I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA (AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DEL PODER EJECUTIVO EN LA QUE DEMANDÓ LA INVALIDEZ DEL ACTO EMITIDO POR LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS HECHOS NUEVOS O SUPERVENIENTES QUE SE INVOQUEN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DEBEN SER SUSCEPTIBLES DE COMBATIRSE A TRAVÉS DE ESA VÍA Y ESTAR RELACIONADOS CON LA MATERIA DE IMPUGNACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES (ACUERDO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS PROCESALES PARA APLICARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA SRE-PSC-153/2018, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE UN ACUERDO LEGISLATIVO EMITIDO POR UN CONGRESO LOCAL EN EL QUE SE DETERMINA SI LA CONDUCTA ACREDITADA EN UN JUICIO ELECTORAL ENCUADRA EN ALGÚN SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD PREVISTO EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE (ACUERDO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS PROCESALES PARA APLICARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA SRE-PSC-153/2018, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ANÁLISIS DE VALIDEZ DE UN ACUERDO LEGISLATIVO QUE NO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DIRECTA DICTADA EN UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL NO IMPLICA LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA (ACUERDO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS PROCESALES PARA APLICARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA SRE-PSC-153/2018, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE SU IMPROCEDENCIA, POR "MATERIA ELECTORAL" DEBE ENTENDERSE A LAS "LEYES ELECTORALES" Y ACTOS O RESOLUCIONES CUYO CONOCIMIENTO ES COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE JUSTICIA ELECTORAL (ACUERDO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS PROCESALES PARA APLICARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA SRE-PSC-153/2018, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE UN ACUERDO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPONER UNA SANCIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL Y AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ACUERDO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS PROCESALES PARA APLICARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA SRE-PSC-153/2018, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CARÁCTER DEFINITIVO DEL ACUERDO LEGISLATIVO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPONER UNA SANCIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL Y AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ACUERDO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS PROCESALES PARA APLICARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA SRE-PSC-153/2018, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUPUESTOS EN LOS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA CUANDO EL ACTO CONTROVERTIDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE O PENDIENTE DE RESOLUCIÓN (ACUERDO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS PROCESALES PARA APLICARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA SRE-PSC-153/2018, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO CONTROVERTIDO SE DICTÓ EN UN PROCEDIMIENTO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN CUYA MATERIA ES LA MISMA QUE LA DEL RESPECTIVO JUICIO CONSTITUCIONAL (ACUERDO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS PROCESALES PARA APLICARSE EN CUMP
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 310/2019. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 5 DE AGOSTO DE 2020. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión virtual correspondiente al día cinco de agosto de dos mil veinte emite la siguiente:
Sentencia
Por la que se resuelve la controversia constitucional 310/2019 promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a través del gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, así como del secretario de Gobierno de la entidad, Manuel Florentino González Flores,(1) en contra del Poder Legislativo de la misma entidad federativa, demandando la invalidez de:
"El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, en fecha 23 de septiembre de 2019, denominado ‘Reglas procesales para aplicarse dentro del expediente 11841/LXXIV en cumplimiento de la sentencia SRE-PSC-153/2018, emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación’, mediante el cual crea un procedimiento para sancionar de manera inminente al titular del Poder Ejecutivo Estatal del Gobierno de Nuevo León, y al secretario general de Gobierno del Estado."
El dictamen fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.(2)
I. Antecedentes
1. Los antecedentes narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:
2. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante, la Sala Regional Especializada) determinó que Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, entre otros servidores públicos, era responsable por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos ciudadanos en días y horas hábiles en favor de su candidatura independiente a la presidencia de la República para obtener su registro como candidato.(3) En consecuencia, la Sala Regional Especializada ordenó comunicar su determinación al Congreso del Estado de Nuevo León (en adelante, Congreso Local), en atención a que el titular del Poder Ejecutivo Local no tiene un superior jerárquico para que analizara si la conducta generaba alguna responsabilidad en el ámbito de las leyes aplicables de la entidad federativa.
