I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD [ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO LOCAL TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABERLE SIDO ATRIBUIDA LA OMISIÓN OBJETO DE LA PRESENTE CONTROVERSIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 16, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONGRESO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE EL CONSEJERO JURÍDICO CARECE DE FACULTADES PARA REPRESENTAR LEGALMENTE AL GOBERNADOR PUES DESDE SU PERSPECTIVA ESA FACULTAD CORRESPONDE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO TODA VEZ QUE SÍ TIENE LA FACULTAD PARA COMPARECER CON ESE CARÁCTER EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 16, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, AMBAS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DECRETO NÚMERO 479, POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DECRETO NÚMERO 479, POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 135/2024. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 29 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: JULIO GIOVANNI MONTIEL RODRÍGUEZ.
SÍNTESIS
El Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, en representación del Poder Legislativo de esa entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León y demandó la invalidez de la omisión de publicar en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto Número 479, por el que se expide el Código de Ética para el H. Congreso del Estado de Nuevo León, aprobado por el Pleno del Congreso citado el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.
En la demanda de controversia constitucional el Poder Legislativo señaló que se vulneran los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 116, párrafo primero y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
La Presidenta de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, en representación del Poder Legislativo de esa entidad federativa, se desistió de la demanda presentada, misma que ratificó legalmente.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al veintinueve de enero del dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 135/2024, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la citada entidad federativa, en la que demanda la invalidez de la omisión de publicar en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto Número 479, por el que se expide el Código de Ética para el H. Congreso del Estado de Nuevo León.
El problema jurídico por resolver consiste en determinar si debe sobreseerse la presente controversia constitucional.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito enviado mediante el Sistema Electrónico de la SCJN el cuatro de abril de dos mil veinticuatro, ***** ****** **********, quien se ostenta como Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León y en representación del Poder Legislativo de dicha entidad promovió la presente controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos y en contra de la autoridad que se precisan a continuación:
II. LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO DEMANDADO Y SU DOMICILIO:
Es el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, cuya Titularidad recae en su Gobernador Constitucional, ****** ********* ****** *********, con domicilio en su recinto oficial identificado como Palacio de Gobierno ubicado en la calle 5 de mayo entre las calles General Zaragoza y General Zuazua en el centro de Monterrey, Nuevo León. (...).
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto 479 aprobado por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa el 29 de noviembre del año 2023.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, indicó que estimaba vulnerados los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 116, párrafo primero, y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), bajo las consideraciones siguientes:
A. La omisión reclamada al Titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León es violatoria del principio de debido proceso legislativo, ya que hasta en tanto no ordene y se ejecute efectivamente la publicidad del Decreto 479 en el Periódico Oficial del Gobierno, no se culminó el referido procedimiento legislativo, el cual, por su naturaleza, es de orden público e interés social.
Se actualiza la violación acusada, porque la parte hoy demandada, obstaculiza con el proceso de creación de leyes y ante la omisión injustificada del Titular del Poder Ejecutivo y/o del encargado del Periódico Oficial del Estado para publicar el Decreto de reforma legal que agotó todas las fases del proceso legislativo previsto en la Constitución Local de esa entidad.
Uno de los elementos característicos del Estado de Derecho es el principio de publicidad de las normas jurídicas, pues éstas deben ser conocidas de manera exacta por aquellos a quienes vincula. La publicación de las normas jurídicas, además de ser la culminación del procedimiento legislativo, constituye un requisito esencial que determina su entrada en vigor. En ese sentido, se hace valer una violación directa al texto fundamental, en tanto la omisión impugnada atenta en contra del artículo 116 de la CPEUM, en el que se encuentra implícito el principio de debido proceso legislativo.
Sólo a partir de su publicación, la norma jurídica produce efecto vinculante para todos, pues dicho acto tiene por finalidad lograr que sea conocida por aquellos a quienes obliga y vincula, lo que constituye un elemento clave del Estado de Derecho, que se resume en que a nadie le es permitido ignorar las leyes y que presume que todos la conocen. De ahí que la omisión impugnada, no sólo entorpece el adecuado funcionamiento y trabajo del órgano legislativo, sino que, además, vulnera los principios democráticos de división de poderes, así como de certeza y seguridad jurídica de la población.
