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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 303/2017. · Registro digital (IUS): 200349
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 303/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 3 DE OCTUBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridad demandada y actos impugnados. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y el secretario de Gobierno todos del Estado de Morelos. El promovente impugnó el Decreto Número Dos Mil Ochenta y Seis por el cual se concedió pensión por jubilación a la ciudadana Elsa Gallardo Villagómez con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor, publicado el cuatro de octubre de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial Local.

SEGUNDO.—Hechos narrados en la demanda. El promovente hizo referencia a los presupuestos de egresos para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, adujo que desde el año 2013 su presupuesto no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con las necesidades reales del poder actor. Posteriormente, manifestó que el nueve de mayo de dos mil dieciséis solicitó a la Legislatura del Estado una ampliación presupuestal para cubrir el pago de jubilaciones y pensiones, lo cual también realizó mediante los anteproyectos de presupuesto que envió al Congreso respecto de los años 2014, 2016 y 2017. Por último, señaló que aun cuando se incrementó el rubro de las pensiones jubilatorias en el presupuesto de egresos, este no fue el incremento que solicitó.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. El promovente planteó los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación.

En su primer concepto el actor señaló adujo que al emitir el Decreto Número Dos Mil Ochenta y Seis el Poder Legislativo violó en su perjuicio los principios de fundamentación y motivación, pues otorgó arbitrariamente la pensión por jubilación a la ciudadana Elsa Gallardo Villagómez con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor sin verificar sus recursos presupuestales. Estimó violados los principios de división de poderes, autonomía e independencia, así como los artículos 14, 16, 17, 40, 41, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) así como 127 de la Constitución General y 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Local.

En este sentido, consideró que el decreto impugnado genera un impacto negativo en las finanzas del Poder Judicial y vulnera su independencia para cumplir con su deber constitucional de impartir justicia; es decir, que tiene que disminuir los ingresos irreductibles de Jueces y Magistrados para enfrentar las nuevas obligaciones en materia de pensiones. Además, considera que se violan los derechos de los trabajadores que pasan al retiro, en tanto que se impide pagarles oportunamente sus primas de antigüedad, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

Por otra parte considera violados el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecidos en el artículo 116, fracción III de la Constitución General, así como los artículos 16 y 17 constitucionales ya que al ser un acto de molestia debió ser fundado y motivado. Posteriormente citó el precedente controversia constitucional 35/2000, en la cual se estudió el tema de autonomía de gestión presupuestal e independencia judicial.

Aunado a ello, manifestó que el Poder Judicial actor no intervino en la emisión del decreto que otorga una pensión del noventa por ciento del último salario de la ciudadana Elsa Gallardo Villagómez, por haberse desempeñado con el cargo de secretaria de Acuerdos Supernumeraria, adscrita a la Sala del Tercer Circuito, comisionada a la Tercera Sala, lo cual implica una intromisión del Poder Legislativo que a su vez genera subordinación y dependencia del Poder Judicial actor.

Posteriormente hace referencia a los precedentes controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008 en los que se analizó el principio de autonomía y de gestión de la hacienda pública. Señaló que las normas impugnadas violan el principio de autonomía ya que no explican por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el poder actor, corresponde a una autoridad ajena como lo es el Congreso Local pronunciarse sobre sus pensiones y reitera que la Legislatura ha sido omisa en autorizar una ampliación presupuestal solicitada.

En su segundo concepto de invalidez el promovente aduce que se violó su autonomía para regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales, para lo cual citó los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución General. Posteriormente, hizo referencia a los artículos 32, párrafo séptimo, 83 y 131 de la Constitución Estatal relativos a la obligación del Poder Legislativo para incluir y autorizar las partidas presupuestales para cubrir el pago de obligaciones que prevén el impedimento para realizar gasto alguno si no está comprendido en el presupuesto respectivo.

El actor considera que el decreto impugnado viola la división de poderes y las garantías de independencia y autonomía judicial contenidos en los artículos 49 y 116, fracción III de la Constitución General. Aduce que si bien es cierto que la ciudadana Elsa Gallardo Villagómez prestó sus servicios para el Poder Judicial, también lo es que el Congreso del Estado debió proporcionar los recursos económicos para realizar ese pago, destinando una partida presupuestal para el pago de la pensión decretada.

