Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE ESE JUICIO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ACUERDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EMITIDO POR LA COMISIÓN JURISDICCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DEL CUAL SE DECLARÓ PROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UN MAGISTRADO ADSCRITO A LA PRIMERA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SE DIO INICIO AL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 260/2022. · Registro digital (IUS): 200933
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 260/2022. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 17 DE ENERO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 260/2022, promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, contra el Poder Legislativo de esa entidad.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala consiste en determinar si la parte actora está legitimada para promover la presente controversia constitucional.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda. Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ethel María Maldonado Guerra, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de esa entidad, por los siguientes actos:

"IV. La norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado:

"1. Se impugna el acto emanado del Poder Legislativo consistente en el Acuerdo de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Comisión Jurisdiccional de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, a través del cual se declara procedente el juicio político promovido por el C. (...), en contra del Magistrado José Mercedes Hernández Díaz, adscrito a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, y se da inicio al procedimiento de juicio político, por haber admitido los juicios contenciosos administrativos 1086/2022, 1112/2022 y 1116/2022, del índice de dicha Sala.

"Dicho acto por sí solo genera la afectación a la esfera de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, que establece el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 155 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, conforme a los cuales los tribunales administrativos de las entidades federativas tienen autonomía plena para el dictado de sus fallos y resolución de los recursos que procedan contra ellas; autonomía y competencia que se vulnera por el Poder Legislativo demandado al llevar al juicio político resoluciones jurisdiccionales como lo son las que determinan la ‘admisión’ de los juicios 1086/2022, 1112/2022 y 1116/2022, y la suspensión de los actos impugnados en dichos medios de defensa.

"2. Los efectos y consecuencias del inicio del procedimiento de juicio político, en concreto del Acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que ordena realizar investigaciones y diligencias para la sustanciación del procedimiento.

"3. El eventual Acuerdo dictado por la Comisión Jurisdiccional de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, determinó (sic) turnar al Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, las constancias del expediente, que contiene el Dictamen de procedencia para la separación del cargo al Magistrado José Mercedes Hernández Díaz, adscrito a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.

"4. El eventual Dictamen (sic) que contiene la determinación de procedencia y propuesta de separación del cargo del Magistrado José Mercedes Hernández Díaz, adscrito a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, atribuido a los Diputados integrantes de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.

"(...)"

2. Precepto constitucional que se estima violado. La parte actora señaló como precepto violado el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Concepto de invalidez. El Municipio actor argumentó lo que a continuación se resume:

a) Los actos impugnados atentan contra la autonomía e independencia del Tribunal de Justicia Administrativa local, así como contra el principio de división de poderes, porque el juicio político seguido en contra del Magistrado Hernández Díaz tiene como objeto analizar las consideraciones contenidas en diversas resoluciones jurisdiccionales de trámite emitidas por dicho juzgador en tres juicios contenciosos administrativos, las cuales, incluso, carecen de definitividad, pues fueron impugnadas mediante sendos recursos de revisión que serán resueltos por la Sala Superior del referido Tribunal.

b) En el caso no se actualizan las hipótesis de procedencia contenidas en los artículos 8 y 9 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León.

c) Los actos impugnados se encuentran indebidamente fundados, ya que se apoyan en el texto de los artículos 202 y 203 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, reformado el uno de octubre de dos mil veintidós. Dichos preceptos no estaban vigentes cuando el Magistrado Hernández Díaz emitió los acuerdos que dieron lugar a la denuncia de juicio político, lo cual ocurrió los días veintidós, veinticuatro y veintiocho de junio de dos mil veintidós.

d) El Poder Legislativo demandado invoca diversos preceptos de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, que no corresponden con el contenido de la Constitución local vigente.

e) Los acuerdos de admisión y suspensión dictados por el Magistrado Hernández Díaz con motivo de los juicios contenciosos administrativos que dieron origen a la denuncia del juicio político no afectan las facultades del Poder Legislativo, como lo pretende hacer creer el denunciante.

4. Radicación y turno. El entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número de controversia constitucional 260/2022, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.