3. El titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León, entre otros, recurrió la determinación anterior ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior, entre otros aspectos, confirmó la determinación de la Sala Regional Especializada respecto de la responsabilidad por omisión del entonces aspirante independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en la obtención de su registro como candidato a la presidencia de la República.(4)
4. El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó el Acuerdo Número 200 por el que se expiden las reglas procesales que se aplicarían en el proceso para sancionar al titular del Ejecutivo de Nuevo León para dar cumplimiento a la sentencia SRE-PSC-153/2018, este acuerdo fue publicado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial de la entidad (en adelante, el acuerdo impugnado).
5. Escrito de demanda. En contra del acuerdo impugnado, el Poder Ejecutivo de Nuevo León (en adelante, el Poder actor o Poder Ejecutivo Local), promovió la presente controversia constitucional, por escrito presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.
6. El Poder actor formuló los siguientes conceptos de invalidez:
A. Primero. Violación a los artículos 13, 14 y 16 constitucionales.
a. El Poder Ejecutivo Local considera que las reglas procesales expedidas por el Congreso Local representan una prohibición a ser juzgado por leyes privativas o por tribunales especiales, y transgreden las formalidades esenciales del procedimiento y el principio de seguridad jurídica.
b. El Poder actor fundamenta su reclamo en dos razones. En primer lugar, argumenta que el Congreso Local creó un procedimiento especial para ejecutar sanciones, inexistente en las leyes locales o federales, o en alguna normativa vigente en el marco jurídico nacional. Por otra parte, señala que creó un catálogo de sanciones que, aun cuando se funda en el artículo 107, párrafo tercero de la Constitución Local, lo cierto es que sólo pueden ser aplicadas de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
c. Por otra parte, también argumenta que la posibilidad de ofrecer pruebas está condicionada a que resulten idóneas y pertinentes para poder individualizar la sanción a imponer, es decir, no deja lugar a dudas que el procedimiento está dirigido a imponer una sanción; no a probar la inexistencia de alguna falta administrativa.
B. Imposibilidad del Congreso de Nuevo León para imponer una sanción.
a. De acuerdo con el Poder actor, el Congreso Local carece de facultades o atribuciones para imponer sanciones en los términos en que lo ha propuesto a través del acuerdo impugnado.
b. La Ley Orgánica del Congreso de Nuevo León establece que ese órgano legislativo tiene la facultad de constituirse como jurado de acusación, o como superior jerárquico para solventar el procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos y aplicar las sanciones correspondientes. Sin embargo, las reglas emitidas en el acuerdo impugnado contravienen lo dispuesto en el artículo 109, fracción III, párrafos segundo y sexto, de la Constitución General, en el que se establece que las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Al respecto, cita como precedente aplicable a este caso lo resuelto por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 229/2018.
C. Violación al principio de exacta aplicación de la ley.
a. Argumenta que el Congreso Local pretende subsanar de manera ilegal la omisión del legislador federal en el caso del artículo 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante, la LGIPE) que no establece una sanción para autoridades federales, estatales y municipales que hayan incurrido en ilícitos electorales. Por ello, se violenta el párrafo tercero del artículo 14 constitucional.
b. Además, no existe una responsabilidad administrativa, ni de carácter electoral que se desprenda de la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada, ya que la responsabilidad administrativa se compone de dos partes: la conducta reprochable o hecho ilícito y una sanción o régimen sancionador.
c. Al efecto, la sentencia de la Sala Regional Especializada es meramente una resolución de carácter declarativa y, en consecuencia, no genera o impone obligaciones, ni ejecución alguna. Es decir, su contenido se agota en la declaración que realizó la Sala Especializada al hacerla del conocimiento a la autoridad superior.
D. El acuerdo impugnado transgrede el título cuarto de la Constitución Federal.
a. El acuerdo impugnado transgrede el título cuarto de la Constitución General porque prevé la destitución del actual gobernador como una sanción.
b. Al respecto, el poder actor argumenta que aun cuando esa sanción está prevista en el citado título cuarto, solamente se autoriza su aplicación a través de los medios que la propia Constitución General prevé para esos efectos.
c. Asimismo, el citado título cuarto solamente prevé cuatro tipos de responsabilidades: política, penal, civil y administrativa, sin que se desprenda otro tipo de responsabilidad, como la que contempla el acuerdo impugnado.