Señala que desde el año 2013 el Congreso Local ha omitido aumentar el presupuesto requerido, pues el monto que aparece en el presupuesto de egresos del Poder Judicial para el "Tribunal Superior de Justicia" no ha sido modificado en los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, mientras que las pensiones concedidas sí han incrementado considerablemente.

El actor considera que el decreto impugnado constituye una orden expresa del Poder Legislativo Local, lo cual implica una subordinación del Poder Judicial promovente en relación a la ejecución y aplicación su presupuesto y, por ende, una violación al artículo 116 constitucional. Combate el hecho de que el Congreso Local no dotó al actor de recursos adicionales ni autorizó la ampliación o creación de la partida presupuestal para el pago de pensiones.

Por último, señala que el artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución Local faculta al Consejo de la Judicatura Estatal para elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, los Juzgados y demás órganos judiciales. En este sentido, invoca el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que dispone que el Consejo de la Judicatura Local es el encargado de aplicar, vigilar y reglamentar el gasto público del Poder Judicial.

En su tercer concepto de invalidez, el promovente señala que el artículo 3o. del decreto impugnado vulnera los artículos 16, 116, fracción III y 126 de la Constitución General, así como los artículos 131 y 134 de la Constitución Local.

Ahora bien, argumenta que de acuerdo con en el principio de división de poderes, el presupuesto para el pago de dichas pensiones por jubilación no puede estar supeditado al Poder Legislativo, pues se obstaculiza la impartición de justicia, además de que no se incluyó en el presupuesto lo peticionado en el anteproyecto que presenta el Poder Judicial actor.

Estima que el aumento de la pensión en atención al incremento porcentual del salario mínimo vigente viola el principio de certidumbre jurídica, la sujeción al deficiente presupuesto ha impedido el incremento salarial para quienes se encuentran en servicio activo y pasivo, por lo que resulta imposible acatar lo dispuesto por el decreto. Es decir, el Poder Judicial actor está frente a una falta de viabilidad presupuestaria e inestabilidad financiera.

Adicionalmente, se transgrede la división de poderes y la autonomía e independencia de la gestión presupuestal del Poder Judicial por disponer el aumento automático del importe de la pensión, faltando la correlativa transferencia automática de fondos al presupuesto del poder actor. Derivado de ello, se dispone arbitrariamente de los recursos previamente etiquetados para fines específicos del Poder Judicial Local, por lo que se invade la facultad del Consejo de la Judicatura Estatal de respetar las partidas y aplicar el gasto público del Poder Judicial, prevista en el artículo 117, fracciones XV y XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos.

Además, considera que se obstaculiza la administración de justicia, puesto que la disposición de recursos del poder actor, las obligaciones que se le imponen a través del decreto y el deficiente presupuesto que se le asigna impide la contratación de personal.

Por otra parte, argumenta la violación al artículo 134 constitucional, relativo al eficiente manejo de recursos, debido a la falta de denominación de las prestaciones y asignaciones para los pensionados, lo que deriva en una equiparación de los trabajadores activos y pasivos. Precisa que se les beneficia por partida doble, pues además de la pensión otorgada, el poder patrón sigue aportando las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano de Seguridad Social para permitir el acceso de los beneficiaros a una pensión al alcanzar una edad avanzada. Ello, a pesar de que los artículos 154 y 218 de la Ley del Seguro Social y los artículos 24, fracción XV y 54 de la Ley del Servicio Civil de Morelos no establecen la obligación de que ambas pensiones se disfruten de manera simultánea.

En su cuarto concepto de invalidez, el Poder Judicial actor estima violados los artículos 126 y 134 constitucionales relativos a la limitante de no realizar gastos no contemplados en el presupuesto de egresos y a la eficiente administración de recursos públicos, respectivamente, por no destinar los aumentos en el presupuesto de egresos relativos a lo dispuesto por el decreto impugnado. Derivado de ello, se le genera inestabilidad financiera al Poder Judicial, violando lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. Esto, en virtud de que se estipula un aumento del monto de la pensión correspondiente al incremento del salario mínimo, el cual ha sido mayor al 3%, lo cual viola el artículo 10 de la referida ley. Además, ya que los trabajadores jubilados ganan un monto mayor al salario mínimo, no les debe aplicar el aumento del mismo, siendo además irracional que obtengan un incremento en su ingreso, mientras que los activos carecen del mismo por la insuficiencia del presupuesto.