5. Desechamiento. Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, desechó la demanda al considerar actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia que deriva de los artículos 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria en relación con el diverso 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el tribunal actor carecía de legitimación activa para promover la controversia constitucional, al no ser un órgano constitucional autónomo, ni un poder del Estado.

6. Recurso de reclamación 18/2023-CA. En contra de la anterior determinación, por escrito de once de enero de dos mil veintitrés, Ethel María Maldonado Guerra, en su carácter de Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León y de la Sala Superior interpuso recurso de reclamación, que fue admitido mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se registró bajo el número de expediente 18/2023-CA, y se turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su resolución.

7. Resolución del recurso de reclamación. En sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, resolvió que el recurso era procedente y fundado, por lo que se debía revocar el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, y admitirse la controversia constitucional, al considerar que la causal de improcedencia invocada en el auto recurrido no era manifiesta e indudable, sino que debía ser analizada al momento de dictar sentencia.

8. Admisión. Por auto de trece de julio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de la presente controversia, tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, a quien ordenó emplazar para que presentara su contestación dentro del plazo legal, y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

9. Suspensión. Asimismo, por auto de trece de julio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor ordenó se formara y registrara el incidente de suspensión bajo el número 260/2022; sin embargo, determinó que toda vez que por acuerdo de esa misma fecha, en el diverso incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 259/2022, que tiene conexidad con el presente asunto, se determinó otorgar la suspensión para que el Congreso del Estado de Nuevo León se abstuviera de separar a José Mercedes Hernández Díaz, de su cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, hasta que el Alto Tribunal resolviera sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos impugnados solicitada por la promovente en la presente controversia constitucional; por lo que al estar paralizada la ejecución de la resolución que pudiera emitirse y afectar al Tribunal de Justicia Administrativa Local, a ningún fin práctico conduciría el pronunciarse en este asunto al respecto, y en esos términos ordenó que las partes se estuvieran a lo determinado en ese incidente de suspensión.

10. Contestación a la demanda. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por contestada la demanda por el Congreso del Estado de Nuevo León; escrito en el cual se argumentó lo que a continuación se resume:

• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Federal, por lo que lo procedente es sobreseer el juicio de controversia constitucional, al no existir resolución definitiva susceptible de revisarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• El Gobernador de Nuevo León carece de interés legítimo para acudir a defender actos de sus funcionarios subalternos mediante controversia constitucional, pues el objeto de tutela son las competencias del órgano, que en este caso es unipersonal, depositado en el Gobernador del Estado, quien no ve mermada su función mediante el inicio y substanciación en sede legislativa de un juicio político, siendo en todo caso la determinación final tomada por el Tribunal Superior de Justicia la que podría implicar un potencial agravio a dicho marco competencial y funcional.

11. Ampliación de la demanda. Por escrito presentado de manera electrónica el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, Ethel María Maldonado Guerra, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León y de la Sala Superior, interpuso escrito de ampliación de demanda, mismo que fue desechado por acuerdo del Ministro instructor de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés al establecer que la ampliación pretende realizarse no respecto de hechos novedosos o supervenientes, sino respecto de normas generales.

12. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Los citados funcionarios no formularon manifestación o pedimento alguno.

13. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia Ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

14. Envío a Segunda Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó el envío de este asunto a la Segunda Sala.

15. Avocamiento a Segunda Sala. Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y remitió el sumario en el que se actúa a su ponencia.

I. COMPETENCIA.

16. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero, y tercero, del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

II. OPORTUNIDAD.

18. De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el plazo para la presentación de la demanda será, tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

19. El acto impugnado es el Acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Comisión Jurisdiccional de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León a través del cual se declara procedente el juicio político promovido en contra del Magistrado José Mercedes Hernández Díaz, adscrito a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, y se da inicio al procedimiento de juicio político, por haber admitido los juicios contenciosos administrativos 1086/2022, 1112/2022 y 1116/2022, del índice de dicha Sala.

