I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN UN CONTEXTO EQUIVALENTE A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, ESTADO DE AGUASCALIENTES, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL JUICIO DE NULIDAD 1588/2020 EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; ASÍ COMO LA OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE ESTABLECER EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL RECURSOS CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 219/2021. MUNICIPIO DE CALVILLO, ESTADO DE AGUASCALIENTES. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 219/2021, promovida por Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, en contra el Congreso y la Sala Administrativa del Poder Judicial, ambos de dicha entidad federativa, en la que impugna la omisión del Congreso de la Entidad para establecer recursos contra las sentencias dictadas por la Sala Administrativa del Poder Judicial local, así como la invalidez de la sentencia dictada por la Sala Administrativa en el juicio de nulidad 1588/2020.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el uno de diciembre de dos mil veintiuno y recibido el trece siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María de Jesús Ortiz Medina, en su carácter de Síndica Municipal (propietaria) del Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, promovió controversia constitucional contra el Congreso de dicha entidad federativa, demandando la invalidez de lo siguiente:
“V.- OMISIÓN Y ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA. Se demanda en primer término la invalidez de la OMISIÓN del Congreso del Estado de Aguascalientes en cuanto a legislar estableciendo recursos contra las sentencias de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado dictadas en los juicios administrativos en materia local del Estado, juicios correspondientes al procedimiento regulado por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, actualmente en vigor, así como del PRIMER ACTO por el cual se actualiza el perjuicio de dicha omisión reclamada, acto que es la sentencia definitiva de fecha 17 de septiembre de 2021 dictada en el juicio de nulidad 1588/2020, notificada personalmente por oficio a mi representado el 15 de octubre de 2021.”
2. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Municipio actor expuso lo siguiente:
“Único. En términos de lo dispuesto por el numeral 116, segundo párrafo, fracción V, de la Constitución Federal, los Estados pueden establecer Tribunales de lo Administrativo, creando así un sistema de justicia administrativa a través de los procedimientos que se regulen, pero, es de destacarse, que la norma constitucional imperativamente establece que la regulación respectiva de los procedimientos de justicia administrativa ante los tribunales administrativos, establecerá los recursos que puedan hacerse valer contra sus resoluciones.
En el presente caso, de la legislación administrativa de Aguascalientes, no obstante existir un órgano de impartición de justicia administrativa (Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado) y de existir un procedimiento del juicio de nulidad ante la misma, no se establece, como parte del sistema jurídico de justicia administrativa, la previsión o previsiones relativas a recursos contra las sentencias que se emitan como resultado del juicio seguido ante el propio órgano de justicia.
Basta una simple lectura de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes para percatarnos de que desde su emisión original y en toda su existencia, a través de sus sucesivas y diversas reformas y hasta el presente, no contiene previsión alguna que establezca un recurso contra sentencias dictadas en el juicio. Esto configura una omisión e incumplimiento al mandato constitucional y afecta a las partes, en este caso a mi representado, ya que, ante una sentencia o sentencias dictadas en su contra, se encuentra imposibilitado para controvertir o combatir el contenido del fallo o fallos o de las normas que le fueran aplicadas en su perjuicio o con afectación desfavorable a su interés jurídico.
Por lo anterior, es claro que en el sistema de justicia administrativa del Estado de Aguascalientes, aplicable a los actos de la administración pública municipal, es decir, a los actos administrativos de mi representado, se violan en perjuicio de mi propio representado los dispositivos constitucionales invocados en este líbelo, ello al configurarse la omisión que ahora se controvierte y cuya invalidez se demanda, por lo que esta controversia deberá resolverse mediante sentencia en que se declaren fundados estos argumentos jurídicos, ello para el efecto de que se invalide el acto dictado bajo el sistema que deja en estado de indefensión al Municipio hoy actor y para que se subsane la omisión materia de esta demanda.”
