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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 314/2017. · Registro digital (IUS): 200346
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 314/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 3 DE OCTUBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridad demandada y actos impugnados. Por escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecisiete, María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. Impugnó el Decreto Número Dos Mil Ciento Treinta y Ocho por el cual se concedió una pensión por jubilación a la C. ********** con cargo al Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

SEGUNDO.—Hechos narrados en la demanda. Haciendo referencia a los presupuestos de egresos para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, el Poder Judicial Local adujo que desde el año 2013 su presupuesto no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con las necesidades reales del poder actor.

Posteriormente, manifestó que el nueve de mayo de dos mil dieciséis solicitó a la Legislatura del Estado una ampliación presupuestal para cubrir el pago de jubilaciones y pensiones, lo cual también realizó mediante los anteproyectos de presupuesto que envió al Congreso respecto de los años 2016 y 2017, sin obtener la respectiva autorización. Por último, señaló que aun cuando se incrementó el rubro de las pensiones jubilatorias en el presupuesto de egresos, ello no fue conforme a lo solicitado, por lo que ha realizado gestiones para la ampliación presupuestal sin recibir respuesta favorable.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La promovente planteó los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación.

En su primer concepto el actor adujo que el Poder Legislativo de la entidad violentó en su perjuicio los principios de fundamentación y motivación, pues otorgó arbitrariamente la pensión por jubilación a la C. ********** con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor pero sin proporcionar una partida presupuestal para ello. Considera lo anterior como violatorio de los principios de división de poderes, autonomía e independencia del Poder Judicial, así como el principio de congruencia presupuestal entre los ingresos y egresos.

Por otra parte, estimó transgredidos los derechos humanos de los trabajadores que pasan al retiro, pues el decreto impugnado no prevé la forma en la que deberá pagarse la pensión otorgada, por lo que afecta la solvencia económica del tribunal y, por ende, implica una disminución en los ingresos de Jueces y Magistrados, así como el pago de pensiones y de nuevos empleados. De igual forma, el citado decreto es violatorio de los derechos humanos de los trabajadores que pasan al retiro, pues impide que se les pague oportunamente sus prestaciones laborales.

En ese sentido, señaló como violados los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracción II y III, 123, apartado B), fracción XI, inciso a), 127 y 133 de la Constitución General y los artículos 32 párrafo séptimo, 83, 92-A fracción VI y 131 de la Constitución Local.

Asimismo, considera violado el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecidos en el artículo 116 de la Constitución General, así como los artículos 16 y 17 constitucionales ya que al ser un acto de molestia debió ser fundado y motivado. Posteriormente citó el precedente controversia constitucional 35/2000, en la cual se estudió el tema de autonomía de gestión presupuestal e independencia judicial.

Aunado a ello, manifestó que el Poder Judicial actor no intervino en la emisión del decreto que otorga una pensión del cincuenta y cinco por ciento del último salario de la ciudadana ********** lo cual implica una intromisión del Poder Legislativo que a su vez genera subordinación y dependencia del Poder Judicial actor.

Entonces, se argumenta que si bien los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicios Civil del Estado de Morelos atribuyen al Congreso Estatal la calidad de órgano resolutor en materia de pensiones, es cierto que dichas disposiciones lesionan la hacienda pública del poder actor.

Posteriormente hace referencia a los precedentes controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008 en los que se analizó el principio de autonomía y de gestión de la hacienda pública.

En su segundo concepto de invalidez el promovente señaló como violados los artículos 14, 16, 17, 41, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Local. Aduce que se violó su autonomía para regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales, para lo cual citó los artículos 123 apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución General. Posteriormente, hizo referencia a los artículos 32, párrafo séptimo, 83 y 131 de la Constitución Estatal relativos a la obligación del Poder Legislativo para incluir y autorizar las partidas presupuestales para cubrir el pago de obligaciones y que prevén el impedimento para realizar gasto alguno si no está comprendido en el presupuesto respectivo.

