I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO 2004, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO 2004, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO 2004, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO 2004, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 256/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 18 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de abril de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridad demandada y actos impugnados. Por escrito presentado el siete de septiembre de dos mil diecisiete, María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. Impugnó el Decreto Número Dos Mil Cuatro, por el cual se concedió una pensión por jubilación a la C. **********, con cargo al Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.—Hechos narrados en la demanda. El promovente hizo referencia a los presupuestos de egresos para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, adujo que desde el año 2013, su presupuesto no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con las necesidades reales del órgano actor.
Posteriormente, manifestó que el nueve de mayo de dos mil dieciséis solicitó a la Legislatura del Estado una ampliación presupuestal para cubrir el pago de jubilaciones y pensiones, lo cual también realizó mediante los anteproyectos de presupuesto que envió al Congreso respecto de los años 2016 y 2017. Por último, señaló que aun cuando se incrementó el rubro de las pensiones jubilatorias en el presupuesto de egresos, éste no fue el incremento que solicitó, por lo que ha realizado gestiones para la ampliación presupuestal sin recibir respuesta favorable.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. La promovente planteó los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:
En su primer concepto, el actor adujo que el Poder Legislativo violó en su perjuicio los principios de fundamentación y motivación, pues otorgó arbitrariamente la pensión por jubilación a la ciudadana **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor, pero sin proporcionar una partida presupuestal. Considera lo anterior como violatorio de los principios de división de poderes, autonomía e independencia del Poder Judicial, así como el principio de congruencia entre los ingresos y egresos establecido en el artículo 116 constitucional.
Por otra parte, estimó transgredidos los derechos humanos de los trabajadores que pasan al retiro, pues el decreto impugnado, al no prever la forma en la que deberá pagarse la pensión otorgada, afecta la solvencia económica del tribunal y, por ende, implica una disminución en los ingresos de Jueces y Magistrados, así como el pago de pensiones y de nuevos empleados. De igual forma, considera que el decreto impugnado es violatorio de los derechos humanos de sus trabajadores que pasan al retiro, pues impide que se les pague oportunamente su prima de antigüedad, aguinaldo y prima vacacional.
En ese sentido, señaló como violados los artículos 16, 17, 49, 116, fracción III, 123, apartado B), fracción XI, inciso a), 127 y 133 de la Constitución General, y los artículos 92-A y 131 de la Constitución Local.
Asimismo, considera violado el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecido en el artículo 116 de la Constitución General, así como los artículos 16 y 17 constitucionales, ya que al ser un acto de molestia debió ser fundado y motivado. Posteriormente, citó el precedente, controversia constitucional 35/2000, en la cual se estudió el tema de autonomía de gestión presupuestal e independencia judicial.
Aunado a ello, manifestó que el Poder Judicial actor no intervino en la emisión del decreto que otorga una pensión del 95 por ciento del último salario de la ciudadana **********, lo cual implica una intromisión del Poder Legislativo que a su vez genera subordinación y dependencia del Poder Judicial actor.
Posteriormente, hace referencia a los precedentes, controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, en los que se analizó el principio de autonomía y de gestión de la hacienda pública.
En su segundo concepto de invalidez, el promovente señaló como violados los artículos 14, 16, 17, 41, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Local. Aduce que se violó su autonomía para regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales, para lo cual, citó los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución General. Posteriormente, hizo referencia a los artículos 32, párrafo séptimo, 83 y 131 de la Constitución Estatal, relativos a la obligación del Poder Legislativo para incluir y autorizar las partidas presupuestales para cubrir el pago de obligaciones, y el artículo 83 que prevé el impedimento para realizar gasto alguno si no está comprendido en el presupuesto respectivo.
El actor considera que el decreto impugnado viola la división de poderes y las garantías de independencia y autonomía judicial contenidos en los artículos 49 y 116, fracción III, de la Constitución General. Aduce que el Congreso del Estado debió proporcionar los recursos económicos para realizar ese pago, destinando una partida presupuestal para el pago de la pensión decretada.
