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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL LA OMISIÓN, RETENCIÓN O ENTREGA PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR LOS ESTADOS A LOS MUNICIPIOS NO CONSTITUYE UN CONFLICTO CONSTITUCIONAL DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR PARA PROMOVER AQUÉLLA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL DE APLICAR POR ANALOGÍA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y AFECTAR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL MUNICIPIO ACTOR DE LAS APORTACIONES PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DE LOS INTERESES GENERADOS OMITIDAS DE MINISTRAR POR EL GOBIERNO ESTATAL Y DE LOS INTERESES GENERADOS, NO VULNERA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SE TRATA DE UN PLANTEAMIENTO DE TRANSGRESIÓN A ASPECTOS DE LEGALIDAD. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR CUANDO IMPUGNA LA OMISIÓN, RETENCIÓN O ENTREGA PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (LA OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE PROCEDER Y DE APLICAR, POR ANALOGÍA, LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE AFECTAR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA QUE LA FEDERACIÓN PAGUE, DE MANERA DIRECTA, LAS APORTACIONES PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, TODOS DE DOS MIL DIECISÉIS, AL MUNICIPIO DE ZENTLA, DE LA REFERIDA ENTIDAD FEDERATIVA, OMITIDAS DE MINISTRAR POR EL GOBIERNO ESTATAL, ASÍ COMO LOS RESPECTIVOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 286/2023. · Registro digital (IUS): 200980
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE ZENTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 286/2023. MUNICIPIO DE ZENTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: La omisión del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de proceder y de aplicar, por analogía, lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y de afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que la Federación pague, de manera directa, las aportaciones provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, todos de dos mil dieciséis, al Municipio de Zentla, de la referida entidad federativa, omitidas de ministrar por el Gobierno estatal, así como los respectivos intereses que se hayan generado.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 286/2023, promovida por el Municipio de Zentla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra del Poder Ejecutivo Federal.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yenivet Munguía Luna, Síndica del Municipio de Zentla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió la presente controversia en contra del Poder Ejecutivo Federal, en la que reclamó la invalidez de lo siguiente:

[...] IV.- LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

a) Bajo protesta de decir verdad, la omisión del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de proceder y aplicar por analogía con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y afectar las participaciones federales de la Entidad Federativa Veracruz, para el efecto de que la Federación pague directamente las aportaciones federales omitidas de ministrar al H. Ayuntamiento de Zentla, Veracruz, por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (en lo sucesivo “FISMDF”), los meses de agosto, septiembre y octubre del año dos mil dieciséis, que ascienden a la cantidad de $3,466,516.00 (Tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), así como los respectivos intereses que se hayan generado por cada mes, garantizándose el referido pago en favor de mi representado con cargo a la participación del monto que corresponda al Gobierno del Estado de Veracruz. [...].

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el municipio actor hizo valer un único concepto de invalidez en el que adujo, en esencia, que:

• Se vulnera el contenido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, que consagra el régimen de la libre administración hacendaria y el principio de integridad de los recursos económicos, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, se abstiene de determinar si la omisión del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de entregar de forma oportuna y completa las aportaciones correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) resulta justificada o, si por el contrario, es procedente realizar el descuento planteado.

• La autoridad demandada se limita al silencio y omite proceder conforme al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, siendo que en la controversia constitucional 179/2020, este Alto Tribunal estableció que a las aportaciones federales les resultan aplicables, por analogía, las cuestiones previstas para las participaciones federales y, por lo tanto, lo establecido en dicho numeral de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de la entrega directa y de los intereses que se pudieran generar por el retraso injustificado y la omisión de pago por parte de la autoridad estatal.

• Los artículos 32 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal establecen una serie de atribuciones a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que permiten concluir que esa es la instancia a la que pueden acudir los municipios en caso de incumplimiento de los gobiernos estatales, esto, con la finalidad de recuperar los recursos que forman parte de su hacienda y que el artículo 115, fracción IV, constitucional, garantiza que deben ejercerse de forma directa.

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sido omisa, en exceso, tomando en cuenta el plazo constitucional de cuarenta y cinco días hábiles para brindar respuesta o ejercer alguna acción en concreto, siendo que la solicitud por parte de la autoridad municipal fue presentada desde el seis de enero de dos mil veintitrés y a la fecha no se ha recibido respuesta alguna, máxime que en la Ley de Coordinación Fiscal no se prevé un plazo de prescripción para poder acudir a esa dependencia federal a solicitar el pago de manera directa a favor del municipio.

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades para afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, de ahí que se deba declarar la omisión en la que incurre la demandada, dado que afecta la competencia del municipio al no poder recibir los recursos que le corresponden, limitando, además, la instancia a la que éste puede acudir a reclamar.

