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CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LOS ACTOS IMPUGNADOS CONSTITUYEN ACTOS FUTUROS E INCIERTOS CUYA EXISTENCIA NO SE ACREDITA EN AUTOS, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) SISTEMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. NORMATIVA QUE LO ESTRUCTURA. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro José Ramón Cossío Díaz) SISTEMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. LA NORMATIVA QUE LO ESTRUCTURE DEBE SOMETERSE A LOS ESTÁNDARES CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 17 Y 115, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro José Ramón Cossío Díaz) TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 183, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA ESA ENTIDAD Y MUNICIPIOS, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚM. 058 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 12 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ COMO CAUSA DE TERMINACIÓN DEL CARGO DE MAGISTRADO, "LA DESIGNACIÓN DE OTRO EN SU LUGAR", TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro José Ramón Cossío Díaz) TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚM. 058 POR EL QUE SE REFORMA POR MODIFICACIÓN LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 12 DE ABRIL DE 2013, QUE ESTABLECE QUE EN LOS SUPUESTOS EN QUE EL MUNICIPIO DECIDA YA NO CONTAR CON UN TRIBUNAL MUNICIPAL SE DEBERÁ NOTIFICAR AL CONGRESO ESTATAL, "A EFECTO DE INFORMAR EL MAGISTRADO DESIGNADO COMO RESPONSABLE DE CONCLUIR LOS ASUNTOS EN TRÁMITE RECIBIDOS HASTA ANTES DEL ACUERDO DE SU EXTINCIÓN", CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro José Ramón Cossío Díaz) TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA ESA ENTIDAD Y MUNICIPIOS, DENOMINADA ASÍ POR DECRETO NÚM. 058 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 12 DE ABRIL DE 2013, PARA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE PUEDA IMPONER SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A AQUÉLLOS, POR LOS ACTOS U OMISIONES QUE AFECTEN LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA QUE DEBAN OBSERVAR EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS, CONSTITUYE UNA OMISIÓN CLASIFICABLE COMO RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO, QUE EL LEGISLADOR ESTATAL ESTÁ OBLIGADO A SUBSANAR. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2013. · Registro digital (IUS): 25244
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-09-26
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, Pág. 216.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2013. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 1o. DE ABRIL DE 2014. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de abril de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio presentado en la oficina postal de Correos de México, sucursal San Agustín, Estado de Nuevo León, el día veintisiete de mayo de dos mil trece, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de junio de dos mil trece, Roberto Ugo Ruiz Cortés y Juan Juan Castro Lobo, en su carácter de presidente municipal y síndico segundo, respectivamente, del Municipio de San Pedro Garza García, promovieron controversia constitucional en contra de los actos y autoridades que a continuación se indican:

Autoridades demandadas:

1. Congreso del Estado de Nuevo León.

2. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.

3. Secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León.

Actos cuya invalidez se demanda:

1. La discusión, aprobación y expedición del Decreto Número 058, por el que se reforma la denominación de la "Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León" para ahora denominarse "Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León", y se adiciona un título quinto "Del procedimiento contencioso administrativo municipal", con un capítulo único y con los artículos 176 a 190.

2. El incumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto de reforma al artículo 115, publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, consistente en la inejecución de los actos tendentes a la transferencia del servicio público y función jurisdiccional del Gobierno del Estado de Nuevo León al Municipio de San Pedro Garza García, la falta de disposición de partidas presupuestarias y entrega de recursos, la falta de suministros a la municipalidad para la prestación del servicio, entrega de bienes, sistemas, derechos de uso de licencias, mobiliario y equipo, así como los demás bienes y servicios necesarios para la prestación del servicio y ejercicio de la función jurisdiccional.

3. Las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas de los actos y omisiones que se enuncian como actos en los incisos anteriores.

SEGUNDO. Antecedentes. En el escrito de demanda, se narraron, en síntesis, los siguientes:

1. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se reformó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporando al ámbito municipal el servicio público y la función jurisdiccional.

2. El diez de marzo de dos mil cinco, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente y fundada la controversia constitucional promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León.(1)

3. El catorce de junio de dos mil doce, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente y fundada la controversia constitucional promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en contra de la omisión legislativa del Congreso de la entidad,(2) consistente en la falta de emisión del ordenamiento legal a que se refiere el párrafo segundo del artículo 169 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en la que se indicó:

"95. Asimismo, prevé la independencia de los tribunales, para lo cual, las leyes federales y locales deben establecer los medios necesarios que garanticen la independencia de los mismos. Esto es, se refiere a la certeza en la designación y ejercicio del cargo, así como a las salvaguardas institucionales de autonomía y las condiciones de responsabilidad en los servidores públicos, por ejemplo:

"...

