I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EMITIDO POR LA COMISIÓN JURISDICCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DEL CUAL SE DECLARÓ PROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UN MAGISTRADO ADSCRITO A LA PRIMERA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SE DIO INICIO AL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 259/2022. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 31 DE ENERO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 259/2022, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, contra el Poder Legislativo de esa entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de esa entidad, por los siguientes actos:
"IV. La norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado:
"1. Se impugna el acto emanado del Poder Legislativo consistente en el Acuerdo de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Comisión Jurisdiccional de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, a través del cual se declara procedente el juicio político promovido por el C. Heriberto Guadalupe Tamez, en contra del Magistrado José Mercedes Hernández Díaz, adscrito a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, y se da inicio al procedimiento de juicio político, por haber admitido los juicios contenciosos administrativos 1086/2022, 1112/2022 y 1116/2022, del índice de dicha Sala.
"Dicho acto por sí solo genera la afectación a la esfera de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, que establece el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 155 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, conforme a los cuales los tribunales administrativos de las entidades federativas tienen autonomía plena para el dictado de sus fallos y resolución de los recursos que procedan contra ellas; autonomía y competencia que se vulnera por el Poder Legislativo demandado al llevar al juicio político resoluciones jurisdiccionales como lo son las que determinan la ‘admisión’ de los juicios 1086/2022, 1112/2022 y 1116/2022, y la suspensión de los actos impugnados en dichos medios de defensa.
"2. Los efectos y consecuencias del inicio del procedimiento de juicio político, en concreto del Acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que ordena realizar investigaciones y diligencias para la sustanciación del procedimiento.
"3. El eventual Acuerdo dictado por la Comisión Jurisdiccional de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, determinó (sic) turnar al Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, las constancias del expediente, que contiene el Dictamen de procedencia para la separación del cargo al Magistrado José Mercedes Hernández Díaz, adscrito a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
(...)"
2. Precepto constitucional que se estima violado. La parte actora señaló como precepto violado el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo actor argumentó lo que a continuación se resume.
a) Los actos impugnados atentan contra la autonomía e independencia del Tribunal de Justicia Administrativa local, así como contra el principio de división de poderes, porque el juicio político seguido en contra del Magistrado Hernández Díaz tiene como objeto analizar las consideraciones contenidas en diversas resoluciones jurisdiccionales de trámite emitidas por dicho juzgador en tres juicios contenciosos administrativos, las cuales, incluso, carecen de definitividad, pues fueron impugnadas mediante recursos de revisión que serán resueltos por la Sala Superior del referido Tribunal.
b) Los actos impugnados resultan violatorios de los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que dotan al Tribunal de Justicia Administrativa de "plena autonomía para dictar sus fallos".
c) En el caso no se actualizan las hipótesis de procedencia contenidas en los artículos 8 y 9 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León ni expresan razonamientos en cuanto a la actualización de los supuestos que esos numerales prevén, consistentes en la ilicitud del acto, la intencionalidad y el daño grave generado a las instituciones.
d) Los actos impugnados se encuentran indebidamente fundados, ya que se apoyan en el texto de los artículos 202 y 203 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, reformado el primero de octubre de dos mil veintidós. Dichos preceptos no estaban vigentes cuando el Magistrado Hernández Díaz emitió los acuerdos que dieron lugar a la denuncia de juicio político, lo cual no corresponde al principio de reserva de ley reglamentaria de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
e) El Poder Legislativo demandado invoca diversos preceptos de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, que no corresponden con el contenido de la Constitución local vigente.
f) Los acuerdos de admisión y suspensión dictados por el Magistrado Hernández Díaz con motivo de los juicios contenciosos administrativos que dieron origen a la denuncia del juicio político no afectan las facultades del Poder Legislativo.
