I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE [ARTÍCULOS 54 Y 60, FRACCIÓN I, INCISO C), AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR TRATARSE DE ACTOS INTRAPROCESALES LEGISLATIVOS CUANDO SE IMPUGNA LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN TANTO QUE ÉSTA NO FORMA PARTE DE UN PROCESO LEGISLATIVO (CONVOCATORIA PÚBLICA EMITIDA EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA PRESENTAR SOLICITUD PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, ASÍ COMO EL ACUERDO EMITIDO POR LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE EL CUAL SE ELIMINÓ UN REQUISITO PARA PODER PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA REFERIDA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE DEFINITIVIDAD DE LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN TANTO QUE SU PROPIA EMISIÓN CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO Y NO EXISTE MEDIO ALGUNO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO QUE PUEDA MODIFICARLA O EXTINGUIRLA (CONVOCATORIA PÚBLICA EMITIDA EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA PRESENTAR SOLICITUD PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, ASÍ COMO EL ACUERDO EMITIDO POR LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE EL CUAL SE ELIMINÓ UN REQUISITO PARA PODER PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA REFERIDA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER EJECUTIVO LOCAL ACTOR PARA IMPUGNAR LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN TANTO QUE AQUÉL TIENE INJERENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL FISCAL REFERIDO (CONVOCATORIA PÚBLICA EMITIDA EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA PRESENTAR SOLICITUD PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, ASÍ COMO EL ACUERDO EMITIDO POR LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE EL CUAL SE ELIMINÓ UN REQUISITO PARA PODER PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA REFERIDA). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA QUE PROCEDA LA DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN CASOS DE NOTORIA URGENCIA. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES INSUFICIENTE PARA INVALIDARLO LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL PRESIDENTE DEL CONGRESO LOCAL TURNÓ EL PROYECTO DE DICTAMEN MOTIVO DE LA CONVOCATORIA CON CARÁCTER DE URGENTE SIN LA APROBACIÓN DEL PLENO, ASÍ COMO EL HECHO DE QUE LA OPINIÓN Y EL PROYECTO REFERIDOS NO FUERON PRESENTADOS A LOS DIPUTADOS POR LO MENOS CON VEINTICUATRO HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN CORRESPONDIENTE, TODA VEZ QUE NO TRASCENDIERON DE FORMA PREPONDERANTE EN SU APROBACIÓN, AL HABERSE DADO LECTURA ÍNTEGRA AL DICTAMEN RESPECTIVO ANTE EL PLENO DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DERIVÓ EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA EMITIDA EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA PRESENTAR SOLICITUD PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN SESIÓN CELEBRADA EN DÍA INHÁBIL NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL, AL ESTAR EXCEPTUADO EL CONGRESO LOCAL DE DICHO ASUETO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO PRIMERO, PÁRRAFO TERCERO, DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS Y MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DERIVÓ EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA EMITIDA EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA PRESENTAR SOLICITUD PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL DICTAMEN DE LA CONVOCATORIA IMPUGNADA NO SE ENCUENTRA SUJETO AL TRÁMITE PREVISTO POR EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 238/2022. TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 14 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.
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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 238/2022, promovida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, contra el Congreso del Estado de Nuevo León.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el quince de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien se ostentó como Gobernador del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra del Congreso del referido Estado, en la que solicitó la invalidez de los actos siguientes:
"IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO. La Convocatoria Pública realizada por el Congreso del Estado de Nuevo León, a quienes posean título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años y que cuenten con experiencia y conocimientos en procuración o impartición de justicia en el ámbito público o privado, a presentar solicitud para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, así como todos los actos deriven (sic) de dicha convocatoria, mismo que obra en la página del Congreso del Estado en el siguiente link."
