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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (VOTACIÓN APROBATORIA DEL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE RESUELVE LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA CONTRA LA MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO EL OFICIO 24/2023 DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN POR EL QUE SOLICITA A LA LEGISLATURA ESTATAL EL INICIO DE LA REFERIDA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 315/2023. · Registro digital (IUS): 200961
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 315/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 26 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 315/2023, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en contra del Poder Legislativo y de las Fiscalías General de Justicia y Anticorrupción de esa entidad.

El problema jurídico a resolver por esta Sala consiste en determinar si el Poder Ejecutivo actor tiene interés legítimo para promover controversia constitucional contra los actos que se impugnan.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo, la Fiscalía General de Justicia y, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas de esa entidad, por los siguientes actos:

"IV. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA. La aprobación por la votación de la declaratoria de procedencia por parte del Pleno del H. Congreso del Estado de Nuevo León de fecha (08) ocho de mayo de (2023) dos mil veintitrés, en el que se llevó a cabo una aplicación inexacta de la solicitud presentada anónimamente dirigido a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para pedir la declaratoria de procedencia contra C. ETHEL MARÍA MALDONADO GUERRA.

El escrito del Fiscal Anticorrupción C. JAVIER GARZA Y GARZA Oficio 24/2023 dirigido a los Ciudadanos Integrantes de la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León para iniciar juicio o declaratoria de procedencia en contra de la C. ETHEL MARÍA MALDONADO GUERRA, basándose en la solicitud presentada anónimamente, (sic) proceso que es llevado de manera ilegal, ya que no se desprende participación de la aludida Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa."

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 110 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo actor argumentó lo siguiente:

a) La declaratoria de procedencia emitida por el Poder Legislativo estatal se encuentra viciada, ya que se incumplieron diversos ordenamientos legales y el dictamen del expediente legislativo 16937/LXXVI no siguió los parámetros del propio Congreso al no haber sido presentado a los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales con cuarenta y ocho horas de anticipación, ni fueron presentados al Pleno por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la sesión a los Diputados integrantes, violando los artículos 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado y en consecuencia las reglas del procedimiento legislativo.

b) La solicitud de declaratoria de procedencia presentada por el Fiscal Anticorrupción no se encuentra fundamentada en la legislación aplicable debido a que el artículo 216 Bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Nuevo León no prevé el acto que se le reclama a la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, pues es un acto administrativo regulado en el artículo 8 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, y no un acto de responsabilidad penal como lo pretende hacer valer el Fiscal. Por tanto, no se está dentro de las hipótesis normativas que contiene ese numeral, pues el nombramiento de un funcionario público es distinto de los enumerados en el artículo 216 Bis, fracción I, del Código Penal del Estado de Nuevo León, sin que pueda interpretarse debido a que, al tratarse de materia penal, su aplicación es estricta.

c) Los actos impugnados atentan contra el principio de división de poderes, pues el Congreso local pretende controlar el proceso de creación de la ley como es la sanción, promulgación y publicación, que son facultades que le corresponden al Poder Ejecutivo estatal, usando como elemento de presión a la Fiscalía Anticorrupción, pretendiendo incidir en la toma de decisiones generando un tipo de sumisión, dependencia o relación jerárquica en perjuicio del Gobernador.

d) El Acuerdo emitido por el Congreso local y la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción impugnados, además de violar el proceso legislativo, también contravienen lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Constitución Federal, al crear una comisión específicamente para el efecto de llevar a cabo el procedimiento de declaratoria de procedencia, vulnerando la prohibición de tribunales especiales y el requisito de tribunales previamente establecidos.

e) Tanto la declaratoria de procedencia como la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción combatidos, se encuentran indebidamente fundamentadas, ya que se apoyan en el texto del artículo 204 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, reformado el uno de octubre de dos mil veintidós, precepto del cual se desprende que se estableció la figura jurídica de la declaratoria de procedencia y, no obstante que entró en vigor al día siguiente de su publicación, el Congreso local no ha expedido la ley que regule el trámite que debe llevarse a cabo, lo que hace que la actuación de las autoridades sea inconstitucional, pues pretenden aplicar una norma que se encuentra supeditada a la existencia de una legislación secundaria que regule el procedimiento aplicable, que no se satisface vulnerando los principios de seguridad jurídica, fundamentación y motivación.

4. Radicación y turno. Mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número de controversia constitucional 315/2023, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.

5. Desechamiento. Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, desechó la demanda al considerar actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia que deriva de los artículos 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria y 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el Poder Ejecutivo actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional, porque los actos combatidos no se dirigen a éste, ni se relacionan con el ámbito competencial constitucionalmente asignado.