4. Radicación y turno. El entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número de controversia constitucional 259/2022, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
5. Desechamiento. Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, desechó la demanda al considerar actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia que deriva de los artículos 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria y 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el Poder Ejecutivo actor carecía de interés legítimo para promover la controversia constitucional, porque los actos combatidos no se dirigen a éste ni se relacionan con el ámbito competencial constitucionalmente asignado.
6. Recurso de reclamación 12/2023-CA. En contra de la anterior determinación, por escrito de nueve de enero de dos mil veintitrés, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, interpuso recurso de reclamación, que fue admitido mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, se registró bajo el número de expediente 12/2023-CA, y se turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su resolución.
7. Resolución del recurso de reclamación. En sesión de doce de abril de dos mil veintitrés, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, resolvió que el recurso era procedente y fundado, por lo que se debía revocar el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, y admitirse la controversia constitucional, al considerar que la causal de improcedencia invocada en el auto recurrido no era manifiesta e indudable, sino que debía ser analizada al momento de dictar sentencia.
8. Admisión. Por auto de trece de julio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de la presente controversia, tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, a quien ordenó emplazar para que presentara su contestación dentro del plazo legal, y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
9. Suspensión. Asimismo, por auto de trece de julio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor ordenó se formara y registrara el incidente de suspensión bajo el número 259/2022; y, determinó otorgar la suspensión para que el Congreso del Estado de Nuevo León se abstuviera de separar a José Mercedes Hernández Díaz, de su cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, hasta que el Alto Tribunal resolviera sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos impugnados solicitados por la promovente en la presente controversia constitucional.
10. Contestación a la demanda. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por contestada la demanda por el Congreso del Estado de Nuevo León; escrito en el cual se argumentó lo que a continuación se resume:
• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Federal, por lo que lo procedente es sobreseer el juicio de controversia constitucional, al no existir resolución definitiva susceptible de revisarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• El Gobernador de Nuevo León carece de interés legítimo para acudir a defender actos de sus funcionarios subalternos mediante controversia constitucional, pues el objeto de tutela son las competencias del órgano, que en este caso es unipersonal, depositado en el Gobernador del Estado, quien no ve mermada su función mediante el inicio y substanciación en sede legislativa de un juicio político, siendo en todo caso la determinación final tomada por el Tribunal Superior de Justicia la que podría implicar un potencial agravio a dicho marco competencial y funcional.
11. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Los citados funcionarios no formularon manifestación o pedimento alguno.
12. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia Ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
13. Avocamiento a Segunda Sala. Mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y remitió el sumario en el que se actúa a su Ponencia.
I. COMPETENCIA.
14. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero, y tercero, del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). Los Ministros Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek votaron con consideraciones adicionales.
II. OPORTUNIDAD.
16. De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) que dispone que el plazo para la presentación de la demanda será, tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
17. El acto impugnado es el Acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Comisión Jurisdiccional de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León a través del cual se declara procedente el juicio político promovido en contra del Magistrado José Mercedes Hernández Díaz, adscrito a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, y se da inicio al procedimiento de juicio político, por haber admitido los juicios contenciosos administrativos 1086/2022, 1112/2022 y 1116/2022, del índice de dicha Sala.
18. En el caso, el Acuerdo combatido se emitió el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo referido transcurrió del veintidós de noviembre de dos mil veintidós al diecisiete de enero de dos mil veintitrés; descontando los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, tres, cuatro, diez, once, y del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, asimismo los días uno, siete, ocho, catorce y quince de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.
19. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de diciembre de dos mil veintidós, es claro que su presentación resultó oportuna.
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). Los Ministros Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek votaron con consideraciones adicionales.
III. SOBRESEIMIENTO
21. Esta Segunda Sala determina que ha lugar a sobreseer en la controversia constitucional con fundamento en los artículos 19, fracción IX de la Ley Reglamentaria,(2) en relación con el 105, fracción I, inciso h) de la Constitución General de la República, toda vez que el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León actor carece de interés legítimo.