20. En el caso, el Acuerdo combatido se emitió el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo referido transcurrió del veintidós de noviembre de dos mil veintidós al diecisiete de enero de dos mil veintitrés; descontando los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, tres, cuatro, diez, once, y del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, asimismo los días uno, siete, ocho, catorce y quince de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.

21. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de diciembre de dos mil veintidós, es claro que su presentación resultó oportuna.

22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

III. SOBRESEIMIENTO.

23. Esta Segunda Sala determina que ha lugar a sobreseer en la controversia constitucional con fundamento en los artículos 19, fracción IX de la Ley Reglamentaria,(2) en relación con el 105, fracción I, inciso k), de la Constitución General de la República, toda vez que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León actor carece de legitimación procesal activa.

24. No pasa desapercibido que la Primera Sala, en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, declaró fundado el recurso de reclamación 18/2023-CA(3) y determinó revocar el acuerdo de desechamiento de quince de diciembre de dos mil veintidós dictado en esta controversia constitucional, al considerar que la causal de improcedencia invocada por el Ministro instructor no era manifiesta e indudable.

25. De la contestación de la demanda del Poder Legislativo se desprende que argumentó que la controversia es improcedente porque no existe una resolución definitiva susceptible de revisarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo señaló que el Gobernador de Nuevo León carecía de interés legítimo para acudir a defender actos de sus funcionarios subalternos mediante controversia constitucional.

26. Ahora bien, debe precisarse que la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la Ley Reglamentaria, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé su artículo 19, sino también los que puedan desprenderse del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen; en este sentido es aplicable la tesis P./J. 32/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.".(4)

27. Como se anunció en el primer párrafo de este apartado, en el caso se actualiza la causa de improcedencia fijada en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal, porque el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, carece de legitimación activa para promover controversia constitucional al no ser una entidad, poder u órgano de gobierno de los enumerados en el artículo que se transcribe a continuación:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"a). La Federación y una entidad federativa;

"b). La Federación y un municipio;

"c). El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;

"d). Una entidad federativa y otra;

"e). (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)

"f). (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)

"g). Dos municipios de diversos Estados;

"h). Dos Poderes de una misma entidad federativa;

"i). Un Estado y uno de sus Municipios;

"j). Una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México;

"k). Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y

"l). Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.

"(...)"

28. En esos términos, de la lectura integral de la demanda se advierte que la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León y de la Sala Superior, promueve controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de esa entidad, con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal; sin embargo, esta Segunda Sala advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, no se ubica en el inciso k), porque no tiene la calidad de un órgano constitucional autónomo.

29. Para arribar a esa conclusión, es necesario analizar las normas que estaban vigentes respecto del Tribunal de Justicia Administrativa estatal, al momento en que se dictaron los actos impugnados.

30. En principio, es relevante transcribir lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución General y, los artículos 149 a 155, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que establecen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

"Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

"(...)

"V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales."

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

"Artículo 149. El Tribunal de Justicia Administrativa conocerá de las controversias que se susciten entre particulares y la administración pública municipal, central o paramunicipal, en los casos en que los municipios no cuenten con un Órgano de Justicia Administrativa municipal. Los Magistrados del Tribunal serán nombrados por un período de once años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento. Podrán ser removidos por las mismas causas y con el mismo procedimiento que para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia."

"Artículo 150. El Tribunal se conformará por una Sala Superior, que funcionará colegiadamente; así como de las demás Salas Ordinarias y unitarias que sean necesarias y por una Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas."

"Artículo 151. Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se requiere reunir los mismos requisitos que se establecen para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia."

"Artículo 152. El Ejecutivo del Estado propondrá a los Magistrados del Tribunal, para su designación por el Congreso del Estado, ante quien rendirán la Protesta de Ley; con excepción del Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidad Administrativa, quién será designado por el Pleno del Congreso del Estado, en los términos que señala esta Constitución y la ley."

"Artículo 153. El Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, será designado conforme a lo dispuesto por el artículo 155 de esta Constitución, mediante convocatoria pública que emitirá el Congreso sujetándose al procedimiento establecido en la ley."