CUARTO.—Preceptos constitucionales que el actor aduce violados. El actor estimó que se transgredieron los artículos 14, 16, 17, 40, 41, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126, 127, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, 131 y 134, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

QUINTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el Ministro presidente Luis María Aguilar Morales ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 303/2017. Asimismo, designó como instructor del presente asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

SEXTO.—Admisión. Por acuerdo de veintidós de noviembre de mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda y se tuvo por impugnado el Decreto Dos Mil Ochenta y Seis. Además, se tuvieron por demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. Asimismo, se le requirió al Congreso del Estado de Morelos que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado. Finalmente, se ordenó darle vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.

SÉPTIMO.—Certificación. El ocho de enero de dos mil dieciocho, la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de treinta días hábiles concedido a las autoridades demandadas para dar contestación transcurrió del miércoles tres de enero al miércoles catorce de febrero de dos mil dieciocho.

OCTAVO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escritos presentados el catorce de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el secretario de Gobierno, Ángel Colín López y el consejero jurídico, José Anuar González Cianci Pérez, ambos del Estado de Morelos, formularon contestación de demanda en la presente controversia constitucional.

Tanto el consejero jurídico como el secretario hacen valer la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación ad causam del Poder Judicial actor, pues carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia constitucional, debido a que ni el consejero jurídico, ni el secretario de Gobierno de Morelos han realizado acto alguno que invada la esfera competencial del poder actor.

La segunda causal de improcedencia hecha valer por el consejero jurídico y el secretario de Gobierno es la relativa a la falta de legitimación pasiva de los mismos, pues no han realizado acto alguno que invada la esfera competencial del poder actor, ya que no se encuentra incorporado a su esfera jurídica el derecho a obtener la pretensión que demanda, pues dichos actos no son propios del ejercicio de las facultades y atribuciones de los demandados.

La tercera causal de improcedencia que los demandados hacen valer consiste en la falta de formulación de conceptos de invalidez relativos a vicios propios de los actos de publicación atribuidos al consejero jurídico y al secretario de Gobierno. Además considera que los conceptos de invalidez no están dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad de lo impugnado.

Para dar respuesta al concepto de invalidez relativo a la violación de los principios de fundamentación y motivación y del principio de congruencia presupuestal, tanto el consejero jurídico como el secretario de Gobierno argumentan que el Poder Ejecutivo Estatal goza de la facultad para promulgar, refrendar y publicar las leyes y demás disposiciones federales, para así cumplir con lo dispuesto por el Congreso del Estado. Lo anterior, en virtud de los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Local; 10, 11, fracción II y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 1, 10 y 11, fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno. Por consiguiente, consideran que los actos relativos a la promulgación y publicación del decreto impugnado se encuentran apegados al orden constitucional por lo que la impugnación del poder actor resulta notoriamente improcedente.

Argumentan que la fuente de la relación de trabajo entre el derechohabiente y la dependencia pública es de naturaleza administrativa y no laboral, en la que el gobierno actúa con el carácter de autoridad y está facultado para crear, modificar o extinguir la situación jurídica del pensionado. De ello surge la facultad del Congreso del Estado para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes y los decretos de pensión de los servidores públicos del Estado de Morelos, consagrada en el artículo 40, fracción II de la Constitución Local y en los artículos 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de Morelos.

Aunado a ello, se recalca la existencia de un rubro de pensiones en el presupuesto de egresos estatales y municipales, por lo que el decreto de pensión constituye un acto declarativo enmarcado dentro de los principios de libertad configurativa de los Estados y de división de poderes.

