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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD [ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 16, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL DE NUEVO LEÓN). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONGRESO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE EL CONSEJERO JURÍDICO CARECE DE FACULTADES PARA REPRESENTAR LEGALMENTE AL GOBERNADOR PUES DESDE SU PERSPECTIVA ESA FACULTAD CORRESPONDE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO TODA VEZ QUE SÍ TIENE LA FACULTAD PARA COMPARECER CON ESE CARÁCTER EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 16, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, AMBAS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO NÚMERO 399, POR EL QUE SE REFORMA POR ADICIÓN DE DOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS A LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DE ESA ENTIDAD). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO NÚMERO 399, POR EL QUE SE REFORMA POR ADICIÓN DE DOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS A LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DE ESA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 130/2024. · Registro digital (IUS): 200989
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 130/2024. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: CLAYDE ALFDAN SALDIVAR ALONSO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 130/2024, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la citada entidad federativa, demandando la invalidez de la omisión de publicar en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto Número 399, por el que se reforma por adición de dos artículos transitorios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito enviado el cuatro de abril de dos mil veinticuatro, mediante el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauro Guerra Villarreal, ostentándose como Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León promovió, en representación del Poder Legislativo de dicha entidad, la presente controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos y en contra de la autoridad que se precisan enseguida:

II. LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO DEMANDADO Y SU DOMICILIO:

Es el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, cuya Titularidad recae en su Gobernador Constitucional, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPULVEDA, con domicilio en su recinto oficial identificado como Palacio de Gobierno ubicado en la calle 5 de mayo entre las calles General Zaragoza y General Zuazua en el centro de Monterrey, Nuevo León. (...)

IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto 399 aprobado por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa el 15 de mayo del año 2023.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, indicó que estimaba vulnerados los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 116, párrafo primero, y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los argumentos siguientes:

A. La omisión impugnada viola el debido proceso legislativo. Uno de los elementos característicos del Estado de Derecho es el principio de publicidad de las normas jurídicas, pues éstas deben ser conocidas de manera exacta por aquellos a quienes vincula. La publicación de las normas jurídicas, además de ser la culminación del procedimiento legislativo, constituye un requisito esencial que determina su entrada en vigor. En ese sentido, se hace valer una violación directa al Texto Fundamental, en tanto la omisión impugnada atenta en contra del artículo 116 de la Constitución Política del país, en el que se encuentra implícito el principio de debido proceso legislativo.

Sólo a partir de su publicación, la norma jurídica produce efecto vinculante para todos, pues dicho acto tiene por finalidad lograr que sea conocida por aquellos a quienes obliga, lo que constituye un elemento clave del Estado de Derecho, que se resume en que a nadie le es permitido ignorar las leyes y que presume que todos la conocen. De ahí que la omisión impugnada, no sólo entorpece el adecuado funcionamiento y trabajo del órgano legislativo, sino que, además, vulnera los principios democráticos de división de poderes, así como de certeza y seguridad jurídica de la población.

B. La omisión impugnada viola el principio de división de poderes. El principio de regularidad en el funcionamiento de los órganos públicos implica que los actos llevados a cabo por las autoridades, en ejercicio de su competencia y que repercuten en el funcionamiento de otros órganos del Estado, deben sujetarse a la no afectación de su desempeño regular. El principio de división de poderes exige un equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto en el orden jurídico nacional.

A la luz de lo anterior, la omisión impugnada viola el principio de división de poderes, pues, el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado, en este caso, el proceso legislativo y su conclusión mediante el acto de publicación, se instituye para hacer efectivas las facultades de cada uno de los tres Poderes, no para entorpecer su desempeño.

C. La omisión impugnada viola el principio de legalidad. Del artículo 120 de la Constitución Política del país se desprende el principio de legalidad, al que están sujetos los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para publicar las leyes federales, lo cual, por analogía y mayoría de razón, es aplicable para leyes locales.

Además, la omisión impugnada impide que la población o cualquier ente legitimado pueda controvertir judicialmente el contenido del Decreto de mérito y, por tanto, resulta violatoria del artículo 17 constitucional. Asimismo, tal como se desprende de los precedentes amparo directo en revisión 1807/2011 y controversia constitucional 272/2022, se violenta directamente los artículos 49, 116 y 120, así como 14 y 16 de la Constitución Política del país.

3. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de ocho de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la presente controversia constitucional; asimismo, turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que instruyera el procedimiento correspondiente, al existir conexidad con las diversas controversias constitucionales 109/2024, 128/2024 y 129/2024, toda vez que se combaten diversos actos concretos (latu sensu) de contenido similar.

4. Posteriormente, en acuerdo de quince de abril siguiente, el Ministro instructor ordenó reconocer personalidad al promovente y admitir a trámite la demanda; asimismo, tener como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a quien ordenó emplazar para que presentara su contestación; finalmente, el Ministro instructor ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a efecto de que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

5. Contestación de la demanda. Por escrito enviado el veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, mediante el sistema electrónico de este Alto Tribunal, Ulises Carlin de la Fuente, ostentándose como Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda en representación del citado Poder. En su escrito, refutó los conceptos de invalidez, en los términos siguientes:

• El requisito de publicidad se encuentra cumplido, dado que el Poder Legislativo actor realizó los mecanismos previstos por el Congreso en los supuestos en que se actualicen las omisiones a que hace referencia, esto es, se difundió el Decreto a través de la página oficial del Congreso. De ahí que no existe una afectación real al Poder Legislativo actor, ya que dicho medio es un mecanismo legítimo y válido para dar publicidad.

• No existe omisión alguna por parte del Poder Ejecutivo del Estado, sino que el Congreso ha incumplido con el artículo 16 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, que establece que para proceder a la publicación en el citado medio de difusión se deberán pagar los derechos que establezca la Ley de Hacienda del Estado. En el mismo sentido, en términos del artículo 3, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, el Congreso debe pagar los derechos por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, lo cual no ha acontecido.

• Debe sobreseerse la presente controversia constitucional, en términos del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la Materia, en virtud de que la parte actora se duele de la omisión de publicar el Decreto 399, el cual versa sobre reformas al artículo sexto transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, referente a una autorización exclusivamente durante el ejercicio dos mil veintitrés, por lo que es evidente que cesaron los efectos de dicha porción normativa

6. Mediante proveído de nueve de julio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor ordenó reconocer personalidad al promovente y tener por contestada la demanda del presente medio de control constitucional; asimismo, ordenó correr traslado con copia de la demanda a la Fiscalía General de la República, así como dejar a disposición de la parte actora y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal la mencionada contestación; finalmente, señaló día y hora para la verificación de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

7. Pedimento de la Fiscalía General de la República y opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Las citadas instituciones no emitieron opinión en el presente asunto.

8. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en la Ley Reglamentaria, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas durante la substanciación del procedimiento y por formulados los alegatos presentados por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Posteriormente, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre siguiente, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.

9. Avocamiento. Mediante dictamen de veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor solicitó a la Ministra Presidenta remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución. Por acuerdo de catorce de noviembre siguiente, el Presidente de la Segunda Sala avocó a ésta al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto respectivo.

I. COMPETENCIA

10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Política del país); 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante Ley Reglamentaria de la Materia); 10, fracción I,(3) 11, fracción VIII,(4) y 21, fracción IX,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I, párrafo primero,(6) y Tercero(7) del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado por instrumento normativo de diez de abril siguiente, por tratarse de un conflicto entre dos poderes de una misma entidad federativa, respecto del cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS Y SU EXISTENCIA

11. En términos del artículo 41, fracción I,(8) de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con la tesis P./J. 98/2009, de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.”,(9) se fijan las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia. En el presente caso, de manera destacada la parte actora impugnó:

IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto 399 aprobado por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa el 15 de mayo del año 2023.

12. Además de lo anterior, en la manifestación de los hechos o las abstenciones que constan al actor y que constituyen los antecedentes de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia, el Poder Legislativo refiere lo siguiente:

En fecha 15 de mayo del año 2023, el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, aprobó el Decreto 399, que contiene reformas por adición de dos artículos transitorios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.

13. Por tanto, se tiene como acto reclamado la omisión atribuida al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de publicar, en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 399, por el que se reforma por adición de dos artículos transitorios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.

