I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD [ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO LOCAL TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABERLE SIDO ATRIBUIDA LA OMISIÓN OBJETO DE LA PRESENTE CONTROVERSIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 16, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y 22, FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONGRESO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE EL CONSEJERO JURÍDICO CARECE DE FACULTADES PARA REPRESENTAR LEGALMENTE AL GOBERNADOR PUES DESDE SU PERSPECTIVA ESA FACULTAD CORRESPONDE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO TODA VEZ QUE SÍ TIENE LA FACULTAD PARA COMPARECER CON ESE CARÁCTER EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN, XXVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 16, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, AMBAS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DECRETO NÚMERO 439, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, AMBAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DECRETO NÚMERO 439, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, AMBAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2024. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 26 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: CLAYDE ALFDAN SALDIVAR ALONSO.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 109/2024, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la citada entidad federativa, demandando la invalidez de la omisión de publicar en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto Número 439, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito enviado el seis de marzo de dos mil veinticuatro, mediante el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauro Guerra Villarreal, ostentándose como Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León promovió, en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, la presente controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos y en contra de la autoridad que se precisan enseguida:
II. LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO DEMANDADO Y SU DOMICILIO:
Es el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, cuya Titularidad recae en su Gobernador Constitucional, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPULVEDA, con domicilio en su recinto oficial identificado como Palacio de Gobierno ubicado en la calle 5 de mayo entre las calles General Zaragoza y General Zuazua en el centro de Monterrey, Nuevo León. (...).
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
1. La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto 439 aprobado por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa el 25 de septiembre del año 2023, en el que se reformaron los siguientes ordenamientos que rigen la vida interna de este órgano legislativo:
1.1 Reforma al último párrafo del artículo 75, y adición de un tercer párrafo al artículo 93, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
1.2 Reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, respecto al primer párrafo del artículo 47, los incisos b) c) y d) del artículo 50, los párrafos primero y segundo del artículo 51, el artículo 79, 94, fracción II del artículo 127, se adiciona los incisos d) y e) al artículo 50, un artículo 51 bis 1 y una Sección Primera denominada “de las Mociones” al Capítulo II con los artículos 134 bis 1, 134 bis 2, 134 Bis 3, 134 bis 4, 134 Bis 5, 134 Bis 6, 134 Bis 7, 134 Bis 8, 134 Bis 9, derogación del artículo 126 Bis, fracciones II, IV, V del artículo 127 y el artículo 131.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, indicó que estimaba vulnerados los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 116, párrafo primero, y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los argumentos siguientes:
A. La omisión impugnada viola el debido proceso legislativo. Uno de los elementos característicos del Estado de Derecho es el principio de publicidad de las normas jurídicas, pues éstas deben ser conocidas de manera exacta por aquellos a quienes vincula. La publicación de las normas jurídicas, además de ser la culminación del procedimiento legislativo, constituye un requisito esencial que determina su entrada en vigor. En ese sentido, se hace valer una violación directa al Texto Fundamental, en tanto la omisión impugnada atenta en contra del artículo 116 de la Constitución Política del país, en el que se encuentra implícito el principio de debido proceso legislativo.
Sólo a partir de su publicación, la norma jurídica produce efecto vinculante para todos, pues dicho acto tiene por finalidad lograr que sea conocida por aquellos a quienes obliga, lo que constituye un elemento clave del Estado de Derecho, que se resume en que a nadie le es permitido ignorar las leyes y que presume que todos la conocen. De ahí que la omisión impugnada, no sólo entorpece el adecuado funcionamiento y trabajo del órgano legislativo, sino que, además, vulnera los principios democráticos de división de poderes, así como de certeza y seguridad jurídica de la población.
B. La omisión impugnada viola el principio de división de poderes. El principio de regularidad en el funcionamiento de los órganos públicos implica que los actos llevados a cabo por las autoridades, en ejercicio de su competencia y que repercuten en el funcionamiento de otros órganos del Estado, deben sujetarse a la no afectación de su desempeño regular. El principio de división de poderes exige un equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto en el orden jurídico nacional.
A la luz de lo anterior, la omisión impugnada viola el principio de división de poderes, pues, el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado, en este caso, el proceso legislativo y su conclusión mediante el acto de publicación, se instituye para hacer efectivas las facultades de cada uno de los tres Poderes, no para entorpecer su desempeño. Máxime cuando, en términos del artículo 90, penúltimo párrafo, de la Constitución Estatal, el Titular del Ejecutivo no puede realizar observaciones sobre las leyes y reglamentos que se refieran a la estructura y la organización interna del Poder Legislativo.