• Se violenta el principio de integridad de los recursos municipales y el principio de ejercicio directo de éstos, ya que en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, se señala que las participaciones federales deben entregarse a los municipios con arreglo a las bases, los montos y los plazos que anualmente determinen las legislaturas estatales y la Ley de Coordinación Fiscal prevé que ello debe hacerse de forma ágil y directa; máxime que el destino de los recursos del FISMDF están estrechamente vinculados con las competencias de los municipios, establecidas en el numeral 115, fracción III, constitucional.

• Permitir que los Estados no transfieran de forma puntual los recursos pertenecientes a la hacienda municipal, sin dotar a los municipios de medios legales eficaces para la defensa de dichos recursos, sería privarlos de la base material y económica necesaria para que éstos puedan ejercer sus obligaciones constitucionales.

3. Radicación. Por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 286/2023 y, por razón de turno, se designó al entonces ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento.

4. Desechamiento. Por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, el entonces ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, entre otras cosas, desechó de plano, por notoriamente improcedente, la controversia constitucional 286/2023, al estimar actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones VIII y IX , de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso b), y párrafo último, de la Constitución Federal, al considerar que el Municipio de Zentla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, carecía de interés legítimo para promover ese medio de control constitucional, en virtud de que no hizo valer violaciones a una competencia que tuviera directamente reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino, en todo caso, violaciones indirectas relacionadas con disposiciones secundarias.

5. Recurso de reclamación 291/2023-CA. Inconforme con la determinación anterior, por escrito depositado el catorce de junio de dos mil veintitrés en la oficina de correos de la localidad y recibido el veintisiete siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Yenivet Munguía Luna, Síndica del municipio actor, interpuso recurso de reclamación del que, por razón de turno, correspondió conocer al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Dicho asunto fue resuelto en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia,(1) en el sentido de declarar fundado el recurso, revocar el proveído impugnado y, en consecuencia, ordenar la admisión de la controversia constitucional 286/2023, al estimar que no se actualizaban, de manera manifiesta e indudable, las causas de improcedencia invocadas en el acuerdo recurrido relativas a la falta de interés legítimo.

6. Returno. Dado que en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Pleno determinó que los asuntos correspondientes a la Ponencia del entonces ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea fueran returnados, por estricto decanato, entre los Ministros integrantes del Pleno, por auto de uno de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó returnar el expediente de la presente controversia constitucional al Ministro Luis María Aguilar Morales, a efecto de que actuara como instructor.

7. Admisión. Atento a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 291/2023-CA, por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Luis María Aguilar Morales, entre otras cosas, admitió a trámite la demanda, tuvo como demandado al Poder Ejecutivo Federal, asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera.

8. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo Federal. Por oficio 100.CJEF.18335.2024, presentado el veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, mediante el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, dio contestación a la demanda en representación de dicha autoridad y, entre otras cosas, adujo que la controversia constitucional era notoriamente improcedente, pues se actualizaban cuatro causales de improcedencia, previstas en distintas fracciones del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

a) Cesación de efectos de la omisión impugnada (fracción V), toda vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio contestación a la solicitud del municipio actor, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) que el veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, emitió el oficio 351-A-EOS-0376-2024, por el que respondió la mencionada solicitud en el sentido de que informar que era improcedente.

b) No se agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto (fracción VI), ya que el oficio 351-A-EOS-0376-2024, de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, emitido por la UCEF en respuesta a la solicitud formulada por el municipio actor, es susceptible de combatirse a través del recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o a través del juicio contencioso administrativo, previsto en el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

c) El municipio actor carece de interés legítimo (fracción IX, en relación con el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento jurídico), porque no hace valer un principio de afectación a sus órbitas competenciales y el conflicto versa sobre aspectos de legalidad que no tienen injerencia en la violación a la cláusula federal o en los principios de división de poderes.

d) La controversia constitucional fue presentada de manera extemporánea (fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia), en virtud de que existía una fecha cierta de pago establecida en el “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los municipios del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis”, publicado el veintinueve de enero de dos mil dieciséis en la Gaceta Oficial local; por tanto, el municipio actor tuvo conocimiento de la ministración de los recursos desde dos mil dieciséis.

9. Asimismo, en el referido oficio de contestación, el Poder Ejecutivo Federal argumentó, en esencia, que:

• El oficio impugnado no causa perjuicio o afectación alguna a las atribuciones del municipio actor.

• La distribución de las participaciones que el Gobierno estatal realizó al municipio actor no pueden ser atribuidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que dicha entidad federativa es la facultada para calcular el monto de las participaciones que debe enterar a sus propios municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Al existir una distinción entre las participaciones (recursos de libre disposición) y las aportaciones federales (recursos etiquetados, destinados al cumplimiento de ciertos objetivos), éstos últimos no encajan en los supuestos establecidos en el artículo 6 de Ley de Coordinación Fiscal.

