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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 16, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL DE NUEVO LEÓN). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA OMISIÓN IMPUGNADA, AL HABERSE PUBLICADO EL DECRETO RESPECTIVO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD (LA OMISIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO NÚMERO 350, POR EL QUE SE ADICIONAN UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 128/2024. · Registro digital (IUS): 200973
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 128/2024. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: CLAYDE ALFDAN SALDIVAR ALONSO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 128/2024, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la citada entidad federativa, demandando la invalidez de la omisión de publicar en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto Número 350, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito enviado el cuatro de abril de dos mil veinticuatro, mediante el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauro Guerra Villarreal, ostentándose como Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León promovió, en representación del Poder Legislativo de dicha entidad, la presente controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos y en contra de la autoridad que se precisan enseguida:

II. LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO DEMANDADO Y SU DOMICILIO;

Es el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, cuyo Titularidad recae en su Gobernador Constitucional, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPULVEDA, con domicilio en su recinto oficial identificado como Palacio de Gobierno ubicado en la calle 5 de mayo entre las calles General Zaragoza y General Zuazua en el centro de Monterrey, Nuevo León. (...)

IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto 350, aprobado por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa, el 26 de abril de 2023, en el que no se aceptan las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y se confirma el decreto aprobado el de 1 de marzo de 2023 (“Decreto que contiene una adición al último párrafo del artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León).

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, indicó que estimaba vulnerados los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 116, párrafo primero, y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los argumentos siguientes:

A. La omisión impugnada viola el debido proceso legislativo. Uno de los elementos característicos del Estado de Derecho es el principio de publicidad de las normas jurídicas, pues éstas deben ser conocidas de manera exacta por aquellos a quienes vincula. La publicación de las normas jurídicas, además de ser la culminación del procedimiento legislativo, constituye un requisito esencial que determina su entrada en vigor. En ese sentido, se hace valer una violación directa al Texto Fundamental, en tanto la omisión impugnada atenta en contra del artículo 116 de la Constitución Política del país, en el que se encuentra implícito el principio de debido proceso legislativo.

Sólo a partir de su publicación, la norma jurídica produce efecto vinculante para todos, pues dicho acto tiene por finalidad lograr que sea conocida por aquellos a quienes obliga, lo que constituye un elemento clave del Estado de Derecho, que se resume en que a nadie le es permitido ignorar las leyes y que presume que todos la conocen. De ahí que la omisión impugnada, no sólo entorpece el adecuado funcionamiento y trabajo del órgano legislativo, sino que, además, vulnera los principios democráticos de división de poderes, así como de certeza y seguridad jurídica de la población.

B. La omisión impugnada viola el principio de división de poderes. El principio de regularidad en el funcionamiento de los órganos públicos implica que los actos llevados a cabo por las autoridades, en ejercicio de su competencia y que repercuten en el funcionamiento de otros órganos del Estado, deben sujetarse a la no afectación de su desempeño regular. El principio de división de poderes exige un equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto en el orden jurídico nacional.

A la luz de lo anterior, la omisión impugnada viola el principio de división de poderes, pues, el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado, en este caso, el proceso legislativo y su conclusión mediante el acto de publicación, se instituye para hacer efectivas las facultades de cada uno de los tres Poderes, no para entorpecer su desempeño.

C. La omisión impugnada viola el principio de legalidad. Del artículo 120 de la Constitución Política del país se desprende el principio de legalidad, al que están sujetos los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para publicar las leyes federales, lo cual, por analogía y mayoría de razón, es aplicable para leyes locales.

Además, la omisión impugnada impide que la población o cualquier ente legitimado pueda controvertir judicialmente el contenido del Decreto de mérito y, por tanto, resulta violatoria del artículo 17 constitucional. Asimismo, tal como se desprende de los precedentes amparo directo en revisión 1807/2011 y controversia constitucional 272/2022, se violenta directamente los artículos 49, 116 y 120, así como 14 y 16 de la Constitución Política del país.

3. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de ocho de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la presente controversia constitucional; asimismo, turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que instruyera el procedimiento correspondiente, al existir conexidad con la controversia constitucional 109/2024, toda vez que se combaten diversos actos concretos (latu sensu) de contenido similar.

4. Posteriormente, en acuerdo de quince de abril siguiente, el Ministro instructor ordenó reconocer personalidad al promovente y admitir a trámite la demanda; asimismo, tener como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a quien ordenó emplazar para que presentara su contestación; finalmente, el Ministro instructor ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a efecto de que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

5. Contestación de la demanda. Por escrito enviado el veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, mediante el sistema electrónico de este Alto Tribunal, Ulises Carlin de la Fuente, ostentándose como Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda en representación del citado Poder. En su escrito, refutó los conceptos de invalidez, en los términos siguientes:

• El requisito de publicidad se encuentra cumplido, dado que el Poder Legislativo actor realizó los mecanismos previstos por el Congreso en los supuestos en que se actualicen las omisiones a que hace referencia, esto es, se difundió el Decreto a través de la página oficial del Congreso. De ahí que no existe una afectación real al Poder Legislativo actor, ya que dicho medio es un mecanismo legítimo y válido para dar publicidad.

