I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES OPORTUNA LA IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS, AL CONSTITUIR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE ESA ENTIDAD. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS NO TIENE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL EN AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC DE ESA ENTIDAD). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. LA OMISIÓN DE REFRENDAR UNA LEY O UN DECRETO POR EL SECRETARIO DEL RAMO, NO CUMPLE EL REQUISITO DE VALIDEZ PARA QUE UNA NORMA GENERAL TENGA EL CARÁCTER DE OBLIGATORIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE ESA ENTIDAD). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL QUE SE HACE EXTENSIVA A SUS ACTOS DE APLICACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO DE CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO DE CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESA ENTIDAD POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 173/2016. MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS. 3 DE JULIO DE 2018. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, KOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de julio de dos mil dieciocho.
VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Temoac, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de Morelos, que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1. Congreso del Estado.
2. Gobernador constitucional.
3. Secretario de Gobierno.
4. Secretario del Trabajo.
5. Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
6. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Actos cuya invalidez se demanda:
1. Artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil.
2. Oficio **********, por el que se comunica la determinación del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de destituir a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, con fundamento en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad.
3. Resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral **********, en la que se declara procedente la aplicación decretada en acuerdo de treinta y uno de mayo del mismo año por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, Morelos.
4. La orden dada a la mencionada presidenta municipal de abstenerse de realizar todo tipo de actos que en razón de sus funciones le corresponden, con el apercibimiento en caso de incumplimiento, de encuadrar su conducta en lo previsto por el artículo 295 del Código Penal del Estado de Morelos.
SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
1. El uno de enero de dos mil dieciséis se integró el Ayuntamiento de Temoac, Estado de Morelos, con una presidenta, un síndico y tres regidores.
2. El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis se hizo del conocimiento del Ayuntamiento de Temoac, Estado de Morelos, la determinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de destituir a su presidenta municipal, con fundamento en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad.
TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y concepto de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no cumple con los requisitos constitucionales para su creación, violentando así el segundo párrafo del numeral 14 de la Constitución Federal, ya que no existe la iniciativa de ley; el dictamen de la Comisión de Trabajo o Puntos Constitucionales del Congreso del Estado; no hubo discusión del contenido del dictamen de la norma por parte del Pleno del Congreso; tampoco existe el procedimiento de votación para su aprobación ni la observancia de la fórmula de expedición, ni se acató la sanción, el refrendo por parte de los secretarios de Gobierno y del trabajo, la promulgación, la publicación y la fecha de inicio de vigencia de la norma para que pueda ser observada.
Por otro lado, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos transgrede el numeral 115 de la Constitución General de la República, al establecer que las infracciones a la citada Ley del Servicio Civil que no tengan prevista otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, sanción que será impuesta en su caso, por el mencionado tribunal, desconociendo que esa atribución corresponde a las Legislaturas de los Estados, únicas facultadas para determinar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la suspensión de Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre que se dé a sus miembros la oportunidad suficiente para rendir pruebas y plantear los alegatos que a su interés convenga.
De igual manera, el acuerdo de destitución de la presidenta municipal de Temoac, Morelos, transgrede lo establecido por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Suprema, que consagra el derecho de toda persona a que con anterioridad a la emisión de un acto de autoridad que pueda privarla de sus derechos o posesiones, se le conceda la oportunidad razonable de defenderse en juicio, de probar y alegar, ante tribunales independientes, imparciales y previamente establecidos.
Además, la determinación de destitución impugnada viola el artículo 16 de la Constitución Federal ya que no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues no se expresan las razones por las que el Municipio actor está obligado a pagar lo condenado en los laudos a pesar de no encontrarse dentro del presupuesto anual programado, alterándose el manejo de las finanzas públicas, máxime que carece de motivación dado que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje excede sus facultades en tanto que la de remoción o destitución del presidente municipal es exclusiva del Poder Legislativo Local, por lo que aquél invade la competencia de éste y afecta la debida continuación del Ayuntamiento.
En este sentido, el acuerdo de destitución impugnado transgrede lo señalado en la fracción I del artículo 115 del Ordenamiento Supremo, pues se decretó la destitución de la presidenta municipal sin notificar al Ayuntamiento el inicio del procedimiento relativo para darle oportunidad de defensa, desconociéndose que el Poder Reformador de la Constitución salvaguardó la integración y la continuidad en el ejercicio de las funciones de los Municipios, al facultar de manera exclusiva a los Congresos Locales para afectar dicha integración, lo que reconoció el Congreso del Estado de Morelos, al establecer el procedimiento relativo en la ley orgánica municipal de la entidad.
Invoca el Municipio actor, en apoyo de sus argumentos, las jurisprudencias «P./J. 7/2004 y P./J. 115/2004», de rubros: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO, SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRANSGREDE LA PRERROGATIVA CONCEDIDA A DICHO ENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN SALVAGUARDAR SU INTEGRACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO."