2. Antecedentes. La parte actora narra, en síntesis, los antecedentes siguientes:
a) El cinco de octubre de dos mil veintidós, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó la renuncia por jubilación del Fiscal General de Justicia del Estado.
b) El doce de octubre de dos mil veintidós, el Congreso del Estado de Nuevo León emitió convocatoria en la que señaló, entre otras cuestiones, los requisitos que debían reunir las personas interesadas en presentar solicitud para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado, la cual entraría en vigor el catorce de octubre siguiente.
c) El ocho de noviembre de dos mil veintidós, el Congreso del Estado seleccionó, de la lista de aspirantes, a los cuatro finalistas de entre los cuales se elegirá al Fiscal General.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la parte actora expuso los conceptos de invalidez siguientes:
a) Violación por un proceso legislativo viciado, que no observó los requisitos fundamentales para llevar a cabo el mismo. Al respecto el poder ejecutivo señala que la convocatoria impugnada deriva de un proceso legislativo viciado, ya que:
I. En su emisión no se le dio participación al Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, como lo establecen los artículos 159, de la Constitución local, y 35, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León; puesto que la opinión y el proyecto no fueron presentados al Pleno por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la sesión a los diputados integrantes.
II. En términos del artículo 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el día en que se sesionó la realización de la convocatoria, fue en un día inhábil; sin existir justificación o acreditamiento al respecto.
III. La convocatoria no se discutió en lo general, ni en lo particular violentando el contenido del artículo 112 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
IV. El Presidente del Congreso no tenía facultades para turnar la convocatoria con carácter de urgente sin la aprobación del Pleno.
b) Violación a lo dispuesto en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. El Ejecutivo local señala que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, sin contar con facultades para ello, eliminó los requisitos de acreditar cierta antigüedad en el ejercicio profesional y presentar una carta de antecedentes no penales, los cuales fueron aprobados por el Congreso Estatal en la convocatoria impugnada y se encuentran previstos en los artículos 158, de la Constitución local, y 36, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Violentando con ello el principio de confianza legítima que obliga a las autoridades a no variar las condiciones de sus actos, con la finalidad de proteger a los gobernados de decisiones arbitrarias e inesperadas que pudieran violentar su seguridad jurídica y causar incertidumbre jurídica.
c) La omisión del Congreso de fijar bases claras que permiten cumplir con la paridad de género. En la convocatoria impugnada no se garantizó el principio de igualdad y paridad de género, pues no se estableció un proceso que asegurara que en la terna final hubiera igual cantidad de hombres y de mujeres, lo que provocó que los cuatro finalistas fueran únicamente hombres. Lo que se evidencia con la terna votada por el Congreso para la selección de Fiscal General del Estado puesto que está integrada exclusivamente por hombres, lo cual violenta el derecho de las mujeres que participaron y que ninguna fue incluida en la lista, siendo un claro ejemplo de la violación a la paridad de género.
d) La omisión del Congreso del Estado de que la Convocatoria para seleccionar aspirantes para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, se rija bajo los principios de autonomía, tal como lo menciona el artículo 116 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, señala que no se establecieron los mecanismos necesarios para garantizar la autonomía de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues no se estableció que los aspirantes no tuvieran alguna relación con partidos políticos o afinidad con alguno de los diputados.
4. Admisión y trámite. En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el entonces presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el presente asunto; así como turnar el expediente al Ministro Luis María Aguilar Morales a fin de que instruyera el procedimiento.
5. Mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el ministro instructor admitió a trámite la presente controversia; además, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, sólo si considerara que la materia del juicio trascendiera a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera.