22. No pasa desapercibido que la Primera Sala, en sesión de doce de abril de dos mil veintitrés, declaró fundado el recurso de reclamación 12/2023-CA(3) y determinó revocar el acuerdo de desechamiento de quince de diciembre de dos mil veintidós dictado en esta controversia constitucional, al considerar que la causal de improcedencia invocada por el Ministro instructor no era manifiesta e indudable.
23. De la contestación a la demanda del Poder Legislativo se desprende que argumentó que la controversia es improcedente porque no existe una resolución definitiva susceptible de revisarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo señaló que el Gobernador de Nuevo León carecía de interés legítimo para acudir a defender actos de sus funcionarios subalternos mediante controversia constitucional.
24. Ahora bien, debe precisarse que la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la Ley Reglamentaria, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé su artículo 19, sino también los que puedan desprenderse del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen; en este sentido es aplicable la tesis P./J. 32/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(4)
25. Como se anunció en el primer párrafo de este apartado, en el caso se actualiza la causa de improcedencia fijada en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal, porque el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, carece de interés legítimo para promover controversia constitucional.
26. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Federal confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, y por tanto para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I(5) de la Constitución General, tengan interés legítimo para interponer este medio de control constitucional, es necesario que, con la emisión del acto o norma general impugnados, se origine, cuando menos, un principio de agravio.
27. En esos términos, el hecho de que la Constitución Federal reconozca en su artículo 105, fracción I, la posibilidad de iniciar una controversia constitucional cuando alguna de las entidades, poderes u órganos originarios del Estado estime que se ha vulnerado su esfera de atribuciones, es insuficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis de constitucionalidad de las normas o actos impugnados, desvinculado del ámbito competencial constitucional del actor.
28. Es decir, resulta necesario en este medio de control constitucional que los entes legitimados aduzcan en el escrito de demanda la vulneración a una facultad reconocida en la Constitución Federal; ya que, de lo contrario, se carecerá de interés legítimo para intentarlo, al no existir principio de agravio que pueda ser estudiado por este Alto Tribunal.
29. Lo anterior, porque si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar la constitucionalidad de actos y/o normas emitidos por autoridades del Estado a través de la controversia constitucional, también lo es que para hacerlo está supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial salvaguardada en la Constitución Federal en favor del actor, pues de no ser así, se desnaturalizaría la función de este medio impugnativo, permitiéndose la revisión de un acto que de ningún modo afectaría al promovente en la esfera de atribuciones tutelada en la Constitución.
30. En ese sentido, la controversia constitucional entraña un conflicto sobre la constitucionalidad de actos y/o disposiciones generales de los sujetos que el artículo 105 constitucional reconoce como partes en este tipo de juicios, ya que desde su concepción por el Poder Constituyente, esa garantía jurisdiccional fue diseñada para que este Alto Tribunal definiera el ámbito de atribuciones que la propia Constitución confiere a los órganos originarios del Estado, tal como fue señalado en la tesis P. LXXII/98,(6) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."
31. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que el Poder Ejecutivo local promovente, señala como actos impugnados los acuerdos por los que se resuelve procedente la denuncia de juicio político en contra del Magistrado José Mercedes Hernández Díaz, adscrito a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, por el que se ordena realizar investigaciones y diligencias para la sustanciación del procedimiento; y de los conceptos de invalidez se tiene que el Poder Ejecutivo del Estado señala que los acuerdos impugnados vulneran el principio de división de poderes y la independencia judicial protegidos en el artículo 116 constitucional; lo que resulta insuficiente para la procedencia de la controversia constitucional, ya que el objeto de ésta es el examen de conflictos que se generen entre dos o más órganos originarios del Estado, respecto del ámbito de competencia constitucional que les corresponde, lo que llevado al caso evidencia la improcedencia del medio de control constitucional, porque los actos combatidos no se dirigen al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
32. En esos términos, no pasa desapercibido que si bien el estudio del interés legítimo se puede realizar hasta el análisis de fondo, pues en algunos casos no es posible disociar la improcedencia del juicio alegada en aquellas cuestiones que miran al fondo del asunto, ello encuentra como excepción aquellos casos en los que la inviabilidad de la acción resulte evidente, porque la norma o el acto impugnado no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora, esto es, que haya circunstancias que reflejen de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la vía, sin necesidad de relacionarla con el estudio de fondo del asunto.