• No existe omisión alguna por parte del Poder Ejecutivo del Estado, sino que el Congreso ha incumplido con el artículo 16 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, que establece que para proceder a la publicación en el citado medio de difusión se deberán pagar los derechos que establezca la Ley de Hacienda del Estado. En el mismo sentido, en términos del artículo 3, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, el Congreso debe pagar los derechos por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, lo cual no ha acontecido.

6. Mediante proveído de nueve de julio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor ordenó reconocer personalidad al promovente y tener por contestada la demanda del presente medio de control constitucional; asimismo, ordenó correr traslado con copia de la demanda a la Fiscalía General de la República, así como dejar a disposición de la parte actora y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal la mencionada contestación; finalmente, señaló día y hora para la verificación de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

7. Pedimento de la Fiscalía General de la República y opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Las citadas instituciones no emitieron opinión en el presente asunto.

8. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en la Ley Reglamentaria, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas durante la substanciación del procedimiento y por formulados los alegatos presentados por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Posteriormente, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre siguiente, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.

9. Avocamiento. Mediante dictamen de dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor solicitó a la Ministra Presidenta remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución. Por acuerdo de veintinueve de octubre siguiente, el Presidente de la Segunda Sala avocó a ésta al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto respectivo.

I. COMPETENCIA

10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Política del país); 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante Ley Reglamentaria de la Materia); 10, fracción I,(3) 11, fracción VIII,(4) y 21, fracción IX,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I, párrafo primero,(6) y Tercero(7) del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado por instrumento normativo de diez de abril siguiente, por tratarse de un conflicto entre dos poderes de una misma entidad federativa, respecto del cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS Y SU EXISTENCIA

11. En términos del artículo 41, fracción I,(8) de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con la tesis P./J. 98/2009, de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.”,(9) se fijan las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia. En el presente caso, de manera destacada la parte actora impugnó:

IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto 350, aprobado por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa, el 26 de abril de 2023, en el que no se aceptan las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y se confirma el decreto aprobado el de 1 de marzo de 2023 ("Decreto que contiene una adición al último párrafo del artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León").

12. Por tanto, se tiene como acto reclamado la omisión atribuida al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de publicar, en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 350, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.

III. OPORTUNIDAD

13. La demanda fue presentada de manera oportuna.

14. Como se indicó en el apartado anterior, lo que se impugna en el presente asunto es un acto que constituye una omisión, respecto de los cuales el Tribunal Pleno ha sostenido que el plazo para su impugnación vía controversia constitucional se actualiza día a día mientras la omisión subsista, como se desprende de la tesis P./J. 43/2003, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.”(10)

15. Por tanto, dado que el acto reclamado consiste en la omisión de publicar, en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 350, debe concluirse que la demanda fue presentada oportunamente, toda vez que, de las constancias que obran en autos, se advierte que, al momento de su promoción, no se había divulgado el citado instrumento legislativo en el referido medio de difusión oficial.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

16. La demanda fue promovida por parte legitimada.

17. Conforme a los artículos 10, fracción I,(11) y 11, párrafo primero,(12) de la Ley Reglamentaria de la Materia, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad de hacerlo, salvo prueba en contrario.

18. En el caso, promueve la demanda de controversia constitucional, en representación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso de la entidad, lo que acredita con copia certificada del acuerdo y la publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto Número 414, ambos relativos a la integración de la Mesa Directiva correspondiente.

19. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León,(13) es atribución del Presidente de la Mesa Directiva representar al Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal; por lo que procede reconocer su legitimación para promover el presente medio de control constitucional.

20. Así también, la del propio Poder Legislativo del Estado de Nuevo León para instar la vía, al ser uno de los entes previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política del país.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

21. El Poder demandado tienen legitimación pasiva.

22. Conforme a los artículos 10, fracción II,(14) y 11, párrafo primero,(15) de la Ley Reglamentaria de la Materia, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, los poderes o los órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

23. En el presente caso, es autoridad demandada el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, el cual compareció a juicio por conducto de Ulises Carlin de la Fuente, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobernador, lo que acredita con copia certificada de su designación realizada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, suscrita por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno de dicha entidad.

24. Además, de conformidad con el artículo 16, fracción IX, del Reglamento de las Unidades Administrativas de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Nuevo León,(16) el Titular de la Consejería Jurídica cuenta con la atribución de representar al Gobernador en las controversias constitucionales federales; de modo que debe reconocerse legitimación pasiva al Poder Ejecutivo del Estado, así como de quien comparece en su representación.

