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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (ACUERDO ADMINISTRATIVO 817 DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN; OFICIO 3046/188/2023 DE NOTIFICACIÓN DEL MISMO ACUERDO; Y, ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, TODOS CON MOTIVO DEL DESECHAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD EN EJERCICIO DE SU DERECHO DE VETO A LOS DECRETOS 340, 341, 342, 343, 361 Y AL ACUERDO 331).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 341/2023. · Registro digital (IUS): 201015
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 341/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 26 DE MARZO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS y JUAN MANUEL ANGULO LEYVA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Actos y normas impugnadas: El acuerdo administrativo 817 del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, el oficio 3046/188/2023 de notificación del mismo acuerdo y artículo 68 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León; todos con motivo del desechamiento de las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León en ejercicio de su derecho de veto a los decretos 340, 341, 342, 343, 361 y acuerdo 331.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de marzo de dos mil veinticinco emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 341/2023, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León en contra del desechamiento del poder legislativo demandado a las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León a los decretos 340, 341, 342, 343, 361 y al acuerdo 331, contenido en el acuerdo administrativo 817 del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, dictado con fundamento en el artículo 68 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Nuevo León.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Aprobación de los decretos número 340, 341, 342 y 343. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó los decretos número 340, 341, 342 y 343, cuyo contenido es el siguiente:

I. Decreto 340: Reformó los artículos 14, 26, 35, 37, 39, 46, 56, 66, 90, 91, 94, 96, 99, 125, 150, 151, 152, 154, 158, 159, 162, 166, 198 y 204 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León para establecer, entre otras cosas, nuevas facultades al Poder Legislativo local, como la de publicar en la Gaceta Oficial de dicho poder los decretos legislativos en caso de que el Poder Ejecutivo sea omiso en publicarlos en el Periódico Oficial del Estado, ejercer moción de censura para destituir a las personas titulares de las Secretarías de Estado locales y nombrar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa.

II. Decreto 341: Reformó el artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León a efecto de establecer, entre otras cosas, que el Instituto de la Defensoría Pública del estado dejará de ser un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo local para serlo ahora del Poder Judicial local y que su titular será designado por el Consejo de la Judicatura.

III. Decreto 342: Reformó el artículo 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León para modificar el régimen de ausencias del Gobernador de dicha entidad federativa, disminuyendo el número de días de ausencia a partir de los que dicha autoridad dará avisó al congreso local y les solicitará autorización.

IV. Decreto 343: Designación de Julieta Hernández Pachuca como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León.

2. Observaciones del Poder Ejecutivo local relacionadas con los decretos número 340, 341, 342 y 343 (derecho de veto). El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés el Congreso del Estado de Nuevo León entregó al Poder Ejecutivo local los decretos 340, 341, 342 y 343 para efecto de su publicación inmediata en el Periódico Oficial del estado.

3. El nueve de marzo siguiente (sin realizar la publicación solicitada en el periódico oficial local) el Gobernador del estado presentó ante el congreso local observaciones sobre los expedientes legislativos 16242/LXXVI, 16300/LXXVI y 16313/LXXV de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León (que dieron origen en el proceso legislativo, respectivamente, a los decretos 342, 340 y 341) y sobre el decreto 343.

4. Aprobación del decreto número 361. El trece de marzo de dos mil veintitrés, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó el decreto número 361 por el que se adicionó un último párrafo al artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, a efecto de establecer que el coordinador del grupo legislativo mayoritario del congreso podrá designar para ocupar la presidencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno al coordinador de otro grupo legislativo previa aprobación de dicha comisión.

5. Aprobación del acuerdo número 331. El catorce de marzo de dos mil veintitrés, el Poder Legislativo local aprobó el acuerdo numero 331 por el que estableció la implementación de la "Aplicación Portátil de Registro de Asistencia y Votación" como equipo electrónico de votación oficial del Pleno de dicho poder local a partir del quince de marzo siguiente.