• En el artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal se precisa que el cálculo y la determinación de las participaciones y las aportaciones federales debe sujetarse al principio de anualidad presupuestal, por lo que, en apego al principio de legalidad, cualquier reclamación al respecto debió realizarse en el mismo año.

• Mediante oficio 351-A-EOS-0376-2024, de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, emitido por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público atendió la solicitud formulada por el municipio actor, sin que ello implique una violación al principio de integridad de los recursos municipales, ni al ejercicio directo de dichos recursos. Además, en el mencionado oficio se estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó en tiempo y forma las aportaciones y demás recursos federales al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme al calendario de ministración para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y para que pudiera actuarse en términos del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, deberían existir cantidades pendientes de distribuir a efecto de que fueran compensadas con su posterior entrega, situación que no se actualiza en la especie, pues, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal, lo determinado y presupuestado se entregó en su totalidad.

• El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el encargado de resolver las inconformidades que se presenten en relación con el procedimiento para determinar el monto que por concepto de participaciones le corresponde a cada uno de los municipios y se trata de cuestiones de mera legalidad.

• El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal obedece a una temporalidad anual que impide jurídica y presupuestalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregarlos de nuevo.

• No puede restituirse al municipio actor la asignación de las participaciones y las aportaciones federales del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, de manera directa y con cargo a los recursos que le corresponden al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por ejercicios subsecuentes, en atención al principio de anualidad presupuestal, pues tales recursos fueron determinados, presupuestados y entregados a esa entidad federativa.

10. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República. Dicha institución no emitió opinión alguna en este asunto.

11. Alegatos. Por oficio 114.CJEF.CACCC.22303.2024, presentado el tres de septiembre de dos mil veinticuatro, mediante el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la delegada del Poder Ejecutivo Federal formuló alegatos en la presente controversia constitucional.

12. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos y se tuvieron por exhibidas y por admitidas las pruebas ofrecidas; luego, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, entre otras cosas, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.

13. Avocamiento. Previo dictamen respectivo, por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su radicación y resolución. Posteriormente, por proveído de veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, el Presidente de esta Sala acordó que ésta se avocara a su conocimiento y que se remitieran los autos al Ministro Ponente.

I. COMPETENCIA

14. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso b),(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I,(4) y 11, fracción VIII,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(6) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos Segundo, fracción I, párrafo primero,(7) y Tercero(8) del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, publicado el tres de febrero siguiente en el Diario Oficial de la Federación, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

15. Con fundamento en el artículo 41, fracción I,(9) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia.

16. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el municipio actor se duele, en esencia, de la omisión del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de proceder y de aplicar, por analogía, lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, esto es, de afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que la Federación pague, de manera directa, las aportaciones provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, todos de dos mil dieciséis, al Municipio de Zentla, de la referida entidad federativa, omitidas de ministrar por el Gobierno estatal, así como los respectivos intereses que se hayan generado. III. EXISTENCIA DE LA OMISIÓN IMPUGNADA

17. En términos de lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Segunda Sala estima que está acreditada la existencia de la omisión impugnada, toda vez que en autos obra copia certificada del oficio 351-A-EOS-0376-2024, de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, emitido por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Coordinación Jurídica de Coordinación Fiscal, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que se dio contestación en sentido negativo al Municipio de Zentla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con la solicitud del pago directo con cargo a las participaciones que le correspondan al referido Estado, de los recursos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de los meses de agosto, septiembre y octubre, todos de dos mil dieciséis, omitidas de ministrar por el Gobierno estatal, así como los respectivos intereses que se hayan generado.

18. En el mencionado oficio, se informó al municipio actor de la improcedencia para que la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, descontara de las participaciones federales que le corresponden al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los recursos solicitados y los entregara de forma directa al Municipio de Zentla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

19. De tal suerte que la omisión impugnada por el municipio actor, en efecto, existe, con independencia de la causa de ello.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

20. Ahora, resulta innecesario el estudio relativo a la oportunidad en la presentación de la demanda y la legitimación de las partes, dado el sentido del fallo, como se expondrá enseguida. En su oficio de contestación de demanda, el Poder Ejecutivo Federal sostiene que la controversia constitucional es notoriamente improcedente, porque se actualiza, entre otras, la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 20, fracción II, del mismo ordenamiento jurídico, en virtud de que el municipio actor carece de interés legítimo al no hacer valer un principio de afectación a sus órbitas competenciales y dado que el conflicto versa sobre aspectos de mera legalidad.