Es importante señalar que el procedimiento legislativo se encuentra sustentado del principio democrático, ahora bien, la importancia de la publicidad de la discusión es una exigencia para la seguridad y certeza jurídica de la ciudadanía, pues el Estado de Derecho se realiza con el cumplimiento efectivo de un ordenamiento jurídico legítimo que a todos vincula.
B. Violación al principio de división de poderes.
La CPEUM estructura el funcionamiento del poder público bajo el principio de preservación de la regularidad. El principio de regularidad en el funcionamiento de los órganos públicos implica que los actos llevados a cabo por las autoridades, en ejercicio de su competencia y que repercuten en el funcionamiento de otros órganos del Estado, deben sujetarse a la no afectación de su desempeño regular. El principio de división de poderes exige un equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto en el orden jurídico nacional.
La SCJN ha sostenido que la división de poderes exige un equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos propensos a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una deformación en el sistema de competencias previstos en el orden jurídico nacional.
A la luz de lo anterior, la omisión impugnada viola el principio de división de poderes, pues, el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado, en este caso, el proceso legislativo y su conclusión mediante el acto de publicación, se instituye para hacer efectivas las facultades de cada uno de los tres Poderes, no para entorpecer su desempeño. Principalmente cuando, en términos del artículo 90, penúltimo párrafo de la Constitución Estatal, el Titular del Ejecutivo no puede realizar observaciones sobre las leyes y reglamentos que se refieran a la estructura y la organización interna del Poder Legislativo.
C. Violación al principio de legalidad.
Del artículo 120 de la CPEUM se desprende el principio de legalidad, al que están sujetos los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para publicar las leyes federales, lo cual, por analogía y mayoría de razón, es aplicable para leyes locales.
Además, la omisión impugnada impide que la población o cualquier ente legitimado pueda controvertir judicialmente el contenido del Decreto de mérito y, por tanto, resulta violatoria del artículo 17 constitucional. Asimismo, tal como se desprende de los precedentes amparo directo en revisión 1807/2011 y controversia constitucional 272/2022, se violentan directamente los artículos 49, 116 y 120, así como 14 y 16 de la CPEUM.
3. Admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de fecha ocho de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico de esta controversia constitucional y turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que instruyera el procedimiento correspondiente, al existir conexidad con las diversas controversias constitucionales 109/2024, 128/2024, 129/2024 y 130/2024, toda vez que se combaten diversos actos concretos de contenido similar.
4. En acuerdo de fecha quince de abril siguiente, el Ministro instructor ordenó reconocer personalidad al promovente y admitir la demanda de controversia constitucional a trámite; tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a quien ordenó emplazar para que presentara su contestación; además, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, en su caso, manifestaran lo que a su representación correspondiera.
5. Contestación a la demanda de controversia constitucional. En promoción enviada mediante el sistema electrónico de esta SCJN el veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, ****** ****** ** ** ******, quien se ostenta como Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, contestó la demanda en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, en la cual pretende refutar los conceptos de invalidez de la demanda, con los argumentos siguientes:
• El requisito de publicidad se encuentra cumplido, dado que el Poder Legislativo actor realizó los mecanismos previstos por el Congreso en los supuestos en que se actualicen las omisiones a que hace referencia, esto es, se difundió el Decreto a través de la página oficial del Congreso. De ahí que no existe una afectación real al Poder Legislativo actor, ya que dicho medio es un mecanismo legítimo y válido para dar publicidad.
•No existe omisión alguna por parte del Poder Ejecutivo del Estado, sino que el Congreso ha incumplido con el artículo 16 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, que establece que para proceder a la publicación en el citado medio de difusión se deberán pagar los derechos que establezca la Ley de Hacienda del Estado. En el mismo sentido, en términos del artículo 3, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, el Congreso debe pagar los derechos por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, lo cual no ha acontecido.