25. En consecuencia, se desestima el argumento formulado por la delegada del Congreso del Estado de Nuevo León en su escrito de alegatos, consistente en que el Consejero Jurídico carece de facultades para representar al Gobernador en el presente medio de control constitucional, dado que, desde su perspectiva, la facultad prevista en el citado artículo 16, fracción IX, del Reglamento de las Unidades Administrativas resulta contraria al artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado,(17) precepto que otorga dicha facultad al Secretario General de Gobierno.

26. Lo desacertado del argumento estriba en que el propio artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, autoriza que la representación jurídica de la persona Titular del Ejecutivo del Estado sea por conducto de quien el Secretario General de Gobierno designe en los juicios o procedimientos en que aquél sea parte, de modo que no podría considerarse que se trata de una atribución que ineludiblemente deba ser asumida directamente por dicho funcionario.(18)

27. Luego, si el Reglamento de las Unidades Administrativas de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Nuevo León otorga atribuciones al Consejero Jurídico para asumir la representación legal del Gobernador, entonces, debe considerarse que aquél cuenta con la facultad de comparecer con tal carácter, acorde con la presunción legal establecida en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O MOTIVOS DE SOBRESEIMIENTO

28. Esta Segunda Sala advierte, de oficio, la actualización de la causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la Materia,(19) al haber cesado los efectos del acto reclamado en la presente controversia constitucional.

29. De conformidad con el precepto referido y la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.”,(20) para tener por actualizada la causa de improcedencia únicamente debe verificarse que hayan dejado de producirse los efectos de los actos impugnados, puesto que a ningún efecto práctico se llegaría frente a una posible declaratoria de invalidez, ante la imposibilidad de darle efectos retroactivos, salvo en materia penal –lo cual no acontece en el presente caso–.

30. En la presente controversia, como quedó precisado, se impugnó la omisión atribuida al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de publicar, en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 350, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.

31. Al respecto, la Constitución del Estado de Nuevo León establece un régimen de cooperación y coordinación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo para la emisión de una ley o decreto, en los términos siguientes:

Artículo 90. Aprobada la ley o decreto, se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Si el Ejecutivo la devolviere con observaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, el Congreso del Estado estará en aptitud de discutir nuevamente la ley o decreto que, para ser aprobado de nuevo, requerirá el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes. Aprobado de nueva cuenta, se remitirán las constancias pertinentes al Ejecutivo del Estado, para que proceda a su publicación en un plazo máximo de diez días naturales, contados a partir de su recepción. El Ejecutivo no podrá presentar observaciones a los decretos de reformas o adiciones a la Constitución, las leyes de carácter constitucional, a los que convoquen a sesiones extraordinarias, resuelvan un juicio político ni a los de declaración de procedencia.

Transcurrido el plazo para formular observaciones, sin que se reciban las mismas, se tendrá por sancionada la ley o el decreto, el cual deberá publicarse en el plazo a que se contrae la parte final del segundo párrafo de este artículo, excepto tratándose de reformas a esta Constitución o a las leyes de carácter constitucional, que deberán publicarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción por el Ejecutivo.

Cuando el Poder Ejecutivo incumpla con los plazos previstos en el presente artículo, la ley o decreto será considerado sancionado, sin que se requiera refrendo, y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los diez días hábiles siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la cual deberá efectuarse al día siguiente.

El Ejecutivo del Estado no podrá realizar observaciones sobre las leyes y reglamentos que se refieran a la estructura y organización interna del Poder Legislativo.

32. De lo anterior básicamente se desprende que el procedimiento para la publicación de una ley o decreto en el Periódico Oficial de la entidad es el siguiente:

• Aprobación de la ley o decreto y su envío al Ejecutivo. Una vez aprobada una ley o decreto por el Congreso del Estado, se envía al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial de la entidad.

• Posibilidad de realizar observaciones. El Gobernador cuenta con diez días hábiles para devolver la ley o decreto al Congreso con observaciones. Si esto ocurre, el Congreso debe discutir nuevamente y requerirá del voto de las dos terceras partes de los diputados presentes para aprobarla otra vez. Si se aprueba, se envía nuevamente al Gobernador, quien debe publicarla en un máximo de diez días naturales.

• Imposibilidad de realizar observaciones. El Gobernador no puede realizar observaciones, entre otros supuestos, tratándose de leyes y reglamentos referentes a la estructura y organización interna del Poder Legislativo.

• Sanción automática por falta de observaciones. Si el Gobernador no devuelve la ley o decreto con observaciones dentro del plazo de diez días hábiles, se considera sancionada automáticamente, en este caso, debe publicarla en diez días naturales, o en cinco días hábiles, si es una reforma a la Constitución o una ley constitucional.

