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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE YECAPIXTLA DE ESA ENTIDAD). III. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE YECAPIXTLA DE ESA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 328/2017. · Registro digital (IUS): 28948
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-16
Promovente: MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Pág. 1795.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 328/2017. MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día doce de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la controversia constitucional. Por escrito recibido el quince de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosalía Alejandra Gutiérrez Anzurez, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, promovió controversia constitucional, demandando los actos que más adelante se precisan, emitidos y ejecutados por las autoridades del Estado de Morelos que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

1) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

2) Secretario del Trabajo y Productividad.

3) Gobernador Constitucional.

4) Secretario de Gobierno.

5) Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

6) Congreso del Estado.

Actos impugnados:

Norma general

a) El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado el seis de septiembre del dos mil.

b) La invalidez de las consecuencias y actos subsecuentes que se hayan originado y los que se sigan originando con motivo de su aplicación.

Actos

a) La asunción de competencia por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto de ordenar la revocación de mandato o destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, con fundamento en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad.

b) La invalidez del oficio TECyA/011332/2017, de requerimiento de destitución, de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.

c) La invalidez de la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el siete de mayo de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente la imposición de la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos.

d) El acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, consecuencia de la sesión plenaria referida con anterioridad, donde se ordena la destitución o revocación del mandato del presidente municipal de Yecapixtla, Morelos, dentro del expediente 01/569/13, radicado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:

a) Como se desprende de la constancia de mayoría de fecha diez de junio de dos mil quince, la promovente fue electa como síndico municipal del Municipio de Yecapixtla, Morelos, por el periodo 2016-2018.

b) El uno de enero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la primera sesión de Cabildo, donde tomó posesión del cargo de síndico municipal.

c) Con fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, Fidel Valentín González Pérez presentó demanda laboral burocrática en contra del Ayuntamiento Constitucional de Yecapixtla, Morelos, en la que reclamó diversas prestaciones de índole laboral.

d) El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, notificó al Ayuntamiento del Municipio de Yecapixtla, los oficios números TECyA/011332/2017 y TECyA/011333/2017, en donde se hacía del conocimiento la orden de destitución del presidente municipal, con fundamento en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como sanción por incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral número 01/569/13.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Municipio actor planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

a) Que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es violatorio de los artículos 14, 16, 115, fracción I, párrafo tercero, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que infringe el principio de la determinación constitucional de las responsabilidades de los servidores públicos, puesto que, con el oficio TECyA/011332/2017 y/o auto de requerimiento de destitución, de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se determina proceder a la destitución del presidente municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Yecapixtla, siendo ilegal, infundado y desmotivado;

b) Que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no cuenta con las facultades legales necesarias para destituir al presidente municipal, como se desprende del artículo 115 de la Constitución Federal, puesto que la única autoridad facultada, por disposición constitucional, para sustituir, suspender, revocar y/o destituir del cargo, es el Congreso del Estado de Morelos;

c) Que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos contempla la destitución de un infractor, lo cual es interpretado incorrectamente por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ya que refiere a cualquier miembro del Gobierno Municipal o Estatal;

d) Que el presidente municipal de Yecapixtla, Morelos, ha sido nombrado por elección popular directa, lo que reviste una regulación especial para su nombramiento y, a su vez, para su remoción y/o destitución, de conformidad con el artículo 115 constitucional, por lo que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no cuenta con facultades legales necesarias para realizar tal acto de remoción;

e) Que delegar dicha facultad significa una degradación del principio de supremacía y determinación constitucional que reservan, la Constitución Federal y Local, al Congreso del Estado de Morelos;

f) Que la medida impuesta por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es inconstitucional, porque impone la pérdida del cargo de un infractor, lo cual, como medida disciplinaria, excede a la Constitución Federal;

g) Que los artículos 109 y 110 de la Constitución Federal establecen las bases para sancionar a un funcionario público, en caso de que incurra en responsabilidad, en virtud de su ejercicio como tal, así como a las personas que pudieran estar sujetas a juicio político y el procedimiento para alcanzar dicho fin; por tanto, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no establece que las correcciones disciplinarias, ahí previstas, sean impuestas con motivo del juicio político, sino como sanciones disciplinarias;