• El Decreto Número 479, por el que se expide el Código de Ética del H. Congreso del Estado de Nuevo León, está siendo motivo de estudio de la controversia constitucional 80/2024, la cual no ha sido resuelta.
6. Por acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor ordenó reconocer personalidad al promovente y tener por contestada de manera extemporánea la demanda de controversia constitucional; ordenó correr traslado con copia de la demanda a la FGR, así como dejar a disposición de la parte actora y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal la mencionada contestación, y señaló día y hora para la verificación de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
7. Pedimento de la FGR y opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Ninguna de las instituciones mencionadas emitió opinión en la presente controversia constitucional.
8. Formulación de Alegatos. En promoción enviada mediante el sistema electrónico de esta SCJN el tres de septiembre de dos mil veinticuatro, Ricardo Tamez Flores, Delegado del Congreso del Estado de Nuevo León, ofreció pruebas y formuló los alegatos que estimó pertinentes, respecto al presente medio de control constitucional.
9. Cierre de la instrucción. Una vez tramitado en su totalidad el procedimiento de esta controversia constitucional, con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Reglamentaria en la Materia), en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas por las partes durante la substanciación del procedimiento y por formulados los alegatos presentados por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Por proveído de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, se acordó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
10. Dictamen con solicitud de turno del asunto a la Segunda Sala. Mediante dictamen de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor solicitó a la Ministra Presidenta de este alto tribunal remitir el expediente a la Segunda Sala de esta SCJN, para su resolución.
11. Acuerdo de turno a esta Segunda Sala. Mediante acuerdo de fecha treinta de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta ordenó remitir el expediente de la presente Controversia Constitucional a esta Segunda Sala de la SCJN para su radicación y resolución.
12. Avocamiento. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veinticuatro, el Presidente de esta Segunda Sala de la SCJN avocó a ésta al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
13. Desistimiento y acuerdo que provee. Mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, la Secretaria de Acuerdos de esta Segunda Sala registró y dio cuenta al Presidente de esta con el escrito electrónico registrado con el número de folio 4676-SEPJF, a través del cual la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León se desistió de la presente controversia constitucional. En dicho proveído el Presidente de esta Segunda Sala del alto tribunal requirió a la promovente para que, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación dicho acuerdo, ante la presencia judicial, en forma personal o mediante escrito presentado y firmado electrónicamente, ratifique el desistimiento, apercibida que, de no hacerlo, no se acordará de conformidad el desistimiento y se continuará el trámite legal correspondiente. Dicho acuerdo fue notificado a las partes por lista el veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro y a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León, el dos de diciembre de dos mil veinticuatro.
14. Ratificación de desistimiento y acuerdo que provee. Por escrito enviado mediante el Sistema Electrónico de esta SCJN el dos de diciembre de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXXVII legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León ratificó su diverso escrito de desistimiento de la controversia constitucional. Por lo que en proveído de tres de diciembre de dos mil veinticuatro, el Presidente de esta Segunda Sala de la SCJN tuvo por recibido el escrito electrónico y por desistida a la parte actora dentro del término concedido. El cuatro de diciembre siguiente se fijó lista para notificar a las partes el acuerdo anterior.
15. Returno del asunto. Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, el Presidente esta Segunda Sala de la SCJN, determinó que los asuntos que se encontraban asignados a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales, ahora en retiro, y radicados en esta Segunda Sala, se returnaran entre las Ministras y los Ministros que la integran, por lo que dicha controversia constitucional se returnó a la Ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama.
16. Returno del asunto. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN, determinó que los asuntos que se encontraban asignados a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales, ahora en retiro, se returnaran entre las Ministras y los Ministros que integran el Pleno de este alto tribunal, por lo que dicha controversia constitucional se returnó a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
17. Returno del asunto. Mediante acuerdo de seis de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta SCJN, determinó que, en atención al contenido del acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, dictado por el Presidente de esta Segunda Sala de la SCJN y, a fin de dar certeza jurídica a las partes de la presente controversia constitucional respecto de la Ministra o Ministro al cual fue returnado anteriormente, las partes deben estarse al returno del presente asunto a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, anteriormente referido.
