Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO, AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN, O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN NOMBRE DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 33, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CUENTA CON FACULTADES PARA REPRESENTAR AL EJECUTIVO LOCAL Y AL SECRETARIO DE GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD (ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN VII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, Y TERCERO DEL ACUERDO DELEGATORIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE SE OTORGA AL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA CUAL ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 100, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA NORMA IMPUGNADA EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (ARTÍCULO 51 BIS, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE COMPETENCIA DEL ÓRGANO LEGISLATIVO QUE EMITIÓ LA NORMA GENERAL IMPUGNADA ES UN ASPECTO DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO QUE PUEDE HACER INNECESARIO EXAMINAR LA CONCRETA VIOLACIÓN ALEGADA AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE ALEGA EL ACTOR. IX. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. BASES CONSTITUCIONALES QUE LO RIGEN. X. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. RÉGIMEN TRANSITORIO PARA SU IMPLEMENTACIÓN. XI. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLECER LA CONCURRENCIA EN LA MATERIA DEL GOBIERNO FEDERAL, DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DE LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE LA LEY GENERAL QUE ESTABLEZCA LAS BASES DE COORDINACIÓN DE AQUEL SISTEMA, ASÍ COMO PARA CONFORMAR LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTES DEBEN SER EQUIVALENTES A LAS OTORGADAS A AQUÉL POR LA LEY GENERAL EN LA MATERIA. XIII. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBEN AJUSTAR LAS NORMAS QUE EMITAN AL RESPECTO A LAS BASES CONSTITUCIONALES EN LA MATERIA PARA SU COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. XIV. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EL CONGRESO LOCAL TIENE FACULTADES PARA LEGISLAR EN ESE TEMA, AL TRATARSE DE UNA MATERIA CONCURRENTE NO EXCLUSIVA DEL ÁMBITO MUNICIPAL (DECRETO NÚMERO 100, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EL CONGRESO LOCAL CUMPLIÓ CON EL REQUISITO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL DE DAR VISTA AL MUNICIPIO ACTOR, AL EXISTIR CONSTANCIAS QUE LO ACREDITAN (DECRETO NÚMERO 100, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XVI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CONSISTE EN QUE TODA PERSONA DEBE RECIBIR EL MISMO TRATO Y GOZAR DE LOS MISMOS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE OTRA U OTRAS PERSONAS, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN EN UNA SITUACIÓN SIMILAR QUE SEA JURÍDICAMENTE RELEVANTE. XVII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EXIGE TRATAR IGUAL A LOS IGUALES Y DESIGUAL A LOS DESIGUALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI BIEN, EN OCASIONES HACER DISTINCIONES ESTARÁ CONSTITUCIONALMENTE PROHIBIDO, EN OTRAS NO SÓLO ESTARÁ PERMITIDO,

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2022. · Registro digital (IUS): 32668
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-23
Promovente: MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.115.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2022. MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES. 30 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado:

Artículos 51 Bis, fracciones II, III, IV y V, adicionado a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, así como Segundo Transitorio, contenidos en el Decreto número 100, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día treinta de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 84/2022, promovida por el Municipio de Jesús María del Estado de Aguascalientes en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la Secretaría General de Gobierno, todos de la citada entidad federativa, demandando la invalidez de diversos preceptos contenidos en el Decreto número 100, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

Los problemas jurídicos a resolver consisten en determinar si: 1. ¿Debe sobreseerse respecto de las fracciones IV y V del artículo 51 Bis, así como del Segundo Transitorio, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes? 2. ¿El Congreso local, en la emisión del Decreto impugnado, dio la intervención debida al Municipio actor de conformidad con el artículo 31 de la Constitución del Estado? 3. ¿El requisito relativo a contar con título de licenciatura en derecho o contaduría pública para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control resulta razonable a la luz del derecho a la igualdad y no discriminación? 4. ¿El requisito relativo a no haber sido candidato a algún puesto de elección popular dentro de los cinco años anteriores a su nombramiento, para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control, resulta sobreinclusivo?