E. Afectación a la autonomía del Poder Ejecutivo Local.
a. El Poder actor argumenta que se vulnera el artículo 116 de la Constitución General porque afecta la continuidad en el ejercicio de las funciones del titular del Poder Ejecutivo Local, dado que el acuerdo impugnado implica la restricción o limitación de su cargo, lo cual representa una afectación a la autonomía del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
7. El Poder actor estimó violados los artículos 1o., 13, 14, 16, 35, 40, 41, 116, 124 y 133, así como la totalidad del título cuarto de la Constitución Federal.
II. Trámite
8. Radicación. El presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número de expediente 310/2019 y lo turnó al entonces Ministro Eduardo Medina Mora I. para que fungiera como instructor, por auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve.
9. Admisión de la demanda. El entonces Ministro instructor admitió a trámite la demanda por auto de dos de octubre del mismo año y tuvo como autoridad demandada al Poder Legislativo de Nuevo León, a quien requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindiera su contestación a la demanda, junto con las copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado. Asimismo, requirió a la Sala Regional Especializada para que remitiera diversas documentales relacionadas con la materia de la controversia. Además, dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República para que manifestaran lo que a su representación correspondiera. Por último, ordenó formar el cuaderno incidental correspondiente.(5)
10. Contestación del Poder Legislativo. El Poder Legislativo de esa entidad señaló, en síntesis:
A. Causales de improcedencia y sobreseimiento
a. Cosa juzgada. El Poder Legislativo considera que debe sobreseerse en el presente asunto, en tanto que el Poder actor señala como argumento principal un asunto que ya fue declarado y juzgado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, la presente controversia constitucional pretende modificar y/o nulificar lo ya resuelto por la Sala Superior de ese Tribunal en los asuntos SUP-REP-294/2018 y acumulados, en el que señaló que el Congreso Local era el órgano competente para sancionar al titular del Poder Ejecutivo Local, dada la violación al artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución General. Por lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IV de la ley reglamentaria en la materia, porque en el presente asunto se analiza una cosa juzgada.
b. Falta de interés legítimo. El Poder actor no cuenta con interés legítimo para impugnar el acuerdo controvertido porque el acto impugnado no invade su esfera competencial. Se trata de un mero acto de control por parte de un poder por mandato constitucional. Aunado a que el acto impugnado no incide de forma material en la esfera competencial del accionante, sino que se trata de un conflicto que puede incidir en la esfera competencial del Poder Ejecutivo Local en el futuro.
c. Materia electoral. El acto impugnado constituye materia electoral al tratarse del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d. No agotó la vía idónea. La controversia constitucional no es la vía de impugnación, sino el recurso de revisión al procedimiento especial sancionador, por tanto, tampoco agotó la vía correspondiente.
e. Falta de definitividad. Debe sobreseerse el medio de control constitucional dado que el procedimiento para sancionar al titular del Poder Ejecutivo Local está sub júdice en el Congreso Local, es decir, no es un acto definitivo.
B. Contestación a los conceptos de invalidez
a. Las reglas procesales no son privativas porque se atendieron criterios objetivos al momento de crearlas, además de que se hicieron con el propósito de respetar íntegramente los derechos humanos del infractor, pues se emitieron en virtud de un mandato judicial.
b. Respecto al concepto de invalidez relativo al principio o garantía de exacta aplicación de la ley, según el cual no puede haber un delito o una pena que no estén estipulados en la ley, el Congreso Local considera que se trata de argumentos de mera legalidad que no pueden ser examinados en controversia constitucional.
