así como tres controversias constitucionales: 251/2016, 212/2017 y 229/2017.
d) El artículo impugnado no vulnera el artículo 115 de la Constitución Federal. La separación del cargo del presidente municipal de Cuernavaca del Estado de Morelos, ordenada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no afecta la integración y ejercicio de funciones del Ayuntamiento, ya que debe tomarse en cuenta que para ello son designados los servidores públicos suplentes para que cuando sea necesario se sustituya al servidor público electo, como en el caso del presidente municipal su suplente asuma el cargo y garantice la continuidad del ejercicio de las facultades y atribuciones con las que contaba el titular y siga al cargo de la administración pública. Por tanto, no se ve afectado el ejercicio de las funciones que desarrollan los servidores públicos que conforman el Ayuntamiento.
e) De los artículos 123 y 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado se advierte la facultad del tribunal laboral para hacer efectivos los apercibimientos consistentes en multa de hasta quince salarios mínimos y la destitución de los servidores públicos que se nieguen a cumplir las resoluciones emitidas por dicha autoridad, por tanto, su proceder es apegado a la legalidad.
f) El artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece que el presidente municipal tiene la obligación de cumplir en tiempo los laudos que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ello, de no cumplirlos es a quien debe aplicársele las medidas de apremio contenidas en el artículo 124 de la citada ley.
g) El tribunal laboral actúa bajo el artículo 17 de la Constitución Federal que fija la garantía de la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias.
h) Los órganos jurisdiccionales, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lograr el cumplimiento de sus determinaciones cuentan con amplias facultades de aplicar los diversos medios de apremio que la ley prevea, incluso de llegar al extremo de decretar la separación del cargo de las autoridades responsables o vinculadas a acatar sus determinaciones.
i) La Ley del Servicio Civil no distingue la manera en que fueron designadas las autoridades a quienes se les aplicará la sanción, sino que existe la obligación para todas las autoridades de acatar las resoluciones dictadas en los laudos. No es dable considerar que el incumplimiento de una orden de pago derivado de un laudo no pueda ser atendida por el presidente municipal porque su nombramiento emana de una contienda electoral, siendo que el artículo 17 constitucional garantiza la tutela jurisdiccional y toma como principio fundamental la figura de la ejecutoriedad de las sentencias.
j) El juicio político y el procedimiento para suspender o revocar el mandato, son una cuestión distinta a la aplicación de la medida de apremio por el incumplimiento a la obligación de naturaleza jurisdiccional, por lo que es equivocada la postura del Municipio actor. Además lo reclamado por el Municipio actor son cuestiones de legalidad dentro de un juicio laboral y no aspectos de inconstitucionalidad.
k) Si bien el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado, dicho poder no puede influir en la función jurisdiccional porque cuenta con autonomía jurisdiccional plena para ejercer sus funciones y dictar sus resoluciones. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis «2a./J. 36/2011 (10a.)», de rubro: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO."
l) El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ejerce funciones equiparables a las del Poder Judicial, por lo que cuenta con amplias facultades para aplicar los diversos medios de apremio que la ley prevea, incluso llegar al extremo de decretar la separación del cargo de las autoridades responsables o vinculadas a acatar sus determinaciones, que incurran en un incumplimiento manifiesto, a fin de logar el cumplimiento de sus determinaciones, tal y como acontece con los órganos del Poder Judicial de la Federación, en los casos del cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Incluso, diversos ordenamientos reglamentarios de la Secretaría del Trabajo y del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado prevén que el tribunal laboral cuenta con plena autonomía jurisdiccional y que la imposición de las medidas de apremio tienen como finalidad asegurar que las resoluciones sean cumplidas.
14. Contestación del Poder Legislativo del Estado. Este poder al rendir su contestación de demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:
a) Es cierto que aprobó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que contiene el artículo 124.
b) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, porque el Municipio no cuenta con interés legítimo, ya que no resiente una afectación en su esfera de atribuciones, pues de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Constitución Local es facultad del Poder Legislativo Local expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior del Estado, por lo que no se invade el ámbito competencial del Municipio, ni su autonomía, y debe sobreseerse en la controversia constitucional.
c) No se viola el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal porque la facultad coactiva de la autoridad administrativa para hacer cumplir sus determinaciones puede emitirse sin necesidad de sujetarse a la garantía de audiencia previa, ya que debe prevalecer el orden público por encima de los particulares a ser escuchados, máxime cuando éstos pueden promover los recursos que estimen pertinentes en los que ofrezcan los elementos de convicción que desvirtúen lo que se les impute. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de rubro: "AUDIENCIA. GARANTÍA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA."
d) No se afecta al Municipio como tal, sino sólo al integrante destituido como consecuencia de una sanción y no como una consideración del tribunal laboral de que sea indigno de ejercer el cargo de presidente municipal. La sanción permanece en él y no afecta al Municipio.
e) La Legislatura Local al emitir el artículo impugnado se ha limitado a cumplir con un mandato constitucional y cuenta con facultades para emitir leyes que rijan las relaciones laborales entre los poderes del Estado y los Municipios con sus trabajadores.
f) Luego de señalar las características del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje señala que no debe declararse la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos porque el Congreso Local expidió dicha norma en atención a las facultades que no sólo su Constitución, sino también la Constitución Federal, le otorgan. Por ello, solicita se declare infundada e improcedente la controversia constitucional y se declare la validez de los actos impugnados.