"99. Todo lo anterior significa que la única forma en que puede instaurarse constitucionalmente la administración de justicia en el orden municipal, es mediante la expedición de una ley estatal que contenga, cuando menos, los siguientes elementos:

"a) La creación y determinación de los órganos encargados de impartir la justicia administrativa y su certera composición e integración;

"b) Las garantías y salvaguardas de la independencia de los tribunales y sus titulares;

"c) Los medios de impugnación que serán administrados por esos órganos;

"d) Los plazos y términos correspondientes;

"e) Los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de la sentencia; y,

"e) (sic) Los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad como rectores de la función jurisdiccional en el orden municipal."

4. El doce de abril de dos mil trece se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 058, por el que se reforma por modificación la denominación de la "Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León", para ahora denominarse "Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León", y se adiciona un título quinto "Del procedimiento contencioso administrativo municipal", con un capítulo único y con los artículos 176 al 190.

5. El veinticuatro de abril de dos mil trece, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesto el recurso de queja 3/2013-CC, promovido por el Municipio de San Pedro Garza García, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León.

TERCERO. Conceptos de invalidez. El Municipio actor esgrimió, en síntesis, los siguientes:

1. El Decreto Número 058 viola en perjuicio del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, los artículos 1o., párrafo tercero, 6o., 17, 35, fracción II, 39, 40, 41, párrafo primero, 115, fracción II, 120 y 133 de la Constitución General, porque atenta contra el funcionamiento e integración del órgano en que ha de residir el servicio público y función jurisdiccional y contra la independencia judicial del órgano de justicia administrativa municipal, por las razones siguientes:

a) No se contienen los mecanismos que brinden certeza en la designación y ejercicio del cargo ni las salvaguardas institucionales de autonomía, siendo que en todos los procedimientos relativos a la integración y funcionamiento de los órganos municipales debe cumplirse con el principio de certeza, mediante el cual se garantiza que el proceso de elección de Magistrados genere una situación de absoluta confianza en el órgano y en la población en general.

No se aseguran los principios de publicidad y transparencia en la integración de autoridades jurisdiccionales ni el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos del país y de acceso a la función pública en los cargos no electivos, a los que se refiere el artículo 35, fracción II, de la Constitución General.

El principio constitucional de publicidad implica un control efectivo de la ciudadanía sobre las actividades de todo acto de gobierno; el de transparencia, la obligación de dar a conocer los mecanismos de la toma de decisiones.

El derecho de acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones públicas -establecido en el artículo 6o. constitucional- es una garantía judicial y social propia del Estado democrático, mediante la cual se garantiza a los ciudadanos su participación, su derecho de acceso al cargo de Magistrado, de allegarse de la información pertinente para contar con las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de libre pensamiento, expresión y participación.

Los ordenamientos legales emitidos por el Congreso Local deben asegurar la participación ciudadana y vecinal en las funciones y servicios públicos de competencia municipal, a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 115, fracción II, de la Constitución General, en relación con el 6o. del mismo Ordenamiento Fundamental.

b) El decreto impugnado viola la garantía de certeza en la designación y ejercicio del cargo, las salvaguardas institucionales de autonomía, el establecimiento de reglas y criterios, y el instituir la convocatoria pública para la selección y nombramiento de los Magistrados municipales.

Se incumple el deber de instituir en el procedimiento de nombramiento de Magistrados de los tribunales municipales, la obligación de publicar la convocatoria pública, proveyendo así un mecanismo que salvaguarde los principios constitucionales de independencia, transparencia, publicidad, participación ciudadana y de acceso al cargo público, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, inciso a), de la Constitución General.

La elección de Magistrados del tribunal de justicia administrativa municipal es una decisión relevante y de interés público, por lo que la convocatoria es un factor necesario que contribuye a garantizar la certidumbre en el procedimiento de selección y nombramiento, y proporciona de manera expresa las facultades y lineamientos de la autoridad, de modo que todos los participantes en el proceso conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a las que se encuentran sujetos.

Al respecto, el artículo 7.1. de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción incluye como principios fundamentales, la adopción de sistemas de convocatoria y la selección de empleados públicos con base en criterios como el mérito, la equidad y la aptitud.