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda de controversia. Por escrito recibido el trece de mayo de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) José Antonio Arámbula López, en su carácter de Presidente Municipal de Jesús María, Estado de Aguascalientes, promovió controversia constitucional contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de la Secretaría General de Gobierno, todos de la citada entidad federativa, en la que impugnó lo siguiente:

"IV. La norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado: Se demanda la declaración de invalidez de la adición del artículo 51 Bis, fracciones II, III, IV, V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, y el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día veintiocho de marzo del año dos mil veintidós, en su primera sección, Decreto Número 100 (...)".

2. Conceptos de invalidez de la demanda inicial. En su escrito inicial de demanda, la parte actora hace valer, en síntesis, lo siguiente:

• PRIMERO. Violación al principio de supremacía constitucional. El artículo 51 Bis en sus fracciones II, III, IV, V y el segundo transitorio de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, publicados el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, resulta violatorio del principio de supremacía constitucional, al no haberse remitido la iniciativa de reforma o adición de dicho cuerpo normativo, al Municipio actor para oír y tomar en cuenta su opinión, tal y como se obliga en el artículo 31 de la Constitución Política local.

En ese sentido, aduce que la reforma incide y afecta su esfera jurídica, al invadir la competencia del Municipio, por establecer indebidamente requisitos que deberá cumplir la persona que ocupe el cargo de Titular del Órgano Interno de Control, por lo que resulta violatoria de la autonomía municipal y contraria a lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Federal, así como el 68 de la Constitución Política local.

En efecto, las leyes en materia municipal expedidas por la legislatura local deberán constreñirse a las materias contempladas en el artículo 115, fracción II, párrafo tercero, incisos a), b), c), d) y e), constitucional, lo que implica un límite a las facultades de los Congresos locales en la regulación en el ámbito municipal, por lo que, además, la norma impugnada violenta los principios de división de poderes, independencia y autonomía municipal, al definir unilateralmente los requisitos que debe cubrir el titular del cargo referido.

• SEGUNDO. Violación a derechos humanos, por discriminación, inequidad y al establecer penas inusitadas y trascendentales. El artículo 51 Bis, en sus fracciones II, III, IV, V y el artículo Segundo Transitorio de la Ley impugnada, resultan violatorios de derechos humanos, en principio, por establecer que la persona que ocupe la titularidad del cargo sea únicamente con la profesión de licenciado en derecho o contaduría pública, discriminando a cualquier otro profesionista que cuente con la experiencia necesaria; además de imponer el requisito de no haber sido candidato a algún puesto de elección popular, en un plazo de cinco años anteriores a su nombramiento, lo que excede a otros puestos similares que el propio Congreso Local legisló en otros cuerpos normativos, por ejemplo, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

En ese sentido, precisa que todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos en la Constitución Federal, tratados internacionales y leyes; quedando prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos, por lo que, al no solicitarse ni oír la opinión del Municipio, se emitió un decreto violatorio de derechos humanos.

Existe inequidad al establecer el requisito de no haber sido condenado por delito intencional para el cargo analizado, por la desigualdad existente con dicho requisito previsto para cargos análogos en otros cuerpos normativos de la entidad federativa; lo que resulta en violación al principio de igualdad jurídica, entendido como el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho.

Por otra parte, considera que las fracciones IV y V, del artículo 51 Bis de la legislación impugnada, resultan violatorias de lo establecido en el artículo 22 constitucional, en cuanto establece penas inusitadas y trascendentales, porque los requisitos relativos a no haber sido condenado por delito intencional y no haber sido inhabilitado para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública, no especifican si una vez cumplida la condena en su caso, por delito, o bien el término de la sanción administrativa, pueden tener acceso a la titularidad del cargo relativo.

3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos que el actor estima violados son los artículos 1, 5, 16, 22, 115, fracciones I, II, VIII, segundo párrafo, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Radicación y turno. Por acuerdo de Presidencia de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el número de expediente 84/2022; y se designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que instruyera el procedimiento respectivo, toda vez que el asunto guarda relación con la acción de inconstitucionalidad 64/2022, en la cual se impugna el mismo Decreto y en la que fue designada instructora.

