I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES, SI ÚNICAMENTE SE ESGRIMEN ARGUMENTOS DE LEGALIDAD. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES DE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO QUE HACEN EFECTIVA LA SANCIÓN ORDENADA POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, CUANDO NO SE PLANTEA LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO ACTOR (RESOLUCIÓN DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE POR LA QUE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO DE ESA ENITDAD). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA IMPUGNACIÓN (LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 329/2017. MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. 3 DE OCTUBRE DE 2018.CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENITE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de octubre de dos mil dieciocho.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Velázquez Flores, en su carácter de síndica del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, promovió controversia constitucional en representación de la propia municipalidad, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Poder Legislativo del Estado de Morelos.
• Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
• El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
• Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
• La resolución de diez de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/956/13, en la que se declara procedente la destitución del Presidente Municipal del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, impuesta como sanción por supuesto desacato al pago de un laudo dinerario firme.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
1. El veintidós de agosto de dos mil, el Congreso codemandado aprobó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma que se promulgó el uno de septiembre de ese año y publicada en el periódico oficial de la entidad federativa el seis de agosto del referido año, iniciando su vigencia al día siguiente.
2. El uno de enero de dos mil dieciséis se integró el actual Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos con un Presidente Municipal, una síndica municipal y cinco regidores, siendo en total siete integrantes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 bis y 18, fracción V de la Ley Orgánica Municipal de dicho Estado.
3. El once de junio de dos mil dieciséis, se modificó el presupuesto de egresos, fijando una bolsa de $ 4’273,500.00 (cuatro millones doscientos setenta y tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.), para el cumplimiento de obligaciones dinerarias derivadas de resoluciones jurisdiccionales condenatorias.
4. El tres de octubre de dos mil diecisiete, el Presidente Municipal manifestó la necesidad de pagar el laudo dinerario relativo al juicio laboral burocrático 01/956/13, sin embargo, ante las diversas obligaciones de pago del municipio, el cabildo del Ayuntamiento ha estado en análisis para programar y presupuestar el caudal de pasivos por condenas en procesos jurisdiccionales, pues tal cantidad asciende a la mitad del presupuesto y la otra mitad a pago de nómina.
5. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la síndica municipal se enteró de la resolución dictada el diez de octubre de dos mil diecisiete en el expediente laboral 01/956/13, en el cual se resolvió declarar procedente la orden de destitución del Presidente Municipal.
TERCERO. Conceptos de invalidez.
• Del apartado de la demanda denominado "VI. ...DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL ACTOR Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE:" se desprende que el órgano actor hizo valer el siguiente motivo de disenso:
1. Que no existe antecedente del proceso legislativo inherente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo cual se corrobora en el informe dado por el Congreso en la diversa controversia constitucional 56/2016 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. Que los órganos jurisdiccionales demandados debieron considerar como hecho notorio la modificación presupuestal sufrida en la que se restringió la bolsa para el pago de condenas jurisdiccionales y en su caso, requerir al órgano edilicio el pago o presupuestar un programa de pagos de la condena establecida en el juicio laboral burocrático 01/956/13, pero no destituir al Presidente Municipal, pues éste no estaba en aptitud de cumplir el requerimiento sin la previa orden del cabildo de pagar o presupuestar tal condena, por tal motivo la destitución representa una invasión a la esfera exclusiva del Ayuntamiento, relativa a la libre determinación presupuestaria y hacendaria municipales.
• Del apartado de la demanda denominado "IV.- NORMA INVALIDEZ SE IMPUGNA", se desprende que el órgano actor hizo valer el siguiente motivo de disenso:
3. Que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es una norma proveniente de un proceso legislativo viciado en el que no hubo presentación de iniciativa, ni dictamen, ni deliberación ni aprobación parlamentaria, por lo cual violenta los artículos 40, 41, párrafo primero, 116, párrafo primero y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los dispositivos relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; en relación con los artículos 51 a 73 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
No existen constancias de la existencia del proceso legislativo inherente a dicha Ley ya que no emanó del Poder Legislativo sino del Presidente del Congreso que fue quién la envió para su publicación.
Al no observarse las normas inherentes al proceso legislativo dicha Ley contraviene los principios de seguridad jurídica y de legalidad.
Del artículo 124 de dicha Ley deriva el fundamento que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, órgano demandado, utilizó para la destitución del Presidente del Ayuntamiento.