El actor considera que el decreto impugnado viola la división de poderes y las garantías de independencia y autonomía judicial contenidos en los artículos 49 y 116, fracción III de la Constitución General. Aduce que el Congreso del Estado debió proporcionar los recursos económicos para realizar ese pago, destinando una partida presupuestal para el pago de la pensión decretada.

Señala que desde el año 2013 el Congreso Local ha omitido aumentar el presupuesto requerido, pues el monto que aparece en el presupuesto de egresos del Poder Judicial para el "Tribunal Superior de Justicia" no ha sido modificado en los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, mientras que las pensiones concedidas sí han incrementado considerablemente. Asimismo, destaca que el decreto impugnado tiene como fundamento los artículos 44 y 70, fracción XVIII de la Constitución local, 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la entidad, 56, 57, apartado a), fracción I, inciso d), 58 y 66 de La Ley de Servicio Civil; sin embargo, el artículo 92-A, fracción VI de la propia Constitución Local faculta al Consejo de la Judicatura para elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como de diversos órganos pertenecientes al Poder Judicial local. Aunado a ello, la fracción XVII del artículo 117 de la ley orgánica de dicho poder establece la facultad del Consejo de la Judicatura para aplicar el gasto público del Poder Judicial.

El actor considera que el decreto impugnado constituye una orden expresa del Poder Legislativo Local que genera una subordinación del Poder Judicial promovente en relación a la ejecución y aplicación su presupuesto y, por ende, una violación al artículo 116 constitucional.

En su tercer concepto de invalidez el promovente señala que el artículo 3o. del decreto combatido vulnera los artículos 16, 116, fracción III y 126 de la Constitución General, así como los artículos 131 y 134 de la Constitución morelense. Argumenta que de acuerdo con en el principio de división de poderes, el presupuesto para el pago de dichas pensiones por jubilación no puede estar supeditado al Poder Legislativo, pues se obstaculiza la impartición de justicia, además de que no se incluyó en el presupuesto lo peticionado en el anteproyecto que presenta el Poder Judicial actor.

Estima que el aumento de la pensión en atención al incremento porcentual del salario mínimo vigente transgrede el principio de certidumbre jurídica y se alega que la sujeción al deficiente presupuesto ha impedido el incremento salarial para quienes se encuentran en servicio activo y pasivo, por lo que resulta imposible acatar lo dispuesto por el decreto. Es decir, el Poder Judicial actor está frente a una falta de viabilidad presupuestaria e inestabilidad financiera.

Adicionalmente, se transgrede la división de poderes y la autonomía e independencia de la gestión presupuestal del Poder Judicial por disponer el aumento automático del importe de la pensión, faltando la correlativa transferencia automática de fondos al presupuesto del poder actor. Derivado de ello, se dispone arbitrariamente de los recursos previamente etiquetados para fines específicos del Poder Judicial Local, por lo que se invade la facultad del Consejo de la Judicatura Estatal de respetar las partidas y aplicar el gasto público del Poder Judicial, prevista en el artículo 117, fracciones XV y XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos.

Además, considera que se obstaculiza la administración de justicia, puesto que la disposición de recursos del poder actor, las obligaciones que se le imponen a través del decreto y el deficiente presupuesto que se le asigna impide la contratación de personal.

Por otra parte, argumenta la violación al artículo 134 constitucional, relativo al eficiente manejo de recursos, debido a la falta de denominación de las prestaciones y asignaciones para los pensionados, lo que deriva en una equiparación de los trabajadores activos y pasivos. Precisa que se les beneficia por partida doble, pues además de la pensión otorgada, el poder patrón sigue aportando las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano de Seguridad Social para permitir el acceso de los beneficiaros a una pensión al alcanzar una edad avanzada. Ello, a pesar de que los artículos 154 y 218 de la Ley del Seguro Social y los artículos 24, fracción XV y 54 de la Ley del Servicio Civil de Morelos no establecen la obligación de que ambas pensiones se disfruten de manera simultánea. Argumentó que existe una diferencia y una desigual percepción salaria entre el personal en retiro y en activo.