6. Recurso de reclamación 263/2023-CA. En contra de la anterior determinación, por escrito de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, interpuso recurso de reclamación, que se registró bajo el número de expediente 263/2023-CA, y se turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para su resolución.

7. Resolución del recurso de reclamación. En sesión de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió(1) que el recurso era procedente y fundado, por lo que se debía revocar el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, y admitirse la controversia constitucional, al considerar que la causal de improcedencia invocada en el auto recurrido no era manifiesta e indudable, sino que debía ser analizada al momento de dictar sentencia.

8. Admisión. Por auto de doce de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de la presente controversia, tuvo como demandados al Poder Legislativo y a la Fiscalía General de Justicia, ambos de Nuevo León, pero no a la Fiscalía Anticorrupción al ser un órgano subordinado de dicha fiscalía; se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que presentaran su contestación dentro del plazo legal, y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

9. Suspensión. Asimismo, por auto de doce de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor ordenó se formara y registrara el incidente de suspensión bajo el número 315/2023 y, determinó otorgar la suspensión para que el Congreso del Estado de Nuevo León y la Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General de Justicia estatal, se abstuvieran de separar a Ethel María Maldonado Guerra de su cargo y de ejecutar la resolución final de la averiguación o carpeta de investigación que se haya iniciado en su contra, hasta que el Alto Tribunal resolviera sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos impugnados solicitados por el promovente en la presente controversia constitucional.

10. Contestaciones a la demanda. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil veinticuatro se tuvo por contestada la demanda por el Congreso del Estado de Nuevo León; y por diverso de catorce de ese mismo mes y año, se tuvo por contestada la demanda por la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas del Estado de Nuevo León.

11. Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

• Señala que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, carece de interés legítimo para presentar la controversia constitucional, ya que el acto reclamado no le resta atribución alguna a su esfera competencial, ni le causa agravio alguno, toda vez que el acto combatido es instruido directamente a una determinada funcionaria pública, quien funge como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.

• Aduce que el Gobernador del Estado de Nuevo León no cuenta con interés legítimo para acudir a defender actos de naturaleza administrativa cometidos por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa local, ya que dicho tribunal goza de autonomía plena en términos de la fracción V, del artículo 116 constitucional, tanto para dictar sus determinaciones en lo funcional como en lo jurisdiccional.

• Sostiene que el acto reclamado no puede generar un principio de agravio al Poder Ejecutivo, pues el objetivo del procedimiento de la declaración de procedencia tiende a enjuiciar a un funcionario público con motivo de una conducta tipificada como delito y cometida en el desempeño de su función.

• Lo planteado en la demanda son aspectos de aplicación y fundamentación de normas por parte del órgano emisor del acto impugnado, no una invasión en la esfera competencial del Poder Ejecutivo local.

• Lo anterior, actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracciones VIII y IX de la Ley Reglamentaria de la materia, consistente en atender la constitucionalidad de una norma general o de un acto u omisión que le cause agravio concreto a un determinado ente por invasión de su esfera competencial, lo que en el caso no se justifica.

12. Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

• Advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que aduce que no existe el acto materia de la controversia, toda vez que no se advierte algún acto precisado por el demandante que hubiese emitido la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, pues el acto reclamado se emitió por un diverso órgano autónomo con determinación propia y que es señalado por la parte demandante como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

• Por lo que corresponde a dicha fiscalía especializada, rendir la información requerida, al contar con los datos precisos de los que intervienen y ser el competente con el trámite y seguimiento de la causa que dio origen a la controversia.

• En esos términos señala que debe sobreseerse en la presente controversia constitucional por lo que hace a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, pues no ha realizado acto alguno para generar un conflicto que genere la procedencia de la controversia constitucional.

13. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León.

• Señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la materia, que, si bien no es propiamente una controversia pendiente de resolver, si es un juicio de amparo indirecto promovido por Ethel María Maldonado Guerra, en el que se estudia la declaratoria de procedencia solicitada por la autoridad investigadora al Poder Legislativo local, en el que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción interpuso un recurso de revisión. De ahí que se considera que se actualiza la causal de improcedencia señalada inicialmente.

• Contrario a lo que refiere el Poder Ejecutivo local, sí existe un acuerdo de voluntades, pues existe un sueldo por trabajo a desempeñar y dicho salario y prestaciones de ley es lo que benefició al hijo de su cónyuge, quien tiene parentesco por afinidad en primer grado con la Magistrada Maldonado Guerra, y el beneficio de ser contratado en la Sala del tribunal que ella dirige como secretario de estudio y cuenta, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 216 bis, fracción I, del Código Penal del Estado de Nuevo León.

