I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (CONSECUENCIAS Y ACTOS SUBSECUENTES QUE SE HAYAN ORIGINADO O SE SIGAN ORIGINANDO CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO CON ANTERIORIDAD (ARTÍCULO 124 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES, SI ÚNICAMENTE SE ESGRIMEN ARGUMENTOS DE LEGALIDAD (ACUERDO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE MORELOS, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL BUROCRÁTICO 01/452/06; Y LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, DEL PLENO DE DICHO TRIBUNAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2015. MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS. 30 DE MARZO DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de marzo de dos mil dieciséis.
V I S T O S para resolver los autos de la controversia constitucional 40/2015 y;
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda, órganos demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el treinta de junio de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Refugio Amaro Luna y Marcos Anzurez Castillo quienes se ostentaron, respectivamente, con el carácter de Presidente Municipal y de Síndico Procurador del Municipio de Yecapixtla, Estado de Morelos, promovieron controversia constitucional en representación del citado municipio, en la que se solicitaron la invalidez de los actos y norma que más adelante se señalan, emitidos por los órganos que a continuación se menciona:
"IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO.- Al respecto se mencionan los siguientes: --- A) La INVALIDEZ de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en vigor, publicada el día 06 de septiembre del año 2000, en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad', órgano de difusión del gobierno del Estado de Morelos. --- B) La INVALIDEZ del acuerdo y/o auto DE REQUERIMIENTO DE DESTITUCIÓN de fecha 07 de mayo del año 2015, emitido por el C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, dentro del expediente laboral burocrático identificado con el número de expediente 01/452/06 y en cuyo contenido se hace del conocimiento de manera precaria y deficiente en su narrativa la supuesta sesión del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje celebrada con fecha 24 de abril del 2015, en donde supuestamente por unanimidad de votos el pleno de dicho H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, determinó proceder a destituir al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Yecapixtla, Morelos, conforme a la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. --- C) La INVALIDEZ de la sesión del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje celebrada con fecha 24 de abril del 2015, dentro del cual por unanimidad de votos el pleno de dicho H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, determinó proceder a destituir al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Yecapixtla, Morelos, conforme a la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sesión de pleno que fue hecha del conocimiento de los suscritos promoventes de manera precaria y deficiente en la narrativa, al momento de notificársenos el acuerdo y/o auto DE REQUERIMIENTO DE DESTITUCIÓN de fecha 07 de mayo del año 2015 emitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, contenido dentro del expediente laboral burocrático identificado con el número de expediente 01/452/06. --- D) La INVALIDEZ de las consecuencias y actos subsecuentes que se hayan originado y los que se sigan originando, con motivo de la aplicación del precepto legal anteriormente mencionado cuya invalidez se demanda".
SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, corresponden a los siguientes:
1. Que el veintidós de agosto de dos mil, el Congreso del Estado de Morelos aprobó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual fue promulgada el uno de septiembre de dos mil, y publicada el seis del mismo mes y año, por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; en la que se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores al servicio del Gobierno Estatal y Municipio del Estado de Morelos, así como el procedimiento de cómo se resolverán los conflictos que se susciten entre los mismos.
2. El treinta de noviembre de dos mil seis, Emilio Silvano Pérez García, María de Lourdes Solís Francisco, Porfirio Rogelio Yáñez Ramos, Reyes García Rocha, Carlos Enrique Acevedo Sánchez, Emigdia Gallardo Villamar, Carlos Antos Garcés Palma, Macario Rebollo Aldama, José Alejandro Morales Garcés, Hipólito Terrón Cortes y Araceli Carmona Portillo, presentaron demanda laboral burocrática ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, reclamando el pago de diversas prestaciones, razón por la cual el referido tribunal radicó la demanda con el número 01/452/06, donde previos trámites legales correspondientes, el doce de septiembre de dos mil ocho dictó el laudo relativo; luego mediante auto de veintiuno de marzo de dos mil catorce, el Presidente del referido tribunal, decretó auto de requerimiento de pago, por la cantidad de $3`910,253.01 (tres millones, novecientos diez mil, doscientos cincuenta y tres pesos 01/100, con apercibimiento al Presidente del Ayuntamiento de Yecapixtla, Estado de Morelos, de aplicar la sanción de destitución, para el caso de incumplimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (precepto impugnado en la presente controversia constitucional), el cual fue notificado el dieciocho de junio de dos mil ocho.