Además, señala que el catálogo de sanciones aplicables por contravenir el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución están previstas en la fracción III del artículo 109 constitucional, relativas a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos.
c. Asimismo, señala que no se viola el título cuarto de la Constitución, porque el procedimiento se apega al marco de responsabilidades administrativas en materia electoral de los servidores públicos.
d. Que no es aplicable el precedente de la controversia constitucional 229/2018, porque ahí se aplicó la legislación en materia de responsabilidades administrativas, mientras que en este caso sólo se ha aplicado legislación electoral.
e. Por último, indica que no se actualiza una violación al principio de división de poderes previsto en el artículo 116 de la Constitución, porque el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León no tiene una garantía institucional que salvaguarde la continuidad en el ejercicio de sus funciones, puesto que ese principio sólo es aplicable a los Ayuntamientos.
11. Opinión del consejero jurídico del Ejecutivo Federal. El consejero jurídico de la Federación se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional.
12. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional.
13. Returno. El diez de octubre de dos mil diecinueve el Ministro presidente returnó el expediente en el que se actúa al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en virtud de que, en sesión del mismo día, el Tribunal Pleno determinó que los asuntos turnados a la ponencia del entonces Ministro Eduardo Medina Mora I. se returnaran por estricto decanato entre las Ministras y los Ministros que integran el Pleno.
14. Ampliación de demanda. El once de octubre de dos mil diecinueve el titular del Poder Ejecutivo presentó una ampliación de demanda de la controversia constitucional en la que demandó la invalidez del siguiente acto emitido por la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Nuevo León:
"El Acuerdo de Radicación e Inicio de Procedimiento sumario en cumplimiento de la sentencia SRE-PSC-153/2018, emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la determinación formal y materia (sic) en carácter de infractores de los servidores públicos, la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos para el 15 de octubre de 2019."
15. En la ampliación de demanda, el Poder actor argumentó que el Poder Legislativo Local invadió la competencia del Congreso de la Unión prevista en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal para expedir leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases de la Constitución General. Lo anterior, porque está reglamentando y aplicando un régimen sancionador en materia electoral.
16. Admisión de la ampliación. El veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor de la controversia admitió la ampliación de la demanda de controversia constitucional y tuvo como autoridad demandada del hecho superviniente al Poder Legislativo de Nuevo León, al que le dio un plazo de treinta días hábiles para presentar su contestación. De igual manera, dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República para que manifestaran lo que a su representación correspondiera. Por último, ordenó remitir copia certificada de las constancias al cuaderno incidental para proveer lo necesario respecto de la solicitud de suspensión.(6)
17. Contestación a la ampliación de la demanda. En la contestación a la ampliación de la demanda, el Poder Legislativo Local reiteró los argumentos hechos valer en la contestación de la demanda relativos a las causas de improcedencia.
18. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
19. Radicación. Previo dictamen del Ministro ponente al presidente de este Alto Tribunal, el asunto quedó radicado en esta Primera Sala.
III. Competencia
20. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(7) porque se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ambos del Estado de Nuevo León, en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, porque no se impugnan normas de carácter general.(8)
21. Cabe destacar que para esta Primera Sala las reglas procesales establecidas en el acuerdo impugnado no reúnen las características de generalidad, abstracción e intemporalidad propias de una norma general, a pesar de que fueron expedidas por el Poder Legislativo del Estado, pues únicamente constituyen un acto formalmente legislativo.
22. Una norma es general si tiene como destinatarios a una clase de sujetos, y no a dos sujetos definidos. Una norma es abstracta si regula una clase de conductas y no una conducta definida. Una norma es intemporal si no tiene predefinida una vigencia específica.
23. A juicio de esta Primera Sala, las reglas procesales impugnadas son un acto formalmente legislativo, pero está ausente la característica de generalidad, puesto que no le aplica a una pluralidad indeterminada de sujetos normativos, sino que están específicamente dirigidas a la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, a la que le instruye actuar en un sentido determinado en contra de dos personas, a saber, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y Manuel Florentino González Torres. Esto es, la Comisión Anticorrupción no actúa en función de que se ubique un supuesto normativo abstracto, sino a partir de un mandato concreto del Pleno del Congreso Estatal específicamente dirigido a ese órgano. De lo anterior se concluye que no es una norma impersonal y no cumple la característica de generalidad de una norma general.
