I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS QUE PRESIDEN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE Y DE LA DIRECTIVA, AMBAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CUENTAN CON LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL JUICIO [ARTÍCULOS 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 60, FRACCIÓN I, INCISO C), Y 86 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA CON MOTIVO DE UN HECHO SUPERVENIENTE DEBE PROMOVERSE DENTRO DE LOS PLAZOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS HECHOS NUEVOS O SUPERVENIENTES QUE SE INVOQUEN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DEBEN SER SUSCEPTIBLES DE COMBATIRSE A TRAVÉS DE ESA VÍA Y ESTAR RELACIONADOS CON LA MATERIA DE IMPUGNACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA DERIVADO DE SU REFORMA (ARTÍCULO 85, FRACCIÓN XX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, AL TRATARSE DE ACTOS FUTUROS QUE NO EXISTÍAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA (CONVOCATORIAS, DESIGNACIONES Y/O INSTALACIÓN PARA EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE MAGISTRADO DE LA SALA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO DE FISCAL GENERAL Y DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE QUE EL OBJETO DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS HA SIDO CUMPLIDO DE MANERA TOTAL (ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO, QUINTO, SÉPTIMO Y OCTAVO DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, AL TRATARSE DE ACTOS FUTUROS QUE NO EXISTÍAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA (CONVOCATORIA PARA EL COMITÉ DE SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INSTALACIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR, INICIO DE OPERACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE MANIFESTACIONES GENÉRICAS E IMPRECISAS DE ACTOS IMPUGNADOS EN LA DEMANDA (CONSECUENCIAS DIRECTAS O INDIRECTAS, MEDIATAS O INMEDIATAS DE LOS ACUERDOS 802 Y 803, EMITIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO CUANDO LOS ACTOS IMPUGNADOS CARECEN DE DEFINITIVIDAD (NOMBRAMIENTO DE CANDIDATURAS PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE MANIFESTACIONES GENÉRICAS E IMPRECISAS DE ACTOS IMPUGNADOS EN LA DEMANDA (CONSECUENCIAS DIRECTAS O INDIRECTAS, MEDIATAS O INMEDIATAS DEL ACUERDO 857, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (DESIGNACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XV. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUANDO SE ADUCEN CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES FORMALES Y DE FONDO RESPECTO DE NORMAS GENERALES DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS IMPUGNADAS POR LA FEDERACIÓN, DE MUNICIPIOS RECLAMADAS POR LOS ESTADOS O EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS C), H) Y K) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE PRIVILEGIARSE EL ESTUDIO DE LOS PRIMEROS. XVI. PROCEDIMIENTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. REQUISITOS Y FORMALIDADES QUE LO RIGEN. XVII. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. XVIII. PROCEDIMIENTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AUSENCIA DE VIOLACIONES CON POTENCIAL INVALIDATORIO DEL QUE CULMINÓ CON LA EMISIÓN DEL DECRETO 243 DEL CONGRESO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON LA EMISIÓN DEL DEC
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 169/2017. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al primero de septiembre de dos mil veinte, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 169/2017, promovida por el titular de Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León en contra del Poder Legislativo de esa misma entidad federativa. La estructura es la siguiente:
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO
1. Aclaración inicial. El presente asunto tiene como materia de impugnación una variedad de normas y actos alegadamente suscritos por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, que fueron cuestionados por el Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa a través de un escrito inicial de demanda y tres ampliaciones de demanda; todo ello relacionado con la regulación y conformación del sistema anticorrupción y de responsabilidades administrativas a nivel estatal, así como con la designación de ciertos funcionarios públicos de dicho sistema y de la Fiscalía General. Dada la complejidad del asunto y a fin de facilitar la resolución del caso, en los siguientes párrafos se sintetizarán lo reclamado por el actor y los razonamientos expuestos por el poder demandado.
2. Interposición de la demanda. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, promovió una demanda de controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo.
3. En ésta impugnó del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León un conjunto de actos y normas consistentes: en el Decreto 243(1) de reformas a la Constitución Local (se reclamó de manera general como de algunos artículos en lo particular); la omisión de tomar en consideración una iniciativa de reforma constitucional; y una serie de actos que se darían en el futuro y de manera inminente en torno a la convocatoria, designación e instalación de los integrantes del comité de selección, del Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, del fiscal general del Estado y de los fiscales especializados en Combate a la Corrupción y Delitos Electorales, así como las consecuentes sustituciones del procurador general y los subprocuradores.
