Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER DICHO MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE ACTOS DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA DESARROLLADOS EN UN PROCESO LEGISLATIVO QUE ORIGINÓ AQUÉL, POR CONDUCTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS QUE INTERRUMPAN O IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO CUANDO SUBSISTA UN CONFLICTO DE LEGALIDAD RELATIVO AL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES POR PARTE DE PODERES PÚBLICOS. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ACUERDO ADOPTADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2011 POR LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE LA ENTIDAD, EN EL QUE SE DETERMINÓ EL DESECHAMIENTO Y ARCHIVO DEL DICTAMEN DE "SEGUNDA VUELTA" RELATIVO AL EXPEDIENTE 7080/LXXII, QUE CONTIENE LA INICIATIVA PARA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA LOCALIDAD, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE JERARQUÍA NORMATIVA Y LEGALIDAD, AL HABER SIDO SOMETIDO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO ESTATAL SIN CONTAR CON EL QUÓRUM NECESARIO DE MAYORÍA CALIFICADA PARA MODIFICAR AQUÉLLA EN SU CALIDAD DE "LEY CONSTITUCIONAL".

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/2012. · Registro digital (IUS): 24250
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Pág. 907.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/2012. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: ALFREDO ORELLANA MOYAO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de septiembre de dos mil doce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de enero de dos mil doce, Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, en su carácter de representante del Poder Judicial de la entidad, promovió controversia constitucional en contra del Congreso del Estado, en la que impugnó:

"El acuerdo tomado por la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, en la sesión extraordinaria celebrada el veintidós de diciembre de dos mil once, mediante el cual se determinó desechar el dictamen (en lo general) de las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales, de Justicia y Seguridad Pública, relativo al expediente número 7080/LXXII, según consta en el Acta Número 291, del primer periodo ordinario de sesiones prorrogado, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional."

SEGUNDO. Antecedentes (fojas 4 a 6 del expediente principal). En su demanda la parte actora precisa los siguientes:

1. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en su sesión de veinticuatro de octubre de dos mil once, por unanimidad de votos aprobó la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Local, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, en ellas fueron propuestos diversos temas: presupuesto del tribunal, Jueces orales mercantiles; Jueces de narcomenudeo; y, Jueces de ejecución en materia familiar oral, juzgados colegiados, entre otros. Ésta fue presentada ante el Congreso del Estado por conducto de la presidenta del tribunal, a quien el citado Pleno otorgó la facultad expresa de firmarla y presentarla en su representación.

2. El veinticinco de octubre de dos mil once fueron presentadas ante la legislatura las iniciativas de reformas, una de ellas en alcance relativa a que el Tribunal Superior de Justicia administre y ejerza su presupuesto, y que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo lo propio en el resto del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

3. El veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil once estas iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales, de Justicia y Seguridad Pública para su estudio, análisis y dictamen, radicándose el expediente número 7080/LXXII.

4. La Septuagésima Segunda Legislatura del Estado de Nuevo León, en su sesión extraordinaria de nueve de diciembre de dos mil once, aprobó el dictamen anterior por mayoría de veintidós votos a favor, quince votos en contra y cero abstenciones; consecuentemente, ordenó la publicación de los extractos de las discusiones suscitadas, lo cual se llevó a cabo en el Periódico Oficial de la entidad de doce de diciembre siguiente; por otra parte, a moción de un diputado, se acordó que las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León fueran discutidas y votadas en el mismo periodo ordinario de sesiones (Acta Número 284).

5. Las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales, de Justicia y Seguridad Pública, "en segunda vuelta", dictaminaron el expediente 7080/LXXII, en el sentido de aprobar en definitiva la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica Poder Judicial del Estado de Nuevo León, asimismo, se acompañó el proyecto de decreto.

6. En sesión ordinaria de veinte de diciembre de dos mil once, la asamblea legislativa, a moción de un diputado, determinó que el indicado dictamen con proyecto de decreto fuera presentado en la siguiente sesión, ya que al pase de lista no se cumplió con el requisito de veintiocho diputados presentes (Acta Número 289).