6. Observaciones del Poder Ejecutivo local sobre el decreto número 361 y el acuerdo número 331 (derecho de veto). El mismo catorce de marzo de dos mil veintitrés el Congreso de Nueva León entregó al Poder Ejecutivo local el decreto número 361 y el acuerdo número 331 para efecto de su publicación inmediata en el Periódico Oficial del estado. Sin realizar su publicación, el veintiocho de marzo siguiente el Gobernador del estado presentó ante el congreso local observaciones sobre el decreto y el acuerdo referidos.

7. Opinión de la Comisión de Estudio Previo del Congreso de Nuevo León. El treinta de marzo de dos mil veintitrés, la Comisión de Estudio Previo del Congreso de Nuevo León, con fundamento en el artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de dicha entidad federativa,(1) emitió opinión para la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXXVI legislatura en el sentido de desechar las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo local.

8. Lo anterior, esencialmente, por las siguientes consideraciones:

• Las observaciones presentadas en contra de los expedientes legislativos 16242/LXXVI, 16300/LXXVI y 16313/LXXV y no de los decretos 342, 340 y 341 a través de los que se culminó el proceso legislativo pretenden eludir la prohibición del poder ejecutivo local para presentar observaciones en contra de resoluciones del congreso local sobre reformas constitucionales.

• No son procedentes las observaciones contra el decreto 343 relativo a la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León al ser un acto soberano del poder legislativo local previsto en el 157 de la constitución política local en el que no participa el poder ejecutivo del estado.(2) Es aplicable la tesis jurisprudencial P.XXVIII/2005 del Pleno de la Suprema Corte.(3)

• El decreto 361 relativo a la reforma al artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y el acuerdo 331 por el que se implementa la "Aplicación Portátil de Registro de Asistencia y Votación" como equipo electrónico de votación oficial del Pleno, son determinaciones que conciernen a la vida interna del poder legislativo local y sobre las cuales el poder ejecutivo no puede realizar observaciones.

9. Desechamiento de observaciones del Poder Ejecutivo local. En sesión de Pleno del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, la Secretaría de la Directiva de dicho órgano dio lectura integra al escrito de opinión que la Comisión de Estudio Previo del Congreso de Nuevo León emitió sobre las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo local.

10. La Presidencia de la Directiva se dio por enterado de la propuesta de desechamiento y conforme al artículo 68 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de dicha entidad federativa solicitó a la Secretaría su comunicación al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León,(4)

11. Comunicación del desechamiento de observaciones del Poder Ejecutivo local. El veintiuno de abril de dos mil veintitrés el Congreso de Nuevo León notificó al Gobernador de dicha entidad federativa mediante oficio 3046/188/2023 el acuerdo administrativo 817 mediante el que se desechan los escritos de observaciones presentados en contra de los decretos 342 (expediente legislativo 16242/LXXVI), 340 (expediente legislativo 16300/LXXVI), 341 (expediente legislativo 16313/LXXV), 343 y 361, así como del acuerdo 331.

12. Demanda. El catorce de mayo de dos mil veintitrés, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la entidad, de quien demandó:

a) El acuerdo administrativo 817 de diecisiete de abril de dos mil veintitrés por medio del cual se desecharon las observaciones que el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León realizó sobre los expedientes legislativos 16242/LXXVI, 16300/LXXVI y 16313/LXXV (de los decretos 342, 340 y 341, respectivamente); así como a las observaciones a los decretos 343 y 361 y al acuerdo 331.

b) La determinación del Presidente del poder legislativo local en sesión del pleno de dicho poder del diecisiete de abril de dos mil veintitrés respecto al acuerdo administrativo número 817.

c) El oficio 3046/188/2023 de diecisiete de abril de dos mil veintitrés por medio del cual el Poder Legislativo local le comunicó el acuerdo administrativo número 817.

d) El artículo 68 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.(5)