24. Por otra parte, esta Primera Sala estima que tampoco tiene un carácter abstracto, en tanto que las reglas dispuestas en el acuerdo impugnado no establecen una serie de supuestos normativos que, de actualizarse, serían aplicables en todos los casos que se sujete a una clase de servidores públicos a un procedimiento de responsabilidad e individualización de sanciones, sino que solamente regulan un procedimiento en específico. Es decir, al darse la conducta concreta que regula (la imposición de la sanción a los dos servidores públicos) se extinguirá la eficacia del acuerdo impugnado. Por ello, se considera que tiene una vigencia específica y no intemporal.
25. Por último, tampoco se considera que el acuerdo de radicación e inicio de procedimiento sumario sea una norma general, puesto que es un acto materialmente jurisdiccional emitido por una Comisión Legislativa del Congreso Local, dentro de un procedimiento, que no establece supuestos normativos que cumplan con las características de generalidad y abstracción propios de una norma general.
26. Conforme a lo expuesto, se concluye que los acuerdos impugnados son particulares y concretos, por tanto, no detentan las características de una norma general.
IV. Precisión de los actos impugnados y determinación de la litis
27. Esta Primera Sala estima necesario determinar los actos que serán materia de la presente controversia constitucional, así como fijar la litis en este medio de regularidad constitucional.
28. De los antecedentes precisados en esta resolución, y atendiendo a lo que será materia de la presente controversia, se advierte que el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León impugna en la demanda, así como en su ampliación, los siguientes actos emitidos por el Poder Legislativo de la entidad federativa referida:
a) El Acuerdo por el que se expiden las reglas procesales para imponer una sanción al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (acuerdo impugnado en la demanda principal).(9)
b) El Acuerdo de Radicación e Inicio de Procedimiento sumario en cumplimiento de la sentencia SRE-PSC-153/2018, emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos para el quince de octubre de dos mil diecinueve (acto impugnado en la ampliación de demanda).
29. Por tanto, esos actos son los que serán materia de esta controversia constitucional.
30. Es importante precisar que en el presente medio de regularidad constitucional no se van a analizar las resoluciones o las conclusiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que determinó la conducta ilícita atribuida al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León y la competencia del Congreso de Nuevo León para sancionar a dicho servidor público.
31. Lo que esta Primera Sala revisará, en caso de que se cumplan los presupuestos procesales, es la actuación del Congreso del Estado de Nuevo León al emitir estos acuerdos impugnados con la finalidad de sancionar al titular del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa. Es decir, que al emitir esos actos lo haya hecho dentro del marco previsto por la propia Constitución Federal, en tanto se trata de salvaguardar la integración de un poder, por una probable violación del principio de división de poderes.
32. Por ello, en esta controversia constitucional se analizará únicamente si la actuación del Congreso del Estado de Nuevo León está apegada a la Constitución Federal. Por tanto, en esta resolución no se estudiarán los conceptos de invalidez tendentes a controvertir los razonamientos o fundamentos de las sentencias emitidas por los órganos electorales de las que se ha dado cuenta en el apartado de antecedentes.
V. Oportunidad
33. El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia establece un plazo de treinta días para promover una controversia constitucional en contra de actos conforme a lo siguiente:(10)
a) A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b) A partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o
c) A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
34. Por su parte, el artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia(11) establece que la ampliación de la demanda de controversia constitucional constituye un derecho procesal de la parte actora, el cual puede hacer uso ante el surgimiento de un hecho nuevo (es aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestación de la demanda con independencia del momento en que nace) o un hecho superveniente (aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucción).(12)
35. Siendo que la oportunidad de impugnación depende de la naturaleza e hipótesis de surgimiento del acto o norma general que se pretenda cuestionar, en términos de los citados artículos 21 y 27 de la ley reglamentaria de la materia. Así, tratándose de hechos nuevos debe determinarse cuándo tuvo conocimiento de ellos la parte actora para que se impugne en un plazo de quince días siguientes a la presentación de la contestación de la demanda; en tanto que, si se trata de hechos supervenientes, debe definirse cuándo tuvieron lugar para aplicarse la regla general de treinta días que rige la presentación de la demanda en contra de actos o normas generales.