• Publicación por orden del Congreso. Si el Ejecutivo incumple los plazos de publicación, la ley o decreto se considerará sancionado, sin que se requiera refrendo. En tal supuesto, el Presidente del Congreso ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los diez días hábiles siguientes, lo cual deberá efectuarse al día siguiente.

33. Ahora bien, en el presente caso, como se indicó, el Congreso del Estado impugna el incumplimiento por parte del Titular del Poder Ejecutivo de la entidad de la obligación contenida en el artículo 90 de la Constitución Local, ante la omisión de publicar en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto Número 350, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León. Al respecto, la parte actora acompañó en copia certificada las constancias siguientes:

• Oficio suscrito por el Gobernador y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Nuevo León de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dirigido a los diputados integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura, mediante el cual formula observaciones al Decreto 350. En dicho oficio, obra estampado con fecha quince marzo de dos mil veintitrés, el sello de recibido de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

• Dictamen legislativo de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública de veintisiete de marzo de dos mil veintidós (sic) mediante el cual se tienen por recibidas en tiempo y forma las observaciones antes mencionadas; no se aceptan; y se confirma el Decreto 350. Así como la votación de la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, celebrada el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se aprueba el anterior Decreto.

• Oficio 807-LXXVI-2023, de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, suscrito por la Primera y Segunda Secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dirigido al Gobernador, mediante el cual le solicitan la publicación en el Periódico Oficial de la entidad del Decreto 350 (se acompaña anexo respectivo). En dicho oficio, obran estampados con fecha veintiocho de abril y cuatro de mayo de dos mil veintitrés, los sellos de recibido de la Consejería Jurídica del Gobernador y del Periódico Oficial del Estado.

• Oficio de quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por el Presidente de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, dirigido al Encargado o Responsable del Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se le precisa que fueron resueltas las observaciones realizadas por el Gobernador al Decreto Número 350, por lo que habiendo transcurrido los plazos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Estatal, se tiene por sancionado y promulgado, sin necesidad de refrendo por parte del Titular del Ejecutivo, Consecuentemente, solicita la publicación del citado Decreto en el referido medio de difusión oficial, lo que deberá acontecer al día hábil siguiente de su recepción. En dicho oficio, obran estampados con fecha quince de mayo de dos mil veintitrés, los sellos de recibido de la Secretaría General de Gobierno y del Periódico Oficial del Estado.

• Oficio sin número, suscrito por el Presidente de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, dirigido a los Titulares de la Oficialía Mayor, de la Dirección de Comunicación Social y de la Dirección de Informática, mediante el que comunica lo indicado en el párrafo anterior y solicita que, en caso de que el Periódico Oficial del Estado no atienda la orden de publicación, proceda con la difusión en la Gaceta Legislativa y en el portal oficial correspondiente, asimismo, publique los avisos respectivos en los periódicos de mayor circulación de la entidad.

• Avisos de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés en los medios de difusión denominados “El Porvenir”, “El Horizonte” y “Milenio” mediante los cuales se da aviso de que, entre otros, el Decreto 350 ha sido publicado en el Portal Oficial y en la Gaceta Legislativa del Poder Legislativo Estatal.

34. Las anteriores constancias acreditan que el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León aprobó el Decreto Número 350, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.

35. Además de ello, se acredita que el Congreso del Estado solicitó la difusión oficial del citado Decreto al Titular del Poder Ejecutivo,(21) así como a su subordinado jerárquico, en este caso, la persona responsable del Periódico Oficial de la entidad.(22)

36. Al respecto, constituye un hecho notorio(23) para esta Segunda Sala que el once de noviembre de dos mil veinticuatro fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el citado Decreto, en los términos siguientes:(24)

Ver publicación Decreto Núm. 350

37. Como puede advertirse, el Decreto Número 350, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el once de noviembre de dos mil veinticuatro.

38. Al respecto, de conformidad con los artículos 2, 5 y 23 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León,(25) dicho medio de difusión oficial es el órgano informativo del Gobierno Constitucional del Estado, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar, entre otros actos, las leyes o decretos expedidos por los Poderes del Estado en sus respectivos ámbitos de competencia. Así, las leyes o decretos surtirán efectos jurídicos y obligan por el sólo hecho de aparecer publicados en el Periódico Oficial, a menos que en el documento publicado se indique un diverso día a partir del que debe entrar en vigor. La versión electrónica del Periódico Oficial del Estado tendrá la misma validez que la edición impresa.

39. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 20, fracción II,(26) en relación con el diverso 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la Materia, lo procedente es sobreseer en la controversia constitucional, dado que ha cesado en sus efectos la omisión impugnada.

VII. DECISIÓN

Por lo antes expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Lenia Batres Guadarrama y Presidente Alberto Pérez Dayán. Ausente el Ministro Javier Laynez Potisek.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

PONENTE

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

SECRETARIA DE ACUERDOS

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

________________

1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200973-0c06db9b/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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