La destitución afecta los intereses del Municipio y del Ayuntamiento y por tanto debe ser procedente la declaración de invalidez por inconstitucional de la ya multicitada Ley y en general todo lo actuado en los expedientes laborales burocráticos, en específico el acuerdo de destitución del Presidente Municipal efectuado con base en el artículo 124 de dicha Ley.
Que el Acuerdo dictado por el tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el diez de octubre de dos mil diecisiete, relativo a la destitución del Presidente Municipal impuesto como sanción de un supuesto desacato al pago de un laudo dinerario, invade la esfera de competencia exclusiva del municipio al pasar por alto la bolsa para pago de condenas dinerarias jurisdiccionales, con base a su autonomía presupuestal constitucional y disponibilidad de ingresos.
Con lo anterior, contraviene lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, 126 y 134 de la Constitución Federal, en tanto que los ayuntamientos deben administrar libremente su hacienda y aprobar sus respectivos presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles, ya que en ejercicio de esa autonomía y soberanía presupuestaria, con responsabilidad programe y presupueste ineluctablemente el pago de las condenas dinerarias dictadas en su contra por órganos jurisdiccionales.
Que resulta evidente que la programación y presupuestario del pago de la condena dineraria relativa al expediente laboral burocrático 01/956/2013 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, constituye un acto de exclusiva competencia del Ayuntamiento, realizado en ejercicio de los principios de libre hacienda, de autonomía y soberanía presupuestal, acorde a sus ingresos disponibles derivados del artículo 115 Constitucional.
De igual manera, la destitución del Presidente Municipal efectuada por el Tribunal burocrático representa una invasión de competencias al pasar por alto los principios aludidos en el párrafo precedente, en la programación y presupuesto del pago de la referida condena.
4. Por lo expuesto, debe ser procedente la declaración de invalidez por inconstitucionalidad de la mencionada destitución y en consecuencia, se nulifique el acto del Tribunal codemandado, se le obligue a respetar la programación y presupuesto del pago del laudo y se garantice que no se vuelva a realizar dicha inconstitucionalidad.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 40, 41, párrafo primero, 113, 114, 115, fracciones I y IV, 116, párrafo primero, 126, 128 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, los Ministros José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández, integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 329/2017, admitieron la demanda promovida por Yasmín Velázquez Flores, síndica del municipio de Tlaquiltenango, Morelos; y como demandados se tuvieron únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, así como al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; destacando que no se tuvieron como demandados al Secretario de Gobierno, por tratarse de un órgano subordinado al Ejecutivo local, ni al Presidente y diversos actuarios del mencionado Tribunal, en tanto se trata de funcionarios que pertenecen a dicho órgano.(1) A los cuales, ordenó emplazarlos para que formularan su respectiva contestación; asimismo ordenó dar vista al Procurador General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión.
Mediante proveído de dos de enero de dos mil dieciocho, en virtud que los integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reservaron proveer lo conducente respecto al turno del presente asunto, se designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del presente procedimiento.
SEXTO. Contestaciones a la demanda.
• El Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, señaló en su contestación a la demanda de controversia constitucional, en síntesis, lo siguiente:
Respecto de los actos cuya invalidez se reclama:
• Que es cierto lo manifestado por el municipio actor, relativo a que el diez de octubre de dos mil diecisiete los integrantes del Pleno de ese Tribunal determinaron, por unanimidad de votos, destituir de su cargo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, en virtud de la reiterada negativa del ente de dar cumplimiento al laudo de dieciséis de junio de dos mil quince dictado en el expediente laboral 01/956/13 del índice de ese Tribunal, mismo que le fue notificado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete; asimismo, que dicha destitución se dictó de conformidad con el artículo 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
• Que la resolución impugnada no invade la esfera de competencia del Ayuntamiento, ya que ésta sólo es consecuencia del desacato en que incurrió el referido ente al evadir su cumplimiento, además que de acuerdo con los artículos 45, fracción XIII, de la Ley del Servicio Civil vigente en esa entidad y 41 de la Ley Orgánica Municipal, es obligación de los Poderes del Estado y de los Municipios, aceptar y cumplir los laudos que dicte ese Tribunal.
De igual manera manifiesta, que la determinación en la que se requiere al Ayuntamiento el pago y cumplimiento de prestaciones a que fuera condenado, no atenta contra la autonomía presupuestal, pues al ser su cumplimiento una obligación impuesta al Municipio por la legislación vigente, corresponde al cuerpo edilicio integrar el concepto por pago de condena de los laudos al Presupuesto de Egresos y tomar las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento de obligaciones, ya que éstas no quedan al arbitrio de la administración municipal.