7. En sesión ordinaria de veintiuno de diciembre de dos mil once, la citada asamblea, a moción de uno de sus integrantes, aprobó que se suspendiera el trámite del citado dictamen relativo al expediente 7080/LXXII, pues la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que se ocupaba principalmente del tema de la administración del presupuesto por parte del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, requería de veintiocho votos a favor, sin embargo, al quedar establecida la postura respecto del dictamen por parte del grupo legislativo del Partido Acción Nacional era lógico que no se alcanzara la votación requerida, por ello, se reservó su discusión para la siguiente sesión (Acta Número 290).

8. Reunida en asamblea la Septuagésima Segunda Legislatura del Estado de Nuevo León, el veintidós de diciembre de dos mil once, al conocer del dictamen de "segunda vuelta" del expediente 7080/LXXII, por conducto de la presidencia determinó que al no alcanzar la votación requerida éste debía desecharse, asimismo, se ordenó su archivo.

TERCERO. Preceptos constitucionales (foja 4 del expediente principal). La parte actora considera que se violan en perjuicio del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, los artículos 17, 40, 41, 49 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Conceptos de invalidez (fojas 6 a 38 del expediente principal). Los que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:

El artículo 17 constitucional consagra la garantía de acceso a la justicia con los atributos de completa, gratuita, imparcial y pronta, aplicables a los Poderes Judiciales Federal, Estatales y del Distrito Federal, postulados básicos para su independencia y plena ejecución de las resoluciones que dicten.

Por su parte, la fracción III del artículo 116 de la Carta Magna indica que el ejercicio de los Poderes Judiciales Estatales será por tribunales y no por órganos de administración o Consejos de la Judicatura, de estos últimos, el citado precepto constitucional nunca hace referencia, de tal manera que no se les puede considerar titulares de la función jurisdiccional, la cual no debe estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza.

Estos preceptos constitucionales, al interpretarse jurisprudencialmente, establecen diferentes garantías constitucionales dirigidas a salvaguardar la función jurisdiccional, como su independencia y autonomía, tratándose de la gestión presupuestal.(1)

Así, ninguna función administrativa que se ejerza para la operatividad de la actividad jurisdiccional puede pasar por alto las garantías constitucionales de esta última, lo contrario produciría una violación a los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal.

Al respecto, cabe mencionar como marco de referencia los preceptos constitucionales que regulan a los Consejos de la Judicatura Federal y del Distrito Federal (artículos 100 y 122, apartado C, base cuarta), tratándose del órgano federal, éste elabora el presupuesto de todo el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que garantiza su autonomía e independencia.

Ahora, establecidas claramente las garantías de la función que desempeñan los titulares de los órganos que integran a los Poderes Judiciales Estatales en el artículo 116, fracción III, de la Ley Suprema existe, entre otros, un tema que une los aspectos jurisdiccional y administrativo en uno solo: la gestión del presupuesto, cuya autonomía se ha interpretado hacia afuera del Poder Judicial, esto es, respecto de otros poderes, pero no hacia adentro del mismo poder, lo que genera un problema singular, que los Consejos de la Judicatura al llevar a cabo sus funciones, no respeten la fracción III del artículo 116 constitucional, especialmente si así lo establecen sus Constituciones Locales y leyes secundarias, lo que origina una subordinación de los órganos jurisdiccionales a los eminentemente administrativos.

Lo anterior se ejemplifica con la siguiente pregunta ¿podría un Consejo de la Judicatura Estatal al ejercer el presupuesto del Poder Judicial (incluidos los salarios de Magistrados y Jueces), afectar las garantías constitucionales de la función jurisdiccional?

Esta interrogante adquiere sentido, al observarse la conformación del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, al cual ha quedado supeditado el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad, ante ello, no podría hablarse de violación al principio de división de poderes entre órganos que pertenecen a un mismo poder; sin embargo, esto configura una violación directa al artículo 116, fracción III, de la Carta Magna, ya que dicho consejo ha llegado a afectar algunas garantías de la función jurisdiccional por actuación libre o en cumplimiento de alguna norma local.