5. Admisión. Previo desahogo de una prevención, por acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Aguascalientes, pero no así al Secretario General de Gobierno, al tratarse de una autoridad subordinada al primer Poder mencionado. A tales autoridades les requirió para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, rindieran su contestación a la demanda. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

6. Contestación del Poder Ejecutivo de Aguascalientes. Mediante escrito presentado de manera electrónica el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, Efrén Martínez Collazo, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, rindió contestación a la demanda inicial, en la cual expresa fundamentalmente lo siguiente:

• El Gobernador del Estado de Aguascalientes promulgó y ordenó publicar la ley impugnada, en estricto cumplimiento a las atribuciones conferidas en los artículos 32 y 35 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; en cuanto a que se le faculta para que, una vez aprobado un decreto por parte del Poder Legislativo del Estado, al no tener observaciones, lo mande publicar, por lo que tal actuación no violenta precepto constitucional alguno.

• En virtud de lo anterior, resulta evidente que la controversia constitucional es improcedente, debido a que no se reclaman hechos atribuibles al Poder Ejecutivo del Estado y, además, el Poder Legislativo local fue quien deliberó y resolvió el contenido del decreto reclamado.

7. Contestación del Poder Legislativo de Aguascalientes. Mediante escrito presentado a través del buzón judicial el veintitrés de agosto de dos mil veintidós y recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva y Representante Legal de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, compareció en representación del Poder Legislativo de la entidad federativa a dar contestación a la demanda en donde manifestó, en esencia lo siguiente:

• En contra de lo manifestado por la parte actora, en el caso concreto sí se cumplió con lo determinado por el numeral 31 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en tanto que, mediante oficio SG/DGSP/CPL/0340/2020, de veintitrés de abril de dos mil veinte, el Secretario General del Poder Legislativo del Estado dirigió al Presidente Municipal de Jesús María, la iniciativa de reforma a la Ley Municipal de esa entidad federativa, razón por la que, mediante oficio SHA/332/06/2020, signado por el Presidente Municipal de Jesús María, así como por el Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno, expresaron las opiniones y comentarios que estimaron pertinentes, por lo que no se violentó el principio de supremacía constitucional aludido.

• Los artículos impugnados no son violatorios de la autonomía municipal, pues, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, de la fracción II, del artículo 115 constitucional, las legislaturas de los Estados tienen el mandato constitucional de expedir las leyes en materia municipal, por lo que en uso de esa atribución el Congreso del Estado de Aguascalientes reformó y adicionó la Ley Municipal, aunado a que, el objetivo de dicha reforma atendió a que los ayuntamientos tengan la facultad de otorgar y aprobar el nombramiento del titular del Órgano Interno de Control, dada la importancia de su labor, por lo que quien ocupe ese cargo debe actuar con autonomía e independencia y su designación no debe verse afectada ni influenciada por preferencias.

• Los numerales impugnados no carecen de la debida fundamentación y motivación, por lo que no violentan el artículo 16 de la Constitución Federal; ello, porque, de conformidad con lo establecido por el Máximo Tribunal del País, la motivación del acto legislativo se cumple al momento en que la norma que se expide se encuentra referida a una situación que reclama socialmente se regulada a través de una ley, mientras que la fundamentación se satisface por el hecho de que el órgano legislativo tenga competencia y facultades constitucionales para expedir la norma en el tema a que ésta se refiera.

• Respecto a ese punto, refiere que la reforma a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes colma el primer requisito, en tanto que el Poder Legislativo local cuenta con facultades para expedir las leyes en materia municipal y, el segundo requisito se ve colmado al tener la finalidad de combatir la corrupción, estableciendo las bases para fortalecer el Estado de derecho y la rendición de cuentas, en tanto que los órganos de control interno son pieza clave para disminuir la corrupción, además, la reforma obedece a dotar de autonomía la elección del titular respectivo.

8. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Los citados funcionarios no formularon manifestación o pedimento alguno.

9. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el diez de octubre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y, por acuerdo de la Ministra instructora de catorce de octubre siguiente, se tuvo por cerrada la instrucción del procedimiento a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

10. Primer returno. Por auto de dos de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal, se ordenó returnar el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para continuar el trámite respectivo.

