I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLA CONTRA LA OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO APROBADO POR EL CONGRESO LOCAL ACTOR, SE ACTUALIZA DÍA A DÍA MIENTRAS DICHA OMISIÓN SUBSISTA (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO, POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD [ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 16, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL DE NUEVO LEÓN). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONGRESO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE EL CONSEJERO JURÍDICO CARECE DE FACULTADES PARA REPRESENTAR LEGALMENTE AL GOBERNADOR, PUES DESDE SU PERSPECTIVA ESA FACULTAD CORRESPONDE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, TODA VEZ QUE SÍ TIENE LA FACULTAD PARA COMPARECER CON ESE CARÁCTER EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 16, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, AMBAS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO, POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, RELATIVA A LA CESACIÓN DE EFECTOS DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, TODA VEZ QUE LA CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO FISCAL NO IMPLICA QUE CESEN SUS EFECTOS AUN CUANDO ESTÁ SUJETA AL PRINCIPIO DE ANUALIDAD EN TANTO QUE LA CONSTITUCIÓN LOCAL PREVÉ QUE CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO SE HAYA APROBADO LA NUEVA LEY DE INGRESOS SEGUIRÁN VIGENTES LAS DEL EJERCICIO QUE TERMINA MIENTRAS NO HAYA APROBACIÓN EXPRESA EN DIVERSO SENTIDO (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO, POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SE LIMITA A ESTUDIAR AQUELLAS AFECTACIONES RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL Y PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE LEGALIDAD O SOBRE VULNERACIONES A DERECHOS HUMANOS, ÉSTAS DEBEN ESTAR RELACIONADAS CON LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LA PARTE ACTORA. VII. DIVISIÓN DE PODERES. FINALIDAD Y LÍMITES DE ESE PRINCIPIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLAS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. LEYES Y DECRETOS APROBADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. MARCO NORMATIVO QUE RIGE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. XII. LEYES Y DECRETOS APROBADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO POR PARTE DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL ES OBLIGATORIA, POR LO QUE SI ÉSTE INCUMPLE EL PROCEDIMIENTO Y PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO SE CONSIDERARÁN SANCIONADAS SIN QUE SE REQUIERA REFRENDO Y EL PRESIDENTE DEL CONGRESO LOCAL ORDENARÁ SU PUBLICACIÓN DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO. XIII. LEYES Y DECRETOS APROBADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA OMISIÓN DE PUBLICARLOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD POR PARTE DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, POR CONDUCTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 129/2024. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: CLAYDE ALFDAN SALDIVAR ALONSO.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 129/2024, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la citada entidad federativa, demandando la invalidez de la omisión de publicar en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto Número 364, por el que se reforma el artículo 8 y el artículo 18 en su segunda redacción para que pase a ser el 19; así como el artículo noveno y décimo transitorio, correspondiente a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2023.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito enviado el cuatro de abril de dos mil veinticuatro, mediante el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauro Guerra Villarreal, ostentándose como Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León promovió, en representación del Poder Legislativo de dicha entidad, la presente controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos y en contra de la autoridad que se precisan enseguida:
II. LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO DEMANDADO Y SU DOMICILIO:
Es el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, cuyo Titularidad recae en su Gobernador Constitucional, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPULVEDA, con domicilio en su recinto oficial identificado como Palacio de Gobierno ubicado en la calle 5 de mayo entre las calles General Zaragoza y General Zuazua en el centro de Monterrey, Nuevo León. (...).
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto 364 aprobado por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa el 27 de marzo del año 2023.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, indicó que estimaba vulnerados los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 116, párrafo primero, y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los argumentos siguientes:
A. La omisión impugnada viola el debido proceso legislativo. Uno de los elementos característicos del Estado de Derecho es el principio de publicidad de las normas jurídicas, pues éstas deben ser conocidas de manera exacta por aquellos a quienes vincula. La publicación de las normas jurídicas, además de ser la culminación del procedimiento legislativo, constituye un requisito esencial que determina su entrada en vigor. En ese sentido, se hace valer una violación directa al Texto Fundamental, en tanto la omisión impugnada atenta en contra del artículo 116 de la Constitución Política del país, en el que se encuentra implícito el principio de debido proceso legislativo.