Por tanto, la respuesta al anterior cuestionamiento debería ser que los Consejos de la Judicatura pueden ejercer libremente sus facultades administrativas respetando todas y cada una de las garantías jurisdiccionales que la Ley Fundamental establece, pues desde un punto de vista normativo, aquéllos no están por encima de los órganos jurisdiccionales, y los órganos administrativos al ejercer y diseñar el presupuesto del Poder Judicial no pueden contrariar los principios constitucionales, de hacerlo, transgreden directamente el citado precepto constitucional. Esto tan obvio, no resulta cuando se trata de conflictos al interior de un poder, pues cómo articular un medio de control idóneo para ello, la solución debe atender a la naturaleza del conflicto y que exista una instancia jurisdiccional que revise las afectaciones a las garantías jurisdiccionales al interior del Poder Judicial, de no ser así, quedaría desnaturalizado y desatendido el espíritu de los artículos 17 y 116, fracción III, de la Ley Suprema.

En el caso de Poderes Judiciales de los Estados, el órgano de mayor jerarquía lo es el Tribunal Superior de Justicia o tribunal supremo, quien estaría llamado a resolver tales conflictos.

Así, las Constituciones y leyes locales son los medios idóneos para cumplir con los mandatos constitucionales; empero, cuando éstos son defectuosos existirá una violación flagrante a la Constitución Federal, particularmente a los preceptos a que se ha hecho referencia.

Ante ello, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, por conducto de su presidenta, presentó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Local, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, con el objeto de modificar su texto y establecer que el Tribunal Superior de Justicia se encargaría de ejercer y administrar su propio presupuesto; mientras que el Consejo de la Judicatura lo hará para el resto del indicado poder con la finalidad de ajustar su estructura al Pacto Federal.

No obstante, la Septuagésima Segunda Legislatura, mediante acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil once, determinó desechar el dictamen del expediente 7080/LXXII y, por ende, las iniciativas de reformas.

Con esta decisión, el Congreso del Estado de Nuevo León contraría los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, pues debilita al Poder Judicial Local, ya que continuará rigiendo el sistema actual que confiere al Consejo de la Judicatura la potestad de elaborar el proyecto de presupuesto global del Poder Judicial del Estado de Nuevo León para administrarlo y ejercerlo, incluido el Tribunal Superior de Justicia, lo que hace evidente la subordinación del órgano jurisdiccional a su ente administrativo.

Además, la composición del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León de tres miembros: uno del Ejecutivo, otro del Legislativo y otro del Judicial, provoca intromisión mayoritaria de otros poderes sobre las decisiones de las necesidades presupuestales del Poder Judicial, incluido el Tribunal Superior de Justicia, en claro quebranto al principio de división de poderes, el cual no es tajante, pero debe respetarse para el buen funcionamiento del propio poder, por ello, se puede afirmar que si con motivo de la distribución de funciones establecida por el legislador estatal se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de un Poder del Estado, ésto implica violación al principio de división de poderes, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(2)

Al respecto, cabe señalar que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, procuró el fortalecimiento de la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales de los Estados, por ello, se consagraron garantías judiciales a las que debían ajustarse los ordenamientos estatales del país.

De ahí, que no sea constitucional que las decisiones orgánicas, funcionales, sistemáticas y estructurales de los Poderes Judiciales Locales queden al arbitrio de órganos administrativos del propio poder en detrimento de la independencia judicial.

Con los anteriores elementos, es posible analizar que el desechamiento o no aprobación de la iniciativa de reforma promovida por el poder actor, provoca que persista la intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León en la esfera competencial del Poder Judicial Local, subordinándolo en relación con su autonomía de gestión presupuestal.

La intromisión se actualiza cuando un poder se inmiscuye en una cuestión propia de otro, y que ello genere una afectación determinante en la toma de decisiones o sumisión.

