I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridad demandada y actos impugnados. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil diecisiete, María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos. La promovente impugnó el Decreto Número Mil Seiscientos Ochenta y Seis, por el cual se concedió pensión por jubilación a la ciudadana ********** con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor, publicado el tres de mayo de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.—Hechos narrados en la demanda. El promovente hizo referencia a los presupuestos de egresos para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, adujo que desde el año 2013 su presupuesto no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con las necesidades reales del órgano actor. Posteriormente, manifestó que el nueve de mayo de dos mil dieciséis solicitó a la Legislatura del Estado una ampliación presupuestal para cubrir el pago de jubilaciones y pensiones, lo cual también realizó mediante los anteproyectos de presupuesto que envió al Congreso respecto de los años 2014, 2016 y 2017. Por último, señaló que aun cuando se incrementó el rubro de las pensiones jubilatorias en el presupuesto de egresos, este no fue el incremento que solicitó.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. La promovente planteó los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación.
En su primer concepto el actor señaló como impugnado el Decreto Número Mil Setecientos Veinte, adujo que el Poder Legislativo violó en su perjuicio los principios de fundamentación y motivación, pues otorgó arbitrariamente la pensión por jubilación a la ciudadana ********** con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor pero sin verificar sus recursos presupuestales. Estimó violados los principios de división de poderes, autonomía e independencia, así como los artículos 17, 40, 41, 49, 116, fracción III, 123, apartado B), 127 y 133 de la Constitución General y los artículos 92-A y 131 de la Constitución Local.
Asimismo consideró que el decreto impugnado genera un impacto negativo en las financias del Poder Judicial y vulnera su independencia para cumplir con su deber constitucional de impartir justicia, es decir, que tiene que disminuir los ingresos irreductibles de jueces y magistrados para enfrentar las nuevas obligaciones en materia de pensiones. Además, considera que se violan los derechos de los trabajadores que pasan al retiro, en tanto que se impide pagarles oportunamente sus primas de antigüedad, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
Por otra parte considera violados el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecidos en el artículo 116 de la Constitución General, así como los artículos 16 y 17 constitucionales ya que al ser un acto de molestia debió ser fundado y motivado. Posteriormente citó el precedente controversia constitucional 35/2000, en la cual se estudió el tema de autonomía de gestión presupuestal e independencia judicial.
Aunado a ello, manifestó que el Poder Judicial actor no intervino en la emisión del decreto que otorga una pensión del 95 por ciento del último salario de la ciudadana **********, lo cual implica una intromisión del Poder Legislativo que a su vez genera subordinación y dependencia del Poder Judicial actor.
Posteriormente hace referencia a los precedentes controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008 en los que se analizó el principio de autonomía y de gestión de la hacienda pública.
En su segundo concepto de invalidez el promovente aduce que se violó su autonomía para regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales, para lo cual citó los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución General. Posteriormente, hizo referencia a los artículos 32, párrafo séptimo, 83 y 131 de la Constitución Estatal relativos a la obligación del Poder Legislativo para incluir y autorizar las partidas presupuestales para cubrir el pago de obligaciones y el artículo 83 que prevé el impedimento para realizar gasto alguno si no está comprendido en el presupuesto respectivo.
El actor considera que el decreto impugnado viola la división de poderes y las garantías de independencia y autonomía judicial contenidos en los artículos 49 y 116, fracción III de la Constitución General. Aduce que si bien es cierto que la ciudadana ********** prestó sus servicios para el Poder Judicial, también lo es que el Congreso del Estado debió proporcionar los recursos económicos para realizar ese pago, destinando una partida presupuestal para el pago de la pensión decretada.
Señala que desde el año 2013 el Congreso Local ha omitido aumentar el presupuesto requerido, pues el monto que aparece en el presupuesto de egresos del Poder Judicial para el "Tribunal Superior de Justicia" no ha sido modificado en los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 20016 y 2017, mientras que las pensiones concedidas sí han incrementado considerablemente.