C. La omisión impugnada viola el principio de legalidad. Del artículo 120 de la Constitución Política del país se desprende el principio de legalidad, al que están sujetos los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para publicar las leyes federales, lo cual, por analogía y mayoría de razón, es aplicable para leyes locales.
Además, la omisión impugnada impide que la población o cualquier ente legitimado pueda controvertir judicialmente el contenido del Decreto de mérito y, por tanto, resulta violatoria del artículo 17 constitucional. Asimismo, tal como se desprende de los precedentes amparo directo en revisión 1807/2011 y controversia constitucional 272/2022, se violenta directamente los artículos 49, 116 y 120, así como 14 y 16 de la Constitución Política del país.
3. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la presente controversia constitucional; asimismo, turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que instruyera el procedimiento correspondiente.
4. Posteriormente, en acuerdo de once de abril siguiente, el Ministro instructor ordenó reconocer personalidad al promovente y admitir a trámite la demanda; asimismo, tener como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a quien ordenó emplazar para que presentara su contestación; finalmente, el Ministro instructor ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a efecto de que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
5. Contestación de la demanda. Por escrito enviado el veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, mediante el sistema electrónico de este Alto Tribunal, Ulises Carlin de la Fuente, ostentándose como Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda en representación del citado Poder. En su escrito, refutó los conceptos de invalidez, en los términos siguientes:
• El requisito de publicidad se encuentre cumplido, dado que el Poder Legislativo actor realizó los mecanismos previstos por el Congreso en los supuestos en que se actualicen las omisiones a que hace referencia, esto es, se difundió el Decreto a través de la página oficial del Congreso. De ahí que no existe una afectación real al Poder Legislativo actor, ya que dicho medio es un mecanismo legítimo y válido para dar publicidad.
• No existe omisión alguna por parte del Poder Ejecutivo del Estado, sino que el Congreso ha incumplido con el artículo 16 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, que establece que para proceder a la publicación en el citado medio de difusión se deberán pagar los derechos que establezca la Ley de Hacienda del Estado. En el mismo sentido, en términos del artículo 3, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, el Congreso debe pagar los derechos por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, lo cual no ha acontecido.
• El Decreto, cuya omisión de publicación se impugna, fue objeto de observaciones por parte del Poder Ejecutivo Estatal. En respuesta, el Congreso emitió un acuerdo administrativo mediante el cual desestimó dichas observaciones, el cual se encuentra impugnado en la controversia constitucional 127/2024. Por tanto, no existe afectación alguna, pues dicho medio de control constitucional conducirá a una resolución judicial definitiva sobre la validez del Decreto en cuestión.
6. Mediante proveído de nueve de julio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor ordenó reconocer personalidad al promovente y tener por contestada la demanda del presente medio de control constitucional; asimismo, ordenó correr traslado con copia de la demanda a la Fiscalía General de la República, así como dejar a disposición de la parte actora y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal la mencionada contestación; finalmente, señaló día y hora para la verificación de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
7. Pedimento de la Fiscalía General de la República y opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Las citadas instituciones no emitieron opinión en el presente asunto.
8. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en la Ley Reglamentaria, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas durante la substanciación del procedimiento y por formulados los alegatos presentados por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Posteriormente, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre siguiente, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
9. Avocamiento. Mediante dictamen de once de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor solicitó a la Ministra Presidenta remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución. Por acuerdo de veintinueve de octubre siguiente, el Presidente de la Segunda Sala avocó a ésta al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto respectivo.
10. Returno. Mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinticuatro, dictado por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, se determinó que los asuntos que se encontraban asignados a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales, se returnaran entre las ministras y los ministros que integran la Segunda Sala. En atención a lo anterior, mediante proveído de cinco de diciembre siguiente, dictado por el Ministro Presidente de la Segunda Sala, se returnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa el expediente en que se actúa.