Señala que desde el año 2013, el Congreso Local ha omitido aumentar el presupuesto requerido, pues el monto que aparece en el presupuesto de egresos del Poder Judicial para el "Tribunal Superior de Justicia", no ha sido modificado en los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; mientras que las pensiones concedidas sí han incrementado considerablemente. Asimismo, destaca que el decreto impugnado tiene como fundamento los artículos 44 y 70, fracción XVIII, de la Constitución Local, 67 de la Ley Orgánica del Congreso, y 56, 57, 58 y 66 de La Ley de Servicio Civil; sin embargo, el artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución Local faculta al Consejo de la Judicatura para elaborar el presupuesto del tribunal.
El actor considera que el decreto impugnado constituye una orden expresa del Poder Legislativo Local que genera una subordinación del Poder Judicial promovente, en relación con la ejecución y aplicación de su presupuesto y, por ende, una violación al artículo 116 constitucional.
En su tercer concepto de invalidez, el promovente señala que el artículo 3o. del decreto impugnado vulnera los artículos 16, 116, fracción III, y 126 de la Constitución General, así como los artículos 131 y 134 de la Constitución morelense. Argumenta que, de acuerdo con en el principio de división de poderes, el presupuesto para el pago de dichas pensiones por jubilación no puede estar supeditado al Poder Legislativo, pues se obstaculiza la impartición de justicia, además de que no se incluyó en el presupuesto lo peticionado en el anteproyecto que presenta el Poder Judicial actor.
Estima que el aumento de la pensión, en atención al incremento porcentual del salario mínimo vigente, viola el principio de certidumbre jurídica, que la sujeción al deficiente presupuesto ha impedido el incremento salarial para quienes se encuentran en servicio activo y pasivo, por lo que resulta imposible acatar lo dispuesto por el decreto. Es decir, el Poder Judicial actor está frente a una falta de viabilidad presupuestaria e inestabilidad financiera.
Adicionalmente, se transgreden la división de poderes y la autonomía e independencia de la gestión presupuestal del Poder Judicial, por disponer el aumento automático del importe de la pensión, faltando la correlativa transferencia automática de fondos al presupuesto del Poder actor. Derivado de ello, se dispone arbitrariamente de los recursos previamente etiquetados para fines específicos del Poder Judicial Local, por lo que se invade la facultad del Consejo de la Judicatura estatal de respetar las partidas y aplicar el gasto público del Poder Judicial, prevista en el artículo 117, fracciones XV y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos.
Además, considera que se obstaculiza la administración de justicia, puesto que la disposición de recursos del Poder actor, las obligaciones que se le imponen a través del decreto, y el deficiente presupuesto que se le asigna, impide la contratación de personal.
Por otra parte, argumenta la violación al artículo 134 constitucional, relativo al eficiente manejo de recursos, debido a la falta de denominación de las prestaciones y asignaciones para los pensionados, lo que deriva en una equiparación de los trabajadores activos y pasivos. Precisa que se les beneficia por partida doble, pues, además de la pensión otorgada, el Poder patrón sigue aportando las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano de Seguridad Social para permitir el acceso de los beneficiarios a una pensión, al alcanzar una edad avanzada. Ello, a pesar de que los artículos 154 y 218 de la Ley del Seguro Social, y los artículos 24, fracción XV, y 54 de la Ley del Servicio Civil de Morelos, no establecen la obligación de que ambas pensiones se disfruten de manera simultánea. Argumentó que existe una diferencia y una desigual percepción salarial entre el personal en retiro y en activo.
En su cuarto concepto de invalidez, el Poder Judicial actor estima violados los artículos 126 y 134 constitucionales, relativos a la limitante de no realizar gastos no contemplados en el presupuesto de egresos y a la eficiente administración de recursos públicos, respectivamente, por no destinar los aumentos en el presupuesto de egresos relativos a lo dispuesto por el decreto impugnado. Derivado de ello, se le genera inestabilidad financiera al Poder Judicial, violando lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. Esto, en virtud de que se estipula un aumento del monto de la pensión correspondiente al incremento del salario mínimo, el cual ha sido mayor al 3%, lo cual viola el artículo 10 de la referida ley. Además, ya que los trabajadores jubilados ganan un monto mayor al salario mínimo, no les debe aplicar el aumento del mismo, siendo, además, irracional que obtengan un incremento en su ingreso; mientras que los activos carecen del mismo por la insuficiencia del presupuesto.