El actor considera que el decreto impugnado constituye una orden expresa del Poder Legislativo Local, lo cual implica una subordinación del Poder Judicial promovente en relación a la ejecución y aplicación su presupuesto y, por ende, una violación al artículo 116 constitucional. Combate el hecho de que el Congreso Local no dotó al actor de recursos adicionales ni autorizó la ampliación o creación de la partida presupuestal para el pago de pensiones.
Ahora bien, argumenta que de acuerdo con en el principio de división de poderes, el presupuesto para el pago de dichas pensiones por jubilación no puede estar supeditado al Poder Legislativo, pues se obstaculiza la impartición de justicia, además de que no se incluyó en el presupuesto lo peticionado en el anteproyecto que presenta el Poder Judicial actor.
Estima que el aumento de la pensión en atención al incremento porcentual del salario mínimo vigente, viola el principio de certidumbre jurídica, que la sujeción al deficiente presupuesto ha impedido el incremento salarial para quienes se encuentran en servicio activo y pasivo, por lo que resulta imposible acatar lo dispuesto por el decreto. Es decir, el Poder Judicial actor está frente a una falta de viabilidad presupuestaria e inestabilidad financiera.
Adicionalmente, se transgrede la división de poderes y la autonomía e independencia de la gestión presupuestal del Poder Judicial por disponer el aumento automático del importe de la pensión, faltando la correlativa transferencia automática de fondos al presupuesto del poder actor. Derivado de ello, se dispone arbitrariamente de los recursos previamente etiquetados para fines específicos del Poder Judicial Local, por lo que se invade la facultad del Consejo de la Judicatura Estatal de respetar las partidas y aplicar el gasto público del Poder Judicial, prevista en el artículo 117, fracciones XV y XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos.
Además, considera que se obstaculiza la administración de justicia, puesto que la disposición de recursos del poder actor, las obligaciones que se le imponen a través del decreto y el deficiente presupuesto que se le asigna impide la contratación de personal.
Por otra parte, argumenta la violación al artículo 134 constitucional, relativo al eficiente manejo de recursos, debido a la falta de denominación de las prestaciones y asignaciones para los pensionados, lo que deriva en una equiparación de los trabajadores activos y pasivos. Precisa que se les beneficia por partida doble, pues además de la pensión otorgada, el poder patrón sigue aportando las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano de Seguridad Social para permitir el acceso de los beneficiaros a una pensión al alcanzar una edad avanzada. Ello, a pesar de que los artículos 154 y 218 de la Ley del Seguro Social y los artículos 24, fracción XV y 54 de la Ley del Servicio Civil de Morelos no establecen la obligación de que ambas pensiones se disfruten de manera simultánea.
En su cuarto concepto de invalidez, el Poder Judicial actor estima violados los artículos 125 y 134 constitucionales relativos a la limitante de no realizar gastos no contemplados en el presupuesto de egresos y a la eficiente administración de recursos públicos, respectivamente, por no destinar los aumentos en el presupuesto de egresos relativos a lo dispuesto por el decreto impugnado. Derivado de ello, se le genera inestabilidad financiera al Poder Judicial, violando lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. Esto, en virtud de que se estipula un aumento del monto de la pensión correspondiente al incremento del salario mínimo, el cual ha sido mayor al 3%, lo cual viola el artículo 10 de la referida ley. Además, ya que los trabajadores jubilados ganan un monto mayor al salario mínimo, no les debe aplicar el aumento del mismo, siendo además irracional que obtengan un incremento en su ingreso, mientras que los activos carecen del mismo por la insuficiencia del presupuesto.
CUARTO.—Preceptos constitucionales que el actor aduce violados. El actor estimó que se transgredieron los artículos 14, 16, 17, 40, 41, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126, 127, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, 131 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
QUINTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de quince de junio de dos mil diecisiete, el Ministro presidente Luis María Aguilar Morales ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 200/2017. Asimismo, designó como instructor del presente asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
SEXTO.—Admisión y desechamiento. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por impugnado el Decreto Mil Seiscientos Ochenta y Seis por el que se concede pensión por jubilación a **********. En dicho acuerdo se admitió a trámite la demanda y se tuvieron por demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. Finalmente, se ordenó darle vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.