En relación con los hechos que constituyen los antecedentes:
• Que es cierto lo señalado en el correlativo; sin embargo, en cuanto a la inexistencia del proceso legislativo de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, no se afirma ni se niega por no ser un hecho propio atribuible al Tribunal.
• Manifiesta que desconoce lo señalado por el Ayuntamiento, relativo a la modificación del presupuesto de egresos, pues no se hizo del conocimiento al Tribunal ni se encuentra publicada en el servicio en línea tal información.
• Reitera que la invasión de competencia que alude el Ayuntamiento por parte del Tribunal carece de sustento legal, ya que los requerimientos para dar cumplimiento al laudo no invaden la autonomía presupuestaria, además que desde la emisión del citado laudo -dieciséis de junio de dos mil quince-, se ha omitido incluir la condena que asciende a $249,453.94 (doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 94/100 m.n.) al presupuesto de egresos para su pago voluntario, lo que trae como consecuencia que, de conformidad con los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley del Servicio Civil, le requiera el cumplimiento del laudo pronunciado.
• Que se advierte la actitud contumaz por parte del Ayuntamiento del Estado para dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente 01/956/13, ya que desde el treinta de junio de dos mil quince -fecha en que se le notificó el laudo- se le concedió un término de quince días para su cumplimiento, sin embargo, ante su negativa se le requirió hasta en cuatro ocasiones sin que haya cumplimentado la condena impuesta; no obstante lo anterior, ahora manifiesta la invasión de su autonomía presupuestaria, cuando es su obligación programar, presupuestar y aprobar el pago de condenas.
Máxime, que tampoco obran constancias que acrediten las actuaciones tendentes por parte del ayuntamiento para la programación del pago, en las partidas de los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, lo que genera que en términos de los artículos 114, 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, el Tribunal Estatal requiera el cumplimiento con los apercibimientos de Ley.
• Expresa que, en términos del artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, ese Tribunal debe proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y al efecto cuenta con las medidas necesarias que sean procedentes para ello, lo que en el caso se tradujo en los múltiples requerimientos y apercibimientos efectuados, por tanto, no se transgredió la libre determinación presupuestaria ni hacendaria, pues tal autonomía no lo exime de cumplir con su condena, resultando inatendible el argumento del Ayuntamiento tocante a que se debió de considerar la modificación al presupuesto sufrida, y no destituir al Presidente Municipal.
En lo tocante a los conceptos de invalidez:
• Que contrario a lo manifestado por el municipio actor, la destitución ordenada por ese Tribunal en el expediente 01/956/13, no constituye el primer acto de aplicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues dicho artículo se le aplicó en los diversos expedientes 01/05/11, 01/1119/13, 01/324/11, 01/14/07 y 01/1197/13, en los que se promovieron las diversas controversias constitucionales identificadas con los números 56/2016, 58/2017, 113/2017, 114/2017, 167/2017, 228/2017 y 233/2017, por lo que deviene de improcedente el presente asunto respecto del artículo 124, fracción II, de la citada Ley.
• Insiste que el acuerdo emitido no invade la esfera de competencia del Ayuntamiento, ni tampoco omitió analizar su capacidad de pago -que constituye hecho notorio- ya que era obligación del ente hacer del conocimiento al Tribunal esa circunstancia para en su caso y, atendiendo a las condiciones específicas, emitir la determinación correspondiente.
• Agrega que no se invade la libre administración de la hacienda municipal ni la competencia del Ayuntamiento en cuanto a su programación y presupuesto de la condena, pues la resolución no dispone de los recursos económicos, así como tampoco impide disponer libremente de los recursos, ya que sólo es la consecuencia del desacato por parte de la autoridad al omitir dar cumplimiento a lo establecido en el laudo del expediente 01/956/13, en el que se busca lograr el acceso a la justicia del trabajador que obtuvo la resolución favorable.
Promueve las siguientes causas de improcedencia:
• Resulta improcedente la presente controversia, en razón que los acuerdos reclamados en esta vía, fueron dictados en ejercicio de actividad jurisdiccional y por tanto se actualiza el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."
• Sostiene que la aplicación de las sanciones del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil, se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica del artículo 41, fracción XXXIX, publicada en el Periódico Oficial el veintitrés de enero de dos mil catorce, por lo que cobra aplicación el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."
