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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD DE REALIZAR LAS REFORMAS NECESARIAS A LA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN IV, 92 Y 93, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA LA TIENE LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO QUE HUBIERE EMITIDO Y PROMULGADO LA NORMA GENERAL, PRONUNCIADO EL ACTO O INCURRIDO EN LA OMISIÓN QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE [ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABERLE SIDO ATRIBUIDA LA OMISIÓN OBJETO DE LA PRESENTE CONTROVERSIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL EN LA QUE ADUCE LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO, AL HABERSE PLANTEADO POR EL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR UNA VIOLACIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL Y AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. LEYES Y DECRETOS APROBADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES INFUNDADO EL CONCEPTO DE INVALIDEZ ESGRIMIDO POR EL PODER JUDICIAL ACTOR RESPECTO DE LA OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE REALIZAR LAS REFORMAS A LA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TODA VEZ QUE TAL OMISIÓN LA HACE DEPENDER DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL CONTENIDA EN EL DECRETO NÚMERO 341, MISMO QUE NO SE HA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y, POR ENDE, NO HA ENTRADO EN VIGOR POR LO QUE ES INEXISTENTE Y NO CAUSA AFECTACIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL (OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE REALIZAR REFORMAS NECESARIAS A LA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DE LA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 436/2023. · Registro digital (IUS): 33228
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-05-23
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Mayo de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.329.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 436/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 29 DE ENERO DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: La omisión del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León de realizar las reformas necesarias a la Ley de Defensoría Pública Para el Estado de Nuevo León, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en atención a lo establecido en el artículo segundo transitorio del Decreto número 341, que reformó el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (en adelante Constitución Política del Estado de Nuevo León).

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 436/2023, promovida por Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en contra del Poder Legislativo de la misma entidad federativa.

1. Presentación de la demanda de controversia constitucional. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, José Arturo Salinas Garza, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional, señalando como demandado al Poder Legislativo de la entidad federativa y controvirtiendo lo siguiente:

"(...) 2. NORMA GENERAL O ACTOS CONCRETOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA

Acorde con el artículo 10, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la omisión del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León de realizar las reformas necesarias a la Ley de Defensoría Pública Para el Estado de Nuevo León, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en atención a lo establecido en el artículo segundo transitorio del Decreto número 341, dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en fecha 22 de febrero de 2023, mismo que entró en vigor el 9 de marzo de 2023."

ANTECEDENTES QUE SE NARRAN EN LA DEMANDA

2. Antecedentes. Mediante Decreto número 341, publicado en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León el ocho de marzo de dos mil veintitrés, se reformó el artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, para establecer que el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León formará parte del Poder Judicial como un órgano del consejo de la Judicatura.

3. En el artículo primero transitorio del referido Decreto se estableció que el mismo entraría en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, o en su caso, al de su publicación en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo. De conformidad con lo siguiente: a) Aprobado el Decreto, se enviaría al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, mismo que debería publicarlo dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción; b) Si el titular del Ejecutivo incumplía, el Decreto sería considerado sancionado y promulgado, sin que se requiera refrendo, y el Presidente del Congreso ordenaría al titular o responsable del Periódico Oficial del Estado, su publicación inmediata en éste; y, c) De incumplirse con lo anterior, se ordenaría su publicación íntegra en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo, para los efectos del primer párrafo del artículo transitorio mencionado; así como en la página oficial de internet del Congreso del Estado y un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado de Nuevo León, mismo que deberá incluir el hipervínculo al contenido total.

4. Ante el incumplimiento del Ejecutivo Estatal de publicar el Decreto dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción en el Periódico Oficial del Estado, y del titular o responsable de ese rotativo de proceder a su publicación inmediata, el Congreso del Estado de Nuevo León procedió a notificar al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que se cumplieron con las condiciones de publicación del decreto referido, surtiendo efectos esa reforma a partir del nueve de marzo de dos mil veintitrés.