III. OPORTUNIDAD

14. La demanda fue presentada de manera oportuna.

15. Como se indicó en el apartado anterior, lo que se impugna en el presente asunto es un acto que constituye una omisión, respecto de los cuales el Tribunal Pleno ha sostenido que el plazo para su impugnación vía controversia constitucional se actualiza día a día mientras la omisión subsista, como se desprende de la tesis P./J. 43/2003, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.”(10)

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

16. La demanda fue promovida por parte legitimada.

17. Conforme a los artículos 10, fracción I,(11) y 11, párrafo primero,(12) de la Ley Reglamentaria de la Materia, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad de hacerlo, salvo prueba en contrario.

18. En el caso, promueve la demanda de controversia constitucional, en representación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso de la entidad, lo que acredita con copia certificada del acuerdo y la publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto Número 414, ambos relativos a la integración de la Mesa Directiva correspondiente.

19. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León,(13) es atribución del Presidente de la Mesa Directiva representar al Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal; por lo que procede reconocer su legitimación para promover el presente medio de control constitucional.

20. Así también, la del propio Poder Legislativo del Estado de Nuevo León para instar la vía, al ser uno de los entes previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política del país.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

21. El Poder demandado tienen legitimación pasiva.

22. Conforme a los artículos 10, fracción II,(14) y 11, párrafo primero,(15) de la Ley Reglamentaria de la Materia, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, los poderes o los órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

23. En el presente caso, es autoridad demandada el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, el cual compareció a juicio por conducto de Ulises Carlin de la Fuente, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobernador, lo que acredita con copia certificada de su designación realizada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, suscrita por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno de dicha entidad.

24. Además, de conformidad con el artículo 16, fracción IX, del Reglamento de las Unidades Administrativas de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Nuevo León,(16) el Titular de la Consejería Jurídica cuenta con la atribución de representar al Gobernador en las controversias constitucionales federales; de modo que debe reconocerse legitimación pasiva al Poder Ejecutivo del Estado, así como de quien comparece en su representación.

25. En consecuencia, se desestima el argumento formulado por la delegada del Congreso del Estado de Nuevo León en su escrito de alegatos, consistente en que el Consejero Jurídico carece de facultades para representar al Gobernador en el presente medio de control constitucional, dado que, desde su perspectiva, la facultad prevista en el citado artículo 16, fracción IX, del Reglamento de las Unidades Administrativas resulta contraria al artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado,(17) precepto que otorga dicha facultad al Secretario General de Gobierno.

26. Lo desacertado del argumento estriba en que el propio artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, autoriza que la representación jurídica de la persona Titular del Ejecutivo del Estado sea por conducto de quien el Secretario General de Gobierno designe en los juicios o procedimientos en que aquél sea parte, de modo que no podría considerarse que se trata de una atribución que ineludiblemente deba ser asumida directamente por dicho funcionario.(18)

27. Luego, si el Reglamento de las Unidades Administrativas de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Nuevo León otorga atribuciones al Consejero Jurídico para asumir la representación legal del Gobernador, entonces, debe considerarse que aquél cuenta con la facultad de comparecer con tal carácter, acorde con la presunción legal establecida en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O MOTIVOS DE SOBRESEIMIENTO

28. Resulta innecesario el estudio de la causal de improcedencia planteada por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, porque esta Segunda Sala advierte, de oficio, la actualización de un diverso motivo de sobreseimiento previsto en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la Materia, que establece:

Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: (...)

III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último; y (...).

29. En efecto, la presente controversia constitucional fue promovida el cuatro de abril de dos mil veinticuatro, impugnando la omisión atribuida al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de publicar, en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 399, por el que se reforma por adición de dos artículos transitorios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.

30. Al respecto, en su demanda, el Poder Legislativo actor manifestó los siguientes hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto impugnado.

A. En fecha 15 de mayo del año 2023, el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, aprobó el Decreto 399, que contiene reformas por adición de dos artículos transitorios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.

B. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de Nuevo León, mediante oficio de esa misma fecha (15 de mayo de 2023) el Congreso del Estado de Nuevo León, solicitó mediante Oficio dirigido al Gobernador del Estado de Nuevo León, la publicación del referido Decreto 399. El oficio de mérito fue recibido por el Gobierno del Estado de Nuevo León, en fecha 19 de mayo del mismo año 2023. C. Ante la omisión del Gobernador del Estado en ordenar publicar el referido Decreto, en fecha 13 de junio de esa misma anualidad, el Encargado del o (sic) Responsable del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, dependencia de la Secretaría General de Gobierno, fue notificado de una petición suscrita por este Presidente de la LXXVI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, solicitando que en términos del artículo 90 de la Constitución del Estado de Nuevo León antes referido, se procediera a llevar a cabo la publicación del Decreto citado.

D. No obstante, lo anterior a la fecha de la presentación de esta demanda, la dependencia encargada del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, ha sido omisa en la publicación del Decreto de referencia en el Periódico Oficial del Estado, lo que afecta los principios de legalidad (certeza y seguridad jurídica), federalista, división de poderes y de debido proceso legislativo.

31. De igual forma, la parte actora acompañó en copia certificada las constancias siguientes:

• Dictamen de la Comisión de Presupuesto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, que contiene el Decreto por el que se reforma por adición de dos artículos transitorios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León y su aprobación en sesión ordinaria de quince de mayo de dos mil veintitrés.

• Oficio 841-LXXVI-2023, de quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Primera y Segunda Secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dirigido al Gobernador de la entidad, mediante el cual solicitan la publicación en el Periódico Oficial de la entidad del Decreto Número 399 (se acompaña anexo respectivo). En dicho oficio, obran estampados sellos de recibo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, de la Consejería Jurídica del Gobernador y del Periódico Oficial del Estado.

• Oficio sin número, suscrito por el Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León, dirigido al Encargado o Responsable del Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se le precisa que el Decreto Número 399, en términos del artículo 90 de la Constitución local, se le tiene por sancionado y promulgado, sin que requiera refrendo por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que se ordena su publicación, lo que deberá acontecer al día hábil siguiente de su recepción. En dicho oficio, obran estampados con fecha trece de junio de dos mil veintitrés, los sellos de recibido de la Secretaría General de Gobierno y el Periódico Oficial del Estado.

• Oficio sin número, suscrito por el Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León, dirigido a los Titulares de la Oficialía Mayor, de la Dirección de Comunicación Social y de la Dirección de Informática, mediante el que comunica lo indicado en el párrafo anterior y solicita que, en caso de que el Periódico Oficial del Estado no atienda la orden de publicación, proceda con la difusión en la Gaceta Legislativa y en el portal oficial correspondiente, asimismo, publique los avisos respectivos en los periódicos de mayor circulación de la entidad.

• Avisos de dieciséis de junio de dos mil veintitrés en los medios de difusión denominados “El Horizonte” y “Milenio” mediante los cuales se da aviso de que, entre otros, el Decreto 399 ha sido publicado en el Portal Oficial y en la Gaceta Legislativa del Poder Legislativo Estatal.

32. Como puede advertirse, el Poder Legislativo actor manifiesta que el quince de mayo de dos mil veintitrés, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto 399, que contiene reformas por adición de dos artículos transitorios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.

33. En dicha fecha, solicitó al Gobernador de la entidad la publicación del referido instrumento legislativo en el Periódico Oficial del Estado, en términos del artículo 90 de la Constitución Local. Ante el supuesto incumplimiento del Titular del Poder Ejecutivo, el actor solicitó al Encargado del referido medio de difusión oficial proceder a la respectiva publicación, sin que, según su dicho, a la fecha de presentación de la demanda (cuatro de abril de dos mil veinticuatro), se haya realizado la publicación correspondiente.

34. Al respecto, el artículo 90 de la Constitución del Estado de Nuevo León establece el siguiente procedimiento para la emisión de una ley o decreto:

Artículo 90. Aprobada la ley o decreto, se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Si el Ejecutivo la devolviere con observaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, el Congreso del Estado estará en aptitud de discutir nuevamente la ley o decreto que, para ser aprobado de nuevo, requerirá el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes. Aprobado de nueva cuenta, se remitirán las constancias pertinentes al Ejecutivo del Estado, para que proceda a su publicación en un plazo máximo de diez días naturales, contados a partir de su recepción.

