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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO FEDERAL TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE REFRENDAR DECRETOS Y REGLAMENTOS, A CARGO DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO, CONSTITUYE UN ACTO AUTÓNOMO QUE LES OTORGA LEGITIMACIÓN PASIVA INDEPENDIENTE DEL PODER EJECUTIVO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FORMULACIÓN DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE NO PUEDEN SER MATERIA DE AQUÉLLA NO DA LUGAR POR SÍ SOLA A DECRETAR SU IMPROCEDENCIA. VI. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL PARADIGMA DE INAMOVILIDAD Y ESTABILIDAD EN EL CARGO DE LOS MAGISTRADOS JUSTIFICA QUE A SU RETIRO DEBAN PERCIBIR UN HABER CUANDO SU NOMBRAMIENTO NO ES DE CARÁCTER VITALICIO (ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). VII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. EL DERECHO DE LOS MAGISTRADOS A PERCIBIR UN HABER DE RETIRO FORMA PARTE INHERENTE AL EJERCICIO DEL CARGO (ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). VIII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. EL HABER DE RETIRO DE LOS MAGISTRADOS QUE LO INTEGRAN ES DISTINTO DE SU REMUNERACIÓN, POR TRATARSE DE UN CONCEPTO ESPECÍFICO (ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). IX. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA OBLIGACIÓN DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DE GARANTIZAR UN HABER DE RETIRO A LOS MAGISTRADOS CUANDO SU NOMBRAMIENTO NO ES DE CARÁCTER VITALICIO NO IMPLICA QUE ÉSTE DEBA TENER LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA PENSIÓN (ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). X. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA FACULTAD QUE TIENE PARA PRESENTAR INICIATIVAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON SU ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LE IMPIDE PROPONER INICIATIVAS SOBRE CUALQUIER OTRO TEMA QUE NO SEA ESE EN PARTICULAR (ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). XI. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE LEGISLAR RESPECTO DE LA PENSIÓN DE SUS MAGISTRADOS EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR AQUÉL (ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. LAS PETICIONES FORMULADAS POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL LEGISLATIVO SON COMUNICACIONES A LAS QUE NO NECESARIAMENTE DEBE RECAER UNA RESPUESTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. LA FACULTAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO PARA PRESENTAR INICIATIVAS RELACIONADAS CON SU ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A ANALIZARLAS Y DISCUTIRLAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE DEBA APROBARLAS O QUE NO PUEDA DESESTIMARLAS O TOMAR EN CUENTA OTRAS DISTINTAS (ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). XIV. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. FACULTAD DE LA LEGISLATURA LOCAL DE PREVER UN HABER DE RETIRO PARA LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE AQUÉL Y NO DE UNA PENSIÓN SEGÚN EL MODELO FEDERAL PARA EL CARGO DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). XV. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. EL ACCESO AL CARGO DE MAGISTRADO PUEDE PROVENIR DE CUALQUIER OTRO ÁMBITO, SIN QUE SE LIMITE O RESTRINJA A QUIENES SE ENCUENTREN DENTRO DE LA JUDICATURA (ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). XVI. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR DE EXPLICAR CÓMO DETERMINA LA CANTIDAD QUE LE CORRESPONDE PERCIBIR A LOS MAGISTRADOS POR CONCEPTO DE HABER DE RETIRO ESCAPA AL ÁMBITO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, POR TRATARSE DE UNA CUESTIÓN QUE LE CORRESPONDE APRECIAR A LA LEGISLATURA EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DE LAS FINANZAS DEL ESTADO (ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2015. · Registro digital (IUS): 30351
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-01-28
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo I, Pág. 573.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2015. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 25 DE JUNIO DE 2020. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al jueves veinticinco de junio de dos mil veinte, emite la siguiente

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 33/2015, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos.

I. ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. El cuatro de junio de dos mil quince, el Poder Judicial de Morelos promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y el secretario de Gobierno del mismo Estado para solicitar la declaración de invalidez del artículo 26 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos porque no se legisló una pensión para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sino un haber de retiro.

2. Registro y turno de la demanda. El cinco de junio de dos mil quince, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente y turnarlo al Ministro Juan N. Silva Meza para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

3. Admisión de la demanda. El ocho de junio de dos mil quince, el Ministro instructor admitió la demanda sólo en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Morelos, a los cuales ordenó emplazar a juicio. No admitió la demanda respecto del secretario de Gobierno por tratarse de un órgano subordinado al Poder Ejecutivo. Finalmente, ordenó dar vista a la procuradora general de la República para que hiciera las manifestaciones que correspondieran a su representación.

