I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE INSTITUIR Y REGULAR UN HABER O UNA PENSIÓN DE RETIRO PARA LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA REPRESENTAR AL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE INSTITUIR O REGULAR UN HABER O PENSIÓN DE RETIRO PARA LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). III. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. OMISIÓN LEGISLATIVA DE INSTITUIR Y REGULAR UN HABER O PENSIÓN DE RETIRO PARA AQUÉLLOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA ABSOLUTA (OMISIÓN DE INSTITUIR Y REGULAR UN HABER O UNA PENSIÓN DE RETIRO PARA LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 18/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 3 DE JULIO DE 2017. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS. LORENA BARRERA SANTANA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de julio de dos mil diecisiete.
1. Por oficio presentado el cinco de febrero de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Emilio Arenas Bátiz, quien se ostentó con el carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y del Consejo de la Judicatura de esa entidad, promovió en representación del Poder Judicial de la entidad, controversia constitucional en la que demandó del Poder Legislativo del Estado lo siguiente:
a) La omisión de instituir y regular un haber o pensión de retiro para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
b) La omisión de concluir el trámite de los expedientes legislativos 7391/LXXII, 7402/LXXII y anexo, en que se plantean iniciativas de reforma a la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León respecto al derecho de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la entidad a un haber de retiro.
2. Antecedentes. Los artículos 94, párrafo cuarto y 99, quinto párrafo, de la Constitución del Estado de Nuevo León, así como el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, establecen que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo un periodo de veinte años, fraccionado en dos partes de diez años sujetos a ratificación.
3. De los artículos referidos se desprende que el nombramiento de Magistrado en el Estado no es de carácter vitalicio sino por tiempo determinado, situación que es válida en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal que indica que corresponde a cada entidad federativa determinar el esquema de nombramiento de Magistrados correspondiente.
4. No obstante lo anterior, tanto la Constitución Local como la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nuevo León son omisos en establecer un esquema que permita garantizar la estabilidad en el cargo de los precitados funcionarios, de manera que al final del periodo total de su nombramiento de veinte años, no les es posible percibir un haber de retiro, lo cual es inconstitucional, según lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de, entre otras, las tesis de jurisprudencia «P./J. 112/2010 y P./J. 111/2010» de rubros:
a) "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA AUSENCIA DE NORMAS QUE REGULEN EL HABER POR RETIRO, REFERIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
b) "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 61, PÁRRAFO PENÚLTIMO DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL PREVER LA ENTREGA DEL HABER POR RETIRO SÓLO A AQUELLOS QUE HUBIEREN CUMPLIDO CON LA CARRERA JUDICIAL ES INCONSTITUCIONAL."
5. El once de mayo de dos mil doce se presentó una iniciativa de reforma de la Constitución y de la Ley Orgánica del Estado de Nuevo León, cuyo expediente legislativo quedó registrado bajo el número 7391/LXXII y fue turnado a las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad Pública.
6. Por su parte, el veintiocho de mayo de dos mil doce se planteó ante el Congreso Local otra iniciativa de reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, con el fin de subsanar el vacío legislativo en torno al haber o pensión de retiro para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la cual fue registrada bajo el número de expediente legislativo 7402/LXXII y turnada de igual forma a las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad Pública.
7. Ambos expedientes legislativos permanecieron inactivos durante dos años, razón por la cual, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en sesión ordinaria de nueve de junio de dos mil catorce, determinó aprobar una iniciativa de reforma a la Constitución Política Local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, con el objeto de regular un sistema de pensión con matices diversos a la jubilación, especial para los funcionarios públicos judiciales sujetos a ratificación constitucional y cuyo periodo de nombramiento sea por tiempo determinado.
8. Aun cuando la referida iniciativa fue presentada ante el Congreso Local el diez de junio de dos mil catorce, dicho Poder no formó un nuevo expediente, sino que anexó la iniciativa al ya existente de número 7402/LXXII, el cual fue turnado a las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales, así como de Justicia y Seguridad Pública.