El decreto impugnado es defectuoso en el cumplimiento a la ejecutoria del Pleno, al omitir establecer el debido procedimiento de selección mediante convocatoria, con transparencia y participación ciudadana, estableciendo el ingreso mediante concurso, reglas y criterios objetivos de selección como el mérito, la honorabilidad, competencia y aptitud.

También lo es, porque no establece el debido desarrollo de los supuestos de incompatibilidades, ni las reglas y criterios para que los Magistrados ejerzan la función jurisdiccional con sujeción a los principios de independencia, igualdad, imparcialidad, objetividad, publicidad, audiencia, legalidad, profesionalismo y excelencia; a lo que se refiere el artículo 17, párrafos segundo y antepenúltimo, de la Constitución General.

El nombramiento de quienes ejercen el Poder Judicial debe revestir la cualidad de legítimo, lo cual se traduce en que el legislador establezca normas que garanticen la independencia judicial, para dar cumplimiento efectivo a la garantía social de ser juzgado por un Juez imparcial, independiente y objetivo.

Para la selección de Magistrados municipales, deben establecerse criterios para determinar las aptitudes y requisitos personales que deben cubrir los candidatos, con los que se asegure su idoneidad para la titularidad de la Judicatura, pues sobre esa base se tiene certeza en la decisión de los nombramientos de los Magistrados. Tales criterios debieron proveerse en el ordenamiento, así como la garantía de que los seleccionados sean personas íntegras e idóneas, y que cuenten con las calificaciones jurídicas apropiadas y que no sean nombrados por motivos indebidos, tal como se prevé en los Principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura.(3)

Asimismo, se estima que el ordenamiento debió establecer exámenes de conocimientos para nombrar a la persona más calificada en el cargo, así como la existencia de un procedimiento objetivo establecido en el ordenamiento legal, instituyendo un mecanismo de selección con certeza, seleccionando y haciendo los nombramientos en forma impersonal, desinteresada y objetiva.

El nombramiento por el poder político subordina al órgano jurisdiccional a la negociación política en menoscabo de la fortaleza de la institución y haciendo nugatorios los fines del tribunal que es la justicia material y el bienestar social.

La confianza pública en el sistema de justicia administrativa, en la autoridad moral, la honorabilidad, la integridad y la probidad de quienes se desempeñan como Magistrados, es importante para el desarrollo del quehacer público; la justicia es un componente "sinergético de bienestar social", tal como se consagra en los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial.

Si el nombramiento del Magistrado es contrario al orden constitucional, convencional y/o legal a que están obligados a cumplir los poderes en los que recae su propuesta y designación, no se cumple, desde su nombramiento, la finalidad para la que está instituida la Judicatura, y se vulneran la independencia, imparcialidad y objetividad establecidos en los artículos 17 y 115, fracción II, inciso a), constitucionales.

La falta de reglas y criterios para la selección y nombramiento de los Magistrados afecta la certeza y la independencia judicial. El ordenamiento impugnado es impreciso y omiso, porque no se establecen en el ordenamiento legal, de manera previa y oportuna, las reglas que lo regirán; ausencia que conlleva el defecto en el cumplimiento a la ejecutoria.

La independencia judicial se obtiene de las reglas que aseguren la objetividad y, en el caso, el oscuro proceso de selección y nombramiento de Magistrados y la falta de claridad en los criterios que utilizará el Ayuntamiento y el Congreso Local, incrementa la discrecionalidad del poder y fomenta que el acceso al cargo se base en acuerdos políticos, cuotas partidistas, componendas y premios a personas o funcionarios incondicionales de algún partido o al gobernante.

Los Magistrados electos bajo el sistema discrecional previsto por el ordenamiento, que no permite un concurso, parten de la ventaja que significa el favor o premio que otorga el Ayuntamiento o el Congreso, al proponerlos sin que medie un proceso previo abierto de selección de candidatos que permita la concurrencia igual de cualquier interesado.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los expedientes SUP-JDC-3114, 3115 y 3120, de 2012, así como el SUPJRC-178-2012, acumulados, determinó la invalidación del nombramiento de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Colima, por no mediar procedimiento abierto, mediante convocatoria pública para el nombramiento de Magistrados de dicho tribunal.

Por tanto, se afecta el orden municipal en su función jurisdiccional, así como en la estructura organizacional y en la integración del órgano de justicia administrativa municipal.

c) El decreto impugnado vulnera la autonomía e independencia judicial, ya que los Jueces municipales son propuestos por el presidente municipal para aprobación del Ayuntamiento y sometidos a decisión del Congreso, contemplando la facultad de removerlos en cualquier tiempo.