15. Opinión del procurador general de la República. Este servidor público no rindió opinión.
16. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(5)
17. En atención a la solicitud formulada por el Ministro instructor a la presidencia de este Alto Tribunal el asunto quedó radicado en la Primera Sala.
III. Competencia.
18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el secretario de Gobierno de la entidad, en la que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
IV. Precisión de los actos y la norma impugnada
19. Esta Primera Sala considera necesario precisar los actos impugnados, porque conviene recordar que en el escrito de demanda, el Municipio actor señaló como impugnado el acuerdo dictado por el presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje notificado el siete de junio de dos mil diecisiete y el Ministro instructor por auto de dos de agosto de dos mil dieciocho requirió al Municipio actor –antes de admitir la demanda de controversia constitucional–, para que, entre otras cosas, precisara la fecha del acuerdo impugnado.
20. Al respecto, el Municipio actor desahogó dicho requerimiento en el sentido de que el acuerdo impugnado no le fue notificado, sino que el siete de junio de dos mil diecisiete se presentó una persona en las oficinas del Ayuntamiento actor en busca del presidente municipal para efectuar su destitución, y acompañó copia simple de los acuerdos de doce y veintiséis de mayo de dos mil diecisiete.
21. Asimismo, el Municipio actor señaló que el presidente y síndico municipales promovieron juicios de amparo, y que al rendir los informes justificados el primero de junio de dos mil diecisiete tuvo conocimiento de los acuerdos de doce y veintiséis de mayo del mismo año, en los cuales se ordenó destituir al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos.
22. En este sentido, tanto de la lectura integral del oficio de demanda, sus anexos y del desahogo del requerimiento, se advierte que el Municipio actor impugna los acuerdos de doce y veintiséis de mayo de dos mil diecisiete(6) por los que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos ordena destituir al presidente municipal de Cuernavaca del Estado de Morelos por no haber dado cumplimiento al laudo laboral de quince de septiembre de dos mil quince, dictado en el expediente 01/669/13 del índice del citado tribunal laboral.
23. Asimismo, impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos justamente con motivo de su aplicación en los acuerdos impugnados.
24. En el siguiente apartado se analizará la oportunidad de los actos impugnados.
V. Oportunidad
25. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma:(7)
26. Tratándose de actos:
a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;
c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
27. En el caso de normas generales:(8)
d. A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;
e. A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
28. En primer lugar deberá analizarse la oportunidad de la demanda respecto de los acuerdos dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de doce y veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, donde se aplicó la norma legal impugnada. En este sentido, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que el Municipio actor se ostentó sabedor del mismo, esto es, el siete de junio de dos mil diecisiete, sin que obre en el expediente alguna razón actuarial que indique lo contrario, además de que no fue cuestionada dicha situación por las partes.
29. Tomando esa fecha como referente, se concluye que la demanda se interpuso de manera oportuna respecto de los citados acuerdos, ya que el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia culminó el tres de agosto del mismo año,(9) siendo que la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el primero de agosto de dos mil diecisiete, tal como se advierte del reverso de la hoja diecisiete del expediente, por lo que se encuentra dentro del plazo legal referido.
30. Ahora, por lo que hace a la oportunidad de la impugnación respecto del artículo 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esta Primera Sala advierte que los acuerdos impugnados no constituyen el primer acto de aplicación de la norma general impugnada, aunque sí se advierte que fueron aplicados expresamente.
31. En efecto, el Municipio actor en la presente controversia constitucional impugnó los acuerdos de doce y veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, de los que se advierte la aplicación del artículo impugnado,(10) esencialmente, en los siguientes términos:
"Cuernavaca, Morelos; a doce de mayo del año dos mil diecisiete. ...
"Vistos para resolver, este H. Tribunal procede a pronunciarse respecto de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma con la que se apercibió al presidente municipal del Ayuntamiento demandado, mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, por lo que a continuación se ordena realizar la certificación correspondiente:
"...