Ahora bien, la Constitución Federal establece en sus artículos 17 y 116, fracción III, los principios de autonomía e independencia judicial, por su parte, el artículo 40 establece el régimen federal, y el 41, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en términos de la propia Ley Fundamental y de cada Constitución Local, sin que esta última pueda contravenir aquélla; el artículo 49 prevé que el poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, finalmente, el invocado artículo 116, fracción III, prevé diversos lineamientos aplicables a los Poderes Judiciales Locales, a fin de garantizar su independencia y autonomía, esto también ha sido motivo de interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes criterios jurisprudenciales.(3)

Cabe volver a comentar, que el invocado numeral 116, en su fracción III, no prevé la existencia de Consejos de la Judicatura Estatales, sólo es obligatorio en el régimen federal y en el Distrito Federal, de acuerdo con los artículos 100 y 122, apartado C, base cuarta, del Pacto Federal. Luego, el establecimiento de aquéllos queda a la libre determinación al interior de cada Estado; empero, para estar en condiciones de resolver si el Constituyente Local al establecer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, respetó los principios de autonomía e independencia que le son propios, conviene acudir como marco referencial de los Consejos de la Judicatura Federal y del Distrito Federal.

En el caso de que las Legislaturas Locales decidan establecer dichos órganos administrativos en coherencia con el sistema federal, debe ser de acuerdo con los artículos 40, 41, 49 y 116 de la Carta Magna, sobre todo deben garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial Local, en función del principio de división funcional de poderes, sin perjuicio de que todo lo anterior se establezca para el nivel federal.

La reforma constitucional de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro creó a nivel federal un Consejo de la Judicatura, de cuyo proceso se desprende que se creó un órgano administrativo dependiente del Poder Judicial Federal, encargado de las actividades no jurisdiccionales, precisando que se trataba de una redistribución de funciones en aras de obtener una mejor administración de justicia.

Inicialmente integrado por siete miembros, en la Cámara de Senadores se propuso un sistema de designación para que participaran todos los Poderes de la Unión en la organización y disciplina del Poder Judicial.

Posteriormente, el artículo 100 de la Norma Fundamental fue modificado el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, de su proceso de reforma destaca que el citado Poder Judicial de la Federación se compone por órganos judiciales propiamente dichos y un órgano constitucional de carácter administrativo encargado de su administración, vigilancia y disciplina, con exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto hizo evidente que no existen jerarquías, fundamentalmente distribución de funciones, pero garantizando que a la cabeza estará la citada Corte. El Consejo de la Judicatura Federal conservó el número de miembros, siendo modificada la forma de su designación, a saber: Ministro presidente, tres consejeros electos por el Pleno de la Suprema Corte de entre Magistrados y Jueces de Distrito, dos por el Senado, y uno por el presidente de la República, de esta manera se garantiza una mayor representatividad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y se evitaron suspicacias en cuanto a la intervención en la administración de éste por parte de las personas designadas por poderes ajenos al mismo.

Así, el Constituyente de la República ha procurado y enfatizado que la composición del Consejo de la Judicatura Federal sea mayoritariamente de personas provenientes del propio Poder Judicial, con diversos beneficios en el desarrollo de la función jurisdiccional.

Por otra parte, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, cuyo proceso legislativo es el mismo que dio origen al ente administrativo federal ya descrito -mil novecientos noventa y cuatro-, conforme al artículo 122, apartado C, base cuarta, fracción II, de la Ley Suprema, está compuesto por siete miembros: cuatro integrantes del Poder Judicial del Distrito Federal; dos del órgano legislativo local; y uno por el jefe de Gobierno. Esto refleja el respeto a la división de poderes, porque permite un apropiado desempeño de la actividad jurisdiccional local a través de una administración que mayoritariamente se integra con personas pertenecientes a ese poder y, por ende, conocen mejor las necesidades para el adecuado desempeño de la actividad encomendada y evita la desconfianza que puede ocasionar que las decisiones las tomen personas ajenas al Poder Judicial del Distrito Federal, y a la vez se elimina una posible intervención en su administración.

Lo desarrollado hasta aquí, permite advertir que la Constitución Federal prevé principios relativos a los Consejos de la Judicatura, que por su importancia sobresalen dos: en la suma total de sus integrantes debe haber más sujetos extraídos del propio Poder Judicial, al cual regresarán una vez concluidas sus funciones; y sus decisiones deben respetar los principios de autonomía e independencia judicial y no invadir la esfera competencial del órgano al que administran.