SÉPTIMO.—Contestación del Poder Legislativo. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el diez de agosto de dos mil diecisiete y recibido el veintidós siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Mesa de Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Beatriz Vicera Alatriste, formuló contestación de demanda en la demanda y exhibió diversas copias certificadas del expediente legislativo formado para la expedición del Decreto Número Mil Seiscientos Ochenta y Seis impugnado.
El Poder Legislativo se pronunció sobre los hechos narrados en la demanda. Posteriormente, hizo valer las causales de improcedencia que a continuación se sintetizan.
En primer lugar, planteó que el Poder Judicial carece de interés legítimo dado que no existe un principio de agravio. Es decir, argumenta que el poder demandado no realizó conducta alguna que afecte el ámbito de atribuciones del Poder Judicial, por lo que considera que debe sobreseerse con fundamento en el artículo 20, fracción II en relación con los artículos 19, fracción VIII, ambos de la ley reglamentaria de la materia, y el artículo 105, fracción I de la Constitución General.
Por otra parte, el Poder Legislativo argumenta que tiene facultades para expedir los decretos que otorguen pensiones a los trabajadores del Gobierno Estatal, de acuerdo con el apartado B del artículo 123 de la Constitución General, la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Local y los artículos 54, fracción VII y del 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Además menciona que el promovente carece de interés legítimo, toda vez que los Poderes de un Estado no pueden sustraerse de cubrir obligaciones obrero-patronales.
En cuanto a la contestación de los conceptos de invalidez, considera que no existe invasión competencial, pues el artículo constitucional 123 apartado B, la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Política Local y los artículos 54, fracción VII y del 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos le otorgan facultades expresas al poder demandado para expedir los decretos que otorguen prestaciones a los trabajadores del Gobierno Estatal.
Considera que mediante la expedición del decreto impugnado no se pretende ejercer de manera directa el control sobre los recursos del presupuesto del Poder Judicial, pues la programación, presupuestación y aprobación de su presupuesto de egresos son facultades exclusivas de aquel poder.
Además, el Poder Legislativo considera que es obligación constitucional del poder actor tener una partida de su cuenta pública para pagar las prestaciones de sus propios trabajadores, las cuales no se podrán conceder a menos que medie ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, lo cual se establece en el artículo 127 fracciones IV y VI de la Constitución General. Adicionalmente, tal artículo dispone que tanto el Congreso de la Unión, como las Legislaturas de los Estados serán los órganos facultados para expedir las leyes que harán efectivo el pago de dichas prestaciones. Incluso, según el artículo 131 de la Constitución Local, dicho pago no podrá ser realizado si no está comprendido en el presupuesto que le corresponda.
Por otra parte, narró que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la ciudadana **********, solicitó al Congreso la pensión por jubilación de acuerdo con el artículo 58, fracción II, inciso g) de la Ley del Servicio Civil del Estado, fecha en la que dicha persona acreditó tener veintidós años, tres meses, veintitrés días de servicio efectivo ininterrumpido, por lo cual se le concedió dicha pensión.
Con respecto al argumento del promovente referente a la falta de ampliación proporcional del presupuesto del Poder Judicial Local para cubrir tal jubilación, responde que es falso, debido a que entre los años 2014, 2015 y 2017 hubo un ajuste de la asignación presupuestal correspondiente al Tribunal Superior de Justicia por la cantidad de $13'546,000.00 (trece millones quinientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) para reasignar una parte de tal aumento a la partida de la aportación inicial del fondo para el haber de retiro de los Magistrados del Poder Judicial del Estado. Además señala que no ha afectado ninguna partida presupuestal del Poder Judicial actor.
También contesta que el procedimiento por medio del cual se le asignan las pensiones por jubilación a los trabajadores de los Poderes del Estado se norma por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en sus artículos 43, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 65 y 66, enfatizando la disposición que estipula que el Congreso del Estado emitirá el decreto que dicte dicha prestación, después de haberse presentado a trámite la documentación necesaria por parte de la beneficiaria. Debido a que se cumplieron los requisitos legales para el mencionado trámite, el Congreso Estatal emitió el decreto, fundamentando dicho acto en las fracciones II y XX del artículo 40 de la Constitución Estatal.