4. Como antecedentes de tales normas y actos, se señalaron los siguientes sucesos fácticos y normativos:
4.1. El veintisiete de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reforma Constitucional Número 223, mediante el cual se modificaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. En virtud de esta reforma, en el artículo 113 constitucional se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
4.2. En los artículos segundo y cuarto transitorio, de ese decreto de reforma a la Constitución Federal se determinó que el Congreso de la Unión debería expedir en un plazo determinado las leyes generales aplicables y que las Legislaturas de las entidades federativas tendrían que expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales precisadas en el artículo segundo transitorio del propio decreto,
4.3. Bajo esa lógica, tras haberse llevado a cabo una primera reforma a la Constitución de Nuevo León en materia de sistema anticorrupción(2) y haberse emitido las leyes generales aplicables por el Congreso de la Unión, el primero de septiembre de dos mil dieciséis, se presentó en la Oficialía de partes de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Nuevo León una iniciativa de reforma a la Constitución Local formulada por el suscrito gobernador. El objetivo de dicha iniciativa (que fue turnada a las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales) radicó en modificar el marco constitucional que regula la designación del procurador general de Justicia del Estado, para que se hiciera a través de un proceso electoral organizado, supervisado y calificado por la Comisión Estatal Electoral.
4.4. No obstante, por su parte, 28 diputados locales presentaron una iniciativa para reformar la Constitución Local a fin de sustituir a la Procuraduría General de Justicia del Estado con la Fiscalía General de Justicia, así como para modificar el procedimiento para nombrar a su titular; la cual fue complementada con otra iniciativa presentada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis por el partido político Movimiento Ciudadano
4.5. En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, celebrada el nueve de marzo de dos mil diecisiete, los integrantes de las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales sometieron al pleno únicamente el dictamen relativo a las iniciativas de los diputados, aprobándose en lo general y en lo particular. La aprobación de ese dictamen dio lugar a la emisión del Decreto 243 ahora impugnado, sin que se hubiere dictaminado de ninguna forma la relatada iniciativa del Poder Ejecutivo.
5. Conceptos de invalidez. El poder actor sostuvo los siguientes razonamientos de invalidez:
Primer concepto de invalidez (no atención a iniciativa de reforma)
5.1. El Decreto 243 transgrede los principios de división de poderes y supremacía constitucional en detrimento de lo establecido en los artículos 49, 116 y 133 de la Constitución Federal, con la repercusión perjudicial en la esfera competencial del Poder Ejecutivo de Nuevo León. En primer lugar, porque dicho decreto hace nugatoria la atribución del Ejecutivo de formular de modo efectivo una iniciativa de reforma a la Constitución Estatal.
5.2. Al respecto, se menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de división de poderes requiere que los poderes estén equilibrados entre sí a través de un sistema de pesos y contrapesos para evitar la consolidación de un poder absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías; así como que entre los Poderes debe existir una relación de coordinación que permita equilibrarlos en aras de garantizar la unidad política del Estado.
5.3. Bajo ese sentido, se resalta que en el Estado de Nuevo León la función legislativa le corresponde al Congreso del Estado; empero, no puede pasarse por alto que en la Constitución Local se albergan diversas disposiciones que armonizan la colaboración y coordinación de los otros poderes públicos en la realización de dicha función: una de ellas se encuentra en el artículo 69, en el cual se establece que no podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Nuevo León.
5.4. Así las cosas, tal como se mencionó en los antecedentes, el primero de septiembre de dos mil dieciséis, el suscrito presentó una iniciativa al Congreso Local con el propósito de reformar diversos preceptos de la Constitución Estatal que regulan la designación del procurador general de Justicia del Estado. El problema es que hasta el momento de la interposición de la demanda, el Poder Legislativo Local ha hecho caso omiso de la iniciativa en mención contraviniendo el equilibrio que debe existir entre poderes.
5.5. La transgresión a este principio se evidencia al apreciar que en el Decreto 243 impugnado fueron modificadas, entre otras, las mismas disposiciones constitucionales cuya reforma habían sido propuesta por el suscrito, sin que en el proceso legislativo que precedió a aquel decreto, se insiste, se advierta que el Congreso Local haya considerado la iniciativa presentada por el suscrito (desatendiendo lo ordenado precisamente en los artículos 69 y 151 de la Constitución Estatal). Deficiencia que se aprecia, además, en el acta de la sesión extraordinaria del Congreso de nueve de marzo de dos mil diecisiete, en la que se muestra que el dictamen correspondió únicamente a las iniciativas de los diputados (expedientes 10395/LXXIV y 10603/LXXIV) y no la suya con número de expediente 10237/LXXIV.