I. COMPETENCIA
18. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h),(1) de la CPEUM; 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I.(3) 11, fracción VIII,(4) y 21, fracción IX,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I, párrafo primer,(6) y Tercero(7) del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado por instrumento normativo de diez de abril siguiente, por tratarse de un conflicto entre dos poderes de una misma entidad federativa, respecto del cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS Y SU EXISTENCIA
19. En términos del artículo 41, fracción I,(8) de la Ley Reglamentaria en la Materia, en relación con la tesis P./J. 98/2009, de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.”,(9) se fijan las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia. En el presente caso, de manera destacada la parte actora impugnó:
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto 479 aprobado por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa el 29 de noviembre del año 2023.
20. Además de lo anterior, en la manifestación de los hechos que señala el actor y que constituyen los antecedentes de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia, el Poder Legislativo refiere lo siguiente:
A. En fecha 29 de noviembre del año 2023, el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, aprobó el Decreto 479, en el cual se expide el Código de Ética para el H. Congreso del Estado de Nuevo León.
21. Por tanto, se tiene como acto reclamado la omisión atribuida al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de publicar, en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 479, por el que se expide el Código de Ética para el H. Congreso del Estado de Nuevo León.
III. OPORTUNIDAD
22. La demanda de controversia constitucional fue presentada de manera oportuna.
23. Como se indicó en el apartado anterior, lo que se impugna en el presente asunto es una omisión, respecto de los cuales esta SCJN ha sostenido que el plazo para su impugnación vía controversia constitucional se actualiza día a día mientras la omisión subsista, como se desprende de la tesis P./J. 43/2003, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.”(10) 24. Dado que el acto reclamado consiste en la omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el Decreto Número 479, debe concluirse que la demanda fue presentada oportunamente, toda vez que, de las constancias que obran en autos, se advierte que, al momento de su promoción, no se había divulgado el citado instrumento legislativo en el medio de difusión oficial antes señalado.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
25. La demanda fue promovida por parte legitimada.
26. Conforme a los artículos 10, fracción I,(11) y 11, párrafo primero,(12) de la Ley Reglamentaria en la Materia, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, se encuentren facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad de hacerlo, salvo prueba en contrario.
27. En este caso, promovió la demanda de controversia constitucional, en representación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, ***** ****** *********, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso de la entidad, lo que acredita con copia certificada del acuerdo y la publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto Número 414,(13) ambos relativos a la integración de la Mesa Directiva correspondiente.
28. De acuerdo con el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León,(14) es atribución del Presidente de la Mesa Directiva representar al Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal; por lo que procede reconocer su legitimación para promover el presente medio de control constitucional.
29. Así también, la legitimación del propio Poder Legislativo del Estado de Nuevo León para instar la vía, al ser uno de los entes previstos en el artículo 105, fracción I, de la CPEUM.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
30. El Poder demandado tienen legitimación pasiva.
31. Según lo previsto en los artículos 10, fracción II,(15) y 11, párrafo primero,(16) de la Ley Reglamentaria en la Materia, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, los poderes o los órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
32. En el caso, la autoridad demandada es el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, el cual compareció a juicio por conducto de ****** ****** ** ** ******, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobernador, lo que acredita con copia certificada de su designación realizada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, suscrita por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno de dicha entidad.
33. Además, de conformidad con el artículo 16, fracción IX, del Reglamento de las Unidades Administrativas de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Nuevo León,(17) el Titular de la Consejería Jurídica cuenta con la atribución de representar al Gobernador en las controversias constitucionales federales; de modo que debe reconocerse legitimación pasiva al Poder Ejecutivo del Estado, así como de quien comparece en su representación.
34. Por lo tanto, se desestima el argumento formulado por la delegada del Congreso del Estado de Nuevo León en su escrito de alegatos, consistente en que el Consejero Jurídico carece de facultades para representar al Gobernador en el presente medio de control constitucional, dado que, desde su perspectiva, la facultad prevista en el citado artículo 16, fracción IX, del Reglamento de las Unidades Administrativas resulta contrario al artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado,(18) precepto que otorga dicha facultad al Secretario General de Gobierno.