• Aduce que el acto atribuido a la servidora pública es haber beneficiado el patrimonio de un pariente por afinidad en primer grado, con motivo de un acto jurídico de carácter laboral, ascendiendo la cantidad a un millón ochocientos noventa y seis mil novecientos dieciocho pesos con diecinueve centavos, en perjuicio del erario público.

• Por ello señala que es correcto darle trámite a la investigación que se tiene en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones y Uso Ilícito de atribuciones y facultades establecido en el artículo 216 Bis, fracción I, del Código Penal del Estado de Nuevo León, y, que no se transgrede el artículo 14 de la Constitución Federal, al no violar el principio de exacta aplicación de la ley.

14. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Los citados funcionarios no formularon manifestación o pedimento alguno.

15. Por diverso acuerdo de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, en función de las manifestaciones relativas a la legitimación pasiva de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con fundamento en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria, se tuvo por demandada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León.

16. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que en términos del diverso 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

17. Avocamiento a Segunda Sala. Mediante proveído de dos de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y remitió el sumario en el que se actúa a su Ponencia.

18. Desistimiento. Por oficio presentado el siete de mayo de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a través de su Consejero Jurídico, solicitó el desistimiento de la presente controversia constitucional.

19. Por acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte, tuvo por recibido el oficio, y se requirió a la autoridad promovente para que dentro del plazo de tres días ratificara el desistimiento, apercibiéndolo que de no hacerlo, no se acordaría de conformidad y se continuaría el trámite legal correspondiente.

20. El plazo venció el catorce de mayo de la presente anualidad sin que se ratificara el desistimiento, por lo que nuevamente se puso el expediente en estado de resolución.

I. COMPETENCIA

21. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero, y tercero, del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

II. OPORTUNIDAD

23. De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano,(2) el plazo para la presentación de la demanda será, tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

24. Los actos impugnados son el escrito mediante el cual el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León presentó ante el Congreso de dicha entidad federativa, la solicitud del inicio del procedimiento de declaratoria de procedencia en contra de Ethel María Maldonado Guerra, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León y la aprobación de la declaratoria de procedencia por parte del Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León.

25. En el caso, ambos actos combatidos se emitieron el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por lo que el plazo referido transcurrió del diez de mayo al veinte de junio de dos mil veintitrés; descontando los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.

26. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el once de mayo de dos mil veintitrés, es claro que su presentación resultó oportuna.

27. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

III. SOBRESEIMIENTO

28. Esta Segunda Sala determina que ha lugar a sobreseer en la controversia constitucional con fundamento en los artículos 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria,(3) en relación con el 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General de la República, toda vez que el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León actor carece de interés legítimo. 29. No pasa desapercibido que esta Segunda Sala, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, declaró fundado el recurso de reclamación 263/2023-CA(4) y determinó revocar el acuerdo de desechamiento de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés dictado en esta controversia constitucional, al considerar que la causal de improcedencia invocada por el Ministro instructor no era manifiesta e indudable.

30. En ese asunto se señaló que, para poder sostener que los actos reclamados en la controversia no estaban dirigidos al Poder Ejecutivo de Nuevo León y con ello desechar de plano la demanda por falta de interés legítimo, debía verificarse si el Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa formaba parte de la administración pública estatal a cargo del promovente; y en caso de ser así, señalar qué aspectos de la demanda llevaban a concluir que los actos impugnados por el Gobernador de Nuevo León, no le generaban afectación alguna, lo que no se advertía de forma indudable ni manifiesta.

31. En atención a lo resuelto en ese recurso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trae a colación que, según lo dispuesto en el artículo 116, fracción V, constitucional, se obtiene que las entidades federativas están obligadas a instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones;(5) por tanto, la Constitución del Estado de Nuevo León en su artículo 155, previó la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado como un órgano jurisdiccional con autonomía funcional y presupuestal y dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal.(6)

32. A su vez, de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública(7) y 2 de la Ley de Justicia Administrativa,(8) ambas del estado de Nuevo León, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa forma parte de la Administración Pública Estatal, y goza de plena autonomía jurisdiccional para emitir sus resoluciones, y expresamente señala que su dependencia al Poder Ejecutivo local solamente es de orden administrativo, es decir, que es un órgano formalmente administrativo y materialmente jurisdiccional.

33. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el hecho de que el Tribunal de Justicia Administrativa, desde un punto de vista administrativo dependa del Poder Ejecutivo, no significa que se colme en automático un principio de agravio en su favor para promover la controversia constitucional, más aún pues desde el escrito de demanda no se advirtió la vulneración de una facultad reconocida en la Constitución Federal, ni el promovente hizo valer un principio de agravio actual o inminente relacionado con la invasión a su esfera competencial, por lo que es evidente que carece de interés legítimo respecto de los actos impugnados según se explica a continuación.