"RESUELVE:
"Único: En atención a los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto por unanimidad de votos, se declara procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente al rubro citado, ante la contumacia en que ha incurrido la parte demandada, esto es:
"Se decreta la destitución del cargo del presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, en virtud de no haber dado cumplimiento al requerimiento realizado por esta autoridad; por lo que se ordena girar oficios al Cabildo, para que de manera inmediata hagan efectiva la separación del cargo declarada y lo informen a este tribunal. ... ."
"Cuernavaca, Morelos; a veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete. Y estando debidamente integrado el Pleno de este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y visto el estado procesal que guarda el expediente en que actúa, y en razón que este tribunal tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para lograr la mayor sencillez del proceso laboral, así como impulsarlo hasta su conclusión eliminando cualquier obstáculo que impida el desarrollo normal del juicio laboral, cumpliendo con el objetivo de que la justicia laboral sea pronta tal y como lo establece el artículo 119 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, en relación con los artículos 17, 685 y 686 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a este procedimiento, se ordena la regularización de este expediente, en virtud que de la revisión hecha al mismo se advierte que en el acuerdo de fecha doce de mayo del año dos mil diecisiete, por error involuntario no se asentó en lo que corresponde al monto del adeudo, la realización del pago parcial que realiza la parte demandada con fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, por lo que procedente (sic) su regularización, debiendo quedar en los siguientes términos: ...
"Vistos para resolver, este H. Tribunal procede a pronunciarse respecto de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma con la que se apercibió al presidente municipal del Ayuntamiento demandado, mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, por lo que a continuación se ordena realizar la certificación correspondiente:
"...
"RESUELVE:
"Único: En atención a los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto por unanimidad de votos, se declara procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente al rubro citado, ante la contumacia en que ha incurrido la parte demandada, esto es:
"Se decreta la destitución del cargo del presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, en virtud de no haber dado cumplimiento al requerimiento realizado por esta autoridad; por lo que se ordena girar oficios al Cabildo, para que de manera inmediata hagan efectiva la separación del cargo declarada y lo informen a este tribunal. ... ."
32. No obstante que la norma general impugnada fue aplicada en los acuerdos impugnados, esos acuerdos no pueden considerarse como el primer acto de aplicación de dicha norma, ya que fue aplicada en un acuerdo anterior en los que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad ordenó la destitución del presidente del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por no haber dado cumplimiento a un diverso juicio laboral.
33. Se llega a tal conclusión pues constituye un hecho notorio(11) para esta Primera Sala que al Municipio actor le fue aplicado con anterioridad el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, en el diverso acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete por el que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos ordenó destituir al presidente municipal de Cuernavaca del Estado de Morelos por no haber dado cumplimiento al laudo laboral de ocho de septiembre de dos mil catorce, dictado en el expediente 01/391/13 del índice del citado tribunal laboral.
34. Incluso dicho acuerdo junto con la norma general fueron impugnados en la controversia constitucional 121/2017, fallada el tres de julio de dos mil dieciocho, en la que el Pleno de este Alto Tribunal en suplencia y por una violación al procedimiento legislativo consistente en la falta de firma del secretario de Desarrollo Económico local, determinó declarar la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, extendiendo esa invalidez al acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete.
35. Asimismo, en los efectos de aquella controversia constitucional 121/2017 se expresó que la declaratoria de invalidez tendría efectos exclusivamente entre las partes, toda vez que fue el Municipio de Cuernavaca, Morelos, el que demandó la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, por lo que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje local estará impedido de aplicar el numeral 124, fracción II, de la citada ley al Municipio de Cuernavaca, Morelos.
36. Por tanto, la controversia no es procedente respecto de la impugnación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues como se ha dicho los acuerdos de doce y veintiséis de mayo de dos mil diecisiete impugnados no resultan ser el primer acto de aplicación de dicha norma. De tal forma, con fundamento en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia se debe sobreseer en la controversia respecto del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
37. En consecuencia, el estudio de esta controversia constitucional se limita al análisis de los acuerdos de doce y veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, a través de los cuales se decretó la destitución del cargo del presidente municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca del Estado de Morelos.
VI. Legitimación activa
38. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(12) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los servidores públicos que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
39. En el presente asunto, el actor es el Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, y en su representación, suscribieron la demanda Cuauhtémoc Blanco Bravo(13) y Denise Arizmendi Villegas, ostentándose como presidente municipal y síndica, respectivamente, cargos que acreditaron con la copia certificada de la constancia de mayoría de la elección de Ayuntamiento del Municipio actor, expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana el veintiuno de junio de dos mil dieciséis.(14) Documentales de las que se constata que los promoventes cuentan con los cargos que ostentan.
40. Cabe recordar que en auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro instructor sólo reconoció representación a la sín
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28947-179d4957/i-controversia-constitucional-es-improcedente-contra-un-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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