36. Por tanto, tratándose de una ampliación de demanda, debe verificarse si lo cuestionado se trata de un hecho nuevo o superveniente para efectos de examinar su oportunidad; lo cual implica lógicamente analizar que esos actos o normas generales (a) sean susceptibles de combatirse vía controversia constitucional y (b) estén relacionados con la materia de impugnación originalmente planteada.(13) El objetivo de la ampliación de demanda consiste en que, por economía procesal, se tramite y resuelva en un solo juicio lo que está íntimamente vinculado con el primer acto o la norma general impugnada, siempre y cuando no se hubiera cerrado la instrucción.
37. Se procede a analizar si la demanda de controversia constitucional y la ampliación de demanda fueron promovidas oportunamente.
38. Oportunidad de la demanda. En el caso, el titular del Ejecutivo se ostentó como sabedor del acuerdo por el que se expiden las reglas procesales impugnado a partir del día veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en virtud de que le fue notificado personalmente por parte del Congreso del Estado de Nuevo León.
39. El cómputo para la presentación de la demanda debe realizarse tomando en cuenta el día siguiente al que el Poder actor se ostentó sabedor del acuerdo impugnado. De esa manera, el plazo de treinta días previsto en el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia transcurrió del veinticinco de septiembre al seis de noviembre del dos mil diecinueve.(14)
40. La demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el día veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve. Por tanto, la controversia constitucional es oportuna.
41. Oportunidad de la ampliación de demanda. El Poder Ejecutivo Local tuvo conocimiento del Acuerdo de Radicación e Inicio de Procedimiento de dos de octubre de dos mil diecinueve, el día cuatro siguiente. Por su parte, el Ministro instructor, lo tuvo como hecho superveniente en auto de veintiocho de octubre del mismo año.
42. Como ya se dijo, el artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia establece que la ampliación se tramitará conforme a los plazos previstos para la demanda. En este sentido, el plazo transcurrió del siete de octubre al diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Luego si el escrito de ampliación se presentó el once de octubre del citado año es claro que se encuentra en tiempo.
VI. Legitimación activa
43. En términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General,(15) el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León tiene legitimación para promover este medio de control constitucional.
44. En representación del Poder Ejecutivo compareció Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en su carácter de gobernador del Estado, quien cuenta con la facultad para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, conforme al artículo 81 de la Constitución Política de la entidad.(16)
VII. Legitimación pasiva
45. En este apartado se analiza la legitimación de la parte demandada, al ser una condición necesaria para la procedencia de la acción.
46. En representación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León compareció el diputado Juan Carlos Ruiz García, con el carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, personalidad que acreditó con la copia certificada del Decreto Número 151, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el once de septiembre de dos mil diecinueve, y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, así como el artículo 24, fracción XV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.(17)
47. Por tanto, el citado servidor público cuenta con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que al Poder que legalmente representa se le atribuye la emisión de los acuerdos impugnados, y se le tuvo como demandado.
VIII. Causas de improcedencia
48. En este apartado se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento hechas valer por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
VIII.1 Falta de interés legítimo para promover la controversia constitucional
49. El Congreso Local manifiesta que el Poder Ejecutivo actor no cuenta con interés legítimo para promover la controversia constitucional porque el acuerdo impugnado y el Acuerdo de Radicación e Inicio del Procedimiento, no invaden su esfera competencial. La causa de improcedencia es infundada.
50. El acuerdo impugnado establece las reglas procesales para sancionar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Entre otras sanciones, las reglas procesales, contemplan la destitución del titular del Poder Ejecutivo Local en el encargo para el cual fue democráticamente electo.
51. Al respecto, el Poder Ejecutivo Local alega que la creación de ese procedimiento especial sancionatorio pudiera resultar en una violación al artículo 116 constitucional, que consagra el principio de división de poderes, puesto que "afecta la continuidad en el ejercicio de las funciones del titular del Poder Ejecutivo Lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29751-a2152674/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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