SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL ACUERDO DEL CONGRESO LOCAL DE PUBLICAR LA CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO DE AUDITOR GENERAL, PORQUE SE AFECTARÍAN EL ORDEN PÚBLICO Y EL INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Acorde con los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el orden público implica que las normas de interés general, público y de obediencia condicional no sean anuladas o modificadas con base en el interés de las partes, pues se consideran base configurativa del ordenamiento jurídico en su conjunto, por lo cual, no pueden ser anuladas por el interés particular que accione, por su sola voluntad, en pro de su solo beneficio. Ahora, conforme a los artículos 63, fracción XIII, 136 a 140 de la Constitución Política; 1, 78, 79, 80, 82, 83 y 84 de la Ley de Fiscalización Superior, así como 8 y 9 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, todos del Estado de Nuevo León, la Auditoría Superior de la entidad es el órgano auxiliar de la Legislatura, facultado para la fiscalización de las cuentas públicas del Estado, la cual se encuentra a cargo de un auditor general, quien es electo mediante convocatoria pública emitida por el propio órgano legislativo. Bajo tales circunstancias y en términos del artículo 128, fracción II, de la ley primeramente citada, es improcedente conceder la suspensión en el amparo indirecto contra el acuerdo del Congreso Local de publicar la convocatoria para ocupar el puesto referido, pues de hacerlo se afectaría el orden público emanado de las propias disposiciones legales que obligan al Poder Legislativo a seleccionar, mediante convocatoria pública, al candidato idóneo para ocupar el cargo, además de que el interés de los aspirantes únicamente se advierte como una expectativa laboral, que no pesa más que el interés colectivo en que las instituciones del gobierno funcionen en óptimas condiciones, es decir, bajo una debida integración de sus miembros, como lo es el auditor general para ejercer sus facultades regladas de fiscalización, que sea electo conforme a los principios democráticos previstos para ello.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.