h) Que en nuestro régimen constitucional, el desempeño de los cargos de elección popular son obligatorios, por lo que es incorrecto desconocer la voluntad popular, estableciendo la pérdida del cargo de servidor público electo, esto como sanción disciplinaria establecida en una ley;

i) Que en todo caso, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos interpretó, de forma incorrecta, lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que los artículos 115, fracción I, de la Constitución Federal, 41 de la Constitución del Estado de Morelos, y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, permiten considerar que la palabra "infractor" no incluye a los miembros de los Ayuntamientos, pues de lo contrario, se estaría transgrediendo la Constitución;

j) Que los actos cuya invalidez se demanda violan los artículos 1o., 14, 16, 115, fracción I, y 133 de la Constitución Federal, considerando que soslayan el derecho a la seguridad jurídica y autonomía política de los Municipios, así como la garantía del debido proceso, puesto que atentan contra la integración del Ayuntamiento;

k) Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al ser un organismo estatal, es incompetente para conocer de la destitución de un integrante de algún Ayuntamiento, porque el vínculo entre ambos no constituye una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, del tipo de las que conoce el tribunal responsable indicado, sino una relación entre diferentes autoridades o poderes que, en el caso particular, no tuvo su origen en una elección popular, sino que sólo puede ser revocado mediante un procedimiento especial; y,

l) Que las autoridades demandadas vulneran el derecho humano del Ayuntamiento de Yecapixtla a la integración del mismo, para salvaguardar la gobernabilidad y estabilidad jurídica de los Municipios y de los propios ciudadanos que habitan el Municipio, esto, en aras de un principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su autonomía política, tal como lo contempla el artículo 115 constitucional.

4. CUARTO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violados son los artículos 14, 16, 115, fracción I, párrafo tercero, y 133.

5. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 328/2017, tuvieron como demandados sólo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a los que ordenaron emplazar, para que formularan su contestación; por último, mandaron dar vista a la Procuraduría General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera y ordenaron formar cuaderno incidental, respecto de la suspensión solicitada por el Municipio actor.

6. En proveído de dos de enero de dos mil dieciocho, una vez iniciado el primer periodo de sesiones de este Alto Tribunal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designó, como instructora, a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

7. SEXTO.—Contestación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. El presidente del tribunal, al dar contestación a la demanda, señaló, esencialmente, lo siguiente:

a) No le asiste la razón al Municipio actor en cuanto pretende se declare la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y su acto de aplicación, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad establece la obligación, a cargo de los presidentes municipales, de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que, si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables y se cumplirán por la autoridad correspondiente, no hay duda que procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada Ley del Servicio Civil, al funcionario que no cumpliera lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que el presidente municipal de Yecapixtla, desatendió el laudo dictado en el expediente 01/569/13;

b) Que sólo compete al Congreso del Estado sancionar actos u omisiones que pudieran derivar en responsabilidad política o administrativa de los servidores públicos, por el ejercicio indebido de sus funciones; mientras que la sanción prevista en la disposición impugnada es una consecuencia directa, por la desobediencia a una resolución dictada por un autoridad jurisdiccional laboral, cuya finalidad es asegurar su debido cumplimiento;

c) Que el incumplimiento a los laudos de la autoridad jurisdiccional laboral, también constituye una conducta que da lugar a la responsabilidad administrativa o política de los presidentes municipales, ya que la obligación de acatarlos está contemplada en el artículo 41, fracción XXXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por lo que no pueden desconocerse la atribuciones que corresponden al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para hacer cumplir sus resoluciones, como lo es aplicar la sanción consistente en la destitución del servidor público infractor, ya que tampoco puede afirmarse que los procedimientos administrativos o políticos sean la vía idónea para hacer efectivas las medidas de apremio, como la contenida en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, de suerte que el citado tribunal puede imponer las sanciones procedentes para hacer efectivas sus resoluciones, sin necesidad de seguir los procedimientos administrativos o políticos referidos;

d) Que la medida tomada en el caso, a saber, la destitución del presidente municipal de Yecapixtla, Morelos, no ataca ni afecta la integración municipal, ya que el artículo 172 de la Ley Orgánica Municipal establece el procedimiento a seguir para la designación de un nuevo presidente municipal.