El Ejecutivo no podrá presentar observaciones a los decretos de reformas o adiciones a la Constitución, las leyes de carácter constitucional, a los que convoquen a sesiones extraordinarias, resuelvan un juicio político ni a los de declaración de procedencia.

Transcurrido el plazo para formular observaciones, sin que se reciban las mismas, se tendrá por sancionada la ley o el decreto, el cual deberá publicarse en el plazo a que se contrae la parte final del segundo párrafo de este artículo, excepto tratándose de reformas a esta Constitución o a las leyes de carácter constitucional, que deberán publicarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción por el Ejecutivo.

Cuando el Poder Ejecutivo incumpla con los plazos previstos en el presente artículo, la ley o decreto será considerado sancionado, sin que se requiera refrendo, y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los diez días hábiles siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la cual deberá efectuarse al día siguiente.

El Ejecutivo del Estado no podrá realizar observaciones sobre las leyes y reglamentos que se refieran a la estructura y organización interna del Poder Legislativo.

35. De lo anterior básicamente se desprende que el procedimiento para la publicación de una ley o decreto en el Periódico Oficial de la entidad es el siguiente:

• Aprobación de la ley o decreto y su envío al Ejecutivo. Una vez aprobada una ley o decreto por el Congreso del Estado, se envía al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial de la entidad.

• Posibilidad de realizar observaciones. El Gobernador cuenta con diez días hábiles para devolver la ley o decreto al Congreso con observaciones. Si esto ocurre, el Congreso debe discutir nuevamente y requerirá del voto de las dos terceras partes de los diputados presentes para aprobarla otra vez. Si se aprueba, se envía nuevamente al Gobernador, quien debe publicarla en un máximo de diez días naturales.

• Imposibilidad de realizar observaciones. El Gobernador no puede realizar observaciones, entre otros supuestos, tratándose de leyes y reglamentos referentes a la estructura y organización interna del Poder Legislativo.

• Sanción automática por falta de observaciones. Si el Gobernador no devuelve la ley o decreto con observaciones dentro del plazo de diez días hábiles, se considera sancionada automáticamente, en este caso, debe publicarla en diez días naturales, o en cinco días hábiles, si es una reforma a la Constitución o una ley constitucional.

• Publicación por orden del Congreso. Si el Ejecutivo incumple los plazos de publicación, la ley o decreto se considerará sancionado, sin que se requiera refrendo. En tal supuesto, el Presidente del Congreso ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los diez días hábiles siguientes, lo cual deberá efectuarse al día siguiente.

36. En tal sentido, es claro que la Constitución del Estado de Nuevo León establece la obligación a cargo del Ejecutivo estatal de publicar las leyes y los decretos aprobados por el Congreso local, esto es, existe un débito correspondiente al Poder Ejecutivo establecido directamente en la norma constitucional local para contribuir al correcto trámite legislativo.

37. Ahora bien, no obstante lo manifestado por el Poder Legislativo actor, constituye un hecho notorio(19) para esta Segunda Sala que, con anterioridad a la presentación de la demanda, fue publicado el cinco de junio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado el citado Decreto, en los términos siguientes:(20)

Ver Decreto 399

38. Como puede advertirse, el Decreto 399, que contiene reformas por adición de dos artículos transitorios a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cinco de junio de dos mil veintitrés.

39. Al respecto, de conformidad con los artículos 2, 5 y 23 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León,(21) dicho medio de difusión oficial es el órgano informativo del Gobierno Constitucional del Estado, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar, entre otros actos, las leyes o decretos expedidos por los Poderes del Estado en sus respectivos ámbitos de competencia. Así, las leyes o decretos surtirán efectos jurídicos y obligan por el sólo hecho de aparecer publicados en el Periódico Oficial, a menos que en el documento publicado se indique diverso día a partir del que debe entrar en vigor. La versión electrónica del Periódico Oficial del Estado tendrá la misma validez que la edición impresa.

40. Consecuentemente, a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el cuatro de abril de dos mil veinticuatro, no existía la omisión impugnada en el presente juicio, en tanto el cinco de junio de dos mil veintitrés, el Gobernador del Estado cumplió con la obligación a cargo impuesta en la norma constitucional local para contribuir al correcto trámite legislativo consistente en publicar el Decreto correspondiente en el Periódico Ofici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200989-ad7762cc/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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