13. En sus cuatro conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo actor expuso lo siguiente:

I. El acuerdo administrativo 817 transgrede el artículo 116 de la Constitución Política del país que sujeta la organización del poder público de los estados a lo determinado en las constituciones políticas locales,(6) al ser resultado de un proceso legislativo contrario a las normas que regulan el estudio, discusión y aprobación de las observaciones presentadas por el poder ejecutivo conforme al artículo 125, fracción X, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.(7)

No se turnaron las observaciones del poder ejecutivo a las comisiones competentes para su estudio, discusión y elaboración del dictamen correspondiente, lo que contravino el proceso legislativo ordinario previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y en el Reglamento Interior del congreso local.

Lo que también vulneró la deliberación democrática conforme a la tesis P.L/2008 de la Suprema Corte; máxime cuando las observaciones presentadas no se pusieron a consideración de la mayoría parlamentaria en el Pleno del Congreso de Nuevo León y solo fueron objeto de un trámite de desechamiento administrativo por parte de la Comisión de Estudio Previo, la cual no cuenta con competencia para ello.(8)

II. El acuerdo administrativo 817 y la determinación del Presidente del Congreso local sobre este en sesión legislativa de diecisiete de abril de dos mil veintitrés vulneran la división de poderes prevista en el artículo 116 de la Constitución Política del país, en detrimento de la facultad del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de presentar observaciones en el proceso de creación de leyes en el Congreso local conforme al artículo 125, fracción X, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.(9)

La propuesta de desechamiento de la Comisión de Estudio Previo y su aprobación del Presidente del Poder Legislativo local que dieron lugar al acuerdo administrativo 817 son contrarias a la Constitución Política del Estado Nuevo León y al reglamento interno del congreso local, que exigen que las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo local se turnen a las comisiones dictaminadoras respectivas y se voten posteriormente por las dos terceras partes de las diputaciones presentes en el Pleno. Actuación del poder demandado que hace nugatorio el derecho de veto del poder actor y a la que le resulta aplicable el criterio de la tesis jurisprudencial P./J. 43/2007 de la Suprema Corte.(10)

El artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León impugnado faculta a la Comisión de Estudio Previo a emitir opiniones al Presidente del Congreso local respecto a la competencia del poder legislativo para atender los escritos que recibe; sin embargo, ello no la habilita a acumular en un solo acuerdo todas las observaciones que el Poder Ejecutivo local presentó y hacer una propuesta de desechamiento conforme al estudio de su derecho de veto, pues ello corresponde a las comisiones dictaminadoras correspondientes.

La actuación de la Comisión de Estudio Previo y del Presidente del Congreso local rompen con el principio de división de poderes al impedir que las observaciones presentadas siguieran su curso ordinario; lo que adquiere mayor relevancia al advertirse que la opinión emitida por aquella pareciera haber resultado vinculante para este en sesión legislativa de diecisiete de abril de dos mil veintitrés y no solo consultiva.

En todo caso, la Comisión de Estudio Previo fue omisa en analizar de manera sistemática la Constitución Política del Estado de Nuevo León al determinar que el Poder Ejecutivo no puede ejercer su derecho de veto sobre toda reforma constitucional, lo que resulta incorrecto. El ejercicio de dicha facultad debe de ajustarse a los artículos 126, fracción III, 95 y 214 de la Constitución Política local, que no limitan dicha facultad a toda reforma constitucional, sino solo sobre aquellas denominadas leyes constitucionales y actos electorales.(11)

Incluso la Primera Sala de la Suprema Corte determinó en la controversia constitucional 148/2008 que el derecho de veto de la Constitución Política del Estado de Nuevo León es una figura de naturaleza política que solo puede ser superada por el voto de la mayoría calificada del Congreso local, por lo que el desechamiento de las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo mediante simple acuerdo es inconstitucional y relega al poder actor a un simple espectador en el proceso legislativo en perjuicio del sistema de pesos y contrapesos local.(12)