CUARTO.—Preceptos constitucionales que el actor aduce violados. El actor estimó que se transgredieron los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
QUINTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil diecisiete, el Ministro presidente Luis María Aguilar Morales ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 256/2017. Asimismo, designó como instructor del presente asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
SEXTO.—Admisión. Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la demanda y tuvo por impugnado el Decreto Número Dos Mil Cuatro por el que se concede pensión por jubilación a **********, publicado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Se tuvieron por demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. Finalmente, se ordenó darle vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda. Además se le requirió al Poder Legislativo que remitiera los antecedentes legislativos del decreto impugnado.
SÉPTIMO.—Certificación. El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de treinta días hábiles concedido a las autoridades demandadas para dar contestación, transcurrió del martes diez de octubre al martes veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.
OCTAVO.—Contestación del Poder Legislativo. Por escrito recibido el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Mesa de Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Beatriz Vicera Alatriste, formuló contestación de demanda en la demanda.
El Poder Legislativo se pronunció sobre los hechos narrados en la demanda. Posteriormente, hizo valer las causales de improcedencia que a continuación se sintetizan:
Primeramente, planteó que el Poder Judicial carece de interés legítimo, dado que no existe un principio de agravio. Es decir, argumenta que el Poder demandado no realizó conducta alguna que afecte el ámbito de atribuciones del Poder Judicial, por lo que considera que debe sobreseerse con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19 fracción VIII, ambos de la ley reglamentaria de la materia, y el artículo 105, fracción I, de la Constitución General.
Argumenta que tiene facultades para expedir los decretos que otorguen pensiones a los trabajadores del Gobierno Estatal, de acuerdo con el apartado B del artículo 123 de la Constitución General, la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Local, y los artículos 54, fracción VII, y del 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Además, menciona que el promovente carece de interés legítimo, toda vez que los Poderes de un Estado no pueden sustraerse de cubrir obligaciones obrero-patronales.
Por otra parte, argumenta que el decreto impugnado no consiste en el primer acto de aplicación de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 45, fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, y del 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. A manera de prueba, enumera una serie de decretos emitidos previamente, en los que se establecen pensiones por jubilación de diversos funcionarios. En tal virtud, considera que debe sobreseerse la controversia constitucional respecto de los artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
En cuanto a la contestación de los conceptos de invalidez, considera que no existe invasión competencial, pues el artículo constitucional 123, apartado B, la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Política Local, y los artículos 54, fracción VII, y del 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, le otorgan facultades expresas al Poder demandado para expedir los decretos que otorguen las prestaciones a los trabajadores del Gobierno Estatal, ello, en relación con los artículos 43, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 65 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Considera que, mediante la expedición del decreto impugnado, no se pretende ejercer de manera directa el control sobre los recursos del presupuesto del Poder Judicial, pues la programación, presupuestación y aprobación de su presupuesto de egresos son facultades exclusivas de aquel Poder.
Además, el Poder Legislativo considera que es obligación constitucional del Poder actor tener una partida de su cuenta pública para pagar las prestaciones de sus propios trabajadores, las cuales no se podrán conceder a menos que medie ley, decreto legislativo, contrato colectivo, o condiciones generales de trabajo, lo cual se establece en el artículo 127, fracciones IV y VI, de la Constitución General. Adicionalmente, tal artículo dispone que tanto el Congreso de la Unión, como las Legislaturas de los Estados serán los órganos facultados para expedir las leyes que harán efectivo el pago de dichas prestaciones. Incluso, según el artículo 131 de la Constitución Local, dicho pago no podrá ser realizado si no está comprendido en el presupuesto que le corresponda.
Por otra parte, narró que el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la ciudadana ********** solicitó al Congreso la pensión por jubilación, de acuerdo con el artículo 58, fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, fecha en la que dicha persona acreditó tener veintiséis años, siete días de servicio, por lo cual se le concedió dicha pensión.
También contesta que el procedimiento por medio del cual se le asignan las pensiones por jubilación a los trabajadores de los Poderes del Estado, se norma por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en sus artículos 43, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 65 y 66, enfatizando la disposición que estipula que el Congreso del Estado emitirá el decreto que dicte dicha prestación, después de haberse presentado a trámite la documentación necesaria por parte de la beneficiaria. Debido a que se cumplieron los requisitos legales para el mencionado trámite, el Congreso Estatal emitió el decreto, fundamentando dicho acto en las fracciones II y XX del artículo 40 de la Constitución Estatal.