3. El diecinueve de mayo de dos mil quince, se notificó al Ayuntamiento de Yecapixtla, Estado de Morelos, auto de requerimiento de destitución de siete de mayo de dos mil quince (también impugnado en la presente controversia constitucional), donde se informaba que por acuerdo del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, celebrada el veinticuatro de abril de dos mil quince, se determinó proceder a la destitución del Presidente del Ayuntamiento de Yecapixtla, Estado de Morelos, de conformidad con la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, del cual solicitan la invalidez por considerar que atenta contra los principios de supremacía constitucional y de inviolabilidad constitucional.
TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, en síntesis, son los siguientes:
Primer concepto de invalidez.
• La aplicación que pretende realizar el Presidente y el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, respecto de la sanción contenida en la fracción II del numeral 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado en vigor, es violatoria de los artículos 14, 16 y 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución General de la República, ya que infringe el principio de la determinación constitucional de las responsabilidades de los servidores públicos que deriva de la propia Constitución, el cual exige que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las causas y los mecanismos de aplicación de las medidas disciplinarias que deban imponerse a los presidentes, regidores y síndicos municipales electos popularmente por elección directa, de manera que no quede margen a la arbitrariedad.
• Existe exceso y defecto legal tanto en el acuerdo de siete de mayo de dos mil quince, como en la sesión del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad de veinticuatro de abril del citado año, en virtud de que el Presidente de dicho órgano relata que el cinco de febrero de dos mil quince se emitió un acuerdo en el que se le solicitó al Congreso del Estado el juicio de procedencia para destituir al Presidente del Municipio de Yecapixtla, siendo que en la actualidad no genera contestación alguna, por lo que es evidente que no se ha agotado el principio de definitividad correspondiente, ni los actos en comento resultan congruentes con las constancias que integran el expediente laboral burocrático.
• El auto de siete de mayo de dos mil quince resulta inconstitucional, ya que al requerir al propio Ayuntamiento de que en un término de tres días exhiba las constancias que acrediten su ejecución así como de todas las acciones legales o administrativas realizadas para hacer efectiva la destitución de quien actualmente ostente el cargo de Presidente Municipal, vulnera el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, pues el Ayuntamiento no cuenta con las facultades legales necesarias para realizar aquello que se pretende imponer.
• La única autoridad facultada para el efecto de poder sustituir, suspender, revocar y/o destituir del cargo al Presidente Municipal del Ayuntamiento o algunos de sus miembros, es el Congreso del Estado y no el Presidente o el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ni mucho menos el Ayuntamiento.
Segundo concepto de invalidez.
• El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, invade la esfera de competencia del Congreso local que la propia Constitución Federal le otorga en su numeral 115, fracción I, párrafo tercero, pues es el Legislativo de la entidad quien cuenta con las facultades de realizar la situación regulada en el artículo impugnado, por lo que atenta contra los principios de supremacía constitucional y de inviolabilidad constitucional.
• Es decir, el artículo impugnado pretende delegar al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad, una facultad señalada de manera exclusiva por mandando constitucional a favor el Congreso de Morelos, lo que degrada el principio de la determinación constitucional que reservan la Constitución Federal y Estatal, pues la sanción de destitución de algún miembro del gobierno municipal y estatal, está reservada únicamente al juicio político y al desafuero.
• Tal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diversas controversias constitucionales, la pérdida del cargo o la suspensión en las funciones de un servidor público, como lo es el de un Presidente Municipal, procede como consecuencia de un juicio político, y la excitativa para promover tal no puede derivar de la imposición de una medida disciplinaria, razón por la cual el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de Morelos, excede la Constitución Federal.
• Si bien los artículos 109 y 110 de la Constitución General de la República señalan el camino a seguir a fin de sancionar a un funcionario público en caso de que incurra en responsabilidad en virtud de su ejercicio, así como las personas que pudieran estar sujetas a juicio político, lo cierto es que la fracción II del artículo combatido no prevé que las correcciones disciplinarias sean impuestas con motivo de juicio político, sino como sanciones disciplinarias.
• Se concluye que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de Morelos, el cual determina que la destitución de algún miembro del gobierno municipal y/o estatal podrá ser impuesta por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, es inconstitucional, por no sujetarse a lo dispuesto por los numerales 109 y 110 de la Norma Fundamental, en relación con el procedimiento bajo el que puede ser sancionado por responsabilidad administrativa un servidor público local que goza de fuero constitucional, ya que si bien a las legislaturas locales corresponde fijar las bases de la responsabilidad de sus servidores públicos, tal regulación debe ajustarse a la Ley Suprema cuando éstos gocen de dicho fuero.