III. El artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León es inconstitucional por facultar a la Comisión de Estudio Previo del Congreso local a emitir determinaciones que hacen nugatoria la facultad de veto del Poder Ejecutivo, vulnerando los principios de legalidad, debido proceso y división de poderes.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Nuevo León y el reglamento del congreso local es competente para estudiar y analizar las observaciones que el Poder Ejecutivo presente sobre las leyes aprobadas por aquel órgano, para lo cual el Presidente del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León debe darles curso legal y turnarlas a la comisión dictaminadora correspondiente, sin que su facultad relativa al dictado de acuerdos implique determinar de forma unilateral su improcedencia. Ello a efecto de que se proceda al proceso legislativo ordinario que concluye con la superación del veto por la votación de las dos terceras partes de las diputaciones del Congreso local.

El artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León rompe con el proceso legislativo ordinario al facultar a una comisión, no dictaminadora, sino de mero trámite como la Comisión de Estudio Previo integrada por los mismos miembros de la Directiva del Congreso local, a desechar las observaciones del Poder Ejecutivo por improcedentes, lo que termina por desconocer la facultad de veto y por tanto ser inconstitucional.

Ningún precepto de la Constitución Política del Estado de Nuevo León establece que previo al estudio de las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo por parte una comisión dictaminadora se pueda determinar su improcedencia por un órgano ajeno. Además, no es dable que sea la propia Directiva del Congreso local, todos miembros de la Comisión de Estudio Previo, quien determine dicha improcedencia, pues permite que todo asunto que aquella no desee conocer sea desechado, lo que es contrario al derecho del Poder Ejecutivo relativo a que se analicen sus observaciones por la comisión dictaminadora correspondiente.

Un modelo como el sostenido por el artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León puede llegar a considerar que la presentación que hace el Gobernador de Nuevo León del presupuesto de egresos al Congreso local sea improcedente por cualquier circunstancia, lo que puede ser fácilmente validado por el Presidente del Congreso en sesión de Pleno.

Resalta que la Constitución Política del Estado de Nuevo León en su artículo 99, fracción III, reconoce que cuando la Diputación Permanente reciba observaciones a proyectos de ley o decreto del Poder Ejecutivo durante el receso del Congreso,(13) dicha diputación las turnará para su dictamen a las comisiones correspondientes a efecto de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones. Cuestión que evidencia la irregularidad impuesta en el proceso legislativo mediante las atribuciones de desechamiento de la Comisión de Estudio Previo previstas en el artículo impugnado.

IV. El acuerdo administrativo 817 vulnera el principio de fundamentación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política del país, pues aunque el Congreso local pretenda sustentarlo en el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León;(14) lo cierto es que los expedientes, legislativos, decretos y el acuerdo a los que hace mención fueron observados conforme a la constitución política local y la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.

14. Trámite y desechamiento. Por acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 341/2023 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento correspondiente.

15. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora desechó de plano la demanda por notoria y manifiesta improcedencia al considerar actualizadas respecto a todos los actos impugnados (con excepción al artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León) las causales de improcedencia previstas en los artículos 19, fracciones VI y IX, de la ley reglamentaria, en relación al artículo105, fracción I, de la Constitución Política del país.(15)

16. Ello ante la falta de interés legítimo suficiente del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para combatir por vicios propios actos intermedios del proceso legislativo sobre los que el poder accionante no tiene participación activa y que solo adquieren definitividad al momento de la publicación de las normas generales respectivas, de conformidad con las tesis de jurisprudencia P./J. 130/2001, P./J. 79/2005, P./J. 129/2001 y P./J. 83/2001 del Pleno de la Suprema Corte.(16)