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 173/2016, y designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.
En auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados sólo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, a los secretarios de Gobierno y del Trabajo, así como al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; por último, mandó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.—Contestación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. El presidente y tercer árbitro y la secretaria general de dicho tribunal contestaron la demanda, en los siguientes términos:
I. Causas de improcedencia.
1. La determinación de destitución de la presidenta municipal de Temoac, Estado de Morelos, que se combate, constituye una resolución de carácter jurisdiccional en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional, de conformidad con la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."
2. La aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la ley orgánica municipal, en específico la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación del presidente municipal de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis jurisprudencial «P. XV/2009», que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."
II. Contestación a los conceptos de invalidez.
El catorce de septiembre de dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje determinó destituir de su cargo a la presidenta municipal de Temoac, Morelos, por no haber dado cumplimiento al convenio celebrado en el juicio laboral **********, por lo que no se vulneran las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal porque los actos impugnados fueron debidamente fundados y motivados y provienen de autoridad competente, además que no se privó al Municipio actor del derecho al debido proceso.
El artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables y se cumplirán por la autoridad correspondiente, no hay duda que procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada Ley del Servicio Civil, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que la presidenta municipal de Temoac, Morelos, desatendió el convenio celebrado en el expediente **********.
Al Congreso del Estado compete sancionar actos u omisiones que pudieran derivar en responsabilidad política o administrativa de los servidores públicos por el ejercicio indebido de sus funciones, mientras que la sanción prevista en la disposición que se impugna es una consecuencia directa por la desobediencia a una resolución dictada por una autoridad jurisdiccional laboral, cuya finalidad es asegurar su debido cumplimiento.
El incumplimiento a los laudos de la autoridad jurisdiccional laboral también constituye una conducta que da lugar a la responsabilidad administrativa o política de los presidentes municipales, ya que la obligación de acatarlos está contemplada en la fracción XXXIX del numeral 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por lo que no pueden desconocerse las atribuciones que corresponden al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para hacer cumplir sus resoluciones, como lo es aplicar la sanción consistente en la destitución del servidor público infractor, ya que tampoco puede afirmarse que los procedimientos administrativos o políticos sean la vía idónea para hacer efectivas las medidas de apremio, como la contenida en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, de suerte que el citado tribunal puede imponer las sanciones procedentes para hacer efectivas sus resoluciones sin necesidad de seguir los procedimientos administrativos o políticos referidos.
La facultad contenida en la norma impugnada a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos no contraviene el artículo 115 de la Constitución Federal, que prevé los lineamientos específicos para que pueda ocurrir el desconocimiento de los poderes municipales o de los miembros del Ayuntamiento por parte del poder estatal, es decir, para que pueda haber una intromisión del Estado en el ámbito de gobierno del Municipio, mientras que la disposición que se cuestiona sólo prevé una sanción que, en vía de apremio, autoriza a dicho tribunal a imponerla en caso de incumplimiento a sus resoluciones, sin que ello suponga una injerencia o afectación en la gobernabilidad del Municipio, sino únicamente una forma de hacer coercibles y efectivas sus decisiones.
Esto es, se trata de cuestiones distintas, pues la Ley Suprema alude a la atribución del Congreso Local, que refiere también la Constitución de la entidad en su numeral 41, para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición o suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que contemple la ley, lo que resulta de naturaleza distinta a la destitución por inobservancia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Las primeras van encaminadas a proteger la autodeterminación del Municipio y a no mermar su libre administración, mientras que las segundas pretenden el cumplimiento de las decisiones del tribunal, supuesto en el que no se da invasión o intromisión a la autonomía municipal, pues el órgano jurisdiccional ordena la destitución de quien desacata sus decisiones, sin que pueda intervenirse en la designación del sucesor.
Lo anterior explica que el procedimiento previsto en cada caso sea distinto pues tratándose de las suspensiones se prevé el otorgamiento de audiencia al afectado, pero no en caso de la destitución, precisamente porque se sanciona a quien, con conocimiento de las consecuencias, reitera una conducta contumaz ante las decisiones del tribunal laboral, lo que tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal en tanto se trata de una medida tendente a garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales para dar efectivo acceso a la justicia a los gobernados.
Además, la medida tomada en el caso, a saber, la destitución de la presidenta municipal de Temoac, Morelos, no ataca ni afecta la integración del Ayuntamiento, ya que el artículo 172 de la Ley Orgánica Municipal establece el procedimiento a seguir para la designación de un nuevo presidente municipal.
SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno del Estado de Morelos. El encargado de despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el director general de Asuntos Constitucionales y Amparo de dicha Consejería Jurídica, que comparecieron en representación del gobernador de la entidad, así como el secretario de Gobierno, señalaron lo siguiente:
I. Causas de improcedencia.
1. El Municipio actor carece de legitimación en la causa pues no es titular del derecho que pretende hacer valer, ya que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el secretario de Gobierno no han realizado acto alguno que invada o afecte el ámbito competencial de ese Municipio.
2. El Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno demandados carecen de legitimación pasiva pues no han realizado ningún acto que afecte o invada la esfera competencial del Municipio actor.
3. El Municipio actor no hace valer verdaderos conceptos de invalidez por vicios propios de los actos de promulgación y refrendo atribuidos al Poder Ejecutivo y al secretario de Gobierno del Estado de Morelos, ya que sólo hace afirmaciones vagas y sin sustento en torno a que el Poder Legislativo Local omitió cumplir con el proceso creador de la ley, sin especificar la etapa del proceso legislativo que contiene vicios, por lo que deberá sobreseerse al respecto en la controversia constitucional.
4. La demanda se presentó en forma extemporánea pues la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos se publicó en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil.
II. Contestación a los conceptos de invalidez.
Por lo que toca a los actos que competen al Ejecutivo del Estado de Morelos y al secretario de Gobierno, a saber, la promulgación, publicación y refrendo del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, es inexacto que violen los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, ya que actuaron conforme a las facultades constitucionales y legales que les corresponden al ordenar la promulgación y publicación de esa disposición legal, así como al refrendar el decreto relativo.
En efecto, los artículos 70, fracción XVI, en relación con su fracción XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución del Estado de Morelos, así como 10, 11, fracción II, y 21, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad y 1, 10 y 11, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, facultan al gobernador para publicar y hacer cumplir las leyes y decretos que expida el Congreso Local, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia y, asimismo, facultan al secretario de Gobierno para refrendar y publicar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas que deban regir en el Estado, a lo que dieron debido cumplimiento tratándose de la Ley del Servicio Civil de la entidad.
La sanción que contempla la disposición impugnada es la destitución de quienes incumplan las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pero no refiere la desaparición de los Ayuntamientos sino únicamente la aplicación de la sanción para el infractor, incluyendo a los representantes del Ayuntamiento, lo que no se incluye dentro de los procedimientos que refiere el artículo 115 de la Constitución Federal, en relación con el 41 de la Constitución Local, ya que no se trata de un procedimiento de responsabilidad administrativa ni un juicio político, pues no se pretende desaparecer Ayuntamientos ni suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros; se está sólo frente a una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral.
Importa destacar que en el caso se dio cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje cuenta con atribuciones para aplicar la sanción prevista en la disposición impugnada y al hacerlo fundó y motivó debidamente su determinación, además de que en el expediente del juicio laboral se advierte la intervención que se dio a los demandados, por lo que se respetó su derecho de audiencia y tuvieron conocimiento pleno de las consecuencias de desacatar el laudo de dicho tribunal, por lo que no se afecta la integridad y el funcionamiento del Municipio dado que el artículo 17 de la ley orgánica municipal de la entidad, contempla la forma de ejercer el cargo por los suplentes a que corresponda, específicamente, en el caso, el síndico municipal queda al frente de la administración municipal.
Por último, se destaca que el artículo 115 de la Constitución no señala que la atribución para destituir a los miembros del Ayuntamiento sea exclusiva del Poder Legislativo Local, pasando por alto que éste tiene atribuciones para legislar en materia burocrática en términos de la fracción VIII, segundo párrafo, de la citada Norma Suprema, así como en la fracción XX del numeral 40 de la Constitución Local, que además, sientan las bases para regular las relaciones laborales y, por tanto, establecer disposiciones como la impugnada, por lo que resulta inaplicable la jurisprudencia «P./J. 7/2004», de rubro: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO.", ya que se refiere a una figura distinta a la contumacia injustificada para acatar los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.
SÉPTIMO.—Contestación del secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Dicho funcionario señaló:
I. Causas de improcedencia. No planteó ninguna.
II. Contestación a los conceptos de invalidez.
Ni se niegan ni se afirman por no ser hechos propios de la Secretaría del Trabajo, pero se advierte de la demanda y de los documentos exhibidos con la misma, que el Municipio actor conoció la existencia del juicio laboral y de la resolución dictada en el procedimiento relativo, teniendo la oportunidad de hacer valer los medios legales correspondientes.
En términos de los artículos 36, fracción V, 41 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano jurisdiccional previamente establecido, que cumple con las formalidades esenciales en los procedimientos suscitados entre los Poderes del Estado y sus trabajadores y entre los Municipios y sus trabajadores, de conformidad con la Ley del Servicio Civil de la entidad.