5. Se precisa que en el artículo segundo transitorio del indicado Decreto número 341, se estipuló un plazo de treinta días siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, para que el Congreso del Estado realizara las reformas necesarias a la Ley de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo León, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

6. Asimismo, se destaca, que en razón del Decreto aludido, el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León presentó dos iniciativas de reforma respecto de la Ley de Defensoría Pública Para el Estado de Nuevo León y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, siendo identificadas con los números de expedientes legislativos 16886/LXXVI y 16887/LXXVI.

7. No obstante ello, refiere que a la fecha, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León ha sido omiso en realizar las reformas enunciadas, ni ha decidido nada en relación con las iniciativas presentada por la parte actora.

8. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder actor expuso en su único concepto de invalidez, lo siguiente:

Que el artículo 17 de la Constitución Federal, establece como una obligación de las entidades federativas, el garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores, así como de que las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Bajo esa premisa, señala que en el caso se plantea una omisión legislativa absoluta por parte del H. Congreso del Estado de Nuevo León, dada la inexistencia o falta total de las reformas a que hace mención el artículo segundo transitorio del Decreto número 341, dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Nuevo León, el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor el nueve de marzo de dos mil veintitrés. Omisión que refiere se agrava debido a la actitud pasiva que ha mantenido el Poder Legislativo para legislar sobre ese tema, a pesar de tener dos iniciativas de reforma que le permiten hacerlo, ambas del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 14/2005, señaló que en la controversia constitucional se tutela primordialmente la regularidad constitucional de actos y disposiciones generales antes que un interés particular de quienes fungen como partes en dichos procesos. En un Estado federal, el principio de división funcional del poder se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas a los órganos superiores del Estado.

En este sentido, el principio que cierra la posibilidad de actuación de las autoridades dentro del ordenamiento jurídico, es que todo aquello que no se encuentra expresamente facultado para las autoridades se encuentra prohibido, y que las autoridades sólo pueden realizar los actos dictados sobre bases expresas previstas en el ordenamiento y, en particular, en la Constitución General.

Que en el sistema competencial establecido en la Constitución Federal se expresa positivamente de varias maneras: existen prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; existen competencias de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida y, finalmente, existen competencias de ejercicio obligatorio, en donde el órgano del Estado se encuentra obligado a ejercer la competencia establecida en la Constitución.

Que en relación con los órganos legislativos del Estado, las facultades o competencias de ejercicio potestativo son aquellas en las que dichos órganos pueden decidir si las ejercen o no, y en qué momento lo harán. La competencia, en sentido estricto, no implica una obligación: es simplemente la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales. En este tipo de competencias, los órganos legislativos cuentan con la potestad de decidir si las ejercerán o no y en qué momento las llevarán a cabo sin que estén obligadas a ejercerlas. Por tanto, el órgano legislativo tiene la potestad de decidir, libremente, si crea o no determinada norma jurídica y en qué momento lo hará.

Por otro lado, las facultades o competencias de ejercicio obligatorio son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de realizarlas por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones, de ahí que en caso de que no se realicen, el incumplimiento trae aparejada una sanción. En este tipo de competencias, el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedir determinada ley.

Tal obligación (mandato) de ejercicio de la facultad para la expedición de leyes, puede encontrarse de manera expresa o implícita en las normas constitucionales, así sea en su texto mismo o en su derecho transitorio.

Existen solamente dos opciones en relación con el no ejercicio de las competencias concedidas a los órganos legislativos; se puede dar una omisión absoluta por parte del órgano legislativo del estado; o el órgano legislativo puede haber ejercido su competencia, de manera parcial o simplemente no realizándola de manera competa e integral (omisiones relativas).

Se tiene una omisión legislativa absoluta en competencias de ejercicio obligatorio a cargo del órgano legislativo, cuando éste tenga una obligación o mandato relativo a la expedición de una ley determinada, y no la haya expedido. En cambio, se estará en presencia de una omisión legislativa relativa en competencias de ejercicio obligatorio a cargo del órgano legislativo, cuando éste la emita, teniendo la obligación o un mandato relativo a la expedición de cierta ley, pero lo haga de manera incompleta o deficiente.