I. COMPETENCIA
11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Política del país); 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General (en adelante Ley Reglamentaria de la Materia); 10, fracción I,(3) 11, fracción VIII,(4) y 21, fracción IX,(5) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I, párrafo primero,(6) y Tercero(7) del Acuerdo General Plenario Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado por instrumento normativo de diez de abril siguiente, por tratarse de un conflicto entre dos poderes de una misma entidad federativa, respecto del cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
12. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(8) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(9)
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS Y SU EXISTENCIA
13. En términos del artículo 41, fracción I,(10) de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con la tesis P./J. 98/2009, de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.”,(11) se fijan las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia. En el presente caso, de manera destacada la parte actora impugnó:
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
1. La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto 439 aprobado por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa el 25 de septiembre del año 2023, en el que se reformaron los siguientes ordenamientos que rigen la vida interna de este órgano legislativo:
1.1 Reforma al último párrafo del artículo 75, y adición de un tercer párrafo al artículo 93, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
1.2 Reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, respecto al primer párrafo del artículo 47, los incisos b) c) y d) del artículo 50, los párrafos primero y segundo del artículo 51, el artículo 79, 94, fracción II del artículo 127, se adiciona los incisos d) y e) al artículo 50, un artículo 51 bis 1 y una Sección Primera denominada “de las Mociones” al Capítulo II con los artículos 134 bis 1, 134 bis 2, 134 Bis 3, 134 bis 4, 134 Bis 5, 134 Bis 6, 134 Bis 7, 134 Bis 8, 134 Bis 9, derogación del artículo 126 Bis, fracciones II, IV, V del artículo 127 y el artículo 131.
14. Por tanto, se tiene como acto reclamado la omisión atribuida al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de publicar, en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 439, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
III. OPORTUNIDAD
15. La demanda fue presentada de manera oportuna.
16. Como se indicó en el apartado anterior, lo que se impugna en el presente asunto es un acto que constituye una omisión, respecto de los cuales el Tribunal Pleno ha sostenido que el plazo para su impugnación vía controversia constitucional se actualiza día a día mientras la omisión subsista, como se desprende de la tesis P./J. 43/2003, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.”(12)
17. Por tanto, dado que el acto reclamado consiste en la omisión de publicar, en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 439, debe concluirse que la demanda fue presentada oportunamente, toda vez que, de las constancias que obran en autos, se advierte que, al momento de su promoción, no se había divulgado el citado instrumento legislativo en el referido medio de difusión oficial.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
18. La demanda fue promovida por parte legitimada.
19. Conforme a los artículos 10, fracción I,(13) y 11, párrafo primero,(14) de la Ley Reglamentaria de la Materia, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad de hacerlo, salvo prueba en contrario.
20. En el caso, promueve la demanda de controversia constitucional, en representación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso de la entidad federativa, lo que acredita con copia certificada del acuerdo y la publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto Número 414, ambos relativos a la integración de la Mesa Directiva correspondiente.
21. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León,(15) es atribución del Presidente de la Mesa Directiva representar al Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal; por lo que procede reconocer su legitimación para promover el presente medio de control constitucional.
22. Así también, la del propio Poder Legislativo del Estado de Nuevo León para instar la vía, al ser uno de los entes previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política del país.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
23. El Poder demandado tienen legitimación pasiva.
24. Conforme a los artículos 10, fracción II,(16) y 11, párrafo primero,(17) de la Ley Reglamentaria de la Materia, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, los poderes o los órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
25. En el presente caso, es autoridad demandada el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, el cual compareció a juicio por conducto de Ulises Carlin de la Fuente, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobernador, lo que acredita con copia certificada de su designación realizada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, suscrita por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno de dicha entidad.
26. Además, de conformidad con el artículo 16, fracción IX, del Reglamento de las Unidades Administrativas de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Nuevo León,(18) el Titular de la Consejería Jurídica cuenta con la atribución de representar al Gobernador en las controversias constitucionales federales; de modo que debe reconocerse legitimación pasiva al Poder Ejecutivo del Estado, así como de quien comparece en su representación.
27. En consecuencia, se desestima el argumento formulado por la delegada del Congreso del Estado de Nuevo León en su escrito de alegatos, consistente en que el Consejero Jurídico carece de facultades para representar al Gobernador en el presente medio de control constitucional, dado que, desde
su perspectiva, la facultad prevista en el citado artículo 16, fracción IX, del Reglamento de las Unidades Administrativas resulta contraria al artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado,(19) precepto que otorga dicha facultad al Secretario General de Gobierno. 28. Lo desacertado del argumento estriba en que el propio artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, autoriza que la representación jurídica de la persona Titular del Ejecutivo del Estado sea por conducto de quien el Secretario General de Gobierno designe en los juicios o procedimientos en que aquél sea parte, de modo que no podría considerarse que se trata de una atribución que ineludiblemente deba ser asumida directamente por dicho funcionario.(20)
29. Luego, si el Reglamento de las Unidades Administrativas de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Nuevo León otorga atribuciones al Consejero Jurídico para asumir la representación legal del Gobernador, entonces, debe considerarse que aquél cuenta con la facultad de comparecer con tal carácter, acorde con la presunción legal establecida en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la Materia.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O MOTIVOS DE SOBRESEIMIENTO
30. Esta Segunda Sala determina que procede decretar el sobreseimiento en la presente controversia constitucional, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la Materia, que establece:
Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales; (...).