Segundo concepto de invalidez (violación al régimen transitorio constitucional y, por ende, incompetencia para legislar)
5.6. Por otro lado, se argumenta que el Decreto 243 no atiende a lo previsto en los artículos segundo y cuarto transitorios de la reforma a la Constitución Federal de veintisiete de mayo de dos mil quince, que se complementan con lo señalado en el artículo tercero transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
5.7. En los citados artículos segundo y cuarto transitorios de la Constitución Federal se estableció que el Congreso de la Unión tenía la obligación de expedir las leyes generales en materia del sistema nacional anticorrupción y de responsabilidades administrativas en el plazo de un año tras la entrada en vigor de dicha modificación constitucional; especificándose que las entidades federativas tendrían que expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las referidas leyes generales.
5.8. La Ley General de Responsabilidades Administrativas se expidió el dieciocho de julio de dos mil dieciséis y en su artículo tercero transitorio se dispuso que tal legislación entraría en vigor al año siguiente en que entrara en vigor el respectivo decreto; es decir, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete.
5.9. Consecuentemente, se estima que el Decreto 243 de reforma a la Constitución de Nuevo León resulta inválido, pues el Congreso de la Unión no tenía competencias para legislar en la materia: el plazo de ciento ochenta días para realizar las adecuaciones correspondientes iniciaba justamente hasta el diecinueve de julio de dos mil diecisiete y la reforma constitucional local se finalizó el catorce de abril de dos mil diecisiete, entrando en vigor al día siguiente. Para justificar esta inconstitucionalidad, se citó lo fallado por el Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 58/2016, 56/2016 y 30/2016 y su acumulada 31/2016.
5.10. Sin que sea obstáculo para esa conclusión que en el artículo segundo transitorio del decreto mediante el cual se expidieron las leyes generales relativas al Sistema Nacional Anticorrupción y a las Responsabilidades Administrativas se prevea que dentro del año siguiente a la entrada en vigor de ese decreto las Legislaturas Locales deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Ello, ya que la prematura regulación local de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en el Estado de Nuevo León genera una inseguridad jurídica en torno al sistema normativo que resultaría aplicable en razón de su temporalidad, algo que quiso evitar el Constituyente Permanente al limitar la función legislativa en esa materia a un periodo específico.
5.11. Es decir, en el artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se señaló que en tanto dicha legislación entrara en vigor, "continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente decreto". Así, resulta evidente la inconstitucionalidad del Decreto 243 reclamado, pues al haberse legislado fuera del plazo de ciento ochenta días establecido en la ley general y en atención a que las reformas a la Constitución Local impugnadas entrarían en efectos un día después de su publicación, se impuso en Nuevo León un régimen de responsabilidades administrativas de conformidad con la legislación general que todavía no debía haber surtido sus efectos; contraviniéndose así la intención del Poder Constituyente Federal de que las adecuaciones normativas en los Estados tenían que hacerse una vez que entrara en vigor la legislación general.
Tercer concepto de invalidez (transgresión a la división de poderes en torno al nombramiento de ciertos servidores públicos)
5.12. El Decreto 243 resulta contrario al principio de división de poderes, por lo que hace a la reforma que se hizo en ese decreto de los artículos 63, fracciones XLV y LVI; 85, fracción XX, y 87, párrafos séptimo y décimo segundo, de la Constitución Local; en los que se regulan los procedimientos de designación y nombramiento del Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidad Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, del fiscal general del Estado y de los fiscales especializados en Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales.
5.13. Ello, pues a partir de un procedimiento complejo en el que participan, según sea el caso, ciertos órganos del sistema anticorrupción estatal y/o el Congreso del Estado, se nombra a los citados cargos públicos sin darle participación alguna al Poder Ejecutivo.
5.14. En principio, para el poder actor, el principio de división de poderes tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto y, es por eso por lo que la Suprema Corte ha mencionado que es un principio funcional y flexible que atiende a presos y contrapesos, en especial a actos de colaboración entre poderes. Bajo ese esquema, la Constitución Federal contempla una gran variedad de disposiciones, en las que se reconoce la colaboración entre poderes para la designación de varios servidores públicos, como el fiscal general y los Ministros de la Corte.