6. Contestación por parte del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. A través del escrito depositado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Mauro Guerra Villarreal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LXXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, en los términos siguientes:
a) Primer concepto de improcedencia. Al respecto señala que la presente controversia resulta improcedente puesto que la convocatoria impugnada fue delegada al Poder Legislativo del Estado, por el Constituyente, para realizar la designación del Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, y la convocatoria impugnada representa de manera material y formal apenas el inicio del procedimiento, por lo que no se trata de una resolución definitiva.
b) Segundo concepto de improcedencia. Sostiene que la controversia en cuestión resulta improcedente puesto que combate actos intraprocesales legislativos.
c) Tercer concepto de improcedencia. Argumenta que el poder ejecutivo del Estado carece de interés legítimo para plantear la presente controversia, puesto que no existe un principio de agravio en relación con el ámbito competencial que constitucionalmente tiene asignado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria.
d) Cuarto concepto de improcedencia. Refiere que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria, puesto que el acto resulta definitivo hasta la conclusión del procedimiento de designación o elección del Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León.
e) Exigencia del requisito de carta de no antecedentes penales. Señala que el Congreso determinó inaplicar el requisito de la carta de no antecedentes penales, puesto que resulta inconstitucional al violentar el principio de igualdad y no discriminación; al no ser un requisito constitucional o legal para asumir el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León; así como porque el Poder Ejecutivo del Estado, negó otorgar dichas constancias a las personas inscritas en el proceso.
7. Pedimento. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.
8. Audiencia. Substanciado el procedimiento, el tres de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y por formulados los alegatos.
9. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de uno de agosto de dos mil veintitrés, se admitieron las pruebas desahogadas en la audiencia referida; y se ordenó cerrar la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
10. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de presidencia de ocho de diciembre de dos mil veintitrés, esta Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
11. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General número 1/2023 del Tribunal Pleno, en virtud de que, se impugna preponderantemente un acto, consistente en una convocatoria, se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
13. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria,(1) en relación con las normas generales y actos que serán materia de la presente controversia constitucional, en el caso consiste en la convocatoria pública realizada por el Congreso del Estado de Nuevo León, a quienes posean título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años y que cuenten con experiencia y conocimientos en procuración o impartición de justicia en el ámbito público o privado, a presentar solicitud para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León.
14. Asimismo, considerando que como actos impugnados también se tuvieron "todos los actos que deriven de dicha convocatoria", y atendiendo a la causa de pedir, del análisis integral a la demanda se advierte que como acto derivado de la convocatoria se impugnó el acuerdo emitido por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, de ocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se afirma que se eliminó un requisito para poder participar en la convocatoria respectiva; de ahí que este acto también se tiene como impugnado, en el entendido de que si bien pudieran existir diversas actuaciones llevadas a cabo con motivo de la convocatoria impugnada, lo cierto es que el referido dictamen es el único acto derivado de la convocatoria respecto del cual se plantearon conceptos de invalidez en su contra.
III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
15. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia de los actos impugnados, pues además de que la autoridad demandada así lo reconoce, en el expediente obra tanto la convocatoria reclamada, del dictamen de ocho de noviembre de dos mil veintidós, validado por el Acuerdo 292, de ocho de noviembre de dos mil veintidós, aprobado por el Congreso del Estado de Nuevo León.
IV. OPORTUNIDAD
16. Conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover controversia constitucional en contra de actos u omisiones es de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actos se ostente sabedor.
17. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna, puesto que la convocatoria combatida se emitió el doce de octubre de dos mil veintidós; de ahí que el plazo referido trascurrió del trece de octubre al veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós; plazo del que se descuentan los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre; así como los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte y veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley de la materia, en relación con el 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
18. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó el quince de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, es claro que su presentación resultó oportuna.
19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
20. La demanda fue presentada por parte legítima.
21. Lo anterior, porque conforme al artículo 105, fracción I, inciso h), de la Ley Reglamentaria, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León es un ente legitimado para promover la presente controversia constitucional; por otra parte, el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
22. Al respecto, compareció al presente juicio a través del Gobernador del Estado, lo que acreditó con copia certificada de las publicaciones de cuatro de octubre de dos mil veintiuno del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de los Decretos 007 y 008.