4. Recurso de reclamación 19/2015-CA. El diecinueve de julio de dos mil quince, el Poder actor impugnó que no se reconociera al secretario de Gobierno como autoridad demandada.

5. Contestaciones y opinión de la Procuraduría. El diecisiete de julio de dos mil quince, el Poder Ejecutivo demandado produjo su contestación a la demanda;(1) el veintitrés del mismo mes y año, el Poder Legislativo demandado la suya.(2) La procuradora general de la República no formuló opinión en este asunto.

6. Alegatos. El diez de septiembre de dos mil quince, el Poder Judicial actor presentó su escrito de alegatos. Por su parte, los Poderes y el secretario demandados no formularon alegatos.

7. Turno del expediente. El cinco de enero de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el expediente de la presente controversia constitucional al Ministro Javier Laynez Potisek, por haber asumido los asuntos que correspondían al Ministro Juan N. Silva Meza al término de su periodo constitucional.

8. Sentencia del recurso de reclamación 19/2015. El diez de febrero de dos mil dieciséis, la Primera Sala de esta Suprema Corte revocó el auto de admisión de la demanda en la parte impugnada, al considerar que el secretario de Gobierno sí cuenta con legitimación pasiva para comparecer a juicio en la presente controversia constitucional.

9. Admisión de la demanda respecto del secretario de Gobierno. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el Ministro instructor tuvo como autoridad demandada al secretario de Gobierno del Estado de Morelos, a quien ordenó emplazar a juicio.

10. Contestación del secretario de Gobierno. Dicho funcionario dio contestación a la demanda el dieciocho de julio de dos mil dieciséis.(3)

11. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veinte de septiembre de dos mil dieciséis se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria),(4) en la que se hizo relación de los autos en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal,(5) se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y por presentados los alegatos, poniendo el expediente en estado de resolución.

II. COMPETENCIA

12. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) 1o. de su ley reglamentaria,(7) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(8) y el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General del Tribunal Pleno Número 5/2013,(9) aprobado el trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre dos Poderes del Estado de Morelos en los que se cuestiona la validez de una disposición de carácter general.

III. CERTEZA Y PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

13. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria,(10) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados, descartando todas las manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto último, con apoyo en el criterio del Pleno contenido en la tesis P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(11)

14. Para estos efectos, de conformidad con los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria,(12) se procede a examinar en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver cuál es la cuestión efectivamente planteada, corrigiendo los errores que se advierta y supliendo la deficiencia de la demanda, ya que el Poder Judicial actor señaló actos reclamados sin formular conceptos de invalidez en su contra, confundió actos con omisiones y, además, fue omiso en señalar la norma general cuya declaración de invalidez solicita.

15. Todo lo anterior se hace patente teniendo en cuenta que en su demanda primero solicitó la declaración de invalidez de los actos y omisiones que se enumeran a continuación:

"A) La invalidez de la discusión, aprobación y expedición del artículo 26 ter, adicionado a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante el Decreto Número Dos Mil Catorce, por el que se adicionan cinco artículos para ser 26 bis, 26 ter, 26 quáter, 26 quinquies y 26 sixies, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado en la primera sección del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ de fecha veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015).

"B) La invalidez e inconstitucionalidad de la negativa expresa de regular la pensión que se establece con carácter de optativa a favor de los Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el artículo octavo transitorio del Decreto Número Ochocientos Veinticuatro (824), que reformó, adicionó y derogó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, expedido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil ocho (2008). Tal negativa expresa se contiene en el capítulo relativo a ‘Del proceso legislativo’ contenido en el Decreto Número Dos Mil Catorce, por el que se adicionan cinco artículos para ser 26 bis, 26 ter, 26 quáter, 26 quinquies y 26 sixies, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado en la primera sección del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, de fecha veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015).

"C) La deliberada omisión de regular en el Decreto Número Dos Mil Catorce, por el que se adicionan cinco artículos para ser 26 bis, 26 ter, 26 quáter, 26 quinquies y 26 sixies, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado en la primera sección del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, de fecha veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), la pensión que se establece con carácter de optativa para los Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el artículo octavo transitorio del Decreto Número Ochocientos Veinticuatro (824) que reformó, adicionó y derogó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, expedido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil ocho (2008).