9. En sesión de dieciséis de junio de dos mil catorce, se acordó admitir el dictamen para su discusión, no obstante, el análisis de las iniciativas ha continuado inactivo.
10. Concepto de invalidez. El artículo 94, cuarto párrafo, de la Constitución de Nuevo León, determina que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado durarán en su encargo veinte años, periodo que a su vez se divide en dos periodos iguales de diez años, estando el segundo sujeto a ratificación en términos del artículo 99 de la propia Constitución Local.
11. La inamovilidad de los Magistrados del Poder Judicial de Nuevo León, se alcanza cuando son ratificados en su cargo e inicien su segundo periodo de diez años, lo que demuestra que, en el caso, el nombramiento de los Magistrados no es de carácter vitalicio sino por tiempo determinado.
12. Lo anterior es válido, en términos del artículo 116 constitucional que indica que corresponde a cada entidad establecer la duración de los Magistrados del Poder Judicial Local, pudiendo optar por un esquema de nombramiento de tiempo indefinido o por un sistema de nombramiento por tiempo definido.
13. Respecto a las garantías de estabilidad e inamovilidad judicial, la Suprema Corte de Justicia ha establecido, que el haber de retiro es un componente de éstas que son a su vez, elementos de la independencia judicial.
14. Las garantías de estabilidad e inamovilidad brindan certeza a los Magistrados, de que las decisiones que deben tomar no pondrán en riesgo ni comprometerán su permanencia en el cargo, es decir, que los juzgadores sólo podrán ser removidos bajo causas y procesos de responsabilidad expresamente previstos en ley, pero jamás en razón de las resoluciones emitidas en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.
15. El haber de retiro es una garantía inherente al cargo de los Magistrados que es exigible frente a los Poderes del Estado y que se traduce en una garantía de autonomía institucional.
16. Tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nuevo León, son omisas en establecer un haber de retiro para los Magistrados de dicho poder, cuestión que resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, pues la seguridad económica de los Magistrados y Jueces se encuentra estrechamente vinculada con los principios de independencia y autonomía, tal como lo indica la tesis «P./J. 18/2006» de rubro: "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SU SEGURIDAD ECONÓMICA ES UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE GARANTIZA LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL."
17. La omisión legislativa alegada, violenta el principio de división de Poderes, al mantener al Poder Judicial en un estado de dependencia y subordinación en contra de lo dispuesto por la propia Constitución, sirviendo como base lo dispuesto en la tesis «P.J. 81/2004» de rubro: "PODERES JUDICIALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."
18. Cabe recordar que en dos mil diez, la Comisión de Venecia, con la aprobación de México, aprobó el "Reporte sobre la independencia del Sistema Judicial de la Comisión de Venecia", documento en que se adoptaron los siguientes principios:
1. Remuneración de Jueces. El artículo 45 del reporte indica que, la remuneración de los Jueces debe estar garantizada por la ley y debe corresponder a la dignidad de la profesión y la carga de responsabilidades. Asimismo, señala que debe hacerse extensivo ese principio para la pensión de retiro.
2. No discrecionalidad. El artículo 46 del reporte, asume que la remuneración de los Jueces debe corresponder a la dignidad de la profesión y que la remuneración adecuada es indispensable para proteger a los Jueces de interferencias externas indebidas. Que la remuneración debe estar basada en un estándar general y un criterio objetivo y transparente, no en apreciaciones individuales del rendimiento de un Juez.
19. Otros referentes lo son, el Estatuto Universal del Juez, el Estatuto del Juez Interamericano y el Proyecto de Declaración sobre la Independencia de la Justicia, en los cuales se contiene normativa referente a la remuneración y a la jubilación de los Jueces.
20. En términos de lo expuesto, se afirma que el haber de retiro no se encuentra a disposición del legislador ordinario de las entidades federativas, por lo que no queda al arbitrio del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León subsanar la omisión que se impugna y debe cumplir con la obligación de legislar al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto en la diversa controversia constitucional 25/2008, promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco de la cual derivó la tesis de jurisprudencia «P./J. 112/2010» de rubro siguiente: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA AUSENCIA DE NORMAS QUE REGULEN EL HABER POR RETIRO, REFERIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
21. Trámite. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mis dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 18/2016 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.