• Que es improcedente la controversia, ya que en el caso no existe una invasión de competencias, pues la resolución en la que se determinó la destitución del Presidente Municipal, no invade la exclusiva competencia del Ayuntamiento en cuanto a la programación y presupuesto del pago de la condena, en razón que ésta no dispone de sus recursos económicos, sino que sólo es la consecuencia del reiterado desacato en que ha incurrido el ente para dar cumplimiento a la misma.
• El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, señaló en su contestación a la demanda de controversia constitucional, en síntesis, lo siguiente:
• Opone la falta de legitimación del municipio actor al carecer de la titularidad del derecho que pretende hacer valer a través de la presente controversia, en virtud que éste no ha realizado acto alguno que invada o afecte su órbita competencial.
Respecto de los actos cuya invalidez se reclama:
• Refiere que los órganos jurisdiccionales o administrativos, que llevan a cabo funciones de índole jurisdiccional, cuentan con diversas atribuciones y medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones en aras de garantizar el pleno y debido cumplimiento de las sentencias que se dicten, entre ellas, las otorgadas en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
• Que contrario a lo manifestado por el municipio actor, la destitución ordenada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el expediente 01/956/13, no constituyen el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues se han promovido diversas controversias constitucionales respecto de tal precepto, identificadas con los números 58/2017, 113/2017, 114/2017, 167/2017, 223/2017, 228/2017 y 329/2017.
En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En relación con los hechos que constituyen los antecedentes:
• Que es cierta la promulgación y publicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el Periódico "Tierra y Libertad", número 4074, de seis de septiembre de dos mil.
• Los correlativos dos, tres, cuatro, cinco y siete, no los afirma ni los niega por no ser hechos propios de la autoridad.
• Que resulta falso que se debió considerar la modificación presupuestal sufrida por el Ayuntamiento, en la que se restringió la bolsa para el pago de condenas jurisdiccionales, ya que el citado ente en apego a los principios que rigen la libre administración de la hacienda pública municipal, quien se encuentra obligado a realizar las acciones necesarias para cumplimentar los laudos.
En lo tocante a los conceptos de invalidez:
• Que es infundado que se violen en perjuicio del municipio actor los artículos 40, 41, párrafo primero, 116, párrafo primero y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo como infundados e improcedentes los argumentos esgrimidos y conceptos de invalidez expuestos, así mismo, tomando en consideración que al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos solo se le atribuye la sanción, promulgación y publicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos misma que fue emitida en términos de las facultades constitucionales y legales con las que cuenta, de ahí que esta se haya mandado promulgar y publicar, actuando en todo momento en estricto apego a la normativa aplicable.
• Refiere que resulta impreciso y ambiguo el argumento del actor concerniente a que no se cumplió con las etapas del procedimiento legislativo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues no señala cuáles son las omisiones en que incurrió el legislativo local.
• Arguye que el actor ya no cuenta con la oportunidad de impugnar el ordenamiento ya que el término de treinta días para promover la controversia en contra de normas, es decir, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos feneció desde el dieciocho de octubre de dos mil; además de que no se está ante un primer acto de aplicación al que se refiere el artículo 124, fracción II de dicha Ley por lo que debe sobreseerse en la presente controversia constitucional.
• Menciona que los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 10, 11, fracción II, y 21, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, así como 1, 10 y 11, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, otorgan al Poder Ejecutivo de dicha entidad facultades para sancionar y publicar leyes y demás disposiciones federales a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; razón por la cual, sostiene la constitucionalidad de los actos y atribuciones ejercidos por su exclusiva competencia (sanción, promulgación y publicación).
Además, enfatiza que no debió habérsele llamado a juicio, pues el reclamo por parte del municipio únicamente versa sobre omisiones legislativas; por lo cual, al no haber participado en tales etapas el poder demandado, no son actos que se le atribuyan por vicios propios y no resulta obligatorio que se le llame al procedimiento.
• Señala que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al imponer las sanciones correspondientes a los funcionarios infractores, actuó conforme a las atribuciones que le confiere la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 123 y 124, fracción II, de los cuales se desprende la facultad de dicho órgano jurisdiccional para hacer efectivos los apercibimientos a los funcionarios que se nieguen a cumplir las resoluciones que emite.