31. En efecto, mediante escrito presentado de manera electrónica el veinte de febrero de dos mil veinticinco, Lorena de la Garza Venecia, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Septuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, manifestó su voluntad de manera expresa de desistir de la presente controversia constitucional, promovida en contra del Poder Ejecutivo Estatal.
32. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el sobreseimiento por desistimiento de una controversia constitucional, previsto en el citado artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la Materia, se encuentra condicionado a que la persona que se desestima en nombre de la entidad, el órgano o el poder actor, se encuentre legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan; que ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública y, en lo relativo a la materia del juicio, que no se trate de la impugnación de normas de carácter general.
33. Dicho criterio se ve plasmado en la jurisprudencia P./J. 113/2005,(21) sustentada por el Tribunal Pleno, de rubro y texto siguientes:
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el sobreseimiento cuando la parte actora desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que pueda hacerlo tratándose de normas generales. Por su parte, el artículo 11, primer párrafo, de la ley citada establece, en lo conducente, que la comparecencia de las partes a juicio deberá hacerse por medio de los funcionarios con facultades de representación, conforme a las normas que los rijan. De lo anterior se concluye que la procedencia del sobreseimiento por desistimiento en una controversia constitucional está condicionada a que la persona que desista a nombre de la entidad, órgano o poder de que se trate, se encuentre legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan; que ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública y, en lo relativo a la materia del juicio, que no se trate de la impugnación de normas de carácter general.
34. En ese orden de ideas, es necesario precisar que en la especie se satisfacen esos requisitos, lo cual se demuestra a continuación:
A. Legitimación para solicitar el desistimiento
35. De conformidad con los artículos 10, fracción I,(22) y 11, párrafo primero,(23) de la Ley Reglamentaria de la Materia, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad de hacerlo, salvo prueba en contrario.
36. En el caso, el escrito de desistimiento fue suscrito por Lorena de la Garza Venecia, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Septuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, personalidad que acreditó con copia certificada del Decreto Número 001, de primero de septiembre de dos mil veinticuatro, por el que se aprueba la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el primer año de ejercicio constitucional de la citada legislatura.(24)
37. Además, es preciso señalar que, de acuerdo con el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, es atribución del Presidente de la Mesa Directiva representar al Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal, en los términos siguientes:
Artículo 60. Son atribuciones de los integrantes de la Directiva las siguientes:
I. Del Presidente: (...)
c) Representar al Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal y protocolario, pudiendo delegar dicha representación de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; (...).
38. Por lo anterior, se concluye que el desistimiento solicitado por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León fue presentado por conducto de la funcionaria que, en términos de las normas que lo rigen, está facultada para representarlo, con lo que se satisface la primera condición para la procedencia del sobreseimiento por desistimiento de la demanda.
B. Ratificación de la voluntad ante un funcionario investido de fe pública
39. Dicha condición se encuentra satisfecha, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la Segunda Sala tuvo por desistida y ratificada a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León.
40. Esto, considerando que, con apoyo por analogía, en la jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.), de rubro siguiente: “DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL.”,(25) la ratificación del escrito de desistimiento del medio de defensa tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó.
41. Tomando en cuenta lo anterior, en dicho criterio jurisprudencial esta Segunda Sala explicó que, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento.
42. Consecuentemente y tal como se adelantó, se concluye que el desistimiento solicitado por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León fue ratificado debidamente, con lo que se satisface la segunda condición para la procedencia del sobreseimiento por desistimiento de la demanda.
C. La materia de la controversia constitucional
43. En el caso, la materia del juicio no versa sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general, razón por la cual es de estimarse que también se satisface la tercera y última condición para la procedencia del sobreseimiento por desistimiento.
44. En efecto, tal como quedó precisado en el apartado anterior de la presente resolución, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León presentó demanda de controversia constitucional impugnando como acto reclamado la omisión atribuida al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de publicar, en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 439, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
45. Por lo que es patente que la materia del juicio constitucional no versa sobre una norma de carácter general y, por tanto, al actualizarse todas las condiciones necesarias para tener por desistida de la demanda, con fundamento en el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la Materia, lo procedente es sobreseer en la controversia constitucional.
VII. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO. Se tiene por desistida a la parte actora.
SEGUNDO. Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
A
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201000-9c8afa8f/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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