8. Las causas de improcedencia hechas valer, por el citado tribunal demandado, son las siguientes:

a) La determinación de destitución del presidente municipal de Yecapixtla, que se combate, constituye una resolución de carácter jurisdiccional, en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que se actualiza el contenido de la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."

b) La aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica Municipal, en específico, la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación del presidente municipal de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto desarrollado en la tesis jurisprudencial «P. XV/2009», que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."

9. SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en esencia, señaló lo siguiente:

a) Es infundado lo aducido por la parte actora, respecto a que se violaron, en su perjuicio, los artículos 14, 16, 115, fracción I, párrafo tercero, y 116 de la Constitución Federal, ya que el Ejecutivo del Estado actuó conforme a las facultades constitucionales y legales que le son conferidas para promulgar y publicar esa disposición legal;

b) Que la sanción contemplada en la disposición impugnada es la destitución de quienes incumplan las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pero no refiere la desaparición de los Ayuntamientos, sino únicamente la aplicación de la sanción para el infractor, incluyendo a los representantes del Ayuntamiento, lo que no se prevé dentro de los procedimientos que refiere el artículo 115 de la Constitución Federal, en relación con el 41 de la Constitución Local; se está sólo frente a una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral;

c) Que en el caso concreto, la determinación adoptada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje cuenta con la debida fundamentación y motivación, pues, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 45, fracción XIII, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se establece el alcance de la obligatoriedad que tienen los Municipios y sus entes frente a situaciones como el pago de laudos laborales; destacando que no se hace distinción alguna por el tipo de nombramiento o su naturaleza, como erróneamente lo pretende hacer valer la parte actora; y,

d) Que no se afecta la integración y ejercicio de las funciones del Ayuntamiento, pues debe tomarse en cuenta que existen funcionarios suplentes, para el caso de que sea necesario sustituir al servidor público electo.

10. OCTAVO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado dio contestación a la demanda, señalando, en esencia, lo siguiente:

Causas de improcedencia

a) Al no ser el primer acto de aplicación, debe declararse la improcedencia, puesto que el Municipio ya había promovido diversa controversia constitucional 40/2015, de la que tocó conocer a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que reclamó la norma general y actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de Morelos; y,

b) En la controversia mencionada, la Primera Sala de la Suprema Corte tuvo por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, pues la citada controversia se promovió de manera extemporánea, y la porción normativa impugnada no podía aplicarse para sancionar a servidores públicos de distinta naturaleza, que tengan la calidad de patrón o partes en los juicios laborales y que, aun sin serlo, tuvieran la obligación legal de acatar las resoluciones que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Respecto de la validez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos:

a) Es evidente que el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos persigue una finalidad constitucionalmente válida, que se desprende del artículo 17 constitucional, porque protege el derecho de acceso de impartición de justicia, en específico, el principio de completitud, pues la finalidad de tal precepto es que las resoluciones emitidas, por un órgano jurisdiccional, se cumplan y ejecuten en los términos ordenados; y,

b) Que el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, puede aplicarse para sancionar a servidores públicos de distinta naturaleza, que tengan la calidad de patrón y partes en los juicios laborales, y quienes, aun sin serlo, tengan la obligación legal de acatar las resoluciones que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

11. NOVENO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

12. DÉCIMO.—Audiencia para la presentación de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento, en la presente controversia constitucional, con fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.

13. DÉCIMO PRIMERO.—Dictamen. Previo dictamen formulado por la Ministra instructora, por auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó remitir el asunto para su avocamiento y resolución a la Primera Sala de este Alto Tribunal, en la que se encuentra adscrita la Ministra instructora.

14. DÉCIMO SEGUNDO.—Avocamiento. Mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó avocarse al conocimiento del asunto y devolver los autos a su ponencia, para formular el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

15. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Yecapixtla y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, en la que, a pesar de que se combate una norma de carácter general, lo cierto es que no es el primer acto de aplicación, como se explicará más adelante.