• Indica que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que el Presidente Municipal, como representante político, jurídico y administrativo del ayuntamiento, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Además, que de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene la facultad de imponer diversas medidas de apremio, incluso la destitución de los infractores en su calidad de representantes del Ayuntamiento como sucedió en el caso, pues su aplicación fue con motivo de una reiterada desobediencia de cumplimiento a una resolución dictada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Agregando que el contenido de los artículos 1 y 45, fracción XIII, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, señalan el alcance de la obligatoriedad que tienen los Municipios y sus entes, frente a situaciones como el pago de laudos laborales.
Razón por la que existe una obligación manifiesta por parte del Presidente Municipal del ayuntamiento para cumplimentar la resolución, al mismo tiempo que existe un mandato expreso en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se estima que el numeral combatido se encuentra alineado al texto constitucional al salvaguardar dicha garantía.
• Que del acto de invalidez que reclama el Municipio actor se aprecia que la determinación del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el que impone una medida de apremio ordenando la destitución del Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos en virtud de no haber dado cumplimiento al laudo derivado del expediente laboral 01/14/2007, no existen elementos que permitan suponer una invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado; por lo que se actualiza la causal de improcedencia correspondiente. A más que dicha resolución se impugnó vía amparo radicada con el número de expediente 2101/2017-II*L del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Decimoctavo Circuito.
• Apunta que si bien, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo en términos de los artículos 41, 42 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del citado Estado, lo cierto es que es autónomo en su función jurisdiccional y por tanto, cuenta con independencia plena para ejercer sus funciones y dictar sus resoluciones.
• Que se debe declarar infundado el argumento en el que el Municipio actor sostiene que hay una supuesta invasión por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en la esfera competencial del Ayuntamiento al hacer énfasis en que la programación y presupuesto del pago de la condena decretada en el expediente laboral 01/14/2007 constituyen actos de exclusiva competencia del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos y que por tanto, la determinación de destitución del Presidente Municipal implica pasar por alto los principios de la libre administración de la hacienda municipal y de autonomía y soberanía presupuestal.
• Por su parte, la autoridad demandada Poder Legislativo del Estado de Morelos, manifestó en su contestación, sucintamente, lo siguiente:
• Señala que es cierto que el veintidós de agosto de dos mil, el Congreso local aprobó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Además, refiere que es falso que no existe antecedente del proceso legislativo inherente de la Ley del Servicio Civil de esa entidad, pues en la controversia constitucional 56/2017 sólo se dijo que no se encontró el antecedente relativo, más no que no existiera.
• Indica que es cierta la fecha en que inició su período de administración el actual Ayuntamiento y, por lo que hace a los hechos tres, cuatro, cinco, seis y siete, relativos a la modificación del presupuesto de egresos del municipio actor, acuerdos de cabildo de programación y presupuesto, el proceso laboral burocrático 01/956/13, la notificación de destitución del Presidente Municipal y lo relativo al acuerdo de diez de octubre de dos mil diecisiete del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se ignoran por no ser hechos propios.
• Que la controversia constitucional resulta improcedente, ya que la resolución impugnada no es el primer acto de aplicación del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues a través de la diversa controversia constitucional 100/2016, se reclamó la invalidez de la ley con motivo de los expedientes laborales 01/190/2011 y 01/389/2011.
• Apunta que resulta improcedente el presente asunto en virtud que la ley impugnada le fue aplicada al municipio actor desde el procedimiento de ejecución del laudo 01/190/2011 y 01/389/2011, por tanto solicita se decrete el sobreseimiento en términos de los artículos 19, fracción VII en relación con el 21 de la Ley Reglamentaria de la materia, pues la demanda se presentó fuera del plazo previsto en la ley.
• Que la emisión de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, si cumplió con el proceso legislativo, tal y como se aprecia del semanario de debates de la sesión ordinaria de la Cuadragésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, correspondiente al veintidós de agosto del año dos mil.
De dicho documento se aprecia que, fueron las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Trabajo y Previsión Social, las que emitieron el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por el entonces Diputado Noé Suárez López, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así como a la iniciativa que adicionaba un párrafo al artículo 39, del cuerpo normativo impugnado, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En dicha sesión, se dio lectura al dictamen y se sometió a votación del Pleno del Congreso del Estado, obteniendo veintiséis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones; por lo que concluye que el proceso legislativo se respetó y cumplió en térm
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200477-052e4642/i-controversia-constitucional-no-es-la-via-idonea · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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