23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
24. El Congreso del Estado de Nuevo León demandado tiene legitimación pasiva.
25. Es así, en términos del artículo 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria, por cuanto prevén que serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
26. Así, el Congreso del Estado de Nuevo León compareció a contestar la demanda a través del Presidente de la Mesa Directiva de la LXXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, quien acreditó su personalidad con el decreto 205 en el que se aprueba la integración de la directiva.
27. De esa forma, como atento a lo previsto en el artículo 54 en relación con el diverso 60, fracción I, inciso c), ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, es que se reconoce su legitimación para comparecer al presente juicio.
28. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
29. La parte demandada, mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, así como en su contestación de demanda hizo valer diversas causales de improcedencia (falta de interés, improcedencia por tratarse de actos intraprocesales legislativos y que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo).
VII.1. Actos intraprocesales legislativos
30. El Congreso demandado sostiene que la presente controversia resulta improcedente puesto que el Ejecutivo Local pretende impugnar actos intermedios que forman parte de un proceso legislativo.
31. Al respecto, ha de señalarse que la causa de improcedencia planteada es infundada puesto que, tal como se vio en el apartado II de la presente resolución, el acto que en esta vía se impugna es la emisión de la convocatoria para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, la cual, a juicio de este Alto Tribunal, no forma parte de un proceso legislativo; y si bien resulta cierto que, a partir de ésta se desarrolla un procedimiento para la selección del servidor público, éste procedimiento no debe entenderse como un proceso legislativo; pues ello traduciría a que todo actuar por parte de un congreso debiera entenderse en ese sentido.
32. Se afirma que ese razonamiento resultaría en una interpretación desacertada, pues como proceso legislativo debe entenderse el procedimiento previsto en los artículos 71 y 72 constitucional, así como cualquier acto que se encuentre sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento que le da origen y con el que conforma una unidad indisoluble, de tal forma que su impugnación sólo pueda hacerse a partir de su promulgación y publicación; sin que en el caso la convocatoria reclamada cuente con tales particularidades para poder ser considerado parte de un proceso legislativo.
VII.2. Acto no definitivo
33. Al contestar la demanda, el Congreso del Estado de Nuevo León sostiene que el acto reclamado en la presente controversia constitucional resulta improcedente puesto que se busca combatir un acto que no goza del carácter de definitivo, en razón de que la convocatoria impugnada fue delegada al Poder Legislativo del Estado, por el Constituyente, para realizar la designación del Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, y la convocatoria impugnada representa de manera material y formal apenas el inicio del procedimiento.
34. Al respecto, este Tribunal Pleno considera que, la causa de improcedencia planteada es infundada, dado que la propia emisión de la convocatoria reclamada ya constituye, en sí, un acto definitivo, puesto que no existe medio alguno –dentro del procedimiento que alega forma parte, el Congreso demandado–, que pudiera modificarla o extinguirla; sin que obste a lo anterior el hecho de que a partir de ésta se puede iniciar el procedimiento de selección.
VII.3. Falta de interés
35. Finalmente, la autoridad legislativa demandada refiere que la convocatoria reclamada en la controversia constitucional deviene improcedente puesto que el Poder Ejecutivo del Estado, carece de interés legítimo para plantear la presente controversia, puesto que no existe un principio de agravio en relación con el ámbito competencial que constitucionalmente tiene asignado.
36. En cuanto a la causal invocada, de igual manera se estima infundada, debido a que el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, tiene injerencia en el proceso de selección del Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 159, fracción IV, de la constitución local, vigente al momento de la presentación de la demanda, así como con lo dispuesto en el diverso 35, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León;(2) numerales de los cuales se desprende la intervención del titular del poder ejecutivo local en la designación del Fiscal General del estado. 37. Al no advertir este Alto Tribunal, de oficio, la actualización de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento diversa a las ya analizadas, lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto.
38. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
39. Una vez analizadas las causas de improcedencia planteada por la parte demandada, se procede al estudio de fondo del asunto.