Ahora, en el caso del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, su Consejo de la Judicatura está integrado por: el presidente del Tribunal Superior de Justicia; un consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo, y otro por el Congreso del Estado, en términos de los párrafos noveno y décimo del artículo 94 de la Constitución del Estado de Nuevo León, asimismo, el párrafo décimo tercero del citado numeral señala que el citado consejo sesiona válidamente con la presencia de su presidente y de al menos otro de sus integrantes.

Como se advierte, la conformación del indicado órgano de administración no respeta los principios de autonomía e independencia judicial porque la mayoría de sus integrantes no provienen del propio Poder Judicial.

Esta situación provoca una limitada participación de quienes ejercen funciones jurisdiccionales en las decisiones administrativas que le atañen y, además, merma su desempeño al existir la posibilidad de que aquéllas, sobre todo las relativas al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, provengan de los consejeros designados por el Ejecutivo y Legislativo, sin conocimientos en la materia y de las necesidades del Poder Judicial; asimismo, da lugar a suspicacias que aquellos poderes directa o indirectamente intervengan en su administración, pues con los votos de esos consejeros basta para emitir una decisión mayoritaria del órgano de administración.

Con ello, es evidente que no se cumple con los principios de efectiva representatividad de los integrantes del Poder Judicial en sus decisiones administrativas, que disminuyan suspicacias de intervención de los otros dos poderes.

Tal sistema permite a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, de así desearlo, colocar al Judicial en dependencia o subordinación administrativa a través de los consejeros que aquéllos designan, al constituir una fuerza mayoritaria en el órgano de administración.

Esto evidencia que los numerales impugnados permiten, de manera indirecta, la intromisión de aquellos Poderes Locales en la toma de decisiones administrativas del Poder Judicial Estatal, lo cual actualiza una transgresión al principio de división de poderes y de autonomía e independencia judicial.

Esta situación ha provocado un no tan eficiente desempeño en las funciones jurisdiccionales, porque las decisiones administrativas que las rigen provienen o provendrán de personas designadas por autoridades ejecutivas o legislativas, lo que ocasiona retrasos en la administración de justicia.

No es obstáculo a lo anterior, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia también lo sea del citado consejo y que, por ello, pudiera estimarse que existe una debida representación de los miembros del Poder Judicial en su órgano de administración, y que sus decisiones se encuentren bajo los lineamientos de la presidencia; pues, contrario a ello, las decisiones deben tomarse por mayoría de sus integrantes, de suerte tal que el voto del presidente puede ser opacado por la mayoría de los otros dos consejeros que no son de extracción judicial.

Todo lo anterior permite concluir que resulta conculcatorio de los principios de división de poderes y de autonomía e independencia judicial el acuerdo de la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, de veintidós de diciembre de dos mil once, mediante el cual determinó desechar el dictamen (en lo general) del expediente número 7080/LXXII, relativo a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

A mayor abundamiento, el desechamiento lo provocó la inasistencia de los integrantes de un grupo legislativo; sin que obste, que para la votación del referido dictamen, la presidencia del órgano parlamentario haya exhortado a los diputados que se encontraban en las salas anexas del recinto legislativo para tales efectos, pues no se está frente a un tema de "abstencionismo", sino más bien, de "inasistencia". En otras palabras, al momento de la votación del dictamen no se contó con la asistencia mínima de 28 diputados, lo que naturalmente culminó con su desechamiento.

Así las cosas, debe declararse la invalidez del acto cuestionado en este medio de control constitucional y ordenarse a la autoridad demandada que apruebe el dictamen de que se trata, con la consecuente emisión del decreto de reformas, y que la parte tercero interesada, así como el secretario general de Gobierno y el responsable de la Unidad del Periódico Oficial, todos del Estado de Nuevo León, emitan sus respectivos actos, consistentes en el refrendo, promulgación y publicación del mismo.

QUINTO. Trámite (fojas 388 a 391 del expediente principal). Mediante proveído de presidencia y certificación de turno, ambos de veintisiete de enero de dos mil doce, se formó y registró este expediente 6/2012; para su instrucción fue turnado al señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia quien, por auto de primero de febrero siguiente, admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, reconoció la personalidad de la promovente, tuvo como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y como tercero interesado al Poder Ejecutivo de dicha entidad; asimismo, ordenó dar vista a la procuradora general de la República, a fin de que manifestara lo que a su representación conviniera.