11. Segundo returno. Mediante acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintitrés, dictado por la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal, se determinó returnar el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para continuar actuando como instructora en el presente asunto.

I. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i),(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero siguiente, y modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Jesús María, Estado de Aguascalientes, con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de dicha entidad federativa.

13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

14. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) es necesario fijar de manera precisa el o los actos cuya invalidez demanda la parte actora y verificar su certeza, de conformidad con el criterio que se refleja en la jurisprudencia P./J. 98/2009,(6) de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.".

15. De acuerdo con la citada jurisprudencia, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, este Alto Tribunal debe armonizar los datos de la demanda con la totalidad de la información que se desprenda de las constancias de autos, de manera que se advierta la intención del actor y se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.

16. En ese sentido, de la revisión integral del escrito de demanda se observa que el Municipio actor cuestiona efectivamente la validez del artículo 51 Bis, fracciones II, III, IV y V, adicionado a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, así como el artículo Segundo Transitorio, contenidos en el Decreto número 100, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, cuyo texto se transcribe a continuación:

"Artículo 51 Bis.- El titular del órgano interno de control deberá cumplir con los siguientes requisitos:

(...)

II.- Contar con título de licenciatura en Derecho o Contaduría Pública y cédula profesional debidamente registrada ante la Secretaría de Educación Pública;

III.- No haber sido candidato a algún puesto de elección popular dentro de los cinco años anteriores a su nombramiento;

IV.- No haber sido condenado por delito intencional;

V.- No haber sido inhabilitado para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública; y

(...)

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Aguascalientes, deberán reformar sus disposiciones municipales con el objeto de adecuarlas al mismo, en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto".

17. La existencia del referido Decreto se acredita mediante la copia certificada de la publicación respectiva en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, tomo LXXXV, número 13, la cual fue aportada por el Municipio actor en los anexos de su demanda.(7)

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf con reservas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

III. OPORTUNIDAD

19. A continuación, se procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente.

20. El artículo 21, fracción II,(8) de la Ley Reglamentaria de la materia establece el plazo de treinta días hábiles para promover una controversia constitucional cuando se impugnen normas generales, los cuales serán contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación.

21. En el caso, el Decreto 100 impugnado fue publicado el lunes veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, por lo que el plazo de treinta días hábiles transcurrió del martes veintinueve de marzo al lunes dieciséis de mayo de dos mil veintidós, como se muestra en el siguiente calendario:

Ver calendario

22. De dicho plazo deben descontarse los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de abril; y el uno, siete, ocho, catorce y quince de mayo, por corresponder a sábados y domingos; así como el trece, catorce y quince de abril; y cinco y seis de mayo de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 2 de la Ley Reglamentaria, que rige a las controversias constitucionales, 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo Primero, incisos h) y n), del Acuerdo General 18/2013 de diecinueve de noviembre de dos mil trece del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal.(9) 23. Por tanto, si el escrito de demanda de esta controversia fue recibido el viernes trece de mayo de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(10) es de concluirse que su presentación resulta oportuna.

24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

25. El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(11) prevé que este Tribunal Constitucional es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, en relación con la constitucionalidad de normas generales, actos u omisiones.

26. Por su parte, de los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales(12) se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

27. En el caso, la demanda fue suscrita por José Antonio Arámbula López, en su carácter de Presidente Municipal del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, lo que acredita mediante copia certificada de la constancia de mayoría, expedida el diez de junio de dos mil veintiuno por el Instituto Electoral de Aguascalientes,(13) y en términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,(14) a dicho funcionario le corresponde ejercer la representación legal del Ayuntamiento.

28. Lo anterior en virtud de que, por oficio recibido el veinte de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia y Certificación Judicial de este Alto Tribunal, el Presidente y la Síndica Municipal remitieron un certificado médico expedido por la Instancia de la Salud Municipal, en favor de la Síndica Clara Aurora Martínez Gallardo, con el fin de justificar su impedimento para firmar el escrito inicial de demanda, por tanto, debe concluirse que el Presidente Municipal cuenta con legitimación activa para promoverla.