En ese sentido, la norma impugnada faculta a dicho tribunal para imponer la sanción de destitución al infractor, sin responsabilidad para el gobierno y los Municipios, cuando incumplan sus resoluciones.
Por lo que se refiere a la violación en el procedimiento legislativo imputado a la Secretaría del Trabajo, consistente en la falta de refrendo a la disposición cuya invalidez se solicita, se destaca que dicha secretaría carece de atribuciones para refrendar los decretos promulgatorios que expida el Ejecutivo del Estado de Morelos respecto de las leyes y decretos legislativos, lo que corresponde únicamente al secretario de Gobierno.
Ello es así, pues conforme al artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Local, la promulgación de las leyes y decretos del Congreso corresponde al gobernador, los que deberán ser suscritos por el secretario del despacho encargado del ramo a que el asunto corresponda, según lo determina el numeral 76 de dicha Constitución Local, de suerte que si la promulgación de la normativa que se impugna implica la orden de su publicación, ello incide únicamente en la competencia del secretario de Gobierno, a quien corresponde según lo previsto en la fracción XXXIV del numeral 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, la atribución de dirigir, administrar y publicar el Periódico Oficial.
OCTAVO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El presidente de la mesa directiva dio contestación a la demanda, señalando, en esencia, lo siguiente:
I. Causas de improcedencia.
El Municipio de Temoac, Estado de Morelos, carece de interés legítimo pues el Congreso de la entidad cuenta con facultades para expedir, reformar y derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración del Estado, por lo que no invade la esfera competencial de dicho Municipio ni vulnera su autonomía.
II. Contestación a los conceptos de invalidez.
La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos cumple con los requisitos constitucionales para su creación como se advierte de la lectura del dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Trabajo y Previsión Social de la iniciativa correspondiente, su discusión y aprobación a través de la votación en el Congreso de la entidad, máxime que en atención a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo trascendente es que el procedimiento legislativo respete el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad, además de que el procedimiento deliberativo culmine con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas, debiendo ser públicas tanto la deliberación como la votación, por lo que lo importante es evaluar el procedimiento legislativo en su integridad para conocer si existen irregularidades procedimentales que impacten la calidad democrática de la decisión.
Los actos emitidos con fundamento en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, constituyen la exteriorización de la facultad coactiva de la autoridad judicial para hacer cumplir sus determinaciones y, por tanto, pueden ser emitidos sin sujetarse a la garantía de audiencia previa precisamente por dirigirse a hacer efectivos los medios de apremio de que se vale para hacer efectivas las funciones que le encomienda la ley, específicamente las resoluciones que dicta el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad, esto es, se trata de que prevalezca el orden legal por encima del derecho de los infractores a ser escuchados previamente.
En términos del artículo 40, fracción II, de la Constitución del Estado de Morelos, el Congreso tiene la atribución de expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos, como ocurre con la Ley del Servicio Civil, expedida para regular las relaciones laborales entre los Poderes del Estado y los Municipios y sus trabajadores, estableciéndose el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje como órgano jurisdiccional en la materia, al que se dotó de la atribución de sancionar por la desobediencia a sus determinaciones, mediante la destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno Estatal o Municipal, ello con el objeto de que cuente con los medios necesarios para asegurar el respeto a sus decisiones y, con ello, garantizar el derecho de acceso a la justicia en los términos exigidos por el numeral 17 de la Constitución Federal, aclarándose que al decidir sobre la aplicación de la sanción, el órgano jurisdiccional no pone en tela de juicio la responsabilidad del Municipio sino únicamente la de uno de sus integrantes.
En consecuencia, la norma impugnada, al establecer la sanción de destitución de funcionarios que no cumplan con los laudos dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no puede dar lugar a una invasión a la esfera de competencia del Municipio actor pues, el único afectado por la resolución es el miembro del Ayuntamiento sancionado, no así el Municipio al que pertenece, por lo que procede que se reconozca su validez al no transgredir el numeral 115 de la Constitución Federal, en tanto que el Congreso Local, al legislar facultando a dicho tribunal para actuar a fin de hacer respetar sus determinaciones, sólo está haciendo uso de sus atribuciones para regular legalmente las relaciones laborales.
NOVENO.—Opinión del procurador general de la República. Este funcionario no formuló opinión en el presente asunto.
DÉCIMO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, asentándose que las partes no formularon alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
Este asunto se listó para la sesión de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de dos de agosto de dos mil diecisiete, en que fue retirado, por lo que posteriormente se registró en el Tribunal Pleno para su resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo siguiente, ya que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los secretarios de Gobierno y del Trabajo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de Morelos, y uno de sus Municipios, el de Temoac, en el cual se impugnó una disposición de carácter general con motivo de su aplicación.
SEGUNDO.—Oportunidad. Pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28420-b5fd0645/i-controversia-constitucional-es-oportuna-la-impugnacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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