El ordenamiento produce una relación de jerarquía y subordinación de los Magistrados municipales al Ayuntamiento, generando que dichos funcionarios carezcan de independencia y autonomía.

Lo anterior, porque el nombramiento de los Magistrados aparece como un beneficio político, ya que el presidente municipal, discrecionalmente, propone al Ayuntamiento la persona que ocupará el cargo de Magistrado, sin ningún requisito. Este sistema de nombramiento permite interferir políticamente en el ejercicio de la función jurisdiccional, de manera que no existe objetividad en el nombramiento de los Magistrados, afectando la independencia judicial.

La propuesta del presidente municipal y la designación de los Magistrados por el Ayuntamiento y ratificación del Congreso es una cuestión subjetiva, que vincula a quienes designa con quien los designa, generando un vínculo de subordinación. Los artículos 179, 181, 182 y 183 dan cuenta de ello. Lo anterior, se trasgrede (sic) en una violación a los artículos 17 y 115, fracción II, de la Constitución General.

d) El decreto impugnado vulnera los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 115, fracción II, 120 y 133 de la Constitución General, al no cumplir con la certeza y salvaguarda de la independencia judicial del tribunal municipal.

La relación de jerarquía se infiere de los artículos 179, 181, 182, 185 y artículo tercero transitorio, por la potestad de dirección que se le asigna al Ayuntamiento sobre los Magistrados municipales, recayendo en éste la decisión en la creación o desaparición del tribunal, teniendo la libertad de asignar o reasignar la función jurisdiccional en el órgano que decida, así como en el cese de los Magistrados, posicionando al órgano de justicia y a los Magistrados como órganos subordinados.

El artículo 177 del decreto impugnado asigna al Ayuntamiento la libre decisión respecto de los tribunales municipales, por lo que el Municipio decide su existencia y cuestiones como la composición e integración del órgano jurisdiccional, la estructura jurídico-administrativa y la determinación presupuestal.

Asimismo, en el artículo 183, fracción III, del decreto citado, se establece la potestad del Ayuntamiento de terminar el cargo del Magistrado mediante el nombramiento de uno nuevo.

También se coloca al Ayuntamiento en una posición de superioridad, al otorgársele la decisión o negativa de las licencias de los Magistrados municipales, en términos del artículo 185, lo que nuevamente genera un incumplimiento a la ejecutoria, al no garantizarse la independencia judicial.

Lo anterior viola los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 115, fracción II, 120 y 133 de la Constitución General.

e) La creación de un órgano descentralizado para impartir la justicia administrativa es contraria a la independencia judicial, porque el Municipio tiene la facultad de suprimirlos, ejercer funciones de supervisión y control interno, y de designación de sus funcionarios, lo cual incumple con las cualidades necesarias de un tribunal.

El control administrativo característico de los órganos descentralizados es incompatible con la independencia judicial. El patrimonio de los órganos descentralizados pertenece al Municipio, quien puede disponer de los recursos, reduciéndolos o incluso suprimiéndolos.

El que se pretenda hacer un tribunal con el carácter de organismo descentralizado, vulnera la independencia judicial y es contrario a los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 115, fracción II, 120 y 133 de la Constitución General.

f) El decreto impugnado vulnera la permanencia y estabilidad en el cargo y, por tanto, la independencia judicial y autonomía de los Magistrados del tribunal municipal.

Las garantías judiciales comprenden la permanencia en el cargo, la cual no puede quedar al arbitrio del presidente municipal, Ayuntamiento o Congreso, como ocurre en el caso, por lo que se vulnera la independencia judicial, ya que existe el riesgo de ser separados en cualquier momento.

Los artículos 177 y tercero transitorio del decreto impugnado permiten advertir que el Ayuntamiento decide cuando crear y desaparecer el tribunal, así como asignar o reasignar al órgano que decida la función jurisdiccional.

Asimismo, en términos del artículo 183, fracción III, del decreto impugnado, el cargo de Magistrado termina en cualquier momento que decidan nombrar a otra persona en su lugar; y, en el último párrafo del mismo numeral, al finalizar el periodo del cargo, el Ayuntamiento puede decidir libremente nuevo nombramiento o ratificación.