"D) Se demanda la omisión de resolver en definitiva las peticiones de fechas ocho y once de diciembre del año dos mil catorce, mediante las cuales se solicitó e hizo llegar a la diputada presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, la propuesta de iniciativa legislativa denominada ‘La definición, la forma y los montos que habrán de integrar el haber de retiro consignado en nuestra Carta Magna’, a favor de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

"E) Los actos de ejecución y consecuentes que se deriven de la norma general y actos impugnados, así como los efectos jurídicos, administrativos y presupuestales que se deriven de la aplicación y que generan perjuicios al Poder Judicial del Estado de Morelos." [Énfasis añadido]

16. En los términos que fue formulado el inciso A), aparentemente, se impugnaron distintos actos dentro del proceso legislativo del Decreto Dos Mil Catorce, por el que se adicionan cinco artículos para ser 26 bis, 26 ter, 26 quáter, 26 quinquies y 26 sexies, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos (en adelante Decreto 2014), en específico, la discusión, aprobación y expedición del artículo 26 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos; sin embargo, realmente pretendió impugnar el artículo 26 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

17. Lo anterior se desprende de la lectura de los conceptos de invalidez, ya que en ninguno de ellos se cuestionó el cumplimiento de las reglas del debate parlamentario ni la calidad democrática del mismo, tampoco que las sesiones o alguna de las votaciones no reuniera el quórum necesario para decidir o deliberar, mucho menos que no se hubiese colmado alguna de esas etapas del proceso legislativo; el único vicio en el proceso legislativo lo atribuyó al dictamen, al cual nos referiremos más adelante, pero ninguno en relación con la discusión, aprobación y expedición.

18. En cambio, basta con leer el segundo concepto de invalidez para darse cuenta que planteó la inconstitucionalidad de este precepto porque el haber de retiro decretado, a su juicio, no satisfizo "los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, 1985, y confirmados por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre y 40/146 de13 de diciembre de 1985".(13) En este sentido argumentó lo siguiente:

"... resulta evidente que la norma cuya invalidez se demanda, ARTÍCULO 26 TER, es contraria a los postulados de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión de Venecia, porque lejos de garantizar y promover la independencia de la judicatura, mediante la instauración de una pensión de retiro que corresponda a la dignidad de la profesión y a la carga de responsabilidades de los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, establece el haber por retiro como una prestación única que se otorgara (sic) en una sola exhibición, equivalente como máximo a las remuneraciones correspondientes a diez meses."(14)

19. Lo anterior también se confirma con la lectura del apartado relativo a los antecedentes de los actos y omisiones reclamados, donde expresamente señaló al artículo 26 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos como "acto" reclamado, como se muestra a continuación:

"El artículo 26 TER adicionado a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos mediante este último decreto, constituye uno de los actos reclamados en la controversia constitucional que se promueve ...".(15)

20. Por consiguiente, supliendo la deficiencia de la demanda, se tiene al Poder Judicial actor solicitando la declaración de invalidez del artículo 26 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, cuya existencia fue reconocida por los Poderes y el secretario demandados y en autos se acreditó con las constancias del proceso legislativo y con un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5281, de veintidós de abril de dos mil quince.(16)

21. Luego, en el inciso B) señaló la "negativa expresa" del Poder Legislativo demandado de regular la pensión que se encuentra prevista en el artículo octavo transitorio del Decreto Ochocientos Veinticuatro (en adelante Decreto 824),(17) cuyo texto señala:

"OCTAVO.—Aquellos Magistrados que tengan antecedentes como trabajadores al servicio del Estado o Municipios, con antigüedad de quince años o más, tendrán derecho a que se les otorgue, al término de su periodo, el haber de retiro o una pensión.