22. Mediante proveído de nueve de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León al que ordenó emplazar para formular su respectiva contestación y ordenó dar vista a la procuradora general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
23. Asimismo, con fundamento en el artículo 10, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron como terceros interesados al Poder Ejecutivo y a la Secretaría General de Gobierno, ambos de Nuevo León, pero no al responsable de la Unidad del Periódico Oficial del Estado, por tratarse de un órgano interno de la referida Secretaría.
24. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Al contestar la demanda, el Poder Legislativo Local, manifestó en esencia, que dado que el Poder Judicial del Estado impugna una omisión legislativa, consistente en la ausencia total de reglamentación del haber de retiro en Nuevo León, es preciso tomar en cuenta lo siguiente:
a) El tres de mayo de dos mil doce, la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Nuevo León, recibió una iniciativa de reforma a los artículos 94, sexto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad. (Iniciativa número 7387/LXXII, presentada por el Diputado Enrique Guadalupe Pérez Villa, integrante del grupo legislativo del Partido Acción Nacional)
b) El once de mayo de dos mil doce, se recibió en la Oficialía de Partes del referido Congreso, otra iniciativa de reforma a los artículos 94, cuarto párrafo y 102 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, a efecto de incorporar un capítulo primero Bis, titulado "Del haber de retiro", con la consecuente inclusión de los artículos 10 bis, 10 bis 2 y 10 bis 3; a través de los cuales se instituiría e instrumentaría el "haber por retiro". (Iniciativa número 7391/LXXII, presentada por diversos colegios, asociaciones y barras de abogados)
c) El veintiocho de mayo de dos mil doce, se recibió en la Oficialía de partes del Congreso del Estado de Nuevo León, una iniciativa de reforma a los artículos 94, cuarto párrafo y 102 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, a efecto de incorporar a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, un "Capítulo Primero Bis", titulado "Del haber del retiro", con la consecuente inclusión de los artículos 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2 y 10 bis 3; a efecto de instituir e instrumentar el "haber por retiro". (Iniciativa número 7402/LXXII, presentada por diversos colegios, asociaciones y barras de abogados)
d) El diez de junio de dos mil doce, se recibió en la Oficialía de partes del Congreso de Nuevo León, una iniciativa de reforma a los artículos 94, cuarto párrafo, 102 y 103 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad. (Iniciativa número 7402/LXXIII, presentada por Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León)
e) El dieciséis de junio de dos mil catorce, se sometieron a consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública, y Legislación y Puntos Constitucionales, los expedientes legislativos 7387/LXXII, 7391/LXXII, 7402/LXXII y Anexo 7402/LXXIII, en los cuales se proponen iniciativas de decreto para reformar la Constitución Política del Estado de Nuevo León y la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado.
f) El treinta de julio de dos mil catorce, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, se envió para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, un extracto de las discusiones suscitadas respecto del dictamen del proyecto de Decreto de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, siendo publicado el 1o. de agosto de 2014.
g) El dieciséis de agosto de dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, la Diputación Permanente convocó al Pleno de la Legislatura a celebrar periodo extraordinario de sesiones el 19 de agosto de 2015, a efecto de analizar, entre otras cuestiones, la reforma a la Constitución Política Local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de establecer el concepto de "Pensión" para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
h) No obstante, la sesión extraordinaria no pudo llevarse a cabo por falta de quorum.
25. Del análisis integral de los anteriores antecedentes, se advierte claramente que no existe omisión alguna por parte del Congreso del Estado de Nuevo León, en razón de que ha habido actividad legislativa.
26. El principio constitucional consagrado en el último párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los Jueces y Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, perciban una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo, garantizando así la independencia y autonomía judicial.
27. En el artículo 116 de la Constitución Federal, se establece el fortalecimiento de la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Estatales, al determinar que éstas deberán garantizarse en las Constituciones Locales y leyes secundarias.