"Artículo 154. Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Sala Especializada en materia (sic) Responsabilidad Administrativa, se deberán reunir los requisitos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia."

"Artículo 155. Corresponde al Congreso instituir mediante las leyes que expida, al Tribunal de Justicia Administrativa como órgano jurisdiccional con autonomía funcional y presupuestal y dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal, ya sea central o paraestatal; estableciendo las normas de su organización y funcionamiento, los requisitos, las licencias y renuncias de sus integrantes, sus procedimientos y los recursos contra las resoluciones que pronuncien.

"(...)

"Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos;

"(...)"

31. Por su parte, los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y, artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León disponen:

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León

"Artículo 51. Para resolver los conflictos que se presentaren en las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadoras y trabajadores, entre los patrones, patronas y sus trabajadores y trabajadoras, o bien, las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado y los particulares, existirán un Tribunal de Arbitraje, una Junta Local de Conciliación y Arbitraje y un Tribunal de Justicia Administrativa."

"Artículo 52. Los Tribunales Administrativos mencionados forman parte de la Administración Pública Estatal y gozarán de plena autonomía jurisdiccional para emitir sus resoluciones y laudos; su dependencia del Ejecutivo se considera solamente de orden administrativo."

Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León

"Artículo 2. El Tribunal es un órgano formalmente administrativo materialmente jurisdiccional dotado de plena autonomía presupuestal, funcional, y con plena jurisdicción para dictar sus fallos."

32. De los artículos recién transcritos se advierte que la Constitución Federal mandata a los Congresos locales para que en sus Constituciones y leyes prevean la creación de Tribunales de Justicia Administrativa con autonomía para el dictado de sus fallos.

33. En cumplimiento de ese mandato, mediante reforma del uno de octubre de dos mil veintidós, en la Constitución Política del Estado de Nuevo León se estableció en el artículo 155, que correspondía al Congreso crear un Tribunal de Justicia Administrativa como un órgano jurisdiccional con autonomía funcional y presupuestal, dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos.

34. Por su parte, de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, se desprende que el Tribunal de Justicia Administrativa forma parte de la administración pública estatal, y que, si bien cuenta con autonomía y es un órgano materialmente jurisdiccional, también es formalmente administrativo.

35. Es decir, de la lectura al artículo 155, párrafo primero, perteneciente al Capítulo VII y este a su vez, al Título IV, De la Soberanía, la Forma de Gobierno y la División de Poderes, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se acredita que es un órgano jurisdiccional con autonomía funcional y presupuestal y dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal; aunado a que de la revisión del diverso Título V, De los Órganos Constitucionales Autónomos de la propia Constitución Local, se demuestra que no incluye al órgano jurisdiccional promovente de la controversia, pues sólo conceptualiza como tales a la Fiscalía General de Justicia, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y, al Tribunal Electoral.

36. En esos términos, esta Segunda Sala concluye que el Tribunal de Justicia Administrativa local, no se ubica en el inciso k), de la fracción I del artículo 105 constitucional porque no tiene la calidad de un órgano constitucional autónomo.

37. Asimismo, tampoco podría ubicarse al Tribunal actor en el inciso h), de la fracción I, del artículo 105 constitucional, porque no forma parte del Poder Judicial del Estado, pues del diverso artículo 129, ubicado en el Capítulo VI, del Título IV, ya indicado, se prevé que el ejercicio de ese Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Menores; así como que habrá un Consejo de la Judicatura del Estado, de donde es claro que no alude al Tribunal de Justicia Administrativa.

38. Por lo expuesto, se concluye que en la especie el Tribunal de Justicia Administrativa, carece de legitimación procesal activa para promover la controversia constitucional y por tanto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 20, fracción II,(5) de la citada Ley Reglamentaria; y, en consecuencia, procede sobreseer en el presente asunto.

39. Estas consideraciones no son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de tres votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). Las Ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama emiten su voto en contra.

IV. DECISIÓN.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200933-1c5662bc/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-falta-de-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.