Sólo a partir de su publicación, la norma jurídica produce efecto vinculante para todos, pues dicho acto tiene por finalidad lograr que sea conocida por aquellos a quienes obliga, lo que constituye un elemento clave del Estado de Derecho, que se resume en que a nadie le es permitido ignorar las leyes y que presume que todos la conocen. De ahí que la omisión impugnada, no sólo entorpece el adecuado funcionamiento y trabajo del órgano legislativo, sino que, además, vulnera los principios democráticos de división de poderes, así como de certeza y seguridad jurídica de la población.
B. La omisión impugnada viola el principio de división de poderes. El principio de regularidad en el funcionamiento de los órganos públicos implica que los actos llevados a cabo por las autoridades, en ejercicio de su competencia y que repercuten en el funcionamiento de otros órganos del Estado, deben sujetarse a la no afectación de su desempeño regular. El principio de división de poderes exige un equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto en el orden jurídico nacional.
A la luz de lo anterior, la omisión impugnada viola el principio de división de poderes, pues, el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado, en este caso, el proceso legislativo y su conclusión mediante el acto de publicación, se instituye para hacer efectivas las facultades de cada uno de los tres Poderes, no para entorpecer su desempeño.
C. La omisión impugnada viola el principio de legalidad. Del artículo 120 de la Constitución Política del país se desprende el principio de legalidad, al que están sujetos los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para publicar las leyes federales, lo cual, por analogía y mayoría de razón, es aplicable para leyes locales.
Además, la omisión impugnada impide que la población o cualquier ente legitimado pueda controvertir judicialmente el contenido del Decreto de mérito y, por tanto, resulta violatoria del artículo 17 constitucional. Asimismo, tal como se desprende de los precedentes amparo directo en revisión 1807/2011 y controversia constitucional 272/2022, se violenta directamente los artículos 49, 116 y 120, así como 14 y 16 de la Constitución Política del país.
3. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de ocho de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la presente controversia constitucional; asimismo, turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que instruyera el procedimiento correspondiente, al existir conexidad con las diversas controversias constitucionales 109/2024 y 128/2024, toda vez que se combaten diversos actos concretos (latu sensu) de contenido similar.
4. Posteriormente, en acuerdo de quince de abril siguiente, el Ministro instructor ordenó reconocer personalidad al promovente y admitir a trámite la demanda; asimismo, tener como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a quien ordenó emplazar para que presentara su contestación; finalmente, el Ministro instructor ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a efecto de que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
5. Contestación de la demanda. Por escrito enviado el veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, mediante el sistema electrónico de este Alto Tribunal, Ulises Carlin de la Fuente, ostentándose como Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda en representación del citado Poder. En su escrito, refutó los conceptos de invalidez, en los términos siguientes:
• El requisito de publicidad se encuentra cumplido, dado que el Poder Legislativo actor realizó los mecanismos previstos por el Congreso en los supuestos en que se actualicen las omisiones a que hace referencia, esto es, se difundió el Decreto a través de la página oficial del Congreso. De ahí que no existe una afectación real al Poder Legislativo actor, ya que dicho medio es un mecanismo legítimo y válido para dar publicidad.
• No existe omisión alguna por parte del Poder Ejecutivo del Estado, sino que el Congreso ha incumplido con el artículo 16 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, que establece que para proceder a la publicación en el citado medio de difusión se deberán pagar los derechos que establezca la Ley de Hacienda del Estado. En el mismo sentido, en términos del artículo 3, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, el Congreso debe pagar los derechos por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, lo cual no ha acontecido.
• Debe sobreseerse la presente controversia constitucional, en términos del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la Materia, dado que se impugna la omisión de publicar la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, siendo que dicha norma surtió efectos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que ha cesado en sus efectos.