28. Asimismo, el artículo 127, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
29. Sin embargo, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, no se encuentra establecida la figura de haber de retiro, de ahí que bajo el principio de supremacía e inviolabilidad de la Constitución, contenido en el artículo 50 de la Constitución Local, no es válido que el Poder Judicial del Estado solicite su otorgamiento, al no estar previsto en dicho ordenamiento.
30. Aunado a lo anterior, resulta evidente que la intención del Poder Judicial del Estado, es incitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ordenar al Poder Legislativo de Nuevo León, a pronunciarse a favor del haber de retiro, lo cual se traduce en una invasión de Poderes, en contra de la soberanía de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.
31. El Poder actor busca encontrar celeridad procesal a través del Máximo Tribunal por medio de la controversia constitucional, con la simple finalidad de que el Poder Legislativo Local resuelva lo antes posible las iniciativas presentadas respecto del haber de retiro.
32. Por último, resulta ilógico que Colegios de Abogados presenten iniciativas de reformas a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en relación al derecho de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de manera que dado lo infundado e inoperante de los conceptos de invalidez hechos valer por el promovente, se solicita que sean desestimados.
33. Opinión de la procuradora general de la República. La procuradora general de la República, no formuló opinión respecto de la presente controversia constitucional.
34. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos de lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se abrió el periodo de alegatos sin que las partes los hubiesen presentado en la audiencia y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
35. Competencia.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
36. Precisión de la Litis. Como una cuestión previa, es necesario precisar la materia impugnada en la presente demanda, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, que autoriza a este Alto Tribunal a resolver la cuestión efectivamente planteada.
37. Como se indicó al inicio del proyecto, en el escrito de demanda, el promovente impugna la omisión del Congreso Local de instituir y regular un haber o pensión de retiro para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como la falta de conclusión de trámite a las iniciativas de reforma a la Constitución Política local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, presentadas a efecto de que se regulara el referido haber de retiro.
38. En atención a lo anterior se advierte, que lo que impugna el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, es la omisión legislativa del Congreso Local de instituir y regular un haber o pensión de retiro para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
39. Esto es, a través de la presente controversia constitucional el promovente aduce la inexistencia de normas que regulen el referido haber de retiro, de manera que se impugna una omisión legislativa absoluta en competencias de ejercicio obligatorio.(1)
40. Precisada la materia de la litis, se analizará la oportunidad de la demanda de controversia constitucional.
41. Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
42. La controversia constitucional fue promovida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León en contra de la omisión legislativa de instituir y regular un haber o pensión de retiro para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
43. Así pues, como se indicó anteriormente, lo que el promovente demanda es una omisión legislativa absoluta en competencias de ejercicio obligatorio, ya que el Congreso Local no ha emitido norma que regule el haber de retiro para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
44. En este sentido, si el escrito de demanda fue presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de febrero de dos mil dieciséis y el plazo para la promoción de la demanda por actos omisivos se actualiza día a día, se concluye que la controversia constitucional que nos ocupa fue presentada oportunamente. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."(2)
45. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda, la parte actora manifestó que las referidas actuaciones del Poder Legislativo no se habían realizado, prevaleciendo un estado de omisión, ésta debe estimarse presentada en tiempo, en tanto, se insiste, el plazo para ello se computa día a día, mientras subsista esa situación.
46. Legitimación activa. El párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.(3)
47. Suscribe la demanda, en representación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Carlos Emilio Arenas Bátiz, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, lo que acredita con las copias certificadas del acta de sesión ordinaria del Pleno del Poder Judicial del Estado de Nuevo León 29/2015, de tres de agosto de dos mil quince, en la que se le designa con el cargo con el que se ostenta para el periodo comprendido de agosto de dos mil quince a julio de dos mil diecisiete (fojas sesenta y dos a setenta del expediente).
48. Al efecto, los artículos 96, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 23, fracción IV y 93, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, establecen:
Constitución Política del Estado de Nuevo León
"Artículo 96. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia:
"...
"III. Elegir en Pleno, cada dos años, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, conforme lo determine la ley."
