I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (DECRETO 340 POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 14, 26, 35, 37, 39, 46, 56, 66, 90, 91, 94, 96, 99, 125, 126, 150, 151, 152, 154, 158, 159, 162, 166, 198 Y 204 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN LA GACETA LEGISLATIVA DEL CONGRESO LOCAL EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA QUE ADUCE QUE EL PODER EJECUTIVO LOCAL CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR TRANSGRESIONES A LAS ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, TODA VEZ QUE ÉSTE FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, POR LO QUE NO SE TRATA DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE [ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I, INCISO C), AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (OFICIO EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 342/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 10 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados:
1. El oficio de tres de mayo de dos mil veintitrés emitido por el Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León en el que requieren a la Junta de Gobierno del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa que expida y adecúe el Reglamento Interior del Tribunal y los acuerdos que estimen necesarios, a fin de homologar o reglamentar su normativa interna respecto a las disposiciones constitucionales derivadas del Decreto 340.
2. El Decreto 340 publicado en la Gaceta del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León el ocho de marzo de dos mil veintitrés.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 342/2023, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en contra del Poder Legislativo de dicha entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el treinta de mayo de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, por la emisión del siguiente acto:
"1. Oficio sin número, emitido por .el C. Diputado Mauro Guerra Villarreal, Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en fecha 03 de mayo del 2023, presentado y recibido en el Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León el día 04 de mayo del 2023, mediante el cual solicita que la Junta de Gobierno del mencionado Tribunal expida y adecúe el Reglamento Interior del Tribunal y los acuerdos que se estimen necesarios, a fin de homologar o reglamentar su normativa interna con las supuestas disposiciones constitucionales vigentes, como pudiera ser la periodicidad de las sesiones y formas de convocarlas, entre otras cuestiones que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento del Tribunal.
"Dicha solicitud, de materializarse, es en relación a reformas a diversos artículos constitucionales, aún y cuando no fueron publicados, después de su primera aprobación por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León, los extractos en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la actual Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en violación del procedimiento legislativo para reformas constitucionales que dispone la actual Carta Magna Estatal.
"A saber, por su relación con el asunto que nos ocupa, el oficio sin número derivado del Decreto Legislativo 340 en la Gaceta del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León en fecha 8 de marzo de 2023."
2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda, de la contestación y sus respectivos anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:
• El ocho de marzo de dos mil veintitrés, fue publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León, el denominado "Decreto 340", donde en su punto "ÚNICO", se indica lo siguiente:
"UNICO. Se reforman los artículos 14, 26, 35, 37, 39, 46, 56, 66, 90, 91, 94, 96, 99, 125, 126, 150, 151, 152, 154, 158, 159, 162, 198 y 204 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar como sigue: ..."
En el encabezado del documento en cuestión, se contiene la siguiente leyenda:
"DECRETO EN VIGOR A PARTIR DEL 09 DE MARZO DE 2023 ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL EJECUTIVO ESTATAL DE PUBLICAR DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE CUMPLIMENTAR LA POSTERIOR ORDEN DE PUBLICAR AL DÍA SIGUIENTE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN."
• El trece de marzo de dos mil veintitrés, fue recibido en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Nuevo León, el oficio 1263/2023, suscrito por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Sala Superior, dirigido al Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, cuyo contenido es el siguiente:
"Por medio del presente oficio me permito envíales un cordial saludo, en atención al decreto 340, mediante el cual se reforman los artículos 14, 26, 35, 37, 39, 46, 56, 66, 90, 91, 94, 96, 99, 125, 126, 154, 158, 159, 162, 166, 198 y 204 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que fuera publicado en fecha ocho de marzo de dos mil veintitrés, y que entró en vigor el día nueve de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se modificó la organización interna de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, al crearse la Junta de Gobierno, surgen diversas incógnitas en torno a la aplicación de dicho decreto, esto en atención a lo siguiente:
"Una vez analizado el contenido de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, así como del propio decreto número 340 que cita en el oficio de cuenta, es de señalarse que de ninguna de las disposiciones señaladas se advierte que el H. Congreso del Estado de Nuevo León, hubiera otorgado atribuciones a esta Presidencia para efecto de convocar a reuniones a la Junta de Gobierno o a sus integrantes.