Por último, el Poder Judicial actor estima violados los artículos 126 y 134 constitucionales relativos a la limitante de no realizar gastos no contemplados en el presupuesto de egresos y a la eficiente administración de recursos públicos, respectivamente, por no destinar los aumentos en el presupuesto de egresos relativos a lo dispuesto por el decreto impugnado. Además, ya que los trabajadores jubilados ganan un monto mayor al salario mínimo no les debe aplicar el aumento del mismo, siendo además irracional que obtengan un incremento en su ingreso, mientras que los activos carecen del mismo por la insuficiencia del presupuesto.

CUARTO.—Preceptos constitucionales que el actor aduce violados. El actor estimó que se transgredieron los artículos 14, 16, 17, 40, 41, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126, 127, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, 131 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

QUINTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil diecisiete, el Ministro presidente Luis María Aguilar Morales ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 314/2017. Asimismo, designó como instructor del presente asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

SEXTO.—Admisión. Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió la demanda y tuvo por impugnado el Decreto Número Dos Mil Ciento Treinta y Ocho por el que se concede pensión por jubilación a la C. **********, publicado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Se tuvieron por demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. Finalmente, se ordenó darle vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda. Además se le requirió al Poder Legislativo que remitiera los antecedentes legislativos del decreto impugnado.

SÉPTIMO.—Certificación. El dos de febrero de dos mil dieciocho la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de treinta días hábiles concedido a las autoridades demandadas para dar contestación transcurrió del martes treinta de enero al martes trece de marzo de dos mil dieciocho.

OCTAVO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escritos presentados el trece de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero jurídico, José Anuar González Cianci Pérez, y el secretario de Gobierno, Ángel Colín López, ambos del Estado de Morelos, formularon contestación de demanda en la presente controversia constitucional.

Tanto el consejero jurídico como el secretario hacen valer la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación ad causam del Poder Judicial actor, pues carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia constitucional, debido a que ni el consejero jurídico, ni el secretario de Gobierno de Morelos han realizado acto alguno que invada la esfera competencial del poder actor. Además señalaron que había falta de formulación de conceptos de invalidez relativos a vicios propios de los actos de publicación atribuidos al consejero jurídico y al secretario de Gobierno. También consideran que los conceptos de invalidez no están dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad de lo impugnado.

De igual manera, dichas autoridades manifiestan que carecen de legitimación pasiva al considerar que no han realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación a la esfera de competencias del poder actor, pues los actos de los cuales emana su pretensión no son facultades directas del Poder Ejecutivo.

Finalmente, el Poder Ejecutivo Local argumenta que la controversia es improcedente en razón de que los actos de promulgación y publicación atribuidos al mencionado poder no invaden el ámbito de facultades del poder actor, sino que el actuar de la autoridad demandada se encuentra apegada a sus facultades conferidas por la Constitución General, así como por las leyes.

Para dar respuesta al concepto de invalidez relativo a la violación de los principios de fundamentación y motivación y del principio de congruencia presupuestal, tanto el consejero jurídico como el secretario de Gobierno argumentan que el Poder Ejecutivo Estatal goza de la facultad para promulgar, refrendar y publicar las leyes y demás disposiciones federales, para así cumplir con lo dispuesto por el Congreso del Estado. Lo anterior, en virtud de los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Local; 10, 11, fracción II y 21, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 1, 10 y 11, fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.

Argumentan que la fuente de la relación de trabajo entre el derechohabiente y la dependencia pública es de naturaleza administrativa y no laboral, en la que el gobierno actúa con el carácter de autoridad y está facultado para crear, modificar o extinguir la situación jurídica del pensionado.

Aunado a ello, se recalca la existencia de un rubro de pensiones en el presupuesto de egresos estatales y municipales, por lo que el decreto de pensión constituye un acto declarativo enmarcado dentro de los principios de libertad configurativa de los Estados y de división de poderes.

Posteriormente, enfatizan el derecho constitucional del trabajador a una remuneración justa en reconocimiento de su labor en beneficio del Estado, misma que debe garantizar la subsistencia de aquel. Tal derecho se encuentra sintetizado en artículo 123 constitucional, en relación con el artículo 116, fracción VI, por lo que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece los medios y parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores, de conformidad con el artículo 123 constitucional. Por ello, se alega que no existe transgresión de la autonomía presupuestal del Poder Judicial actor, la cual está consagrada en los artículos 17, párrafo V y 116, fracción III de la Constitución General.