"La pensión se otorgará con base en lo que prevea la ley de la materia, tomando en cuenta el último cargo que hayan tenido en el servicio público antes de ser Magistrados, actualizada o en su caso la homóloga a la fecha en que les sea otorgada la pensión, contándose sólo para efectos de antigüedad el tiempo que ocuparon el cargo de Magistrados." [Énfasis añadido]

22. De acuerdo con el Poder actor, esta negativa se dio en el proceso legislativo del Decreto 2014,(18) donde el Poder Legislativo demandado «no sólo desestimó la iniciativa presentada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sino que se negó expresamente a regular esa pensión por qué (sic) según sus comisiones dictaminadoras no la consideraron viable».(19)

23. En este sentido, haciendo una revisión de las constancias del proceso legislativo que obran en el expediente, se puede apreciar que el Poder actor hizo referencia a la parte del dictamen en donde las comisiones señalaron:

"... las condiciones en que habrá de otorgarse el haber por retiro, propuestas por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, resultan contrarias a lo establecido en nuestra Constitución Local, toda vez que su pretensión asiste a otorgar una pensión de carácter vitalicio y heredable, en función del 100% de todos los ingresos que percibe un Magistrado en activo, situación que representaría una carga excesiva al presupuesto de dicho Poder Judicial, por tal consideración los que integramos estas Comisiones Unidas, desestimamos la iniciativa de referencia."(20)

24. Por su parte, el Poder Legislativo demandado reconoció que la iniciativa del Tribunal Superior de Justicia fue modificada en comisiones porque su propuesta no era congruente con el último párrafo del artículo 89 de la Constitución Política de Morelos, cuyo texto señalaba:

"Artículo 89. ...

"Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca la ley en la materia. Para el caso de los Magistrados supernumerarios, al término de su periodo se les otorgará de manera proporcional dicho derecho en los términos que establezca la ley.

"Asimismo, la ley en la materia, (sic) preverá la forma y proporción en que se otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta con un gasto excesivo a cargo del presupuesto de dicho Poder." [Énfasis añadido]

25. Lo anterior se corrobora leyendo el referido dictamen en la parte que sus integrantes señalaron:

"Por cuanto hace a la propuesta de la diputada Rosalina Mazari Espín, los que integramos estas Comisiones Dictaminadoras estimamos parcialmente viable la propuesta de referencia, en razón de que esta (sic), coincide con el espíritu del legislador plasmado en el último párrafo del artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, al prever que el derecho al haber por retito (sic), sea considerada como una prestación o prerrogativa que sea enterada por una sola ocasión y con ello evitar que represente un cargo excesivo al presupuesto del Poder Judicial; sin embargo los suscritos integrantes de estas Comisiones legislativas, consideramos que el pago debe ser único y en una sola exhibición a razón de tres meses del salario actual de dichos Magistrados, así como un mes más de salario por cada dos años que ejerció la Magistratura, y no doce como originalmente propone la iniciadora, lo que se puede deducir que dicho pago podría ser hasta por un monto de (sic) equivalente a diez meses de salario como Magistrado, situación que se comparte plenamente." (21) [Énfasis añadido].

"Se estima viable reconsiderar los montos en que se pretende otorgar dicho haber por retiro a los Magistrados, esto con la única finalidad de que el pago de dicha prerrogativa no represente un cargo excesivo al presupuesto del Poder Judicial, tal y como lo mandata el último párrafo del artículo 89 de la Constitución Estadual, por tal situación se considera procedente que el haber por retiro, se constituya como un único pago en una sola exhibición a razón de tres meses del salario actual que perciben los Magistrados, así como el otorgamiento de un mes más de salario por cada dos años que ejerció la Magistratura."(22)

26. Estos antecedentes legislativos demuestran que la negativa señalada sólo constituye una consideración de las comisiones que dictaminaron la iniciativa del Tribunal Superior de Justicia, evidenciando que el Poder actor impugnó la motivación del dictamen como si se tratase de un acto materialmente administrativo que resuelve una petición en sentido desfavorable a sus pretensiones, al calificar la misma como una "negativa expresa"; sin embargo, en realidad pretende plantear una violación al proceso legislativo por parte de las comisiones dictaminadoras.

27. Por este motivo, supliendo la deficiencia de la demanda, se debe considerar que el Poder actor planteó una violación al proceso legislativo para cuestionar la validez del dictamen y, consecuentemente, del artículo 26 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

28. Lo anterior se corrobora con la lectura del primer concepto de invalidez, en donde afirmó que las comisiones dictaminadoras tenían que ceñirse únicamente a la iniciativa que el Tribunal Superior de Justicia presentó al Congreso y, en su lugar, tomaron en cuenta las que presentaron diputados de la propia legislatura.

29. En el inciso C) le atribuyó una omisión al Poder demandado por no haber regulado la aludida pensión en el Decreto 2014, afirmando que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia tienen el derecho de optar por ella cuando se retiren con fundamento en el artículo octavo transitorio del Decreto 824 supra citado.