Precisó que los artículos 17 y 96, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, disponen, en la parte que aquí interesa, que la ley establecerá la estructura y organización del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, como Órgano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y que el Congreso Estatal deberá decretar las leyes relativas a la administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, reformarlas y abrogarlas, en caso necesario, procurando desarrollar al máximo la autonomía constitucional del Estado de Nuevo León en lo que atañe a su régimen interior.

En este sentido, señala que el artículo segundo transitorio del Decreto número 341, se estipuló un plazo de treinta días siguientes a la entrada en vigor de aquel, para que el Congreso del Estado de Nuevo León, realizará las reformas necesarias a la Ley de Defensoría Pública Para el Estado de Nuevo León, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Al respecto, señaló que el Pleno de la Suprema Corte, en la controversia constitucional 14/2005, señaló que la naturaleza de los artículos transitorios es la de establecer los lineamientos para el funcionamiento de la norma, provisionales o de tránsito (circunstancias de modo, tiempo y lugar), Los artículos transitorios permiten su eficacia al estar dirigidos a una cuestión específica que tenderán a la especialización de los ámbitos normativos. De este modo, si el objeto de los artículos transitorios es precisar un mandato de orden general y abstracto que establece derechos y obligaciones, poderes, facultades, sujeciones y cargas, lo que se puede concluir es que los preceptos en cuestión forman parte integral de la norma general, la cual siempre contendrá obligaciones de hacer o dejar de hacer.

En el caso del artículo segundo transitorio del aludido Decreto número 341, se considera necesario dejar en claro que aquel forma parte de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Nuevo León, merced a que establece los lineamientos para hacer efectiva la reforma realizada al artículo 17 de la Constitución Local en mención. Ciertamente, el artículo segundo transitorio enunciado puntualiza que la Legislatura del Estado de Nuevo León, en un plazo no mayor de 30 días siguientes a su entrada en vigor, deberá realizará las reformas necesarias a la Ley de Defensoría Pública Para el Estado de Nuevo León y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Que en el caso, se está ante una competencia de ejercicio obligatorio a cargo del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, ya que, de conformidad con el artículo segundo transitorio, el Congreso Estatal, tenía la obligación constitucional de realizar las reformas mencionadas.

Que en el caso, existe una omisión absoluta ya que a la fecha el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León no ha llevado a cabo las reformas necesarias a la Ley de Defensoría Pública Para el Estado de Nuevo León y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, siendo que es una obligación de ejercicio obligatorio de conformidad con lo establecido en el segundo transitorio del Decreto 341.

Tal omisión transgrede directamente los artículos 17 de la Constitución Federal, 17 y 96, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, puesto que el legislador local, con su inactividad, quebranta la normatividad constitucional al desobedecer mandatos expresos constitucionales que tienen por objeto garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores.

Consecuentemente, considera que debe declararse que el Congreso del Estado de Nuevo León incurrió en la omisión legislativa absoluta y, por ende, se determine que dicho Poder Legislativo debe cumplir con la obligación prevista en el aludido artículo segundo transitorio del Decreto número 341.

9. Radicación y turno. Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente como controversia constitucional 436/2023 y turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

10. Admisión. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y admitió a trámite la demanda; tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, ordenando su emplazamiento para que presentara su contestación y remitiera copia certificada de todas aquellas documentales que se encuentren relacionadas con la omisión impugnada y el Decreto que le dio origen, y sean necesarias para la resolución del presente asunto; luego, tuvo como tercero interesado al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, se ordenó dar vista para que manifestara lo que a su derecho conviniera; se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal a fin de que manifestaran, respectivamente, lo que a su representación y esfera competencial correspondiera; y por último, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.

11. Suspensión. Mediante proveído de la misma fecha, dictado en el incidente de suspensión, el Ministro instructor destacó que la medida cautelar se solicitaba, esencialmente, para el efecto de que se le reconozca un derecho y se le posibilite la emisión de una normatividad específica en tanto no se subsane la omisión de la autoridad demandada, a fin de implementar el debido funcionamiento del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León; al respecto el Ministro instructor señaló que la referida solicitud va más allá de su objeto, pues pretende que a través de la suspensión se reconozca, aún de manera provisional, una facultad normativa con el fin de reglamentar la estructura y funcionamiento del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, ello con independencia de las competencias que en su caso puedan corresponder al poder demandado, aspectos que claramente se relacionan con la cuestión de fondo, por tanto, no podía ser objeto de una medida cautelar.