"De igual manera del Decreto 340, no se advierte siquiera que dentro de las facultades que se le atribuyen a la Junta de Gobierno se advierta, al menos de manera presuntiva que le hubiera otorgado a alguno de sus integrantes, para convocar o celebrar reuniones o sesiones, tampoco se señaló la frecuencia de las mismas, ni las reglas de operación que debían imperar durante la ‘vacatio legis’, es decir, durante los sesenta días con los que cuenta para modificar las disposiciones que rigen las actuaciones de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
"Estas situaciones generan un completo estado de inseguridad jurídica para los usuarios de este Tribunal e inclusive para los integrantes de la Junta de Gobierno, que al no tener un marco jurídico provisional de actuación, no puede siquiera considerar en instalarse, pues es de recordarse que todas las autoridades, únicamente están facultadas para actuar en el marco de sus atribuciones, que se encuentren legalmente señaladas en las leyes y reglamentos que rigen su actuación, por tanto, ante el estado de incertidumbre que se genera ante las omisiones del decreto 340, la suscrita presidenta, estima necesario solicitar de la manera más atenta, lo siguiente:
"1. Solicitar al H. Congreso del Estado de Nuevo León, a fin de que a través del departamento que corresponda, aclare los alcances del Decreto 340 y señale, en lo que importa, las reglas de operación de este Tribunal, hasta en tanto se expida la legislación correspondiente o se modifique la existente, pues no se advierte que se hubiera señalado nada en torno al funcionamiento del mismo, esto toda vez que existen disposiciones que se contraponen entra (sic) las que le corresponden al Presidente del Tribunal previstas en el numeral 20 fracción IV y IX y a los integrantes de la Junta de Gobierno, en términos de lo dispuesto en el numeral 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, de igual manera se le solicita de la manera más atenta señale, si las disposiciones contenidas en este momento en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, continúan o no vigentes, esto para actuar dentro de un marco de operatividad ajustado a la legalidad necesaria.
"2. Se analice por parte de ese H. Congreso del Estado de Nuevo León, si en el caso concreto, es necesario esperar a la expedición o modificación de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, a efecto de formalizar ya con un marco normativo bien definido, la instalación de la Junta de Gobierno de este Tribunal, pues como ya se dijo se carece completamente del marco normativo necesario, aunado a que ni con la expedición del Reglamento Interno, al que se refiere el artículo séptimo transitorio del decreto 340, se podrían subsanar tales omisiones, pues en el Reglamento solo se puede contener aquello que la Ley prevea."
• El diecisiete de abril de dos mil veintitrés, fue recibido en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Nuevo León, el oficio 1249/2023, suscrito por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Sala Superior, donde le recuerda al Diputado Mauro Guerra Villareal, Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, que hasta esa fecha no se había dado contestación al oficio número 1263/2023, haciendo notar que ello se estimaba necesario a efecto de poder continuar con el cumplimiento del Decreto número 340.
• Mediante oficio sin número fechado el tres de mayo de dos mil veintitrés, y recibido el cuatro siguiente en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el diputado Mauro Guerra Villareal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, dio respuesta al oficio 1263/2023, en los términos siguientes:
"Por medio del presente y en atención a su oficio 1263/2023, mediante el cual plantea diversas dudas sobre el contenido del Decreto 340, expedido por la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado, respecto a las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, atinentes al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mismo que entró en vigor a partir del 9 de marzo del año en curso; se expone lo siguiente:
"En el artículo sexto Transitorio del Decreto 340 se estableció con claridad que a la entrada en vigor de dicho Decreto, la Junta de Gobierno del Tribunal debía sesionar a fin de instalarse e iniciar con los trabajos que en la misma Constitución se establecen, por lo cual los magistrados integrantes de la Junta de Gobierno quedaron obligados a reunirse a fin de llevar a cabo la instalación y trabajos antes referidos, sin que se requiera de una convocatoria para llevar a cabo dicha tarea, pues en la disposición transitoria en comento se estableció la obligación de llevar a cabo la instalación de la Junta de Gobierno con los trabajos de su competencia.
"Mencionando además, que conforme a lo establecido en el artículo Séptimo Transitorio de dicho Decreto, la Junta de Gobierno debe expedir o adecuar el Reglamento Interior del Tribunal y los acuerdos que se estimen necesarios, a fin de homologar o reglamentar su normativa interna con las disposiciones constitucionales vigentes, como pudiera ser la periodicidad de las sesiones y formas de convocarlas, entre otras cuestiones que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento del Tribunal. Máxime que conforme lo determinado en el artículo segundo Transitorio, quedaron derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el Decreto 340, como podría ser disposiciones contenidas en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, entre otras, siempre que se opongan a lo establecido en el Decreto de referencia.
"Reitero a esta Autoridad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración."