Posteriormente, responde al argumento de falta de fundamentación y motivación, y aduce que tales requisitos se satisficieron al estar el Congreso Local constitucionalmente facultado para la emisión del decreto impugnado. Contesta la alegada violación al principio de división de poderes previsto en el artículo 49 constitucional, e indica que para que se dé tal violación deberá haber una intromisión, dependencia y subordinación de un Poder hacia otro. Por lo cual, al faltar tales elementos en el caso concreto, no se configura la aludida violación.
Respecto al segundo concepto de invalidez, contesta que no se vulnera la autonomía presupuestal del Poder actor, pues no se afecta su partida presupuestal, ni sus actividades de impartición de justicia. Puntualiza que los medios para garantizar la independencia de los tribunales locales están establecidos en la fracción III del artículo 116, numeral 17, de la Constitución General, y que, según los artículos 40, fracción II, y 50 de la Constitución Local, el Congreso morelense es el único facultado para emitir decretos relativos a la administración interior del Estado. Inclusive, el artículo 3 de la Ley Orgánica para el Congreso Estatal establece que tal órgano debe verificar la eficacia de sus ordenamientos. Por tanto, concluye que el Poder Judicial del Estado sólo constituye un órgano de ejecución del decreto impugnado.
Por otra parte, reconoce que, en los precedentes, controversias constitucionales 90/2008, 91/2008, 92/2008 y 50/2010 se declaró la invalidez del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. No obstante, en virtud de que el decreto impugnado fue emitido en el año dos mil dieciséis, y ya que el propio Congreso Local cuenta con facultad de aclarar, reformar, derogar o abrogar sus propios decretos, e incluso para verificar la eficacia de los mismos, se considera competente para resolver lo procedente respecto a la ejecución del decreto en el que otorgó la pensión de jubilación.
NOVENO.—Requerimiento y apercibimiento. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se le requirió nuevamente para que, dentro del plazo de tres días hábiles, el Poder Legislativo remitiera los antecedentes legislativos del decreto impugnado, con el apercibimiento que de no hacerlo se le aplicaría una multa con fundamento en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
DÉCIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escritos presentados el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero jurídico, José Anuar González Cianci Pérez, y el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, ambos del Estado de Morelos, formularon contestación de demanda en la presente controversia constitucional.
Tanto el consejero jurídico como el secretario hacen valer la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación ad causam del Poder Judicial actor, pues carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia constitucional, debido a que ni el consejero jurídico, ni el secretario de Gobierno de Morelos han realizado acto alguno que invada la esfera competencial del Poder actor. Además, señalaron que había falta de formulación de conceptos de invalidez relativos a vicios propios de los actos de publicación atribuidos al consejero jurídico y al secretario de Gobierno. Además, considera que los conceptos de invalidez no están dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad de lo impugnado.
Para dar respuesta al concepto de invalidez relativo a la violación de los principios de fundamentación y motivación, y del principio de congruencia presupuestal, tanto el consejero jurídico como el secretario de Gobierno argumentan que el Poder Ejecutivo Estatal goza de la facultad para promulgar, refrendar y publicar las leyes y demás disposiciones federales, para así cumplir con lo dispuesto por el Congreso del Estado. Lo anterior, en virtud de los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), y 74 y 76 de la Constitución Local; 10, 11, fracción II, y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 1, 10, y 11, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.
Argumentan que la fuente de la relación de trabajo entre el derechohabiente y la dependencia pública es de naturaleza administrativa y no laboral, en la que el Gobierno actúa con el carácter de autoridad y está facultado para crear, modificar o extinguir la situación jurídica del pensionado.
Aunado a ello, se recalca la existencia de un rubro de pensiones en el presupuesto de egresos estatales y municipales, por lo que el decreto de pensión constituye un acto declarativo enmarcado dentro de los principios de libertad configurativa de los Estados y de división de poderes.
Posteriormente, enfatizan el derecho constitucional del trabajador a una remuneración justa, en reconocimiento de su labor en beneficio del Estado, misma que debe garantizar la subsistencia de aquél. Tal derecho se encuentra sintetizado en artículo 123 constitucional, en relación con el artículo 116, fracción VI. Por lo que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece los medios y parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores, de conformidad con el artículo 123 constitucional. Por ello, se alega que no existe transgresión de la autonomía presupuestal del Poder Judicial actor, la cual está consagrada en los artículos 17, párrafo (sic) V, y 116, fracción II, de la Constitución General.