6. Mediante proveído de nueve de julio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor ordenó reconocer personalidad al promovente y tener por contestada de manera extemporánea la demanda del presente medio de control constitucional; asimismo, ordenó correr traslado con copia de la demanda a la Fiscalía General de la República, así como dejar a disposición de la parte actora y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal la mencionada contestación; finalmente, señaló día y hora para la verificación de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
7. Pedimento de la Fiscalía General de la República y opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Las citadas instituciones no emitieron opinión en el presente asunto.
8. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en la Ley Reglamentaria, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas durante la substanciación del procedimiento y por formulados los alegatos presentados por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Posteriormente, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre siguiente, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
9. Avocamiento. Mediante dictamen de dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor solicitó a la Ministra Presidenta remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución. Por acuerdo de veintinueve de octubre siguiente, el Presidente de la Segunda Sala avocó a ésta al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto respectivo.
I. COMPETENCIA
10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Política del país); 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante Ley Reglamentaria de la Materia); 10, fracción I,(3) 11, fracción VIII,(4) y 21, fracción IX,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I, párrafo primero,(6) y Tercero(7) del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado por instrumento normativo de diez de abril siguiente, por tratarse de un conflicto entre dos poderes de una misma entidad federativa, respecto del cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS Y SU EXISTENCIA
11. En términos del artículo 41, fracción I,(8) de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con la tesis P./J. 98/2009, de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.”,(9) se fijan las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia. En el presente caso, de manera destacada la parte actora impugnó:
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto 364 aprobado por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa el 27 de marzo del año 2023.
12. Además de lo anterior, en la manifestación de los hechos o las abstenciones que constan al actor y que constituyen los antecedentes de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia, el Poder Legislativo refiere lo siguiente:
En fecha 27 de marzo del año 2023, el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, aprobó el Decreto 364, que contiene la reforma del artículo 8 y el artículo 18 en su segunda redacción para que pase a ser el 19, así como el artículo noveno y décimo transitorio de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2023.
13. Por tanto, se tiene como acto reclamado la omisión atribuida al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de publicar, en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 364, por el que se reforma el artículo 8 y el artículo 18 en su segunda redacción para que pase a ser el 19; así como el artículo noveno y décimo transitorio, correspondiente a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.
III. OPORTUNIDAD
14. La demanda fue presentada de manera oportuna.
15. Como se indicó en el apartado anterior, lo que se impugna en el presente asunto es un acto que constituye una omisión, respecto de los cuales el Tribunal Pleno ha sostenido que el plazo para su impugnación vía controversia constitucional se actualiza día a día mientras la omisión subsista, como se desprende de la tesis P./J. 43/2003, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.”(10)
16. Por tanto, dado que el acto reclamado consiste en la omisión de publicar, en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 364, debe concluirse que la demanda fue presentada oportunamente, toda vez que, de las constancias que obran en autos, se advierte que, al momento de su promoción, no se había divulgado el citado instrumento legislativo en el referido medio de difusión oficial.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
17. La demanda fue promovida por parte legitimada.
18. Conforme a los artículos 10, fracción I,(11) y 11, párrafo primero,(12) de la Ley Reglamentaria de la Materia, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad de hacerlo, salvo prueba en contrario.
19. En el caso, promueve la demanda de controversia constitucional, en representación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso de la entidad, lo que acredita con copia certificada del acuerdo y la publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto Número 414, ambos relativos a la integración de la Mesa Directiva correspondiente.
20. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León,(13) es atribución del Presidente de la Mesa Directiva representar al Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal; por lo que procede reconocer su legitimación para promover el presente medio de control constitucional.
21. Así también, la del propio Poder Legislativo del Estado de Nuevo León para instar la vía, al ser uno de los entes previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política del país.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
22. El Poder demandado tienen legitimación pasiva.
23. Conforme a los artículos 10, fracción II,(14) y 11, párrafo primero,(15) de la Ley Reglamentaria de la Materia, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, los poderes o los órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
24. En el presente caso, es autoridad demandada el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, el cual compareció a juicio por conducto de Ulises Carlin de la Fuente, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobernador, lo que acredita con copia certificada de su designación realizada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, suscrita por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno de dicha entidad.