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León hace valer, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
• En su primer concepto de invalidez, señala que la solicitud planteada por el Congreso del Estado de Nuevo León en el oficio sin número recibido el cuatro de mayo de dos mil veintitrés resulta inconstitucional, pues se fundamentó en un "supuesto Decreto", que en ningún momento fue publicado en primera ocasión posterior a la votación por la Comisión de Puntos Constitucionales en los términos ordenados en el artículo 212 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en el que se dispone que, una vez tomadas en consideración las adiciones o reformas a ese ordenamiento, se deben publicar y circular profusamente con extracto de la discusión, pudiendo ser votadas en ese mismo periodo de sesiones, siguiendo el procedimiento para su discusión y aprobación que establece la ley de la materia.
• Señala que el expediente al ser aprobado en primera ocasión por la Comisión de Puntos Constitucionales se debe publicar en el Periódico Oficial del Estado, acto que no sucedió y, por ende, todos los actos subsecuentes carecen de legitimación, como lo es el oficio sin número que se impugna en esta controversia.
• De lo descrito en el documento sin número, se observa en primera instancia que la finalidad de dicho oficio era responder dudas que planteó en un inicio el Tribunal de Justicia Administrativa directamente al Congreso del Estado, para después tomar la postura de atribuirse una facultad para ordenarle modificar el Reglamento Interior de dicho Tribunal, lo cual resulta totalmente inconstitucional, pues el oficio sin número deriva de un Decreto donde su procedimiento de origen está viciado completamente, a la par de no cumplir con las formalidades que la ley señala para su estricto cumplimiento, por lo que las reformas constitucionales del Decreto 340 no pueden ser consideradas para cualquier acto subsecuente como lo es el caso presente.
• En su segundo concepto de invalidez refiere que son tres las prohibiciones dirigidas a los poderes públicos de las entidades federativas, a fin de que respeten el principio de división de poderes, esto es, la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación.
• La división de poderes no opera en nuestro país de manera tajante y rígida, sino que ha sido modulada con numerosas excepciones, esto con el fin de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, características que se traducen en el establecimiento de un régimen de cooperación y coordinación recíproco evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando la unidad del Estado y asegurando la voluntad de éste para establecer y preservar el derecho. Por ello, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible solo significa que, entre ellos, existe una colaboración y coordinación en los términos ordenados, sin embargo, no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder.
• Para que un poder ejerza funciones propias de otro poder es necesario que expresamente así lo disponga la Constitución, o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia.
• En el caso, la actuación en exceso que hace la autoridad demandada, abusando de las atribuciones que se encuentran prescritas legalmente, supone una violación tajante al principio de equilibrio de poderes que se consagra en nuestra Carta Magna. De modo que se respete dicho principio, cada uno de los poderes debe asumir el desarrollo de sus funciones con apego a la ley, lo cual no sucede con la actuación del Congreso del Estado de Nuevo León, en el caso presente, toda vez que incurre en un abuso de poder al pretender arrogarse facultades que no le corresponden por ley.
• Se considera ilegal la solicitud emitida por el Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, de fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual requiere expedir o adecuar el reglamento interno del Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que es violatorio del principio de equilibrio de poderes consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que con dicho acto pretende tomar una dominancia sobre el Tribunal de Justicia Administrativa sin haber una adecuada fundamentación, lo cual queda demostrado por el simple hecho de ser una norma sin validez, y solo demuestra una arbitrariedad por parte del legislativo de actos que no tienen efecto alguno.
• En el tercer concepto de invalidez señala que resulta violatorio del principio de división de poderes consagrado en el artículo 116 constitucional, el oficio sin número en que solicitan expedir o adecuar el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa, respecto al supuesto Decreto 340, al ser un acto que va en contra del equilibrio y buen funcionamiento por parte de las entidades federativas que, en el caso, son una serie de facultades y obligaciones exclusivas del Ejecutivo.
• La reforma del Proyecto de Dictamen del Expediente Legislativo 16300/LXXVI correspondiente al Decreto número 340, le pretende quitar facultades al Ejecutivo para intervenir en la designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y los titulares de las Secretarías de Gobierno y Tesorería y, por ende, poder modificar el reglamento de dicho tribunal que goza de autonomía. Las facultades que se pretende adjudicar el Congreso del Estado en perjuicio del Ejecutivo, se realiza en flagrante violación a las disposiciones de la Constitución local que disponen las funciones y obligaciones de cada uno de los Poderes de la entidad federativa, así como las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagra el principio de división de poderes como un requisito esencial para mantener el balance entre quienes se encargan de ostentar la función pública, lo cual solo confirma que hacen uso excesivo de atribuciones aun y cuando la misma norma no existe.
• Por lo mismo, resulta que el contenido de las propuestas de reforma del decreto legislativo 16300/LXXVI, conjugado ilegalmente por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, transgrede el orden constitucional de la entidad federativa de Nuevo León al disrumpir el balance de poderes establecido por la Carta Magna local.