29. Asimismo, es necesario referir que, mediante acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, la entonces Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández tuvo por desahogada la prevención decretada en diverso proveído de seis de junio de esa anualidad, ordenando agregar el escrito y anexos de Clara Aurora Martínez Gallardo y José Antonio Arámbula López, en su carácter de Síndica y Presidente del Municipio de Jesús María, respectivamente, reconociéndoles la personalidad con la que se ostentaron.

30. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena en contra de la legitimación para impugnar el artículo 51 Bis, fracciones II y III, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

31. Los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero,(15) de la Ley Reglamentaria que rige a esta materia establecen que tendrán el carácter de demandados en controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto o incurrido en la omisión objeto de la controversia, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

32. En el caso, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes compareció por conducto de Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien acreditó su personalidad mediante copia certificada del Acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se declara la integración de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente para el Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura de ese órgano legislativo, en donde consta la designación del cargo con que se ostenta; además, en términos del artículo 33, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Congreso local,(16) dicho funcionario ejerce la representación legal; por tanto, cuenta con legitimación pasiva en este asunto.

33. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, compareció por conducto de Efrén Martínez Collazo, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa y representante legal del titular de ese Poder, quien acreditó su personalidad mediante copia certificada de su nombramiento, expedido por el Gobernador Constitucional del Estado, el ocho de junio de dos mil veintidós;(17) y en términos del artículo 23, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, y Tercero del Acuerdo Delegatorio de Representación Legal del Gobierno del Estado, y del Titular del Poder Ejecutivo que se otorga al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno de esa entidad federativa,(18) dicho funcionario cuenta con facultades para representar al Ejecutivo local en las controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal; por tanto, es de concluirse que, cuenta con legitimación pasiva en este asunto.

34. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

35. El Poder Ejecutivo local, al momento de contestar su demanda, precisó que la controversia constitucional resulta improcedente, en función de que dicho poder actúo en estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 32 y 35 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,(19) en los que se ordena la publicación de las leyes y los decretos que expida el Congreso de la entidad federativa.

36. Sin embargo, es criterio reiterado de este Tribunal Pleno que dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria, pues, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.

37. Lo anterior conforme a la jurisprudencia P./J. 38/2010(20) de este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES".

38. No obstante, este Alto Tribunal advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con la fracción II del diverso 20 de la Ley Reglamentaria en la materia,(21) pues han cesado los efectos del artículo segundo transitorio impugnado del Decreto número 100.

39. Dicho precepto establece que los ayuntamientos contarían con un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto para adecuar sus disposiciones municipales.(22) En este sentido, conforme al artículo primero transitorio del mismo Decreto, este entró en vigor el día siguiente de su publicación, es decir, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós.(23) Bajo esta línea, la vigencia del artículo segundo transitorio corrió desde el día de la entrada en vigor hasta el veintiséis de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, a la fecha en que se resuelve el presente asunto, la norma ha dejado de producir sus efectos; sin que la eventual declaratoria de invalidez que pudiera alcanzarse, en todo caso, pudiera tener efectos retroactivos, al no tratarse de materia penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria en la materia.(24) Lo anterior, siguiendo el criterio que ha sostenido este Pleno al resolver la acción 53/2021 y su acumulada 58/2021,(25) así como la diversa 155/2020 y su acumulada 221/2020,(26) en sesiones de nueve y veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, respectivamente, y en las cuales se determinó sobreseer en artículos transitorios de contenido similar; en el primer caso, aprobado por mayoría de siete votos, se imponía la obligación a los sujetos obligados de realizar adecuaciones reglamentarias en un plazo de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes; y en el segundo, aprobado por unanimidad de once votos, el transitorio otorgaba un plazo de seis meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán para que empezara a sesionar el Consejo Local de Archivos.

40. Asimismo, este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualiza la misma causal de improcedencia analizada en los párrafos que anteceden respecto de las fracciones IV y V del artículo 51 Bis de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en virtud de que se declaró su invalidez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 64/2022,(27) promovida por la Comisión Nacional de Derechos H

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32668-1c0d76a6/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.