17. Respecto al artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, la Ministra instructora consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VII, y 21, fracción II, de la ley reglamentario al tratarse de la impugnación de una norma general con motivo de un acto ulterior al primer acto de aplicación,(17) consistente en al acuerdo administrativo 687 también por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León en la controversia constitucional 240/2023. Ello de conformidad con la tesis de jurisprudencia P./J. 121/2006 del Pleno de la Suprema Corte.(18)

18. Impugnación del desechamiento. Inconforme, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León interpuso recurso de reclamación en contra del desechamiento de la demanda, que fue radicado bajo el expediente 308/2023-CA bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 19. En sesión de ocho de noviembre de dos mil veintitrés la Primera Sala resolvió por mayoría de tres votos revocar el acuerdo impugnado de cuatro de julio de dos mil veintitrés para el efecto de que la Ministra instructora emitiera uno nuevo en el que determinara lo conducente a la admisión de la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, únicamente sobre los actos combatidos con relación a los decretos 332 (sic), 343 y 361.(19)

20. En esencia, la mayoría de la Primera Sala consideró que el desechamiento de la controversia constitucional respecto a los decretos 340, 341 y 342 fue correcto, en tanto el artículo 90, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León no faculta al Poder Ejecutivo local a realizar observaciones sobre reformas o adiciones a la Constitución local, revelando la falta de interés legítimo del poder accionante para impugnar los decretos de reforma constitucional.(20)

21. A diferencia de la demanda en contra de los actos relacionados con los decretos 332 (sic), 343 y 361 sobre los que la mayoría de la Primera Sala no consideró actualizada su improcedencia notoria ni manifiesta ya que un análisis superficial revelaba que estos decretos no versan sobre reformas a la Constitución local, por lo que el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León tiene facultades y obligaciones que inciden en los procesos legislativos combatidos, lo que acredita, a priori, una afectación en la esfera competencial del poder accionante directamente relacionado con la protección al principio de división de poderes.

22. De ahí que –se determinó– la procedencia de la controversia constitucional en contra de los decretos 332 (sic), 343 y 361 amerite un estudio de fondo detallado respecto a la naturaleza y alcance del derecho de veto del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León dentro del proceso legislativo.

23. Finalmente, la mayoría de la Primera Sala confirmó el desechamiento de la demanda respecto a la impugnación del artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, ello ante la ausencia de agravios para combatir la improcedencia determinada por la Ministra instructora.

24. Admisión de la controversia constitucional. Por acuerdo de diez de abril de dos mil veinticuatro y en cumplimiento de lo resuelto por la mayoría de la Primera Sala en el recurso de reclamación 308/2023-CA, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda únicamente respecto de los decretos 343 y 361, así como del acuerdo 331 y tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.(21)

25. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. El veinte de mayo de dos mil veinticuatro, el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Nuevo León presentó de manera electrónica ante esta Suprema Corte el escrito de contestación de demanda, documento en el que expuso los siguientes argumentos para sostener la validez de la norma impugnada:

• Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la ley reglamentaria, con relación al artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política del país,(22) pues el Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional intentada dado que el acuerdo administrativo 817 impugnado no produce ninguna lesión en su esfera competencial, en tanto el desechamiento de las observaciones presentadas se realizó conforme a lo determinado en la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

• El decreto 343 contiene el nombramiento del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. El artículo 157 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León faculta al Congreso local para nombrar a dichos titulares de los órganos constitucionales autónomos locales como lo es la Fiscalía local, sin que se prevea la participación del Poder Ejecutivo local.(23)

El artículo 125, fracción X, de la Constitución local faculta al Poder Ejecutivo a realizar observaciones solo sobre leyes o disposiciones del Congreso las cuales son generales, impersonales y abstractas. El nombramiento realizado por el Congreso local no cumple con dichas características, por lo que la parte accionante no tiene competencia para presentar observaciones en su contra.(24)

• El decreto 361 contiene una reforma al artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, relativa al funcionamiento y organización de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del Congreso local. El artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León prohíbe expresamente que el Poder Ejecutivo local observe reformas a leyes que regulen el funcionamiento del Poder Legislativo.(25)

• El acuerdo 331 aprueba la fecha de inicio de un sistema por aplicación del registro y votación en el Pleno del Congreso local, por lo que su contenido y finalidad es el de un acto de gobierno interno del Poder Legislativo en donde el Poder Ejecutivo no puede tener injerencia alguna, sobre todo porque no le depara perjuicio alguno.