21. Al respecto, debe decirse que esta Segunda Sala advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracciones VIII y IX, en relación con el diverso 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) toda vez que de la lectura integral de la demanda se desprende que, en efecto, el municipio actor no hace valer violaciones a una competencia que tenga directamente reconocida en la Constitución Federal, sino, en todo caso, violaciones indirectas relacionadas con disposiciones secundarias.

22. Con el fin de explicar lo anterior, debe señalarse que la controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, los poderes o los órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal tengan interés legítimo para acudir a esta vía, es necesario que con la emisión del acto o la norma general impugnados se origine, cuando menos, un principio de agravio.

23. De este modo, el hecho de que en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconozca la posibilidad de iniciar una controversia constitucional cuando alguna de las entidades, los poderes o los órganos originarios del Estado estime que se ha vulnerado su esfera de atribuciones, es insuficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis de constitucionalidad de las normas o los actos impugnados desvinculado del ámbito competencial constitucional del actor.

24. Así, en este medio de control constitucional es necesario que, en el escrito de demanda, los entes legitimados aduzcan la facultad reconocida en la Constitución Federal que estimen vulnerada, ya que, de lo contrario, carecerán de interés legítimo para intentarlo, al no existir un principio de agravio que pueda ser estudiado por este Alto Tribunal.

25. Pues, si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar la constitucionalidad de los actos y las normas emitidos por las autoridades del Estado a través de la controversia constitucional, para hacerlo está supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial salvaguardada en la Constitución Federal a favor del actor, de no ser así, se desnaturalizaría la función de este medio impugnativo permitiéndose la revisión de un acto que, de modo alguno, afectaría al promovente en la esfera de atribuciones tutelada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

26. Por tanto, se actualiza una causa de improcedencia cuando el actor alega, de manera exclusiva, violaciones diversas a las competenciales, tales como las de estricta legalidad, salvo que para el análisis de éstas sea necesario definir el ámbito competencial de las partes en contienda.

27. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.), de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO.”.(11)

28. En ese sentido, conviene recordar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, al resolver los recursos de reclamación 150/2019-CA(12) y 151/2019-CA,(13) estableció que la controversia constitucional no es la vía idónea para reclamar las retenciones o las omisiones de pago de las participaciones y las aportaciones federales, porque, en esos casos, sólo se analizan cuestiones de mera legalidad y, por tanto, no hay una afectación a la esfera competencial del actor.

29. Luego, en el único concepto de invalidez, la parte actora aduce, en lo que interesa, que la autoridad demandada, teniendo facultades para hacerlo, omite afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, con lo que se vulnera la competencia del municipio al no poder recibir los recursos que le corresponden, limitando con ello, además, la instancia a la que éste puede acudir a reclamar.

30. De acuerdo con el criterio establecido por el Pleno de este Alto Tribunal, es dable concluir que, en efecto, el municipio actor pretende que a través de la controversia constitucional se resuelva un problema que únicamente involucra aspectos de mera legalidad, pues si bien sostiene que con la omisión atribuida a la demandada se incurre en el incumplimiento de la ministración de los recursos que le corresponden en los plazos legales establecidos para ello; eso, en forma alguna, implica la determinación del alcance y el contenido del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer las facultades del municipio actor, ni su invasión por otro ente.

31. Sin que en momento alguno se cuestione que la facultad de ministrar los recursos respectivos corresponda al Poder Ejecutivo demandado, ni tampoco que dicho Poder ejerza facultades exclusivas de las autoridades estatales o municipales.

32. Atento a ello, las violaciones alegadas por el municipio actor se centran en controvertir cuestiones de mera legalidad y la transgresión a ordenamientos secundarios, como la Ley de Coordinación Fiscal, mas no a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

33. Situación que es notoria y manifiesta, pues de la sola lectura a la demanda de la controversia constitucional se advierte que el Municipio actor no sustenta una violación directa a un precepto de la Constitución Federal; pues, en todo caso, resultaba necesario que sus planteamientos evidenciaran una relación entre la omisión impugnada y una afectación al ejercicio directo e inmediato a una competencia que le reconozca expresamente la Constitución Federal, lo que no aconteció.

34. Sin que el estudio propuesto en forma alguna implique la determinación del alcance y el contenido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para con ello establecer las facultades del municipio actor, ni su invasión o transgresión por otro ente, sino que trata de aspectos formales.

35. Esto pone de manifiesto que, en el caso, no existe un acto, una omisión o una norma de carácter general que sea contrastado con la Constitución Federal, sino con disposiciones de carácter secundario, por lo que no es posible que vía controversia constitucional se estudie la legalidad de la omisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de proceder y de aplicar, por analogía, lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y de afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que la Federación pague, de manera directa, las aportaciones provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiemb

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200980-32872662/i-controversia-constitucional-su-tutela-juridica-es-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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