A la argumentación se añade la problemática financiera del erario estatal y municipal, comparando el sistema de pensiones del Instituto Mexicano de Seguridad Social y el sistema de pensiones en pugna. El primero, se sustenta en las cuotas obrero-patronales, las cuales constituyen aportaciones económicas tripartitas, financiadas a través de cuentas individuales; sin embargo, el segundo tiene como único sustento los ingresos del erario. De ahí que, el Poder Legislativo considere la carga a la hacienda pública del pago de hasta el 100% del salario como activo de los trabajadores y de todas las prestaciones adicionales, el cual, además, deberá ser incrementado conforme al aumento del salario mínimo vigente en términos del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
Posteriormente, hace referencia a las controversias constitucionales 112/2016, 127/2016, 129/2016, 132/2016, 224/2016, 225/2016, 240/2016, 241/2016, 244/2016, 106/2017, 108/2017, 116/2017, 120/2017, 123/2017, 126/2017, 136/2017, 138/2017, 141/2017, 142/2017, 144/2017, 146/2017, 151/2017, 158/2017, 161/2017, 162/2017, 164/2017, 175/2017, 176/2017, 180/2017, 182/2017, 186/2017, 187/2017, 190/2017, 191/2017, 180/2017, 182/2017(sic), 182/2017, 187/2017, 190/2017, 191/2017, 193/2017, 196/2017, 197/2017 y 200/2017, resueltas por la Primera Sala de esta Suprema Corte, en las que se declararon inconstitucionales decretos similares al ahora impugnado.
Finalmente, reitera que los actos de promulgación, publicación y refrendo llevados a cabo por el Poder Ejecutivo Estatal se dictaron en estricta observancia a las facultades constitucionales y legales previstas en las normas aplicables.
DÉCIMO PRIMERO.—Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, la C. ********** adujo que, bajo la figura de amicus curiae, realizaba diversas manifestaciones, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, asimismo, solicitó que se decretaran pruebas para mejor proveer y que se sobreseyera en el presente asunto.
DÉCIMO SEGUNDO.—Acuerdo. El cuatro de enero de dos mil dieciocho, se determinó no acordar de conformidad, dado que no tiene el carácter de parte en este medio de control constitucional, en términos del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe destacar que el referido auto quedó firme, al no haber sido impugnado.
DÉCIMO TERCERO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular opinión en el presente asunto.
DÉCIMO CUARTO.—Alegatos y ofrecimiento de pruebas. Por escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el Poder Judicial del Estado de Morelos formuló alegatos.
DÉCIMO QUINTO.—Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, cierre de la instrucción y radicación. El treinta de enero de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. En ella se acordó, con fundamento en los artículos 31 y 32, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, admitir y desahogar las pruebas. Además, se tuvieron por formulados los alegatos del Poder Judicial. Finalmente, se dio por concluida la audiencia y se ordenó la elaboración del proyecto de sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo 5/2013,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.
SEGUNDO.—Legitimación activa. En términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General,(4) el Poder Judicial del Estado de Morelos está legitimado para promover el presente medio de control constitucional. Ahora, en términos del segundo párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia,(5) los entes legitimados deben comparecer por medio de las personas que estén legalmente facultadas para representarlos.
De acuerdo con la fracción I del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el Magistrado presidente tiene la facultad de representar al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado en nombre del Tribunal Superior de Justicia.(6)
El escrito de demanda está signado por María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, quien demuestra su personalidad con la copia certificada de la sesión extraordinaria de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, celebrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, en la que se le designó como Magistrada presidenta de dicho órgano.
Cabe destacar, que la documental referida obra en el expediente de la controversia constitucional 244/2016,(7) por lo que se consideran hechos notorios para efectos de esta resolución. Lo anterior, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(8) el cual es de aplicación supletoria, en términos del artículo 1o. de la ley reglamentaria de la materia,(9) además resultan aplicables, por analogía, las siguientes tesis:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 1o., resulta válida la invocación por el tribunal de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de integrantes del Tribunal en Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad que les han sido planteadas pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias dictadas en aquéllas, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al expediente, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ejercerse para resolver la contienda judicial."(10)
Asimismo, resulta aplicable, por analogía, el cr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200332-a1d2d9c7/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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