VIII.1. Análisis de la Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León
Violaciones en el procedimiento legislativo
40. Por cuestión de técnica, inicialmente se analizarán los planteamientos relacionados con violaciones en el procedimiento de aprobación de la convocatoria.
41. Bajo esa lógica, y en atención a la estrecha relación de las alegaciones realizadas, se analizarán de forma conjunta los argumentos consistentes en que la opinión y el proyecto no fueron presentados al Pleno por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la sesión a los diputados integrantes, así como el diverso en el que se alega que el Presidente del Congreso turnó la convocatoria con carácter de urgente, sin mediar la aprobación del Pleno, sin encontrarse facultado para ello.
42. Al respecto, resulta necesario traer a colación lo expuesto en los artículos 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que dispone:
"Artículo 48. Ningún proyecto de dictamen podrá ser discutido si no fue circulado a los integrantes de la Comisión respectiva con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de la sesión de trabajo en que se vaya a discutir el asunto, exceptuando aquellos que sean tunados por el Pleno con el carácter de urgentes, en cuyo caso, deberá darse lectura íntegra al proyecto del dictamen.
"Cuando una Comisión considere que un asunto que le ha sido turnado no es de su competencia, deberá solicitar al Presidente del Congreso el turno a otra Comisión, explicando los fundamentos de dicha solicitud. Asimismo cuando la Comisión considere que un asunto es de su competencia, deberá solicitar al Presidente del Congreso el returno respectivo, explicando los fundamentos de dicha solicitud."
"Artículo 49. Para que el dictamen de cualquiera de las Comisiones pueda ser sometido a la Asamblea deberá presentarse suscrito por la mayoría de los Diputados que integren la comisión correspondiente y ser entregado con una anticipación de veinticuatro horas a los Diputados, salvo los casos en que el asunto haya sido recibido con el carácter de urgente, por acuerdo del Pleno, a solicitud del orador o de algún otro Diputado, o por un Acuerdo Legislativo. Si algún Diputado disintiera del criterio sustentado, podrá formular su voto particular, que dará a conocer por su lectura íntegra en la misma sesión, inmediatamente después de que sea leído el dictamen de que se trate.
"La entrega de dictámenes se hará en archivo electrónico a través del sistema interno de transmisión y comunicación de información del Congreso denominado intranet, debiendo quedar constancia de su recepción, a cuyo efecto, la Oficialía mayor recabará los recibos que confirmen que el archivo electrónico de que se trate ha quedado a disposición de los interesados."
43. En lo que interesa, de la cita realizada se puede interpretar que existe la obligación de circular los proyectos de dictamen a los integrantes de la comisión respectiva por lo menos con cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la sesión correspondiente; mientras que para que el dictamen de la comisión pueda ser sometido a la Asamblea deberá ser entregado con una anticipación de veinticuatro horas a los diputados; sin embargo, ambos escenarios contemplan como excepción a dichos términos el supuesto consistente en que el respectivo proyecto sea turnado con el carácter de urgente (facultad que resulta exclusiva del Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León), siempre y cuando se dé lectura íntegra al proyecto del dictamen.
44. Ahora, en el presente caso no se advierte que el dictamen motivo de la convocatoria reclamada hubiera sido circulado atendiendo a los términos señalados; sin embargo, lo cierto es que de la lectura del Diario de los Debates del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, de doce de octubre de dos mil veintidós, se observa que previo a discutirse se procedió con su lectura íntegra.
45. No se soslaya el hecho de que fue el propio presidente del congreso local quien determinó turnar con carácter de urgente el asunto, sin mediar votación del Pleno para determinarlo en ese sentido, tal como se desprende del citado diario de debates, que a la letra reza lo siguiente:
"C. PRESIDENTE: ‘Así se hará. De enterado y de conformidad con lo establecido en los artículos 24 fracción III y 39 fracción XXII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se turna con carácter de urgente a la comisión anticorrupción’."