5.15. Colaboración que es relevante, dice el actor, cuando los respectivos servidores públicos dirigen o ejercen funciones de primer nivel en los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia. Al no ser nombrados por un solo Poder, se les dota de un mayor grado de autonomía y/o independencia. Misma idea de colaboración que se refleja en el régimen de las entidades federativas; por ejemplo, en Nuevo León, el Ejecutivo y Legislativo participan en el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de otros importantes servidores públicos.
5.16. En atención a lo recién expuesto, se razona que los citados preceptos impugnados de la Constitución Local violentan el principio de división de poderes y la autonomía e independencia que debe regir en los órganos designados, al instituir procedimientos de designación y nombramiento de ciertos servidores públicos que marginan por completo o le dan una intervención insuficiente al Ejecutivo Estatal; ello sin ningún tipo de motivación reforzada, como debía haberse realizado por estarse modificando normas que pudieran afectar derechos fundamentales y bienes jurídicamente relevantes (en términos de la tesis de rubro: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.").(3)
5.17. Así, en el procedimiento de nombramiento del Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidad no se le da intervención ni tampoco en el de las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción y Delitos Electorales. Por lo que hace al procedimiento de designación del fiscal general del Estado, si bien se le otorga participación para integrar una terna, la intervención es intrascendente al sólo permitirle integrar la terna de los cuatro candidatos enviados con antelación por el Congreso Local (no se logra una intervención real y efectiva que constituya un auténtico equilibrio de poderes).
5.18. Con lo anterior se merma o disminuye la independencia del órgano encargado de impartición de justicia, pues previo a la reforma en su nombramiento intervenían de modo efectivo los Poderes Legislativo y Ejecutivo; lo cual refleja una transgresión a la no regresividad de las garantías constitucionales de autonomía e independencia de dichos órganos.
Cuarto concepto de invalidez (indebida derogación de normas competencia del Ejecutivo)
5.19. El artículo tercero transitorio del Decreto 243 conculca la máxima contenida en el artículo 116, párrafo primero, de la Constitución Federal en relación con el principio de división de poderes. A decir del actor, es inconstitucional la determinación del legislador reformador que trasciende al ejercicio de otro poder, al imponer límites que colocan en desventaja a un Poder sobre otro (en este caso, en desventaja al Ejecutivo).
5.20. Es decir, se da una subordinación del Ejecutivo frente al Legislativo al reducir sustancialmente la posibilidad para exponer argumentos sólidos y aportar elementos de convicción suficientes que induzcan el ánimo del legislador a reconsiderar una decisión que ponga en riesgo el ejercicio del poder. Así, el transitorio reclamado es inválido precisamente porque intensifica el Congreso demandado su indebida invasión del Ejecutivo, al derogar todas las disposiciones normativas y dejar sin materia las disposiciones administrativas que se opongan a tal decreto de reforma constitucional. Siendo que por tratarse de normas de orden administrativa sólo compete al gobernador su reforma o derogación.
5.21. Por otro lado, resulta inconstitucional el artículo séptimo transitorio del decreto reclamado como consecuencia de la invalidez del procedimiento de nombramiento del fiscal general y de las Fiscalías Especializadas. Debiéndose destacar que la nueva regulación respecto al nombramiento incide en sus competencias, pues antes esas fiscalías se encontraban en el organigrama de la Procuraduría General Estatal según lo estipulado en el reglamento. Normatividad reglamentaria que fue expedida precisamente por el propio Ejecutivo.
Quinto concepto de invalidez (transgresión al principio de unidad, indivisibilidad y jerarquía del Ministerio Público)
5.22. El Decreto 243 también conculca el principio de supremacía constitucional al dividir la institución del Ministerio Público en dos órganos autónomos con diversas reglas para su designación. Los principios rectores del Ministerio Público son comunes a la Federación y a los Estados y consisten en: el de jerarquía y de indivisibilidad (como se prevé en el artículo 102, inciso A, de la Constitución Federal); los cuales se traducen en que la institución debe encontrarse organizada jerárquicamente bajo la dirección y mando de una sola persona y, además, constituye una unidad en el sentido de que todos sus integrantes forman parte de un solo cuerpo interinstitucional unitario, bajo una sola dirección (tal como se detalla en los artículo 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León).