25. Además, de conformidad con el artículo 16, fracción IX, del Reglamento de las Unidades Administrativas de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Nuevo León,(16) el Titular de la Consejería Jurídica cuenta con la atribución de representar al Gobernador en las controversias constitucionales federales; de modo que debe reconocerse legitimación pasiva al Poder Ejecutivo del Estado, así como de quien comparece en su representación.
26. En consecuencia, se desestima el argumento formulado por la delegada del Congreso del Estado de Nuevo León en su escrito de alegatos, consistente en que el Consejero Jurídico carece de facultades para representar al Gobernador en el presente medio de control constitucional, dado que, desde su perspectiva, la facultad prevista en el citado artículo 16, fracción IX, del Reglamento de las Unidades Administrativas resulta contraria al artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado,(17) precepto que otorga dicha facultad al Secretario General de Gobierno.
27. Lo desacertado del argumento estriba en que el propio artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, autoriza que la representación jurídica de la persona Titular del Ejecutivo del Estado sea por conducto de quien el Secretario General de Gobierno designe en los juicios o procedimientos en que aquél sea parte, de modo que no podría considerarse que se trata de una atribución que ineludiblemente deba ser asumida directamente por dicho funcionario.(18)
28. Luego, si el Reglamento de las Unidades Administrativas de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Nuevo León otorga atribuciones al Consejero Jurídico para asumir la representación legal del Gobernador, entonces, debe considerarse que aquél cuenta con la facultad de comparecer con tal carácter, acorde con la presunción legal establecida en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O MOTIVOS DE SOBRESEIMIENTO
29. En su contestación de demanda, el Poder Ejecutivo Estatal señala que debe sobreseerse la presente controversia constitucional por cesación de efectos, en términos del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(19) dado que se impugna la omisión de publicar la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, siendo que dicha norma surtió efectos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.
30. Es infundada la causal de improcedencia propuesta. De conformidad con el citado artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la Materia, las controversias constitucionales son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia.
31. Este Alto Tribunal ha interpretado que se surte tal hipótesis cuando dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de la sentencia que se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo,(20) de la Constitución Política del país y 45, párrafo segundo,(21) de su Ley Reglamentaria. Así se desprende del criterio P./J. 54/2001, de rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.”(22) 32. Ahora bien, en el presente caso, como quedó precisado, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León reclama un acto omisivo relativo a la publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto Número 364. Por su especial naturaleza, la omisión crea una situación permanente que no cesa mientras subsista el incumplimiento a la obligación legal alegada, esto es, la afectación que dice resentir el actor con motivo del acto omisivo que impugna se genera y reitera produciendo consecuencias jurídicas que se actualizan día a día, hasta en tanto la omisión subsista.
33. Consecuentemente, la cesación o no de los efectos de la omisión se relaciona con la litis del asunto y, por tanto, atañe al estudio de fondo, por lo que debe desestimarse la causal de improcedencia propuesta, en términos de la jurisprudencia P./J. 92/99, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.”(23)
34. Además de lo anterior, en relación con lo manifestado por el Poder Ejecutivo demandado, vale la pena precisar que, si bien es cierto que la omisión de publicación oficial se refiere a una norma sujeta al principio de anualidad;(24) no menos cierto resulta que la Constitución del Estado de Nuevo León prevé una excepción a la regla anterior, pues, si terminado un año y por cualquier circunstancia no se hubiere aprobado la próxima ley de ingresos, seguirán vigentes las mismas del ejercicio que termina, mientras no haya aprobación expresa en diverso sentido.
35. Por tanto, la mera conclusión del ejercicio fiscal no conlleva ineludiblemente que la Ley de Ingresos cuya publicación oficial se demanda haya cesado en sus efectos.