3. Registro del expediente y turno del asunto. Por acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional bajo el número 219/2021 y designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
4. Admisión. Mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda del presente asunto; tuvo como demandados al Poder Legislativo, así como a la Sala Administrativa del Poder Judicial, ambos del Estado de Aguascalientes; a quienes ordenó emplazar para que presentaran su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles, y los requirió, al primero de ellos, copias certificadas de todas las documentales relacionadas con la omisión impugnada, y al segundo, copia certificada de todo lo actuado en el expediente del juicio contencioso administrativo 1588/2020 de su índice; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
5. Contestación del Congreso del Estado de Aguascalientes. Por escrito depositado a través del buzón judicial el tres de febrero de dos mil veintidós y recibido en la misma fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Ana Laura Gómez Calzada, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente y Representante Legal del Congreso del Estado Aguascalientes, formuló contestación a la demanda, donde, en lo medular, manifestó:
En cuanto al proceso legislativo de creación de la ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes, así como sus posteriores reformas, dichas acciones efectivamente son propias de mi representado, el H. Congreso del Estado de Aguascalientes; sin embargo, se niega la afirmación realizada en cuanto a que no se estableció previsión alguna, como parte del procedimiento del juicio contencioso administrativo, reguladora del recurso contra sentencias del juicio, ya que tal como se desprende de lo establecido en el Capítulo XIII denominado ‘De los Recursos’, Sección Primera ‘De la Aclaración de Sentencia’ al cual corresponde el artículo 70 de la Ley en cuestión, se establece: ‘El recurso de aclaración de sentencia tendrá por objeto esclarecer algún concepto o suplir cualquier omisión que contenga la sentencia sobre puntos discutidos en el litigio. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio, dentro del día hábil siguiente al de la publicación de la sentencia, o instancia de parte, que deberá solicitarse al día siguiente al día de la notificación. En este último caso, el Magistrado instructor resolverá lo que estime procedente dentro de los cinco días siguientes al de la presentación del escrito en el que se solicite la aclaración.’
De lo anterior se evidencia que no existe omisión legislativa por parte de mi representado, Congreso del Estado de Aguascalientes, en virtud de que, en criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que hay omisión legislativa cuando existe un mandato constitucional que establece de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente, lo que en el caso no ha ocurrido.
En cuanto lo señalado por la actora que: “En ningún momento, a partir de la publicación de la reforma a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, reforma al artículo 10, fracción II, que contempla la posibilidad de impugnación de omisiones, vía controversia constitucional, reforma publicada el 7 de junio de 2021, el Municipio que represento ha sido afectado por sentencia alguna de la Sala Administrativa, dictada en el juicio contencioso administrativo, sino hasta la emisión de la ahora controvertida como consecuencia de la omisión principal reclamada, sentenciada notificada el 15 de octubre de 2021.”, al respecto, el presente hecho ni se afirma ni se niega por no ser hecho propio de mi representado.
En torno a lo que argumenta el actor, al señalar que: “Por virtud de la omisión legislativa que controvierto, mi representada no tiene posibilidad legal alguna de combatir las sentencias que se dicten en su contra en el procedimiento contencioso administrativo local, no obstante el mandato constitucional previsto en el artículo 116, segundo párrafo, fracción V, de la Constitución Federal”, al respecto, mi representado, el Congreso del Estado de Aguascalientes, no se ubica en el supuesto de haber cometido una omisión legislativa, tal como lo pretende hacer valer el actor, ya que como señalo en líneas anteriores, el artículo 70 de la Ley impugnada, establece el recurso de aclaración de sentencia.
Esto es, la legislación de la materia, en efecto, establece un recurso contra la resolución emitida por la Sala Administrativa, sin que el actor de la presente acredita haber hecho uso de este medio de defensa en contra de la resolución administrativa emitida por la Sala Administrativa del Poder Judicial local, de la que se duele.
6. Contestación de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Por escrito recibido el uno de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) Enrique Franco Muñoz, en su carácter de Magistrado Presidente de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado Aguascalientes, dio contestación a la demanda, en la que manifestó:
“Es cierto el acto reclamado, ya que el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, esta Sala Administrativa dictó sentencia definitiva dentro del expediente 1588/2020, causando ejecutoria el veinticinco de octubre siguiente, por haber concluido el término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin haber sido impugnada por la parte actora y respecto de las autoridades demandadas, al no admitir ningún medio de impugnación; por lo que, se formuló requerimiento a las autoridades demandadas para que dieran cumplimiento a la sentencia, sin que hubiesen cumplido con el mismo.”
7. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Los citados funcionarios no formularon manifestación o pedimento alguno.
8. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el veintinueve de abril de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo constar que las partes no comparecieron ni formularon alegatos, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas aportadas al expediente y, finalmente, por acuerdo de la misma fecha, se puso el expediente en estado de resolución.
9. Ahora, en sesión de Pleno de este Alto Tribunal de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se presentó el proyecto de resolución y una vez analizado el asunto se determinó por una mayoría de nueve votos desechar la propuesta y se ordenó el returno entre los Ministros que conformaron la mayoría.
10. Returno. Mediante proveído dictado por la Ministra Presidente de este Alto Tribunal el catorce de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó el returnó del presente asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.
11. Avocamiento. En atención al dictamen formulado por el Ministro ponente a la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal, en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés se ordenó el envío del presente asunto para su radicación y resolución a la Primera Sala de este Alto Tribunal. Consecuentemente, el Presidente de la Primera Sala, por acuerdo de treinta de enero de dos mil veinticuatro, se determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó remitir los autos al Ministro Ponente.
12. PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i),(3) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 1/2023, al tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido del fallo.
13. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 41, fracción I,(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, es necesario fijar de manera precisa los actos cuya invalidez demanda el municipio actor y verificar su certeza, de conformidad con el criterio que se refleja en la jurisprudencia P./J. 98/2009(6) de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA”.
14. De acuerdo con la citada jurisprudencia, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, esta Suprema Corte debe armonizar los datos de la demanda con la totalidad de la información que se desprenda de las constancias de autos, de manera que se advierta la intención del promovente y se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.
15. En ese sentido, de la revisión integral del escrito de demanda y de las constancias que obran en el expediente, se observa que el Municipio actor impugna la omisión del Congreso del Estado de Aguascalientes de establecer en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo local recursos contra las sentencias dictadas por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, atendiendo a lo establecido en el artículo 116, segundo párrafo, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello con motivo de la sentencia definitiva de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la referida Sala Administrativa en el juicio de nulidad 1588/2020, notificada personalmente al Municipio actor el quince de octubre de dos mil veintiuno, como acto que desvela la referida la omisión legislativa bajo la afectación de su competencia, por la imposibilidad de defender sus determinaciones ante una instancia ulterior.
16. TERCERO. OPORTUNIDAD. A continuación, se procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente.
17. Como se mencionó, en el caso, el actor impugna la omisión del Congreso de Aguascalientes de prever, en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo local, recursos contra las sentencias dictadas por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado en juicios administrativos, a la luz de lo establecido en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, por cuanto establece que las leyes de las entidades federativas, al instituir Tribunales de Justicia Administrativa, deberán establecer recursos contra sus resoluciones.
18. Al respecto, debe destacarse que ha sido criterio de este Alto Tribunal, que, tratándose de actos de carácter omisivo, el plazo para inconformarse es indefinido en tanto prevalezca la inactividad cuestionada, acorde con la jurisprudencia P./J. 43/2003,(7) de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.”.
19. No obstante, el artículo 21, fracción I,(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, determina que “Tratándose de actos u omisiones, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.”
20. Atento a ello, en el caso, el Municipio accionante aduce que tuvo conocimiento de la omisión legislativa que impugna el quince de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que le fue notificada la sentencia de diecisiete de septiembre de ese año, dictada por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, en el juicio de nulidad 1588/2020, lo que se acredita con la copia certificada del oficio 18502/2021, donde consta el acuse de recibo de la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Calvillo, Aguascalientes.(9)
21. En este sentido, el plazo para promover la demanda transcurrió del lunes dieciocho de octubre al miércoles uno de diciembre de dos mil veintiuno, descontándose los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre; seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre, por corresponder a sábados y domingos; así como el lunes uno, martes dos y lunes quince de noviembre, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 2o. de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales, 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo y el punto Primero, incisos c) y n) del Acuerdo General 18/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso de su personal, de diecinueve de noviembre de dos mil trece.
22. Por tanto, si la demanda de la controversia fue depositada en la oficina de correos de la localidad el uno de diciembre de dos mil veintiuno,(10) es de concluirse que su presentación resulta oportuna, en términos de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Reglamentaria que rige a la materia,(11) de acuerdo al cual, cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo.
23. Es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 17/2002,(12) de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).”.
24. CUARTO. LEGITIMACIÓN. El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(13) prevé que este Tribunal Constitucional es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, en relación con la constitucionalidad de normas generales, actos u omisiones y por su parte el artículo 10, fracción II y 11, párrafo primero, del Ley Reglamentaria establece que, tendrán el carácter de demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado e acto o incurrido en la omisión objeto de la controversia. 25. El análisis de lo anterior se subsume en las consideraciones que se abordan en el apartado siguiente.
26. QUINTO. IMPROCEDENCIA. En la presente controversia constitucional no se hicieron valer causas de improcedencia, no obstante, en términos del último párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, éstas se deben valorar, en todo caso, de manera oficiosa.
27. Así, en el caso, esta Primera Sala advierte que se actualiza la improcedencia que da lugar al sobreseimiento en la controversia, en términos del artículo 20, fracción II del ordenamiento antes invocado.
28. En efecto, conforme al citado numeral 19 de la Ley Reglamentaria, las controversias constitucionales son improcedentes, entre otras, por las siguientes razones:
IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.
Improcedencia derivada de la Ley.