30. Incluso, alegó que no haber legislado sobre ella «se tradujo o convirtió en una omisión intencional o deliberada del Congreso del Estado de Morelos»,(23) cuando en su concepto tenía la obligación de hacerlo por virtud del artículo tercero transitorio del mismo decreto,(24) cuyo texto señala:

"TERCERO.—En términos del artículo 42, fracción III, de la Constitución Política Local,(25) en un plazo no mayor a los treinta días hábiles, el Tribunal Superior de Justicia, deberá presentar la iniciativa para adecuar la legislación conducente al presente ordenamiento. El Congreso del Estado en un plazo no mayor a los sesenta días hábiles procederá a expedir los ordenamientos correspondientes."

31. Por su parte, el Poder Legislativo demandado negó la existencia de tal omisión, calificando la interpretación del Poder actor como errónea porque, a su juicio, la pensión que se mencionó en el artículo octavo transitorio del Decreto 824 fue prevista exclusivamente para los Magistrados que estaban en ese supuesto, es decir, para aquellos que en ese momento estaban en funciones y tenían la antigüedad indicada, como se desprende de la siguiente transcripción:

"... la pensión por la que llegara a optar el Magistrado que se ubique en el supuesto ahí indicada (sic) se otorgará con base en los (sic) que prevea la ley de la materia, que en este caso es la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que es en la que se precisa las condiciones en las que otorgará la pensión correspondiente, y posteriormente, la propia norma constitucional establece como parámetros a considerar en esa ‘ley dela (sic) materia’, el último cargo que hayan tenido en el servicio público antes de ser Magistrados, actualizada o en su caso la homóloga a la fecha en que les sea otorgada la pensión, contándose sólo para efectos de antigüedad el tiempo que ocuparon el cargo de Magistrados."(26)

32. En este contexto, el Poder Judicial actor atribuyó una omisión legislativa al Poder Legislativo demandado calificando la misma como absoluta en una competencia de ejercicio obligatorio, de conformidad con el criterio contenido en la tesis P./J. 11/2006, de rubro: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS.";(27) mientras que el Poder Legislativo demandado negó su existencia con base en otra interpretación de los preceptos transitorios referidos.

33. Por lo tanto, se tiene al Poder Judicial actor reclamando dicha omisión legislativa. No se soslaya que los argumentos del Poder Legislativo demandado pretenden demostrar la inexistencia de dicha omisión; sin embargo, en este momento no se puede determinar si la interpretación que propone es correcta o no, puesto que es necesario analizar el fondo del asunto para saberlo. Por este motivo, tales argumentos se desestiman aplicando el criterio del Tribunal Pleno contenido en la tesis P./J. 92/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(28)

34. En el inciso D), el Poder Judicial actor aparentemente atribuyó una omisión distinta al Poder Legislativo demandado por no resolver "en definitiva" las peticiones de ocho y once de diciembre de dos mil catorce, mediante las cuales le "solicitó e hizo llegar" una iniciativa para regular la pensión de los Magistrados, a la cual denominó "La definición, la forma y los montos que habrán de integrar el haber de retiro consignado en nuestra Carta Magna".

35. Para demostrar que hizo esas peticiones, el Poder actor exhibió los oficios T.S.J./352/2014(29) y T.S.J./356/2014,(30) suscritos por la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz María Chávez, y dirigidos a la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Lucía Meza Guzmán.

36. Con el primero de esos oficios demostró la remisión de la iniciativa apuntada al Congreso, con la cual propuso reformar y adicionar determinadas porciones normativas de los artículos 19 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, citando como fundamento el artículo tercero transitorio del Decreto 824; con el segundo de ellos, la solicitud hecha por la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia para que su homóloga en el Congreso Local sometiera esa iniciativa a consideración de la asamblea.

37. En relación con el primer oficio, en el acta de la sesión ordinaria del nueve de diciembre de dos mil catorce se aprecia que, al dar cuenta con las comunicaciones recibidas, el mismo se hizo del conocimiento del Pleno, como se demuestra con la transcripción siguiente:

"Desarrollo de la sesión

"Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; vicepresidencia, diputado Gilberto Villegas Villalobos; secretarios, diputados Erika Hernández Gordillo y Antonio Rodríguez Rodríguez.

"1.- ...

"5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: ...