36. Por las razones anteriores, debe declararse infundada la causal de improcedencia propuesta.
37. Establecido lo anterior, al no existir alguna causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento distinto al analizado, ni este Alto Tribunal advertir de manera oficiosa la actualización de una causal o motivo diverso, se procede al estudio de los conceptos de invalidez.
VII. ESTUDIO DE FONDO
38. En sus conceptos de invalidez, el Poder Legislativo actor aduce que la omisión impugnada vulnera, entre otros preceptos, los artículos 14, 16, 49 y 116, de la Constitución Política del país. Desde su perspectiva, uno de los elementos característicos del Estado de Derecho es el principio de publicidad de las normas jurídicas, pues éstas deben ser conocidas de manera exacta por aquellos a quienes vincula.
39. En consideración del actor, la publicación de las normas jurídicas, además de ser la culminación del procedimiento legislativo, constituye un requisito esencial que determina su entrada en vigor; en ese sentido, refiere que en su demanda hace valer una violación directa al Texto Fundamental, en tanto la omisión impugnada atenta en contra de los principios del debido proceso legislativo, legalidad, seguridad jurídica y división de poderes.
40. Esto último, pues, el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado, en este caso, el proceso legislativo y su conclusión mediante el acto de publicación, se instituye para hacer efectivas las facultades de cada uno de los tres Poderes, no para entorpecer su desempeño.
41. Continúa argumentando que, del artículo 120 de la Constitución Política del país se desprende el principio de legalidad, al que están sujetos los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para publicar las leyes federales, lo cual, por analogía y mayoría de razón, es aplicable para leyes locales.
42. Ahora bien, a efecto de resolver respecto de los conceptos de invalidez formulados, resulta menester aludir a lo dispuesto en los artículos 14, 16, 49 y 116 de la Constitución Política del país que, en la parte que interesa, disponen lo siguiente:
Artículo 14. (...)
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (...).
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (...).
Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (...).
43. Respecto de los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 constitucionales, esta Suprema Corte ha establecido que el principio de legalidad tratándose de actos que se verifican entre ámbitos de gobierno tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras;(25) mientras que el principio de seguridad jurídica que prohíbe a la autoridad incurrir en arbitrariedades, no sólo debe ser concebido como un principio dirigido a tutelar a los gobernados, sino como un fundamento constitucional de carácter objetivo y especial a efecto de resolver los problemas competenciales formulados en una controversia constitucional.(26)
44. Por otra parte, el principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 constitucional, limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre las bases que establece la Constitución Política del país.(27)
45. Asimismo, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del Estado de Derecho.(28)
46. El mencionado principio de división de poderes, contenido en el citado artículo 49, también tiene aplicación para las entidades federativas, pues de conformidad con el artículo 116 constitucional, el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales deberán organizarse según lo dispuesto en sus respectivas constituciones locales.
47. Así, esta Suprema Corte ha aceptado que el Constituyente local establezca funciones a favor de un determinado Poder, que en términos generales corresponden a la esfera de otro, siempre y cuando se ajuste a lo así consignado expresamente en la Constitución Política del país, y que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas. De lo anterior se deduce que el principio de división de poderes implica una distribución de funciones hacia uno u otro de los Poderes del Estado, referidas preponderantemente a garantizar su buen funcionamiento. En este tenor, si con motivo de la distribución de funciones establecida por el Constituyente local se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes de la entidad federativa respectiva, tal situación transgrede el principio de división de poderes, que encuentra justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se instituye, precisamente, para hacer efectivas las facultades de cada uno de sus tres Poderes y no para entorpecer su desempeño.(29)
48. Bajo esta línea de pensamiento, el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal ha indicado que, conforme al principio de división de poderes, el artículo 116 de la Constitución Política del país, prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, para que respeten el principio de división de poderes, a saber:(30)
• No intromisión: es el grado más leve de violación al principio de división de poderes,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33073-2ade843e/i-controversia-constitucional-la-oportunidad-para-promoverla-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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