SEXTO. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León (fojas 592 a 609 del expediente principal). Por escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la legislatura de la entidad dio contestación a la demanda en la que argumentó, sustancialmente, que:

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y su reglamento, las comisiones son los órganos de trabajo legislativo, cuya función principal es el análisis y estudio de los asuntos a través de dictámenes, opiniones o resoluciones que deberán ser sometidos por la aprobación del Pleno de la asamblea legislativa.

En el asunto que nos ocupa, a las comisiones respectivas les fueron turnadas para su análisis y dictaminación las iniciativas radicadas en el expediente 7080/LXXII, cuyo dictamen era aprobatorio, por ello, las consideraciones vertidas en él eran coincidentes con dichas iniciativas.

Aprobado en comisiones, el dictamen fue presentado al Pleno del Congreso en la forma descrita por la actora, pero fue rechazado al no alcanzar la votación requerida de cuando menos veintiocho votos de los integrantes de la legislatura.

Al respecto, la Constitución establece que las leyes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, deben seguir las mismas reglas que para reformar cualquier artículo de la misma, con la excepción que podrán ser votadas en el mismo periodo en que fueron presentadas para su discusión.

En el caso, el nueve de diciembre de dos mil once, el Pleno del Congreso del Estado acordó someter a discusión la reforma a dicha ley orgánica, obteniendo una mayoría de veintidós votos a favor, por ello, fue ordenado que la discusión y el dictamen fueran publicados en el Periódico Oficial de la entidad, posteriormente, en la sesión de veinte del citado mes y año se suspendió su proceso de deliberación y resolución del dictamen, toda vez que al pase de lista no se contaba con la asistencia de más de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura requerida para su aprobación, por lo que a moción de un diputado se reservó para la próxima sesión, al día siguiente y con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y con la representación mayoritaria de los grupos parlamentarios, consideró que se daban las condiciones necesarias para que fuera sometido el dictamen a discusión, por lo que se procedió a llevar a cabo la votación, teniendo como resultado veinticuatro votos y una abstención previa excusa justificable, así, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León fue rechazada por no alcanzar la votación requerida.

SÉPTIMO. Tercero interesado. El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a quien se le reconoció tal carácter, no realizó manifestación alguna al respecto, no obstante, fue debidamente emplazado a juicio mediante oficio entregado en su residencia oficial (fojas 691 y 692 del expediente principal).

OCTAVO. Opinión (fojas 705 a 764 del expediente principal). Al formular su opinión, la procuradora general de la República manifestó, sustancialmente, que en el caso se actualizaba una causa de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo del Poder Judicial actor, toda vez que no se acreditó alguna afectación a su esfera de atribuciones, pues el acuerdo impugnado es una facultad propia y exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, pues, conforme a su naturaleza, es el único competente para crear, modificar o adicionar las normas de la entidad a través del proceso legislativo correspondiente.

No pasa inadvertido que el Poder Judicial de la entidad, cuenta con la facultad de presentar iniciativas de leyes, empero, ello no indica que pueda tener injerencia en las decisiones que adopte el Poder Legislativo al respecto.

Por otra parte, en cuanto al fondo deberán declararse infundados los argumentos esgrimidos por el poder accionante, al señalar que cuando el Congreso Local determinó desechar el referido dictamen y, en consecuencia, la iniciativa presentada por el poder actor, vulnera en su perjuicio los artículos 17, 40, 41, 49 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, toda vez que éste cuenta con la obligación de que al someter un dictamen en lo general a votación, si no alcanza la votación requerida, lo debe desechar y ordenar su archivo, tal como aconteció en el caso.

NOVENO. Cierre de instrucción (fojas 779 y 780 del expediente principal). Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se hizo relación de los autos, fueron admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y se tuvieron por presentados los alegatos correspondientes, asimismo, fue puesto el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO. Radicación en Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, se radicó el asunto en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24250-754918a8/controversia-constitucional-el-poder-judicial-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.