46. Bajo ese contexto, no se soslaya que en términos de los artículos 24, fracción III y 39, fracción XXII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso,(3) numeral que se señaló al momento de turnar el asunto, se le faculta exclusivamente para dar curso legal a los asuntos competencia del Congreso, turnándolos a las comisiones correspondientes; sin embargo, tal dispositivo no faculta a su presidente para hacerlo en calidad de urgente.
47. No obstante ello, tal circunstancia resulta ineficaz para declarar la invalidez de la convocatoria impugnada, puesto que dicha situación únicamente repercute en la circulación que se efectuó respecto del engrose (términos establecidos en los artículos 48 y 49 del Reglamento aludido); lo cual, a juicio de esta Segunda Sala, quedó subsanado al leerse ante el pleno del congreso local la integridad del dictamen; lo que refleja que no impidió que las personas legisladoras conocieran de su contenido. Tan es así, que durante la discusión del asunto y al someterse a votación, no se hizo valer ilegalidad alguna respecto del proceso o términos de publicidad del dictamen.
48. De ahí que se estimen infundados los argumentos hechos valer respecto de que el Presidente del Congreso carece de facultades para motu proprio turnar con la calidad de urgente los asuntos competencia del Congreso, sin la previa votación del Pleno, así como que la opinión y el proyecto no fueron presentados al Pleno por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la sesión a los diputados integrantes; lo anterior, ya que, en el caso en particular, tal situación no trascendió de forma preponderante, pues conforme a la tramitología dada, se dio lectura íntegra del dictamen ante el Pleno del Congreso local, situación que permitió a la legislatura local imponerse del dictamen a sesionar.
49. Por otra parte, de igual forma resulta infundado el planteamiento en la que el Gobernador del Estado de Nuevo León sostiene que en términos del artículo 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el día en que se sesionó la realización de la convocatoria, fue en un día inhábil, sin existir justificación o acreditamiento al respecto.
50. Lo anterior es así ya que dicho día inhábil no operó respecto del Congreso de dicha entidad federativa, en términos del artículo primero, párrafo tercero del "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022 Y MES DE ENERO DE 2023."(4)
51. Ello, en atención a que, si bien dicho acuerdo refiere que el miércoles doce de octubre del año dos mil veintidós fue declarado inhábil, no debe soslayarse que tal disposición exceptuó a aquellas dependencias o entidades que legalmente o por la naturaleza de sus servicios deban trabajar durante los días declarados como inhábiles en el acuerdo de referencia.
52. Así, el propio artículo 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso,(5) establece que las sesiones ordinarias se celebrarán los días lunes, martes y miércoles de cada semana, en los periodos establecidos en el artículo 55 de la constitución local, reformado el uno de octubre de dos mil veintidós, resultando el diverso 76.(6)
53. Así, se advierte que el congreso local se encuentra exceptuado de dicho asueto en atención a que legalmente se encuentra obligado a laborar dicho día. De ahí lo infundado del argumento.
54. Por otra parte, se considera infundado el argumento en el que se señala que la convocatoria no se discutió en lo general ni en lo particular, violentando el contenido del artículo 112 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
55. Se establece lo anterior pues el ejecutivo local parte de la errónea premisa, consistente en que se debía discutir en términos del artículo 112 del referido reglamento la convocatoria publicada; sin embargo, ésta no se encontraba sujeta a dicho trámite debido a que no se trataba de una iniciativa de ley.
56. A fin de corroborar lo anterior, resulta conveniente citar dicha disposición, que a la letra reza lo siguiente:
"Artículo 112. Todo dictamen relativo a una iniciativa de Ley se conocerá por la Asamblea; acto seguido, el Presidente preguntará si existen reservas en lo particular por parte de los Diputados, las cuales únicamente serán enunciadas por el número de artículo. Las reservas en lo particular serán anotadas por el Primer Secretario.
"Posteriormente se discutirá el dictamen en lo general y se someterá a votac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32415-94fb1d6b/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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