• Además, dicho precepto impugnado vulnera el artículo 115, fracción I, 36, fracción IV y, como consecuencia, el 16 de la Constitución General de la República, toda vez que se está impidiendo desempeñar un cargo de elección popular fundándose en una norma legal que no tiene sustento en la Norma Constitucional, pues sus numerales 108 al 115 (Título Cuarto) solamente autorizan la destitución del cargo con motivo de un juicio político, y no de una sanción disciplinaria.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 14, 16 y 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de treinta de junio de dos mil quince, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 40/2015. Por razón de turno se designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.
El siete de julio de dos mil quince, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional por lo que hace al Síndico Procurador del Municipio actor; tuvo como autoridades demandadas a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Morelos, a quienes ordenó emplazar para que formularan su contestación. Asimismo ordenó dar vista a la Procuradora General de la República para que manifestara lo que a su derecho y representación correspondiera.
SEXTO. Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo de Morelos. Al contestar la demanda, el Poder Ejecutivo local no aceptó ni negó los actos que se le reclaman al aducir que no son hechos propios y consideró inatendibles e inoperantes los conceptos de invalidez, de acuerdo a lo siguiente:
a) El Municipio actor no tiene legitimación ad causam, toda vez que carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia, tomando en consideración que el Poder Ejecutivo del Estado no ha realizado acto alguno que invada o afecte su órbita competencial, resultando aplicable la jurisprudencia 2a./J. 75/97, de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO".
Asimismo, se actualiza la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo de Morelos, en razón de que no ha llevado a cabo acto alguno que constituya una invasión o afectación a la esfera competencial del Municipio actor.
b) Los actos de promulgación y publicación, los cuales son los únicos atribuibles al Ejecutivo local, se realizaron con estricto apego a las facultades constitucionales con las que cuenta, esto es, de conformidad con lo establecido por el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución de Morelos.
c) Deben declararse inatendibles e inoperantes los conceptos de invalidez que esgrime el actor, ya que todo acto de autoridad se encuentra investido de una presunción de validez, y lo expuesto por el demandante es ambiguo y superficial en tanto no señala algún razonamiento capaz de ser analizado por el Alto Tribunal.
d) Es infundado que se viole en perjuicio del Municipio actor los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución General de la República, tomando en consideración que al Gobernador del Estado sólo se le atribuye la promulgación de la Ley de Justicia Administrativa de Morelos (sic) misma que fue emitida en términos de las facultades constitucionales y legales con las que cuenta.
SÉPTIMO. Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo de Morelos. Al contestar la demanda, el Poder Legislativo local aceptó algunos actos que se le reclaman y negó otros, considerando infundados los conceptos de invalidez, conforme a lo siguiente:
a) Es improcedente la controversia constitucional en términos del artículo 19, fracción VIII, de la ley de la materia, toda vez que el Municipio de Yecapixtla, Morelos, no cuenta con un interés legítimo, pues la existencia de éste requiere de una afectación que resienta en su esfera de atribuciones, siendo que el Poder Legislativo de la entidad cuenta con las facultades para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior del Estado con fundamento en el numeral 40, fracción II, de la Constitución de Morelos, de donde se concluye que de ninguna forma se vulnera la autonomía municipal.
b) En cuanto al primer concepto de invalidez, en el que se reclama el acuerdo de siete de mayo de dos mil quince, emitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no es un acto enderezado en contra del Congreso del Estado.
c) Respecto al segundo concepto de invalidez en el que el Municipio actor reclama la invalidez de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se pone de relieve que el Congreso local tiene facultad para expedir aquélla, y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, creado constitucionalmente para regir las relaciones laborales entre los poderes del Estado y los Municipios con sus trabajadores, está dotado de plena jurisdicción para conocer de sus asuntos desde su inicio hasta su terminación, incluyendo la ejecución.
Si bien el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es de carácter administrativo al depender del Poder Ejecutivo de Morelos, lo cierto es que no es un tribunal de simple anulación de actos, ya que ante los cuestionamientos de los resultados de las labores de los trabajadores burócratas, el Legislador local dotó a dicho tribunal de facultades a efecto de hacer cumplir sus resoluciones, pues, de lo contrario, no podría constituir el medio de control de las relaciones sociales por excelencia.