29. De conformidad con la fracción I del transcrito 105 constitucional, las controversias constitucionales son procedentes por conflictos que se susciten entre los diferentes niveles de gobierno a que se refiere el indicado precepto, con motivo de actos o disposiciones generales, pudiendo ser la parte actora o demandada la entidad, poder u órgano que los emita, entendido como tal la autoridad que representa al respectivo nivel de gobierno.
30. Así, la materia de la litis en una controversia constitucional se refiere, en principio, a la salvaguarda de la división de poderes, como lo ha establecido este Alto Tribunal en la siguiente tesis(14) P.J.71/2000 que a la letra establece:
?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos medios de control de la constitucionalidad, también lo es que cada una tiene características particulares que las diferencian entre sí; a saber: a) en la controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental; b) la controversia constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal a diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma; c) tratándose de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma; d) respecto de la controversia constitucional, se realiza todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento; e) en cuanto a las normas generales, en la controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas; f) por lo que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos, mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede por lo que respecta a normas generales; y, g) los efectos de la sentencia dictada en la controversia constitucional tratándose de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros. En consecuencia, tales diferencias determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios sea distinta?.
31. Como se mencionó en el apartado correspondiente a los precedentes, por escrito recibido el trece de diciembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María de Jesús Ortiz Medina, en su carácter de Síndica Municipal (propietaria) del Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, promovió controversia constitucional contra el Congreso de dicha entidad federativa, demandando la invalidez de lo siguiente:
“V.- OMISIÓN Y ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA. Se demanda en primer término la invalidez de la OMISIÓN del Congreso del Estado de Aguascalientes en cuanto a legislar estableciendo recursos contra las sentencias de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado dictadas en los juicios administrativos en materia local del Estado, juicios correspondientes al procedimiento regulado por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, actualmente en vigor, así como del PRIMER ACTO por el cual se actualiza el perjuicio de dicha omisión reclamada, acto que es la sentencia definitiva de fecha 17 de septiembre de 2021 dictada en el juicio de nulidad 1588/2020, notificada personalmente por oficio a mi representado el 15 de octubre de 2021.”
32. Al resolverse la controversia constitucional 117/2014, esta Primera Sala estableció que para acreditar la afectación suficiente para lograr la procedencia del juicio “es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución General, como las garantías institucionales establecidas en su favor, o bien, de otro tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales.”(15)
33. Sin embargo, a pesar de la amplia concepción del principio de afectación, debe precisarse que dicha amplitud siempre se ha entendido en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales de los órganos primarios del Estado.
34. Este criterio ha dado lugar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación haya reconocido la existencia de dos hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional: a) cuando exclusivamente las partes aleguen violaciones a cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales(16) y/o b) cuando aleguen exclusivamente violaciones de estricta legalidad.(17) En cualquier de ambos casos, se ha concluido, que únicamente bajo esos parámetros de control, no es dable analizar la regularidad de las normas o actos impugnados.
35. Cabe precisar que el Pleno ha determinado que ambos supuestos de improcedencia —casos que involucran el análisis de violaciones a normas constitucionales sustantivas y meras violaciones de legalidad— deben considerarse hipótesis de estricta aplicación, pues en caso de que entremezclados se encuentre alegatos de violaciones asociados a las órbitas competenciales de las partes en contienda, entonces, por mínimo que sea el principio de afectación, el juicio debe ser procedente y estudiarse en su integridad la cuestión efectivamente planteada, aunque ello implique el estudio de violaciones sustantivas a la Constitución o de estricta legalidad.
36. Ahora bien, cuando estos precedentes se traen a colación a los litigios entablados con órganos autónomos, el criterio de esta Suprema Corte ha sido que no todos sus actos son impugnables en la controversia constitucional y ha detectado una categoría específica de ellos que gozan de una presunción de inimpugnabilidad en esta vía: las resoluciones individualizadas emitidas en contextos equivalente a procedimientos seguidos en forma de juicio cuando se combaten en sus méritos.
37. Como lo ha precisado esta Suprema Corte, esta regla general admite una excepción importante: sería impugnable en la controversia constitucional una resolución jurisdiccional o administrativa de un órgano demandado cuando incluya una determinación que afecta el ámbito de competencias del ente actor.
38. Esta regla con su excepción se encuentra contenida en la jurisprudencia 16/2008 de este Pleno, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.”
39. La resolución recurrida en el presente caso, no es susceptible de impugnación a través de una controversia constitucional, pues como ya se dijo, la finalidad de este procedimiento constitucional tiende a preservar, esencialmente, la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno con estricto apego a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la resolución combatida no constituye en sí misma una invasión de facultades o competencias de un n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200968-6542bdd0/i-controversia-constitucional-su-tutela-juridica-es-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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