Posteriormente, responde al argumento de falta de fundamentación y motivación y aduce que tales requisitos se satisficieron al estar el Congreso Local constitucionalmente facultado para la emisión del decreto impugnado. Contesta la alegada violación al principio de división de poderes previsto en el artículo 49 constitucional, e indica que para que se dé tal violación deberá de haber una intromisión, dependencia y subordinación de un poder hacia otro. Por lo cual, al faltar tales elementos en el caso concreto, no se configura la aludida violación.
Respecto al segundo concepto de invalidez, contesta que no se vulnera la autonomía presupuestal del poder actor, pues no se afecta su partida presupuestal ni sus actividades de impartición de justicia. Puntualiza que los medios para garantizar la independencia de los tribunales locales están establecidos en la fracción III del artículo 116, numeral 17 de la Constitución General, y que según los artículos 40, fracción II y 50 de la Constitución Local, el Congreso morelense es el único facultado para emitir decretos relativos a la administración interior del Estado. Inclusive, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso Estatal establece que tal órgano debe verificar la eficacia de sus ordenamientos. Por tanto, concluye que el Poder Judicial del Estado solo constituye un órgano de ejecución del decreto impugnado.
Por otra parte, reconoce que en los precedentes controversias constitucionales 90/2008, 91/2008, 92/2008 y 50/2010 se declaró la invalidez del artículo 57 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. No obstante, en virtud de que el decreto impugnado fue emitido en el año dos mil dieciséis, y ya que el propio Congreso Local cuenta con facultad de aclarar, reformar, derogar o abrogar sus propios decretos, e incluso para verificar la eficacia de los mismos, se considera competente para resolver lo procedente respecto a la ejecución del decreto en el que otorgó la pensión de jubilación.
OCTAVO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escritos presentados el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero jurídico, José Anuar González Cianci Pérez, y el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, ambos del Estado de Morelos, formularon contestación de demanda en la presente controversia constitucional.
Tanto el consejero jurídico como el secretario hacen valer la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación ad causam del Poder Judicial actor, pues carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia constitucional, debido a que ni el consejero jurídico, ni el secretario de Gobierno de Morelos han realizado acto alguno que invada la esfera competencial del poder actor.
La segunda causal de improcedencia hecha valer por el consejero jurídico y el secretario de Gobierno es la relativa a la falta de legitimación pasiva de los mismos, pues no han realizado acto alguno que invada la esfera competencial del poder actor, ya que no se encuentra incorporado a su esfera jurídica el derecho a obtener la pretensión que demanda, pues dichos actos no son propios del ejercicio de las facultades y atribuciones de los demandados.
Para dar respuesta al concepto de invalidez relativo a la violación de los principios de fundamentación y motivación y del principio de congruencia presupuestal, tanto el consejero jurídico como el secretario de Gobierno argumentan que el Poder Ejecutivo Estatal goza de la facultad para promulgar, refrendar y publicar las leyes y demás disposiciones federales, para así cumplir con lo dispuesto por el Congreso del Estado. Lo anterior, en virtud de los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Local; 10, 11, fracción II y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 1, 10 y 11, fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.
Argumentan que la fuente de la relación de trabajo entre el derechohabiente y la dependencia pública es de naturaleza administrativa y no laboral, en la que el gobierno actúa con el carácter de autoridad y está facultado para crear, modificar o extinguir la situación jurídica del pensionado. De ello surge la facultad del Congreso del Estado para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes y los decretos de pensión de los servidores públicos del Estado de Morelos, consagrada en el artículo 40, fracción II de la Constitución Local y en los artículos 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de Morelos.
Aunado a ello, se recalca la existencia de un rubro de pensiones en el presupuesto de egresos estatales y municipales, por lo que el decreto de pensión constituye un acto declarativo enmarcado dentro de los principios de libertad configurativa de los Estados y de división de poderes.