34. En efecto, en principio debe precisarse que la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la Ley Reglamentaria, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé su artículo 19, sino también los que puedan desprenderse del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen; en este sentido es aplicable la tesis P./J. 32/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(9)

35. Por otra parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Federal confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, y por tanto para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I,(10), de la Constitución General, tengan interés legítimo para interponer este medio de control constitucional, es necesario que, con la emisión del acto o norma general impugnados, se origine, cuando menos, un principio de agravio.

36. En esos términos, el hecho de que la Constitución Federal reconozca en su artículo 105, fracción I, la posibilidad de iniciar una controversia constitucional cuando alguna de las entidades, poderes u órganos originarios del Estado estime que se ha vulnerado su esfera de atribuciones, es insuficiente para que la Suprema Corte realice un análisis de constitucionalidad de las normas o actos impugnados, desvinculado del ámbito competencial constitucional del actor.

37. Es decir, resulta necesario en este medio de control constitucional que los entes legitimados aduzcan en el escrito de demanda la vulneración a una facultad reconocida en la Constitución Federal, ya que, de lo contrario, se carecerá de interés legítimo para intentarlo, al no existir principio de agravio que pueda ser estudiado por este Alto Tribunal.

38. Lo anterior, porque si bien esta Suprema Corte puede revisar la constitucionalidad de actos y/o normas emitidos por autoridades del Estado a través de la controversia constitucional, también lo es que para hacerlo está supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial salvaguardada en la Constitución Federal en favor del actor, pues de no ser así, se desnaturalizaría la función de este medio impugnativo, permitiéndose la revisión de un acto que de ningún modo afectaría al promovente en la esfera de atribuciones tutelada en la Constitución.

39. En ese sentido, la controversia constitucional entraña un conflicto sobre la constitucionalidad de actos y/o disposiciones generales de los sujetos que el artículo 105 constitucional reconoce como partes en este tipo de juicios, ya que desde su concepción por el Poder Constituyente, esa garantía jurisdiccional fue diseñada para que este Alto Tribunal definiera el ámbito de atribuciones que la propia Constitución confiere a los órganos originarios del Estado, tal como fue señalado en la tesis P. LXXII/98,(11) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."

40. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que el Poder Ejecutivo estatal promovente, señala como actos impugnados el acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés en el que se provee respecto del escrito que el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León presentó ante el Congreso de dicha entidad federativa mediante el cual solicitó el inicio del procedimiento de declaratoria de procedencia en contra de Ethel María Maldonado Guerra, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León; así como, el acto consistente en que la Comisión Jurisdiccional del Congreso local propuso al Pleno de ese órgano legislativo, el mismo día, el dictamen relativo a la solicitud contenida en el expediente número 16937/LXXVI respecto a la declaratoria de procedencia que de inmediato fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León.

41. Es decir, señala como actos impugnados la votación aprobatoria del Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León que resuelve la declaratoria de procedencia en contra de la Magistrada Ethel María Maldonado Guerra, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, así como el oficio 24/2023 del Fiscal Anticorrupción solicitando a la Legislatura estatal el inicio de la referida declaratoria de procedencia.

42. Por su parte, de los conceptos de invalidez se tiene que el Poder Ejecutivo estatal señala que los acuerdos impugnados vulneran los principios de división de poderes e independencia judicial protegidos en el artículo 116 constitucional, además de los principios de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley, así como fundamentación y motivación, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; sin embargo, ello resulta insuficiente para la procedencia de la controversia constitucional, ya que el objeto de ésta es el examen de conflictos que se generen entre dos o más órganos originarios del Estado, respecto del ámbito de competencia constitucional que les corresponde, lo que llevado al caso evidencia la improcedencia del medio de control constitucional, porque los actos combatidos no se dirigen al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.

43. En esos términos, no pasa desapercibido que si bien el estudio del interés legítimo se puede realizar hasta el análisis de fondo, pues en algunos casos no es posible disociar la improcedencia del juicio alegada en aquellas cuestiones que miran al fondo del asunto, ello encuentra como excepción aquellos casos en los que la inviabilidad de la acción resulte evidente, porque la norma o el acto impugnado no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora, esto es, que haya circunstancias que reflejen de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la vía, sin necesidad de relacionarla con el estudio de fondo del asunto.

44. Sirve de apoyo a la consideración anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2004,(12) de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."

45. Por lo que, dado que el promovente no hace valer un principio de agravio actual o inminente, relacionado con una facultad prevista a su favor en la Constitución Federal, es evidente que carece de interés legítimo respecto del acuerdo impugnado y, en esos términos se evidencia la improcedencia de la controversia c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200961-49f1ef93/i-controversia-constitucional-su-tutela-juridica-es-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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