"DÉCIMA.—Oficio remitido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, por medio del cual remite a esta Soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 y 29 en determinadas proporciones (sic) normativas de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y que denomina ‘la definición, la forma y los montos que habrán de integrar el haber de Retiro consignada (sic) en nuestra Carta Magna’.

"ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para los efectos procedentes."(31)

38. También se aprecia que la iniciativa en cuestión fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para los "efectos procedentes", por lo mismo, la segunda de las peticiones señaladas sí fue resuelta en definitiva, en tanto en el oficio en cuestión sólo se solicitó que la iniciativa sea sometida al Congreso.

39. Lo anterior hace evidente que el Poder Judicial actor, cuando reclamó "la omisión de resolver en definitiva las peticiones de fechas ocho y once de diciembre del año dos mil catorce", lo que pretende es que el Congreso legisle una pensión para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en lugar del haber de retiro decretado en el artículo impugnado.

40. En este contexto, esta Suprema Corte advierte que realmente no se está en presencia de una omisión distinta a la que ya fue incorporada a la litis.

41. Finalmente, en el inciso E) señaló los "actos de ejecución y los consecuentes que se deriven de la norma general y actos impugnados, así como los efectos jurídicos, administrativos y presupuestales que se deriven de la aplicación y que generan perjuicios al Poder Judicial del Estado de Morelos", sin precisar cuáles son los primeros o en qué consisten los segundos, a pesar de que el artículo 22, fracción IV, de la ley reglamentaria exige que en la demanda se especifiquen cuáles son los actos que se reclaman en la controversia constitucional.(32)

42. Por la razón apuntada, ante una manifestación genérica e imprecisa de los actos reclamados como la que hizo el Poder Judicial actor, no se puede considerar satisfecho ese requisito y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria.

43. En consecuencia, respecto de este reclamo se debe sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria. Resulta aplicable el criterio del Pleno contenido en la tesis P./J. 64/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."(33)

44. De acuerdo con las precisiones realizadas, se tiene al Poder Judicial actor reclamando:

1)El artículo 26 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos; y

2) La omisión de legislar la pensión de los Magistrados.

IV. OPORTUNIDAD

45. De conformidad con el apartado anterior, en primer lugar se analizará la oportunidad de la demanda en relación con el artículo 26 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

46. De conformidad con el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria,(34) el plazo de treinta días hábiles debe computarse a partir de la publicación del Decreto 2014, la cual se llevó a cabo el veintidós de abril de dos mil quince.

47. Con base en esta fecha, el plazo para presentar la demanda inició el veintitrés de abril de dos mil quince y feneció el cinco de junio del mismo año, ya que no se computan los días veinticinco y veintiséis de abril, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de mayo, al igual que los días primero y cinco de mayo, los primeros porque correspondieron a sábado y domingo y los dos últimos porque fueron inhábiles, todo ello de conformidad con los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la ley reglamentaria,(35) en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(36) y lo dispuesto en el punto primero, incisos a), b), g) y h) del Acuerdo General Plenario Número 18/2013,(37) de diecinueve de noviembre de dos mil trece.

48. Por consiguiente, la controversia constitucional es oportuna respecto del artículo 26 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, ya que la demanda se presentó el penúltimo día del plazo señalado.(38)

49. En relación con la omisión de legislar la pensión de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se debe tener en cuenta que no existe disposición específica en la ley reglamentaria y tampoco en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, para determinar la oportunidad de la demanda cuando se impugnen omisiones.

50. Sin embargo, atendiendo a que implican un no hacer por parte de la autoridad demandada, las consecuencias jurídicas que genera se actualizan día a día y, por lo mismo, el plazo para su impugnación también se actualiza día a día mientras subsista.

51. Por lo tanto, la demanda será oportuna mientras subsista la omisión reclamada, de conformidad con el criterio del Pleno contenido en la tesis P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."(39)

52. Por consiguiente, en el presente caso la demanda también se presentó de forma oportuna en contra de la omisión reclamada, ya que no se demostró la existencia de disposiciones que regulen la pensión de los Magistrados en los términos planteados por el Poder Judicial actor.

V. LEGITIMACIÓN

53. De conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), y 10, fracción I, de la ley reglamentaria,(40) el Poder Judicial del Estado de Morelos tiene reconocido el carácter de parte actora porque promovió la presente controversia constitucional.

54. Con fundamento en el artículo 11 d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30351-8df8f853/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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