• En atención al principio de legalidad, según el cual las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, en ninguna forma pueden aplicarse, desarrollarse o ejecutarse por analogía o equiparación de actuaciones administrativas de cualquier índole o naturaleza, porque si ninguna norma jurídica así lo permite, las autoridades no pueden motu proprio desplegar ni facultades ni atribuciones que no le corresponden, así como tampoco realizar aplicaciones e interpretaciones supletorias per se, para intentar justificar sus actos arbitrarios.
• En estas condiciones, y tomando esos criterios analógicamente al presente caso, resulta evidente que las autoridades deben estar previamente facultadas por una ley que les otorgue competencia en el espectro de su actuación para que los actos que desarrollen tengan validez. En el caso concreto, en cuanto a la atribución de ordenar expedir o adecuar el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa.
• El oficio sin número en el presente caso viola los principios de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que su reglamentación interna se dará por su propia cuenta sin intervención alguna del Poder Legislativo.
4. Trámite. Mediante proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés,(1) la Ministra Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 342/2023 y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
5. Admisión. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés(2) la
Ministra instructora admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, ordenó su emplazamiento y la requirió para que remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados. Por otro lado, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Del mismo modo, atendiendo a la suspensión solicitada por la parte actora, ordenó la formación del cuaderno suspensional respectivo. 6. Suspensión. Mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés(3) dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 342/2023, la Ministra instructora determinó, por una parte, negar la suspensión respecto del "Decreto 340 se reformaron los artículos 14, 26, 35, 37, 39, 46, 56, 66, 90, 91, 94, 96, 99, 125, 126, 150, 151, 152, 154, 158, 159, 162, 166, 198 y 204 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León", al actualizarse la prohibición expresa establecida en el artículo 14, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de la materia, donde se dispone que la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales; y por otra parte, se concedió la suspensión solicitada únicamente respecto del oficio de tres de mayo de dos mil veintitrés emitido por el Congreso del Estado de Nuevo León, en virtud del cual se requiere al Tribunal de Justicia Administrativa que homologuen o reglamenten su normativa interna respecto a las disposiciones contenidas en el Decreto 340. 7. Contestación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, por conducto del diputado Mauro Guerra Villareal, quien se ostentó como Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura, dio contestación a la demanda en donde, en síntesis, expuso lo siguiente:
• Asevera que es falso que el oficio sin número al cual se refiere el actor, consista en una solicitud realizada por el Congreso del Estado para que la Junta de Gobierno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León expida y adecúe su Reglamento interior y emita los acuerdos que se estimen necesarios, a fin de homologar o reglamentar su normativa interna con las supuestas reformas constitucionales vigentes, lo cual se justifica con la simple lectura de dicho oficio, ya que en ninguno de sus apartados se solicita que dicho Tribunal realice una acción determinada, pues su contenido es una opinión respecto al contenido de diversos transitorios del Decreto 340.
• Hace valer como causa de sobreseimiento la prevista en el artículo 20, fracción III de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues estima que no existe el acto cuya invalidez se reclama, pues está acreditado que no existe una solicitud o una orden imperativa por parte del Congreso del Estado de Nuevo León, para que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, se avoque a realizar determinada acción, sino que se trata de una respuesta formal a una petición expresa hecha por la Presidencia del Tribunal, como parte de la comunicación entre órganos y entidades del Estado de Nuevo León, y no así un acto imperativo, mucho menos que conlleve invadir competencias del referido Tribunal, ya que como se advierte del contenido del referido oficio impugnado, en ninguna parte de la respuesta que el Congreso local da a la petición de opinión formulada por la parte actora, se establece plazo perentorio, se apercibe, o se obliga a dicha autoridad a realizar acción concreta, sino que simplemente se le informa sobre el contenido de las disposiciones constitucionales aplicables al caso consultado. En todo caso, la obligación de realizar deviene de las disposiciones contenidas en los puntos transitorios del Decreto 340.
• También señala que el Titular del Poder Ejecutivo carece de interés legítimo, pues el acto cuya invalidez reclama no le resta atribución alguna a su esfera competencial y no le causa agravio. Lo anterior, pues se duele de un acto consistente en un oficio que se dirige a un Tribunal como consecuencia de una solicitud de aclaración del alcance de un Decreto, cuestión que por sí misma no representa ningún menoscabo a las atribuciones que la Constitución Federal o la Constitución local le otorgan al Poder Ejecutivo.