5.23. En ese orden de ideas, en términos de lo previsto en los párrafos tercero y décimo del artículo 87 de la Constitución Local, no es admisible dividir la institución del Ministerio Público, depositando su función en dos personas, so pretexto de una separación por especialidad. El Congreso Local ha creado una división de la institución al establecer una titularidad indebida del Ministerio Público en razón de una especialidad (la de anticorrupción y de delitos electorales) que no encuentra sustento para su independencia y que, contrario a los estipulado por el reformador federal, el legislador del Estado, ha creado una institución mediante una designación a su cargo para ejercer atribuciones propias de tal institución, otorgándole toda una estructura igual a la de la Fiscalía General de Justicia.
Sexto concepto de invalidez (violación a la autonomía de la fiscalía)
5.24. El Decreto 097 (sic) impugnado trastoca la máxima contenida en el artículo 116 constitucional, en tanto que el legislador estatal contraviene el principio de división de poderes, en sus vertientes de coordinación y colaboración; ello, toda vez que, en la fracción LIV (sic) del artículo 63 reformado [en realidad es la fracción LVI], se atribuye indebidamente la designación unilateral del titular de la Fiscalía Anticorrupción y de Delitos Electorales, excluyendo la natural participación del Ejecutivo respecto a la naturaleza de la institución del Ministerio Público. 5.25. Además, se estima inconstitucional ya que el régimen de división de poderes reconocido para los Estados debe operar de la misma manera que a nivel local y, en el caso, el Legislativo Local produjo un desequilibrio en perjuicio del Ejecutivo Local al sustraerlo del régimen de designación del titular de la institución, violando el artículo 102, inciso A, constitucional.
Séptimo concepto de invalidez (indebida regulación del régimen de extinción de dominio)
5.26. La reforma al artículo 20 de la Constitución Local es inconstitucional en lo relativo a la extinción de dominio porque no se ciñe a los parámetros del artículo 22 de la Constitución Federal, puesto que incluye en los supuestos de procedencia a los hechos de corrupción, y, además, se declara imprescriptible la acción relativa respecto de bienes que sean producto de un hecho ilícito; lo cual contrasta además con lo establecido en la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria de la Constitución Federal.
5.27. Por su parte, el artículo 20, párrafo cuarto (sic), fracción II, inciso e), de la Constitución Local se incluye a su vez un supuesto no contemplado en el artículo 22 de la Constitución Local: los bienes cuyo valor de adquisición o valor de mercado, conjunta o individualmente, exceda los ingresos netos que puedan acreditarse legítimamente.
5.28. Además, de manera indebida, la reforma pretende ampliar la extinción de dominio a la materia de responsabilidades administrativas (introduciendo expresiones como su "autonomía de cualquier otro procedimiento", no necesariamente penal, y la referencia a "hecho ilícito", mientras en el entorno federal se alude específicamente a la materia penal y a ciertos delitos) y a otras conductas, como lo son los actos de corrupción.
Octavo concepto de invalidez (falta de equivalencia de órganos del sistema anticorrupción)
5.29. El Decreto 243 reclamado contraviene el principio de legalidad que se infiere de la interrelación de los artículos 8, 9, 10, 11 y 36, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de sus transitorios primero, segundo y cuarto, primer párrafo.
5.30. Según se infiere de los citados transitorios de la legislación general y federal, por un lado, se mandató que las Legislaturas de los Estados deberían expedir las leyes y realizar las adecuaciones correspondientes en el año siguiente a la entrada en vigor del decreto y, por otro lado, en el artículo 36, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se dispuso que los sistemas locales serían desarrollados por las leyes atendiendo a diversas bases, entre las que figuró contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que la legislación otorga al Sistema Nacional.
5.31. Así, la transgresión se actualiza al comparar el comité coordinador previsto por la Ley General del sistema nacional anticorrupción con el comité coordinador establecido en la reforma del Decreto 243; específicamente lo previsto en el artículo 109. En efecto, el comité coordinador estatal no es equivalente en cuanto a la definición y facultades al comité coordinador previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, revelándose así que no se cuidó que las atribuciones del comité de colaboración que figura en el sistema anticorrupción estatal coincidieran con las del que participa en el Sistema Nacional.
5.32. De igual manera, la irregularidad se hace extensiva al aspecto de la integración, habida cuenta que en el sistema nacional el comité coordinador del sistema nacional incorpora en su integración al presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en el del Sistema Estatal, no se incluye al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, sino al Magistrado de la Sala Especializada en Combate a la Corrupción que forma parte del propio tribunal.