35. Lo incorrecto del argumento radica en que el propio artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, autoriza que la representación jurídica de la persona Titular del Ejecutivo del Estado sea por conducto de quien el Secretario General de Gobierno designe en los juicios o procedimientos en que aquél sea parte, de modo que no podría considerarse que se trata de una atribución que de forma obligatoria deba ser asumida directamente por dicho funcionario.(19)
36. Luego, si el Reglamento de las Unidades Administrativas de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Nuevo León otorga atribuciones al Consejero Jurídico para asumir la representación legal del Gobernador, entonces, debe considerarse que aquél cuenta con la facultad de comparecer con tal carácter, acorde con la presunción legal establecida en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria en la Materia.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O MOTIVOS DE SOBRESEIMIENTO
37. Esta Segunda Sala advierte que procede a decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria en la Materia.(20) en razón al desistimiento presentado por la parte actora en la presente controversia constitucional.
38. El citado precepto legal dispone la procedencia el sobreseimiento por desistimiento de la demanda en las controversias constitucionales, en los siguientes términos:
Artículo 20.
El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: (...)
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de los actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales;
39. Por su parte, el artículo 11, párrafo primero, de la propia Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en lo conducente, que la comparecencia a juicio de las partes deberá hacerse por medio de los funcionarios con facultades de representación, conforme a las normas que los rijan. El texto de dicho numeral se reproduce a continuación:
Artículo 11.
El actor, el demandado y, es su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las nomas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuanta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. (...)
40. Con base en los anteriores elementos, procede concluir que la procedencia del sobreseimiento por desistimiento en una controversia constitucional está condicionada a que la persona que desiste de la demanda a nombre de la entidad, órgano o poder de que se trate, se encuentre legitimado para representarlo, en términos de las leyes que lo rijan, ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública y, en lo relativo a la materia del juicio, no se trate de la impugnación de normas de carácter general.
41. Mediante escrito registrado con el número de folio ****-******, presentado y suscrito electrónicamente el veinticinco de noviembre del dos mil veinticuatro, ****** ** ** ***** *******, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León, expresó la voluntad de desistirse a nombre de su representado de la controversia constitucional que promovió, al tenor de la manifestación siguiente:
“...DIPUTADA ****** ** ** ***** *******, en mi carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con el Acuerdo número 1 aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León el Primero de septiembre de 2024 lo cual justifico con la documentación que acompaño; con las facultades expresamente señaladas en los artículos 60, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 24, fracción XV del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Estado de Nuevo León; con domicilio oficial en Matamoros número 555, Centro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y con domicilio convencional para recibir y oír notificaciones en la Calle Río Lerma 232, Piso 23, Interior A, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, ante Usted respetuosamente me permito exponer:
Con fundamento en los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, vengo a desistirme en forma expresa de la acción intentada en la presente controversia constitucional 135/2024, promovida en contra del Poder Ejecutivo, por la omisión de la publicación del Decreto 479, derivado de que es un hecho notorio que en fecha 28 de octubre del presente año, se llevó a cabo la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
Manifiesto que mi desistimiento es libre, espontáneo, y no se encuentra viciado por error, dolo, violencia, o cualquier otra causa que pudiera afectar su validez. Solicito respetuosamente que este Alto Tribunal tenga por presentado y ratificado el desistimiento, ordenando el archivo definitivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido.
En razón de que el presente ocurso lo firma electrónicamente el representante legal de la parte actora, cuya representación se acredita debidamente en la presente controversia constitucional, solicito que en este mismo acto se me tenga ratificando el presente escrito.
Lo anterior, de conformidad con la siguiente jurisprudencia:
Registro digital: 2023937
Instancia: Segunda Sala
Undécima Época
Materias(s): Común
Tesis: 2a./J. 31/2021 (11a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo
II, página 1533
Tipo: Jurisprudencia
DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201014-e0bdeda9/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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