Posteriormente, enfatizan el derecho constitucional del trabajador a una remuneración justa en reconocimiento de su labor en beneficio del Estado, misma que debe garantizar la subsistencia de aquel. Tal derecho se encuentra sintetizado en artículo 123 constitucional, en relación con el artículo 116, fracción VI. Por lo que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece los medios y parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores, de conformidad con el artículo 123 constitucional. Por ello, se alega que no existe transgresión de la autonomía presupuestal del Poder Judicial actor, la cual está consagrada en los artículos 17, párrafo V y 116, fracción II de la Constitución General.
A la argumentación se añade la problemática financiera del erario municipal, comparando el sistema de pensiones del Instituto Mexicano de Seguridad Social y el sistema de pensiones en pugna. El primero se sustenta en las cuotas obrero-patronales, las cuales constituyen aportaciones económicas tripartitas, financiadas a través de cuentas individuales; sin embargo, el segundo tiene como único sustento los ingresos del erario. De ahí que el Poder Legislativo considere la carga a la hacienda pública del pago de hasta el 100% del salario como activo de los trabajadores y de todas las prestaciones adicionales, el cual además deberá ser incrementado conforme al aumento del salario mínimo vigente en términos del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
NOVENO.—Opinión del procurador general de la República. La procuradora general de la República se abstuvo de formular opinión en el presente asunto.
DÉCIMO.—Alegatos y ofrecimiento de pruebas. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el Poder Judicial del Estado de Morelos formuló alegatos.
DÉCIMO PRIMERO.—Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, cierre de la instrucción y radicación. El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. En ella se acordó, con fundamentos en los artículos 31 y 32, párrafo primero de la ley reglamentaria de la materia, admitir y desahogar las pruebas. Además, se tuvieron por formulados los alegatos del Poder Judicial. Finalmente, se dio por concluida la audiencia y se ordenó la elaboración del proyecto de sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo 5/2013,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.
SEGUNDO.—Legitimación activa. En términos del artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución General,(4) el Poder Judicial del Estado de Morelos está legitimado para promover el presente medio de control constitucional. Ahora, en términos del segundo párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia,(5) los entes legitimados deben comparecer por medio de las personas que estén legalmente facultadas para representarlos.
De acuerdo con la fracción I del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el Magistrado presidente tiene la facultad de representar al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado en nombre del Tribunal Superior de Justicia.(6)
El escrito de demanda está signado por María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, quien demuestra su personalidad con la copia certificada de la sesión extraordinaria del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis celebrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, en la que se le designó como Magistrada presidenta de dicho órgano.
Cabe destacar que la documental referida obra en el expediente de la controversia constitucional 244/2016,(7) por lo que se consideran hechos notorios para efectos de esta resolución. Lo anterior con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(8) el cual es de aplicación supletoria en términos del artículo 1o. de la ley reglamentaria de la materia,(9) además resultan aplicables por analogía las siguientes tesis:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO.—Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 1o., resulta válida la invocación por el tribunal de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de integrantes del Tribunal en Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad que les han sido planteadas pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias dictadas en aquéllas, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al expediente, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ejercerse para resolver la contienda judicial."(10)
Asimismo resulta aplicable por analogía el criterio sostenido en la siguiente tesis aislada:
"HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.—De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial."(11)
Además, las referidas documentales fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones y facultado para ello, por lo que constituyen prueba instrumental pública y merecen eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles(12) de aplicación supletoria, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(13)
Consecuentemente, el Tribunal Superior actor cuenta con legitimación procesal activa y quien promueve a su nombre cuenta con la representación legal de dicho poder.
TERCERO.—Legitimación pasiva. En términos del artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución General, los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos están legitimados para ser demandados en este medio de control constitucional. Ahora, en términos del segundo párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, los entes legitimados deben comparecer por medio de las personas que estén legalmente facultadas para representarlos.
Cabe precisar que mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos compareció por conducto de José Anuar González Cianci Pérez, quien se ostentó como consejero jurídico del Gobierno del Estado de Morelos y para acreditar su personalidad exhibió copia certificada de su nombramiento de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diecinueve de abril de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200345-709f6b8f/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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