Se argumenta que la problemática financiera del erario estatal y municipal, comparando el sistema de pensiones del Instituto Mexicano de Seguridad Social y el sistema de pensiones en pugna. El primero se sustenta en las cuotas obrero-patronales, las cuales constituyen aportaciones económicas tripartitas, financiadas a través de cuentas individuales; sin embargo, el segundo tiene como único sustento los ingresos del erario. De ahí que el Poder Legislativo considere la carga a la hacienda pública del pago de hasta el cien por ciento del salario como activo de los trabajadores y de todas las prestaciones adicionales, el cual además deberá ser incrementado conforme al aumento del salario mínimo vigente en términos del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

Posteriormente hace referencia a las controversias constitucionales 112/2016, 127/2016, 129/2016, 132/2016, 224/2016, 225/2016, 240/2016, 241/2016, 244/2016, 106/2017, 108/2017, 116/2017, 120/2017, 123/2017, 126/2017, 136/2017, 138/2017, 141/2017, 143/2017, 144/2017, 146/2017, 151/2017, 158/2017, 161/2017, 162/2017, 164/2017, 175/2017, 176/2017, 180/2017, 182/2017, 182/2017, 187/2017, 190/2017, 191/2017, 193/2017, 196/2017, 197/2017, 200/2017 y 248/2017 resueltas por la Primera Sala de esta Suprema Corte, en las que se declararon inconstitucionales decretos similares al ahora impugnado.

Finalmente, reitera que los actos de promulgación, publicación y refrendo llevados a cabo por el Poder Ejecutivo Estatal se dictaron en estricta observancia a las facultades constitucionales y legales previstas en las normas aplicables.

NOVENO.—Acuerdo recaído sobre la contestación del Poder Ejecutivo y desahogo del requerimiento. Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil dieciocho se le tuvo al Poder Ejecutivo Local dando contestación a la controversia, designando delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México y ofreciendo diversas pruebas que se relacionarán en la audiencia correspondiente. Además, se le tuvo desahogando el requerimiento formulado mediante proveído de cuatro de enero del año en curso.

DÉCIMO.—Contestación del Poder Legislativo. Por escrito recibido el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Mesa de Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Beatriz Vicera Alatriste, formuló contestación de demanda.

El Poder Legislativo se pronunció sobre los hechos narrados en la demanda y, posteriormente, contestó a los conceptos de invalidez de la siguiente manera.

Consideró que no existe invasión competencial, pues la autoridad demandada cuenta con facultades expresas para expedir los decretos que otorguen las prestaciones a los trabajadores del Gobierno Estatal, ello en relación con los artículos 43, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 65 y 66 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos.

Por otra parte, narró que el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis la ciudadana ********** solicitó al Congreso la pensión por Jubilación de acuerdo con el artículo 58, fracción II, inciso j) de la Ley del Servicio Civil del Estado, fecha en la que dicha persona acreditó tener diecinueve años, tres meses y doce días de servicio en el Poder Judicial Local. Debido a que se cumplieron los requisitos legales para el procedimiento por medio del cual se le asignan las pensiones por jubilación a los trabajadores de los Poderes del Estado, el Congreso Estatal emitió el decreto fundamentando su actuación en las fracciones II y XX del artículo 40 de la Constitución Estatal, así como en el numeral 57 de la Ley del Servicio Civil de Morelos.

Además, puntualizó que el Consejo de la Judicatura tenía la obligación de discutir y aprobar el presupuesto anual del Poder Judicial y remitirlo al Congreso, según los numerales 119 y 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal, así como de los artículos 15, 28, 29 y 30 del reglamento interior del referido Consejo de la Judicatura.

Por otra parte, en cuanto al estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial de la entidad, que deberá ser incluido en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y proyectos de presupuesto de egresos en términos de la fracción V del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la autoridad legislativa evidencia la falta de presentación por parte del poder promovente de dicho estudio.