El derecho laboral burocrático fue elevado a norma de rango constitucional, y sus bases se asientan en el artículo 123, apartado B, de cuya iniciativa presentada a la Cámara de Senadores en mil novecientos cincuenta y nueve, se advierte la intención del Ejecutivo Federal de crear un verdadero sistema que garantizara el respeto a los derechos de los gobernados cuando mantuvieran una relación laboral con el Estado, lo que evidencia la intención de someter a éste cuando actúa como asimilado a patrón.
De lo señalado en el artículo 123, apartado B, fracción XII, constitucional, se hace notar que las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje deben contar con los medios suficientes para lograr que las autoridades cumplan en breve término con los laudos en los que se les impone alguna condena y, lograr con ello, que se acate el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues tal cuestión no se limita a emitir un fallo en el que se dilucide la controversia, sino que incluye que esa sentencia se ejecute.
Luego entonces, si en el proceso laboral burocrático la ejecución de las sentencias solo pudiera apremiarse a fin de que se cumpla con el laudo condenatorio sin una vía ejecutiva o destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, implícitamente se privilegiaría a los funcionarios sujetando su cumplimiento voluntario a una potestad discrecional.
No se puede confundir al órgano con su titular, toda vez que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje al resolver sobre la destitución del servidor público no pone en tela de juicio la responsabilidad del órgano en cuestión, sino que única y exclusivamente analiza la responsabilidad del titular del órgano, siendo que ésta se determina con una resolución estimatoria en un juicio político o en un procedimiento equiparable el cual afecta a la persona física objeto del mismo.
De esta forma, en ningún momento se actualiza una afectación al Municipio como tal, el cual no puede hacer valer que la resolución dictada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en la que se resolvió la destitución de uno de sus integrantes, le genere perjuicio, porque no invade su esfera competencial, sino sólo actúa con base en un mandato constitucional. Es decir, la expedición de la Ley del Servicio Civil de la entidad en la que se estableció como sanción la destitución de funcionarios para hacer efectivas las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no puede dar lugar a una invasión de esferas, pues el único afectado es el propio enjuiciado.
OCTAVO. Audiencia y cierre de instrucción. Agotado el trámite respectivo, el siete de diciembre de dos mil quince tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se hizo constar que las partes no formularon alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. Radicación. Previo dictamen formulado por el Ministro instructor, por auto de once de febrero de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó remitir el asunto para su avocamiento y resolución a la Primera Sala de este Alto Tribunal.
DÉCIMO. Avocamiento. Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I,(2) y 11, fracción V,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2013, puntos Segundo, fracción I, a contrario sensu, y Tercero, emitido por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Yecapixtla, Morelos, y los poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Certeza de actos. En la presente controversia constitucional la parte actora impugna lo siguiente:
a) El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el seis de septiembre de dos mil.
b) El acuerdo de siete de mayo de dos mil quince, emitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, dentro del expediente laboral burocrático 01/452/06.
c) La resolución adoptada en sesión extraordinaria de veinticuatro de abril de dos mil quince, del Pleno de dicho Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos.
Además,
d) Las consecuencias y actos subsecuentes que se hayan originado o se sigan originando con motivo de la aplicación del precepto legal cuya invalidez se demanda.
Ahora, respecto de los actos marcados con los incisos a) a c), debe señalarse que conforme a las constancias que obran en autos y que aportaron las partes al juicio, se encuentra acreditada su existencia; máxime que el señalado en el inciso a) se trata de una norma general cuya existencia no es menester acreditar.
No obstante ello, esta Primera Sala advierte que los actos precisados en el inciso d), relativos a las consecuencias y actos subsecuentes que se hayan originado o se sigan originando con motivo de la aplicación del precepto legal cuya invalidez se demanda, constituyen actos futuros e inciertos cuya existencia no se acredita en autos, por lo que procede el sobreseimiento con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(4)
TERCERO. Oportunidad. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se procede a analizar si la demanda fue presentada oportunamente.
Conforme a lo señalado anteriormente la materia de impugnación en la presente controversia constitucional, es:
e) El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el seis de septiembre de dos mil.
La norma general precisada se impugna por virtud de lo que el accionante considera su primer acto de aplicación, y que hace consistir en lo siguiente:
f) El acuerdo de siete de mayo de dos mil quince, emitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, dentro del expediente laboral burocrático 01/452/06.
g) La resolución adoptada en sesión extraordinaria de veinticuatro de abril de dos mil quince, del Pleno de dicho Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos.