• Lo anterior revela la necesidad de sobreseer la controversia constitucional ante la falta de interés legítimo del poder accionante, lo que resulta congruente con la tesis jurisprudencial P./J. 71/2000 del Pleno de la Suprema Corte.(26)

26. Audiencia y cierre de instrucción. Una vez celebrada la audiencia de ley por acuerdo de diez de julio de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

27. Avocamiento. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Primera Sala determinó que esta se avocaría al conocimiento del presente asunto.

28. Desistimiento. El cinco de marzo de dos mil veinticinco, Ulises Carlín de la Fuente, en su calidad de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Nuevo León y en representación del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, presentó de manera electrónica escrito de desistimiento de la controversia constitucional 341/2023, mismo que ratificó el doce de marzo de dos mil veinticinco en las oficinas de esta Primera Sala.

I. COMPETENCIA

29. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política del país,(27) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(28) así como en los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023(29) –aplicables en términos del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro–, por tratarse de un conflicto entre dos poderes del Estado de Nuevo León como lo son los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa, en la que se cuestiona la validez de diversos actos intraprocesales relacionados con los decretos 343 y 361, así como el acuerdo 331, todos emitidos por esta última autoridad y en el que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no impugnarse normas de carácter general.

II. DESISTIMIENTO Y SOBRESEIMIENTO

30. En el caso, resulta innecesario pronunciarse sobre los presupuestos procesales de la presente controversia constitucional, en atención a la solicitud de desistimiento formulada en el presente asunto de la parte accionante.

31. Como señala el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(30) el sobreseimiento de las controversias constitucionales procede en cualquier etapa del procedimiento cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda promovida, siempre y cuando se refiera a actos y no a normas generales combatidas.

32. De conformidad con ficho fundamento legal, esta Suprema Corte ha emitido criterios como la tesis P./J. 54/2005 y P./J. 113/2005 de las que se desprende que para que resulte procedente el desistimiento de una controversia constitucional es necesario que:(31)

I. La parte actora se desista expresamente en cualquier etapa del procedimiento de la demanda de controversia constitucional promovida contra actos, sin que en ningún caso pueda hacerse respecto de normas generales;

II. Las personas que se desistan a nombre de la entidad, órgano o poder de que se trate se encuentren legitimadas para representarlo en términos de las leyes que lo rijan, y

III. Ratifiquen su voluntad ante un funcionario investido de fe pública.

33. En el caso, de las constancias que obran en el expediente del presente asunto se advierte que el cinco de marzo de dos mil veinticinco Ulises Carlín de la Fuente, en su calidad de Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León y en representación de dicha parte actora, presentó de manera electrónica escrito de desistimiento de la controversia constitucional 341/2023, bajo los siguientes términos:

[...] DR. ULISES CARLÍN DE LA FUENTE, en mi carácter de Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, respetuosamente comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito ocurro a solicitar DESISTIMIENTO de la controversia constitucional 341/2023, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar dentro de la controversia constitucional en que se actúa, esto por así convenir a los intereses del Ejecutivo del Estado de Nuevo León que en este acto represento.

[...]

34. Además, el desistimiento fue presentado por quien ostenta la representación legal del actor. Ulises Carlin de la Fuente presentó el escrito de desistimiento en su calidad de Consejero Jurídico del Gobernador de Nuevo León, puesto que de conformidad con el artículo 16 d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201015-05d2de2f/i-controversia-constitucional-el-desistimiento-de-la-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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