Aunado a lo anterior, se considera que el ejercicio del presupuesto del Poder Judicial es libre, puesto que el poder actor inscribió a la pensionada en nómina de jubilados y realizó los pagos determinados en el decreto en cuestión. Se precisa que dicho ejercicio deberá ajustar a los artículos 4 y 33 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Por tanto, se concluye que el decreto se emitió apegado a las diversas resoluciones de este Máximo Tribunal, considerando que el Poder Judicial Local es el único facultado para determinar su presupuesto interno, así como para presentar el citado estudio actuarial que se incluirá en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y proyectos de presupuesto de egresos, lo que se ajustará a lo dispuesto por los artículos 32 de la Constitución Local, 26 y 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como 1, 38 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Finalmente, se resalta el incremento de $48'441,000.00 (cuarenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y uno mil 00/100 M.N.) respecto del presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado de Morelos para el año 2017, mismo que se deberá utilizar para las obligaciones financieras y laborales, inclusive las derivadas de pensiones, del poder actor. Relacionado con ello, se solicita al Poder Judicial Local que emita un informe con la finalidad de demostrar el pago del rubro de pensiones con la mencionada ampliación de presupuesto, misma que acredita el respeto por la libertad del poder actor para manejar sus recursos.

DÉCIMO PRIMERO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular opinión en el presente asunto.

DÉCIMO SEGUNDO.—Acuerdo sobre la contestación del Poder Legislativo. Mediante proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho se le tuvo al Poder Legislativo del Estado de Morelos dando contestación extemporánea a la controversia, designando delegados, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, así como ofreciendo diversas pruebas que se relacionarán en la audiencia correspondiente. A su vez, se le tuvo desahogando el requerimiento formulado por acuerdo de cuatro de enero del año en curso.

Por otro lado, en cuanto al informe solicitado al Poder Judicial Local en la contestación del poder demandado, se tendrá como prueba para mejor proveer en caso de considerarse necesaria.

Finalmente, se señaló como fecha para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos el catorce de mayo de dos mil dieciocho.

DÉCIMO TERCERO.—Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. El catorce de mayo de dos mil dieciocho se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. En ella se acordó, con fundamento en los artículos 31 y 32, párrafo primero de la ley reglamentaria de la materia, admitir y desahogar las pruebas. Debido a que las partes no formularon alegatos, se dio por concluida la audiencia y se ordenó la elaboración del proyecto de sentencia.

DÉCIMO CUARTO.—Radicación en Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) 1o. de la ley reglamentaria de la materia,(3) en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo 5/2013,(4) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos.

SEGUNDO.—Legitimación activa. En términos del artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución General,(5) el Poder Judicial del Estado de Morelos está legitimado para promover el presente medio de control constitucional. Ahora, en términos del primer y segundo párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia,(6) los entes legitimados deben comparecer por medio de las personas que estén legalmente facultadas para representarlos.

De acuerdo con la fracción I del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(7) el Magistrado presidente tiene la facultad de representar al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado en nombre del Tribunal Superior de Justicia.

El escrito de demanda está signado por María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, quien demuestra su personalidad con la copia certificada de la sesión extraordinaria del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis celebrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, en la que se le designó como Magistrada presidenta de dicho órgano.

Cabe destacar que la documental referida obra en el expediente de la controversia constitucional 244/2016,(8) por lo que se consideran hechos notorios para efectos de esta resolución. Lo anterior con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(9) el cual es de aplicación supletoria en términos del artículo 1o., de la ley reglamentaria de la materia,(10) además resultan aplicables por analogía las siguientes tesis:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 1o., resulta válida la invocación por el tribunal de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de integrantes del Tribunal en Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad que les han sido planteadas pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias dictadas en aquéllas, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al expediente, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ejercerse para resolver la contienda judicial."(11)

Asimismo resulta aplicable por analogía el criterio sostenido en la siguiente tesis aislada:

"HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.—De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial."(12)

Además, las referidas documentales fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones y facultado para ello, por lo que constituyen prueba instrumental pública y merecen eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles(13) de aplicación supletoria, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados U

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200346-ed139c4e/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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