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León
"Artículo 23. Corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia:
"...
"IV. Representar al Tribunal Superior de Justicia, a menos que se nombre una comisión o un representante especial de su seno para tal efecto."
"Artículo 93. Corresponde al Presidente del Consejo de la Judicatura:
"I. Representar al Consejo de la Judicatura del Estado; ... ."
49. Del contenido de estas disposiciones, se desprende que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, es a la vez el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el cual, tiene la facultad de representar a ambos órganos integrantes del Poder Judicial del Estado, de manera que, quien suscribe la demanda de controversia constitucional, tiene la representación legal de dicho Poder.
50. Lo anterior, conforme al criterio sustentado por el Tribunal Pleno en sesión de veintitrés de agosto de dos mil siete, al resolver por mayoría de nueve votos, la diversa controversia constitucional 58/2006, promovida también por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en que se determinó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia posee facultad para representar a este último.
51. Asimismo, resulta aplicable por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia P./J. 38/2003, del rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-El citado artículo 11, primer párrafo, prevé dos maneras para tener por reconocida la representación de quienes promueven a nombre de las partes en materia de controversias constitucionales: la primera, se trata de una representación consignada en la ley, en la que el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, podrán comparecer a juicio por conducto de sus funcionarios facultados por la ley que los rige para representarlos; y, la segunda, se trata de una presunción de la representación, en la que, en todo caso, quien comparezca a juicio cuenta con la capacidad y representación legal para hacerlo, salvo prueba en contrario, de ahí que de acuerdo con el orden de los supuestos referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, poder u órgano, se encuentra consignada en ley o, en caso contrario, podrá entonces presumir dicha representación y capacidad, salvo prueba en contrario. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 27, primer párrafo, 35, fracción I, 113 y 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, se desprende que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial de esa entidad, en todas aquellas cuestiones que no sean de la competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura Local; que es atribución de su presidente representar al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado, en nombre del propio tribunal; y que el presidente de éste lo será también del Consejo; sin embargo, no se advierte a quién corresponde la representación legal del Poder Judicial Local para acudir ante los órganos jurisdiccionales, por lo que en atención a la segunda hipótesis del primer párrafo del referido artículo 11, se presume que el presidente del Tribunal Superior del Estado de Morelos, al comparecer a juicio tiene representación legal y capacidad para hacerlo, máxime si no existe prueba en contrario que desvirtúe esa circunstancia." (Registro digital: 1835802, P.J. 38/2003, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 1371)
52. De acuerdo con lo anterior, se tiene que la representación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León se deposita en el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
53. Asimismo, si dicho Poder es uno de los sujetos enunciados por el Artículo 105, Fracción I, de la Constitución Federal para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legitimación necesaria para promoverla.
54. Legitimación pasiva. El artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tendrá el carácter de parte demandada en las controversias constitucionales, la entidad, poder u órgano que hubiera emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia.
55. En el caso, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León compareció a juicio por conducto del Diputado Daniel Carrillo Martínez, quien se ostentó como presidente de la Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León, lo que acredita con copia certificada del Decreto Número 1, de uno de septiembre de dos mil quince, que obra a fojas doscientos siete a doscientos trece del expediente, en que se elige la Directiva que fungirá durante el primer año del ejercicio constitucional y se le nombra como presidente de la misma.
56. Al respecto, el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León establece lo siguiente:
"Artículo 60. Son atribuciones de los integrantes de la Directiva las siguientes:
"I. Del presidente:
"...
"c) Representar al Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal y protocolario, pudiendo delegar dicha representación de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado."
57. De acuerdo con la disposición antes señalada, la representación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León se deposita en el presidente de la Directiva, por lo que éste se encuentra legitimado para comparecer en la presente controversia constitucional en representación de dicho Poder.
58. Asimismo, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, dicho Poder tiene legitimación para comparecer en esta vía, al ser al que se atribuye la omisión impugnada.
59. Causales de improcedencia. No se hacen valer causales de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni se advierten de oficio por este Alto Tribu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27688-5557ea26/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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