El 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, constituye una norma general, toda vez que cuenta con los elementos de generalidad y abstracción, al ser aplicable a todo sujeto que se coloque en la hipótesis normativa y no encontrarse dirigido a un caso particular, ni agotarse al momento de su aplicación.
En tanto, que el acuerdo de siete de mayo de dos mil quince y la resolución de veinticuatro de abril del mismo año, constituyen actos en sentido estricto, por referirse a una situación particular y concreta.
Atento a lo anterior, a efecto de determinar si la demanda fue promovida oportunamente respecto de la norma impugnada, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que establece que, tratándose de normas generales, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación o al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.(5)
En el caso, atendiendo a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, la impugnación del 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil estatal, resulta notoriamente extemporánea, toda vez que su texto data del seis de septiembre de dos mil, sin haber sufrido reformas desde esta fecha.(6)
Por otro lado, si se considera que el citado precepto se impugna con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la resolución adoptada en sesión extraordinaria de veinticuatro de abril de dos mil quince, del Pleno de dicho Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, dentro del expediente laboral burocrático 01/452/06, notificada a través del acuerdo de siete de mayo de dos mil quince, emitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos; si bien, se advierte que, fueron expedidos con fundamento en dicho artículo, lo cierto es que no constituye el primer acto de aplicación del mismo en perjuicio del Municipio actor.
Lo anterior, toda vez que, de constancias se advierte, en síntesis lo siguiente:
1. El treinta de noviembre de dos mil seis, Emilio Silvano Pérez García, María de Lourdes Solís Francisco, Porfirio Rogelio Yáñez Ramos, Reyes García Rocha, Carlos Enrique Acevedo Sánchez, Emigdia Gallardo Villamar, Carlos Antos Garcés Palma, Macario Rebollo Aldama, José Alejandro Morales Garcés, Hipólito Terrón Cortes y Araceli Carmona Portillo, presentaron demanda laboral burocrática ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, reclamando el pago de diversas prestaciones, razón por la cual el referido tribunal radicó la demanda con el número 01/452/06, donde previos trámites legales correspondientes, el doce de septiembre de dos mil ocho dictó el laudo correspondiente en el que se resolvió que la parte actora acreditó su acción principal y parcialmente las accesorias, y el Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, fue condenado al pago y cumplimiento de ciertas prestaciones.
2. Inconforme con la resolución anterior, la parte demandada interpuso amparo directo, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, bajo el número 885/2008, resolviendo en sesión de seis de marzo de dos mil nueve, negar el amparo al Municipio de Yecapixtla, Morelos.
3. Después del deshago de la audiencia incidental de liquidación, el siete de septiembre de dos mil nueve, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje dictó un auto de requerimiento al Municipio demandado por la cantidad de $4`741,534.73 (cuatro millones setecientos cuarenta y un mil quinientos treinta y cuatro pesos 73/100 M.N.), así como por lo relacionado a las constancias y documentos que acreditaran la inscripción y el pago de las cuotas correspondientes y, para el caso de existir negativa, se procediera a embargar los bienes suficientes propiedad de la demandada.
4. El tres y once de noviembre de dos mil nueve, se tuvo a dos de los demandantes desistiéndose lisa y llanamente de la demanda interpuesta en contra del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, fue condenado al pago y cumplimiento de ciertas prestaciones demandado; y los días uno, seis y nueve de julio de dos mil trece, se tuvo a otros de los actores celebrando convenio con el Ayuntamiento demandado y, dando por concluido el expediente laboral.
5. Después de diversas solicitudes realizadas por los actores en el juicio laboral, al Tribunal de Conciliación, a efecto de que se requiriera el cumplimiento; Reyes García Rocha, Carlos Enrique Acevedo Sánchez, José Alejandro Morales Garcés, Hipólito Terrón Cortes, Porfirio Rogelio Yáñez Ramos, Emigdia Gallardo Villamar, Carlos Enrique Acevedo Sánchez, Araceli Carmona Portillo y Macario Rebollo Aldama, interpusieron juicio de amparo indirecto, señalando como autoridad responsable al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del cual reclamaron "la denegación de justicia por parte de las autoridades responsables al negarse a dictar las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo que puso fin a la controversia planteada dentro del expediente 01/452/06, y para efecto del pago correspondiente de las cantidades a que hace referencia el laudo de 12 de septiembre de 2008"; de dicho amparo tocó conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, bajo el número 207/2013, resolviendo el tre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200129-d22b1397/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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