• Además, en sí, el acto cuya invalidez pretende la parte actora no es uno que represente una orden imperativa que acarree una consecuencia, o sea, no hay lesión alguna al impetrante, pues el oficio que se impugna se traduce en un criterio meramente orientador de ciertas disposiciones contenidas en el Decreto 340, para ser exacto, de los artículos Sexto y Séptimo transitorios, mismos que no fueron impugnados en esta vía.
• Si bien el Poder Ejecutivo local sí podría acudir a esta vía de control constitucional en defensa de sus intereses de un órgano jurisdiccional como el Tribunal de Justicia Administrativa, al no contar con autonomía constitucional plena, ello solamente sería dable cuando el Congreso de esta entidad u otro órgano realizara actos imperativos y ciertos que afectaran la esfera regulada en la Constitución Federal o local a favor de dicho poder, lo cual no sucede en la especie, en virtud de que estamos ante un acto derivado de una solicitud de opinión respecto a la vigencia y validez de normas constitucionales, lo cual bajo ninguna circunstancia supone el que derivado de dicha respuesta por parte del Congreso, el Tribunal esté obligado a realizar acto concreto alguno, mucho menos que con ello se esté afectando algún ámbito o la esfera regulada a favor del Poder Ejecutivo.
• También acusa que debe sobreseerse la presente controversia constitucional, pues el Poder Ejecutivo de Nuevo León carece de legitimación para promoverla en contra de actos que no afectan o invaden sus atribuciones, pues en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Tribunal de Justicia Administrativa tiene todas las características con las que cuenta un órgano constitucional autónomo, pues tiene autonomía para dictar sus fallos y una organización y funcionalidad conforme a su respectiva ley, autonomías que devienen del artículo 116, fracción V de la Constitución Federal, y que la Constitución del Estado de Nuevo León extiende en su artículo 155 al otorgarle autonomía funcional y presupuestal, lo que implica que tiene las características de órgano constitucional autónomo.
• Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá concluir que el Gobernador del Estado de Nuevo León carece de legitimación para promover esta controversia constitucional, pues en todo caso le correspondería al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, quien es el órgano generador del acto que se combate en el presente proceso.
• Alega que la controversia es improcedente en términos de la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que la misma fue presentada fuera del término establecido en el artículo 21 de ese ordenamiento, toda vez que la parte actora confiesa en su demanda que el Tribunal de Justicia Administrativa bajo su administración fue sabedor del contenido del Decreto 340 emitido por el Congreso del Estado de Nuevo León, al menos desde el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que solicitó la aclaración del alcance del contenido del mismo al Poder Legislativo.
• Opone la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia, pues es un hecho notorio que el Titular del Poder Ejecutivo promovió la controversia constitucional 268/2023, en la que se impugna el proceso legislativo del Decreto 340 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de ahí que no pueda ser materia dicho acto en este juicio constitucional.
• Advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI de la Ley Reglamentaria de la materia, pues es de explorado derecho que únicamente son susceptibles de revisarse aquellos actos definitivos identificados como aquellos que crean o modifican una situación jurídica concreta.
• El oficio impugnado no deviene en un acto imperativo que obligue al destinatario a actuar de una forma u otra bajo el apercibimiento de imposición de sanciones o cualquier otra forma de coacción, pues lo que hizo la parte demandada fue emitir una opinión en respuesta a una consulta hecha por la Presidencia del Tribunal local de Justicia Administrativa, exponiendo el marco legal vigente, sin que el mismo fuera aplicado en perjuicio de dicho Tribunal ni de ningún otro ente.
• De ahí que, en el supuesto no concedido, de que se estimara que el oficio impugnado es un acto de aplicación de normas que inciden en el actuar del Tribunal, no podría considerarse un acto definitivo, porque en él no se obliga, reprende, condiciona, apercibe al Tribunal para que actúe en determinada forma, sino que únicamente se externa una opinión jurídica, sin efecto vinculatorio alguno, al no contar el Congreso local con facultad imperativa para que, mediante comunicaciones, obligue a otros entes al cumplimiento estricto de disposiciones constitucionales y legales, ya que en todo caso, se deben desahogar primero los procedimientos legales conducentes.
• En cuanto al acto impugnado sostiene su validez alegando que fue emitido en términos de los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, pues el oficio que se combate deviene de una contestación que fue provocada por la Presidenta del Tribunal y de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, ya que mediante oficio 1263/2023, presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, solicitó al Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, aclarar los alcances del Decreto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200953-f854dc22/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VETO, PUES AL CONSTITUIR UN MEDIO DE CONTROL POLÍTICO, NO ES SUSCEPTIBLE DE ANÁLISIS EN SEDE JUDICIA (1a. LXXXVI/2009)
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