Posteriormente, enfatizan el derecho constitucional del trabajador a una remuneración justa en reconocimiento de su labor en beneficio del Estado, misma que debe garantizar la subsistencia de aquel. Tal derecho se encuentra sintetizado en artículo 123 constitucional, en relación con el artículo 116, fracción VI. Por lo que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece los medios y parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores, de conformidad con el artículo 123 constitucional. Por ello, se alega que no existe transgresión de la autonomía presupuestal del Poder Judicial actor, la cual está consagrada en los artículos 17, párrafo V y 116, fracción II de la Constitución General.

A la argumentación se añade la problemática financiera del erario municipal, comparando el sistema de pensiones del Instituto Mexicano de Seguridad Social y el sistema de pensiones en pugna. El primero se sustenta en las cuotas obrero-patronales, las cuales constituyen aportaciones económicas tripartitas, financiadas a través de cuentas individuales; sin embargo, el segundo tiene como único sustento los ingresos del erario. De ahí que el Poder Legislativo considere la carga a la hacienda pública del pago de hasta el cien por ciento del salario como activo de los trabajadores y de todas las prestaciones adicionales, el cual además deberá ser incrementado conforme al aumento del salario mínimo vigente en términos del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

A continuación citan las controversias constitucionales 112/2016, 127/2016, 129/2016, 132/2016, 224/2016, 225/2016, 240/2016, 241/2016, 244/2016, 106/2017, 108/2017, 116/2017, 120/2017, 123/2017, 126/2017, 136/2017, 138/2017, 141/2017, 143/2017, 144/2017, 146/2017, 151/2017, 158/2017, 161/2017, 162/2017, 164/2017, 175/2017, 176/2017, 180/2017, 182/2017, 186/2017, 187/2017, 190/2017, 191/2017, 193/2017, 196/2017 y 200/2017 en los que se ha declarado inconstitucional que la Legislatura del Estado de Morelos decida la procedencia del otorgamiento de las pensiones con cargo al presupuesto del Poder Judicial.

Por último reafirman que los actos de promulgación, publicación y refrendo fueron llevados a cabo en estricta observancia de sus facultades legales y constitucionales.

NOVENO.—Contestación del Poder Legislativo. Por escrito depositado en las oficinas de Correos de México el trece de febrero de dos mil dieciocho, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Beatriz Vicera Alatriste, formuló contestación de demanda.

El Poder Legislativo se pronunció sobre los hechos narrados en la demanda y no hizo valer causas de improcedencia.

En cuanto a la contestación de los conceptos de invalidez, considera que el decreto impugnado no carece de motivación y fundamentación debido a que fue dictado conforme a los artículos 43, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 65 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que regulan el otorgamiento de las pensiones por cesantía en edad avanzada, jubilación, viudez u orfandad para los trabajadores de los Poderes del Estado.

Posteriormente, narró que el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, la ciudadana Elsa Gallardo Villagómez, solicitó al Congreso la pensión por jubilación de acuerdo con el artículo 58, fracción II, inciso c) y j) de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañó su solicitud con la documentación señalada por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III del mismo ordenamiento y acreditó que a la fecha de la solicitud, tenía veintiséis años y un día de servicio efectivo en favor del Poder Judicial del Estado. En consecuencia, emitió el Decreto Dos Mil Ochenta y Seis por el que se otorga una pensión de jubilación a favor de Elsa Gallardo Villagómez en cumplimiento de la obligación que le imponen los artículos 40, fracciones II y XX de la Constitución Estatal y 57 de la Ley del Servicio Civil.

Por otro lado, consideró que el decreto impugnado no contraviene las garantías de independencia presupuestal del Poder Judicial en tanto a que este poder tiene la facultad de discutir y aprobar oportunamente el presupuesto anual del Poder Judicial y remitirlo para su inclusión en el proyecto de presupuesto anual del Estado con la finalidad de que se emita el presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado de Morelos.

En complemento de lo anterior, señaló que la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado de Morelos deben ir acompañados de un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores de Estado que deberá actualizarse por lo menos cada tres años de conformidad con el artículo 5, fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Por tanto, considera que es incorrecto considerar que el Poder Judicial del Estado no cuenta con recursos suficientes para hacer frente al pago de las pensiones de sus trabajadores toda vez que en atención al estudio actuarial, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete asigno un monto de $570'289,000.00 para que cumpliera todas sus obligaciones financiaras y laborales.