16. SEGUNDO.—Fijación de la litis. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.

17. En el apartado denominado, actos cuya invalidez se demanda, señaló, como tales, los siguientes:

• El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado el seis de septiembre de dos mil.

• La invalidez de las consecuencias y actos subsecuentes que se hayan originado y los que se sigan originando con motivo de su aplicación.

• La asunción de competencia por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto de ordenar la revocación de mandato o destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, con fundamento en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad.

• La invalidez del oficio TECyA/011332/2017, de requerimiento de destitución de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.

• La invalidez de la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el siete de mayo de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente la imposición de la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos.

• El acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, consecuencia de la sesión plenaria referida con anterioridad, donde se ordena la destitución o revocación del mandato del presidente municipal de Yecapixtla, Morelos, dentro del expediente 01/569/13, radicado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

18. No obstante tal señalamiento, esta Primera Sala considera que, del análisis integral de la demanda, lo efectivamente impugnado es el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y la resolución de siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/569/13, en la que se declara procedente la destitución del presidente municipal del Municipio de Yecapixtla, Morelos.

19. Esto, pues, en su demanda, el actor no se duele de la orden al presidente municipal de abstenerse de realizar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que correspondan a su cargo, apercibido de que, en caso de no acatar la destitución ordenada, podría encuadrarse la conducta estipulada en el artículo 295 del Código Penal para el Estado de Morelos, como lo establece el oficio TECyA/011332/2017, sino que, únicamente, ataca la destitución decretada, siendo la orden y apercibimiento señalada, consecuencia de la destitución que en realidad controvierte, por lo que, es sólo ese acto, el que debe tenerse por impugnado.

20. Lo anterior, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(1) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.—El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."

21. TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

22. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece, en sus fracciones I y II, el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional, cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma.(2)

Tratándose de actos:

• A partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

• A partir del día siguiente, al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;

• A partir del día siguiente, al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En el caso de normas generales:(3)

• A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;

• A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

23. En primer lugar, deberá analizarse la oportunidad de la demanda respecto de la resolución de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/569/13, en atención a lo siguiente:

• El miércoles ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se notificó al Municipio actor, mediante el oficio TECyA/011332/2017, la determinación impugnada.

• La notificación surtió efectos el jueves nueve de noviembre siguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la ley de la materia.(4)

• El plazo legal de treinta días hábiles, para impugnar el acto reclamado, transcurrió del viernes diez de noviembre de dos mil diecisiete al lunes ocho de enero de dos mil dieciocho, descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre; dos, tres, nueve, diez y del dieciséis al treinta y uno de diciembre, todos de dos mil diecisiete, por ser el segundo periodo de receso, así como uno, seis y siete de enero de dos mil dieciocho, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el numeral 74 de la Ley Federal del Trabajo, y punto primero, inciso c), del Acuerdo General Número 18/2013, emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• La demanda se interpuso oportunamente, respecto de la resolución impugnada, al haberse presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de éste Máximo Tribunal el viernes quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 46 reverso del expediente).

24. Ahora bien, en el escrito inicial de demanda se impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con motivo de su aplicación en la resolución de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/569/13, cuya impugnación –como quedó establecido– fue oportuna; en ese sentido, debe analizarse si, en el caso, efectivamente se trata del primer acto de aplicación, pues, de lo contrario, el cómputo de la oportunidad debe hacerse a partir de la publicación de las normas generales impugnadas.

25. El contenido de la resolución de siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/569/13, es el siguiente:

"Fidel Valentín González Perez

Vs.

H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Mor.

Expediente: 01/569/13

"Cuernavaca, Morelos; a siete de noviembre del año dos mil diecisiete. Y estando debidamente integrado el Pleno de este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se procede a resolver sobre la imposición de la medida de apremio decretada mediante acuerdo de fecha primero de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 01/569/13, promovido por el actor (a) C. Fidel Valentín González Pérez, consistente en la destitución del presidente municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Yecapixtla, Morelos, en virtud de no haber dado cumplimiento al laudo de fecha treinta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28948-0ad88e9f/i-controversia-constitucional-es-improcedente-contra-un-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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