Noveno concepto de invalidez (indebida regulación para la designación del auditor general)
5.33. El artículo 63, fracción XIII, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Local modificado mediante el Decreto 243 es violatorio de la Constitución Federal en cuanto a la elección del auditor general del Estado, ya que se prevé que deberá ser electo por las dos terceras partes de los diputados del Congreso y que, en caso de empate, habrá una segunda votación entre los dos que hayan obtenido mayor número de votos; aclarándose que si persiste el empate, se resolverá por insaculación entre estos últimos dos. Se afirma que este procedimiento es contrario a lo previsto expresamente en la fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal, en la que no se prevé el sistema de elección por insaculación, sino se exige para la designación al menos dos terceras partes de los diputados presentes.
Décimo concepto de invalidez (afectación a la división de poderes por indebida conformación del comité de selección del sistema anticorrupción)
5.34. Finalmente, se argumenta que los artículos 63, fracción XIII, párrafos cuarto y séptimo, y 109, fracciones III y IV, de la Constitución Local resultan inconstitucionales por violación al principio de división de poderes.
5.35. A saber, el comité de selección del sistema anticorrupción estatal tiene la atribución, previa convocatoria pública, de definir las listas de candidatos a los cargos de fiscal general de Justicia, fiscal especializado en Combate a la Corrupción, fiscal especializado en Delitos Electorales, Magistrado de la Sala Especializada en Combate a la Corrupción y auditor general del Estado. Con base en esas listas, el Congreso del Estado habrá de hacer las designaciones que correspondan, sin que esté prevista la posibilidad de que el Congreso Local rechace las listas o agregue candidatos.
5.36. El problema de esta regulación es que tres de los servidores públicos que serán designados (fiscal anticorrupción, auditor general y Magistrado anticorrupción) también participan en el comité coordinador del Estado; comité que respecto a otros tres de sus miembros, son nombrados a su vez por el comité de selección. Por lo que es evidente que habrá mayoría de integrantes del comité coordinador derivados de elecciones del comité de selección.
5.37. Por su parte, el comité de selección está integrado por nueve ciudadanos, cuyos integrantes serán designados por el Congreso Local mediante convocatoria en la cual se presenten propuestas de candidatos por un grupo amplio de instituciones y organizaciones de reconocido prestigio, incluyendo instituciones de educación superior e investigación; organizaciones de la sociedad civil que participen en fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción y agrupaciones profesionales.
5.38. Así las cosas, se infiere que: a) la consulta y participación ciudadana que en el caso se da al comité de selección, no deben llevar al extremo de que el Estado renuncia a las potestades que el pueblo les ha conferido; b) se viola el derecho de los ciudadanos a la accesibilidad a los cargos públicos al condicionar su acceso a que sean propuestos por otros particulares; c) se viola la atribución del Congreso de designar a los respectivos servidores públicos al condicionar que hayan sido propuestos por un comité de selección; d) no se respeta la representación popular; y, e) tampoco se respetan los principios consistentes en que la soberanía reside originalmente en el pueblo y, por tanto, el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes públicos que no deben estar condicionados a elecciones de un grupo de ciudadanos.
6. Trámite de la demanda. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente con el número 169/2017 y, por razón de turnó, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
7. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de uno de junio siguiente, admitió el asunto a trámite y consideró como demandado al Poder Legislativo de Nuevo León. Asimismo, ordenó dar vista del asunto al procurador general de la República y mandó formar el cuaderno incidental respectivo para el trámite de la solicitud de suspensión del acto impugnado. Siendo que ese mismo día, actuando en el cuaderno incidental, el instructor emitió otro acuerdo resolviendo negar la suspensión solicitada.(4)
8. Interposición de la primera ampliación de demanda. No obstante lo anterior, días más tarde, por escrito presentado el primero de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el referido gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León promovió un escrito de ampliación de demanda.(5)
9. En éste cuestionó del Poder Legislativo del Estado la invalidez de otro conjunto de normas y actos consistentes: en el Decreto 280, por el cual se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Nuevo León (en lo general y respecto a ciertos artículos en lo particular); la obligación derivada del artículo segundo transitorio del decreto en el sentido de expedir los reglamentos y realizar las adecuaciones normativas correspondientes dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del propio decreto; y una serie de actos futuros y de carácter inminente mediante los cuales se convocaría, designaría y/o instalaría el comité de selección, el comité de participación ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, así como los actos relativos para su operación y asignación presupuestaria.
10. Conceptos de invalidez. En este primer escrito de ampliación, el Poder actor sos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30588-1aa48d5a/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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