Por otro lado, considera que el actor cuenta con libertad para administrar, manejar y aplicar su presupuesto lo que se demuestra con la inscripción en la nómina de jubilados al "C. Trabajador" y el pago de su pensión en términos del decreto invalidado 787.

En consecuencia, como el Poder Judicial del Estado es el único facultado para determinar su presupuesto interno y el ejercicio del mismo en relación con sus trabajadores y sujetos pensionados, el decreto impugnado debe ser declarado constitucional pues no invade la autonomía presupuestal de dicho poder.

DÉCIMO.—Amicus Curiae. Por escrito presentados el trece de marzo de dos mil dieciocho, la C. Elsa Gallardo Villagómez adujo que bajo la figura de amicus curiae realizaba diversas manifestaciones, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, asimismo, solicitó que se decretaran pruebas para mejor proveer y que se sobreseyera el presente asunto.

Por acuerdo de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho se determinó no acordar de conformidad dado que no tiene el carácter de parte en este medio de control constitucional en términos del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO PRIMERO.—Opinión del procurador general de la República. La procuradora general de la República se abstuvo de formular opinión en el presente asunto.

DÉCIMO SEGUNDO.—Por diverso escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la ciudadana Elsa Gallardo Villagómez nuevamente adujo que bajo la figura de amicus curiae realizaba diversas manifestaciones, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, asimismo, solicitó que se decretaran pruebas para mejor proveer y que se sobreseyera el presente asunto.

DÉCIMO TERCERO.—Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y cierre de la instrucción. El treinta de abril de dos mil dieciocho se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. En ella se hizo constar con fundamentos en el artículo 34 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 que no se presentaron las partes y con fundamento en los diversos 31 y 32 de la misma ley se relacionaron las pruebas documentales que obran en el expediente y se admitieron las pruebas aportadas por las partes. Por otro lado, se determinó que no ha lugar a acordar de conformidad con el escrito de la C. Elsa Gallardo Villagómez dado que no tiene el carácter de parte en este medio de control constitucional en términos del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia. Finalmente, se dio por concluida la audiencia y se ordenó la elaboración del proyecto de sentencia.

DÉCIMO CUARTO.—Radicación en Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo 5/2013,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo todos del Estado de Morelos.

SEGUNDO.—Legitimación activa. En términos del artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución General,(4) el Poder Judicial del Estado de Morelos está legitimado para promover el presente medio de control constitucional. Ahora, en términos del primer y segundo párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia,(5) los entes legitimados deben comparecer por medio de las personas que estén legalmente facultadas para representarlos.

De acuerdo con la fracción I del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(6) el Magistrado presidente tiene la facultad de representar al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado en nombre del Tribunal Superior de Justicia.

El escrito de demanda está signado por María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, quien demuestra su personalidad con la copia certificada de la sesión extraordinaria del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis celebrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, en la que se le designó como Magistrada presidenta de dicho poder.

Cabe destacar que la documental referida obra en el expediente de la controversia constitucional 244/2016,(7) por lo que se consideran hechos notorios para efectos de esta resolución. Lo anterior con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(8) el cual es de aplicación supletoria en términos del artículo 1o. de la ley reglamentaria de la materia,(9) además resultan aplicables por analogía las siguientes tesis:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO.—Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 1o., resulta válida la invocación por el tribunal de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de integrantes del Tribunal en Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad que les han sido planteadas pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias dictadas en aquéllas, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al expediente, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ejercerse para resolver la contienda judicial."(10)

Asimismo resulta aplicable por analogía el criterio sostenido en la siguiente tesis aislada:

"HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.—De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial."(11)

Además, las referidas documentales fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones y facultado para ello, por lo que constituyen prueba instrumental pública y merecen eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles(12) de aplicación supletoria, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(13)

Consecuentemente, el Tribunal Superior actor cuenta con legitimación procesal activa y quien promueve a su nombre cuenta con la representación le

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200349-5ed8d500/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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