33. Sirve de apoyo a la consideración anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2004,(7) de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."
34. Por lo que, dado que el promovente no hace valer un principio de agravio actual o inminente, relacionado con una facultad prevista a su favor en la Constitución Federal, es evidente que carece de interés legítimo respecto del acuerdo impugnado; y, en esos términos se evidencia la improcedencia de la controversia constitucional al no tratarse de actos relacionados con el ámbito competencial constitucionalmente asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
35. Se reitera que, de los conceptos de invalidez, no se advierte algún argumento del que se desprenda que con los actos impugnados se vulneren las competencias constitucionales del poder actor, sino que van encaminados a controvertir los acuerdos a través de los cuales se declara procedente la denuncia de juicio político.
36. En esos términos, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que, para que una violación constitucional pueda ser subsanada como consecuencia de la promoción de un medio concreto de control constitucional como el que aquí nos ocupa, aquélla debe generar por sí misma la afectación constitucional alegada por el promovente.(8) A diferencia de lo que sucede en un medio de impugnación abstracto u objetivo como la acción de inconstitucionalidad, donde se puede declarar la invalidez de una norma general incluso ante la ausencia de conceptos de invalidez,(9) en una controversia constitucional simplemente no es posible declarar la inconstitucionalidad de omisiones, normas o actos que no afecten el interés legítimo de la parte que promueve.(10)
37. Por lo tanto, al actualizarse el supuesto manifiesto e indudable de improcedencia analizado, se concluye que en la especie el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional y por tanto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 20, fracción II,(11) de la citada Ley Reglamentaria; y, en consecuencia, procede sobreseer en el presente asunto.
38. Esta Segunda Sala ha resuelto sobreseer por similares consideraciones respecto al tema de interés legítimo, entre otras, las diversas controversias constitucionales 205/2020,(12) 88/2022, 89/2022 y, 116/2022.(13)
39. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). Los Ministros Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek votaron con consideraciones adicionales.
IV. DECISIÓN
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). Los Ministros Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek votaron con consideraciones adicionales.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTE Y PONENTE
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.
SECRETARIA DE ACUERDOS
CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
_________________
1. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
(...).
II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y
(...)".
2. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
(...).
IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.
(...)".
3. Resuelto por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
4. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 955, registro digital 169528.
5. Artículo. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a). La Federación y una entidad federativa;
b). La Federación y un municipio;
c). El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;
d). Una entidad federativa y otra;
e). (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)
f). (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)
g). Dos municipios de diversos Estados;
h). Dos Poderes de una misma entidad federativa;
i). Un Estado y uno de sus Municipios;
j). Una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México;
k). Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y
l). Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.
(...)
6. Tesis P. LXXII/98, Aislada, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre 1998, página 789, registro 195025.
7. Jurisprudencia P./J. 50/2004, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, página 920, registro 181168.
8. Jurisprudencia P./J.83/2001 (9a.) del Tribunal Pleno de rubro y datos de localización: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, julio de 2001, pág. 875.
9. Jurisprudencia P./J.96/2006 del Tribunal Pleno de rubro y datos de localización: cuyo rubro es "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, agosto de 2006, pág.1157, registro digital 174565.
10. Jurisprudencia P./J.71/2000 del Tribunal Pleno de rubro y datos de localización: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, agosto de 2000, pág. 965, registro digital 191381.
11. Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
(...)
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.
(...)
12. Bajo la Ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek, en sesión de veintiséis de enero de dos mil veintidós, por unanimidad de votos.
13. Todas resueltas bajo la Ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales, en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintitrés por unanimidad de votos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200934-7f1cc5d4/i-controversia-constitucional-su-tutela-juridica-es-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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