12. Contestación del Congreso del Estado de Nuevo León. Mediante oficio presentado en la en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el trece de noviembre de dos mil veintitrés, MAURO GUERRA VILLARREAL, ostentándose como Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda, en la cual, sustancialmente, sostuvo lo siguiente:

• Con relación a los antecedentes de la demanda, señaló que:

• Es cierto que el ocho de marzo de dos mil veintitrés fue publicado en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, el Decreto número 341, mediante el cual se reformó el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León para el efecto de que el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, forme parte del Poder Judicial como órgano del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León.

• También es cierto que Decreto 341entró en vigor al día siguiente de su publicación en la referida Gaceta Oficial del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, esto es, a partir del nueve de marzo de dos mil veintitrés.

• Es cierto que el artículo segundo transitorio del Decreto 341, establece que el Congreso del Estado de Nuevo León deberá realizar las reformas necesarias a la Ley de la Defensoría de Pública para el Estado de Nuevo León y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor del citado Decreto; y reconoce que a la fecha no se ha cumplido con dicho mandato, sin embargo refiere que ya inició el proceso de estudio y análisis de diversas iniciativas relativas a la materia en comento, presentadas el veintiséis de abril de dos mil veintitrés.

• Es cierto que el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se recibieron en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Nuevo León, dos iniciativas presentadas por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, a efecto de adecuar la reforma constitucional contenida en el Decreto 341 al marco jurídico legal correspondiente.

• En cuanto al acto reclamado señaló que es cierto, ya que el Congreso del Estado de Nuevo León a la fecha no ha culminado el proceso legislativo para la aprobación de las iniciativas que tienen como objetivo el adecuar el marco jurídico legal del Estado de Nuevo León, acorde a la reforma contenida en el decreto 341 relativa a la incorporación del instituto de defensoría pública del estado de nuevo león al poder judicial del mismo estado. Precisando que el proceso legislativo en comento sigue en curso. 13. Manifestaciones del tercero interesado. Por escrito recibido el quince de noviembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Ulises Carlin de la Fuente ostentándose como Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, realizó, en síntesis, las manifestaciones siguientes:

• Que dada la conexidad que existe entre las controversias constitucionales 262/2023, 276/2023 y 436/2023, por versar sobre el mismo asunto (conflicto entre el Poder Legislativo y Poder Judicial, ambos del Estado de Nuevo León, respecto del Instituto de la Defensoría Pública de dicha entidad federativa), se tome en consideración para el análisis de este asunto la medida cautelar concedida en la controversia constitucional 276/2023.

• Se surte la causa de improcedencia resultante del artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 19, fracción IX de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que en la demanda se incumple la exigencia de la ley suprema en cuanto a que en las controversias constitucionales únicamente podrán hacerse valer violaciones a la propia ley suprema, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.

• Existen violaciones al proceso legislativo, en virtud de que el oficio 680-LXXVI-2023 en el que solicitan la publicación del Decreto 341 correspondiente al expediente legislativo 16313/LXXVI es ilegal, debido a que todo el proceso y los antecedentes que le dieron origen no se encuentran apegados a la constitución, debido al análisis llevado a cabo por parte del proceso legislativo, se puede evidenciar que el propio Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León incumplió con el contenido de los artículos 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, ya que el aludido artículo establece que el turno con carácter de urgente corresponde al Pleno y no al Presidente, por lo cual, lo que se debió haber realizado es someter al Pleno del Congreso la solicitud de turnar con carácter de urgente, lo cual fue omitido por el Presidente y no se realizó votación alguna para turnar el documento con carácter de urgente. En este sentido, la desatención a alguna de las reglas del procedimiento legislativo transgrede los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legislativo, así como el principio de deliberación parlamentaria conceptualizado en la jurisprudencia P./J. 11/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque dicha omisión impide cumplir uno de los elementos esenciales de la democracia en nuestro sistema de gobierno representativo y popular a que se refieren los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal, ya que la falta de la deliberación pública afecta la legalidad del procedimiento legislativo. Que en el presente caso no existió deliberación, no existió discusión, no se contemplaron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que en el mencionado dictamen se violentaron las reglas que tiene el propio Congreso en su actuación, violentado los artículos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, en este sentido resulta improcedente decir que el citado Decreto entró en vigor ya que no se dio, su publicación en el medio de difusión oficial, sino en la Gaceta del Poder Legislativo.

14. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.

15. Alegatos. Mediante escrito recibido el catorce de diciembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el delegado del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, reitera las pruebas ofrecidas en el escrito de contestación de demanda y formula alegatos.

16. Cierre de la instrucción. Seguidos los trámites legales correspondientes, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, en dicha audiencia, se relacionaron las pruebas ofrecidas por las partes, se relacionaron los alegatos formulados por el delegado del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Posteriormente, por acuerdo de cinco de enero de dos mil veinticuatro, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

17. Requerimiento y desahogo. Mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor requirió información sobre dos expedientes legislativos al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León; y en diverso proveído de seis de noviembre del mismo año se tuvo por desahogado el requerimiento de mérito.(1)

18. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinticuatro, dictado por el Ministro Presidente de la Primera Sala, ésta se avocó al conocimiento del asunto y determinó devolver los autos a su Ponencia para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h, de la Constitución Política del país;(2) 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(4) por tratarse de una controversia entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ambos del estado de Nuevo León, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en términos de lo dispuesto en los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023.(5)

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

20. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) se procede a precisar los actos que son objeto de la presente controversia constitucional, con apoyo en el criterio sostenido por el Tribunal Pleno contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/2009 de rubro "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(7)

21. En el apartado de la demanda denominado "NORMA GENERAL O ACTOS CONCRETOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA", el Poder accionante señaló como impugnados:

"Acorde con el artículo 10, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la omisión del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León de realizar las reformas necesarias a la Ley de Defensoría Pública Para el Estado de Nuevo León, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en atención a lo establecido en el artículo segundo transitorio del Decreto número 341, dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en fecha 22 de febrero de 2023, mismo que entró en vigor el 9 de marzo de 2023."

22. De la anterior transcripción, así como de la lectura de la demanda, se identifica el siguiente acto:

• La omisión del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León de realizar las reformas necesarias a la Ley de Defensoría Pública Para el Estado de Nuevo León, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en atención a lo establecido en el artículo segundo transitorio del Decreto 341, que reformó el artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

23. En consecuencia, se tienen como impugnado el referido acto.

III. OPORTUNIDAD

24. Conforme al artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover controversia constitucional es de treinta días.

25. No obstante ello, como se señaló, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, reclama la omisión del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, de realizar las reformas necesarias a la Ley de Defensoría Pública Para el Estado de Nuevo León, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en atención a lo establecido en el artículo segundo transitorio del Decreto número 341.

26. Al respecto, es necesario señalar que los actos omisivos se generan cuando la autoridad no realiza los actos que a su competencia corresponde. Esta situación permanente de los actos omisivos no se subsana mientras no se actúe. Es decir, dicha situación se genera y reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva de la autoridad, dando lugar así a consecuencias que constantemente se actualizan.

27. En este sentido, si el escrito inicial de demanda fue presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, y el plazo para la promoción de la demanda por actos omisivos se actualiza día a día, se concluye que la controversia constitucional que nos ocupa, fue presentada oportunamente. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."(8)

28. Desde esta perspectiva y sólo para el efecto de determinar la oportunidad de la demanda, sin prejuzgar sobre el fondo, si a la fecha de la presentación de la demanda, las referidas actuaciones del Poder Legislativo no se habían realizado, prevalecía el estado de omisión que se señaló, por lo que ésta debe estimarse presentada en tiempo, en tanto, se insiste, el plazo para ello, se computa día a día, mientras subsista esa situación.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA

29. En la especie se cumple con el requisito en comento, atento a los razonamientos que se desarrollan a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33228-409389e4/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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