Así, se incumple la garantía de estabilidad en el cargo y la independencia judicial, mediante las cuales se brinda certeza a los Magistrados y a la sociedad, en el sentido de que las decisiones de aquellos serán autónomas e independientes.

Asimismo, se indica que los componentes que integran la autonomía e independencia judicial deben estar previstos en los ordenamientos legales, de manera que una vez establecidos estarán indisponibles para el legislador, no pudiendo existir regresividad.

Los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura, adoptados en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán en 1985 y confirmados en la Asamblea General de Naciones Unidas, disponen la obligación de la ley de garantizar la permanencia en el cargo de los Jueces por los periodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como su remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis jurisprudencial P./J. 19/2003, los aspectos que comprenden la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo de los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales.

Dicha inestabilidad genera una transgresión a la independencia judicial y, por tanto, se vulneran los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 115, fracción II, 120 y 133 de la Constitución General.

g) El decreto impugnado vulnera la independencia judicial y autonomía de los Magistrados del tribunal municipal, porque el sistema de remuneración queda a discreción del presidente municipal y del Ayuntamiento, pues ellos deciden anualmente la remuneración en términos de los artículos 128 de la Constitución Local y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.

Lo anterior genera una vinculación del Magistrado con el presidente municipal y Ayuntamiento y, por tanto, una interferencia y presión externa que vulnera la independencia judicial.

En efecto, la remuneración queda a discreción del Ayuntamiento, estableciendo un límite máximo, a saber, las dos terceras partes de lo que perciba el presidente municipal.

La remuneración debe estar garantizada por la ley y es indispensable que ésta sea adecuada para proteger a los Magistrados de interferencias externas indebidas.

Lo anterior actualiza una violación a los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 115, fracción II, 120 y 133 de la Constitución General.

2) El decreto impugnado vulnera los artículos 39, 40, 41, 115, 120 y 133 de la Constitución General, al conferir al Congreso Local la potestad decisoria en el nombramiento y ratificación de los Magistrados municipales.

La autonomía municipal asegura la no injerencia de los Poderes Estatales en su régimen interior, por lo que la facultad que se irroga la Legislatura Local, para la designación y ratificación de los Magistrados municipales, vulnera los artículos 17 y 115 constitucionales.

El artículo 179 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, incumple con la autonomía municipal, ya que el Congreso Local se atribuye facultades para la designación, nombramiento y ratificación de los Magistrados municipales, lo que se traduce en una intromisión al ámbito municipal.

El sometimiento a la Legislatura Local del sistema de justicia administrativa municipal, la facultad decisoria y la discrecionalidad que se auto confiere el Congreso, se traduce en un quebranto al federalismo y una intromisión inconstitucional en el ámbito municipal, violentando la autonomía e independencia judiciales y los artículos 39, 40, 41, 115, 120 y 133 de la Constitución Local.

3) El decreto impugnado vulnera la certeza, la independencia judicial y la autonomía de los Magistrados del tribunal municipal, al no establecer un sistema de responsabilidades que dé certeza al juzgador municipal en el ejercicio de la función y asegure el ejercicio de la función jurisdiccional con libertad frente a presiones externas.

En este sentido, debió reglamentarse un sistema de manera tal, que la función jurisdiccional sea independiente e imparcial, y para que las facultades disciplinarias sobre los Magistrados y funcionarios del tribunal no sirvan como medio de control sobre la función jurisdiccional. Así, es necesario un órgano independiente para el ejercicio del control administrativo y la facultad disciplinaria.

El control disciplinario que se ejerce al interior por el Ayuntamiento y el presidente municipal, en términos del artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y el control administrativo que se ejerce por los mismos órganos, es contrario a la garantía de independencia judicial.

Este poder disciplinario de dichos órganos municipales conlleva a la presión externa, al actuar jurisdiccional y a la sumisión de la magistratura municipal al Gobierno Municipal.

Lo anterior vulnera los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 115, fracción II, 120 y 133 de la Constitución General.

4) El decreto impugnado vulnera los artículos 40, 41, párrafo primero, 115, fracciones II, incisos a), c) y d), y III, penúltimo párrafo, 120, 128 y 133, al establecer la asunción de la función jurisdiccional municipal por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, sin que medie la solicitud aprobada por las dos terceras partes del Ayuntamiento, porque es contrario al orden constitucional y lesiva al ámbito municipal.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ni aun por disposición legal, puede asumir la función municipal, sin que se haya celebrado el convenio por el cual se entregue la función jurisdiccional al Estado, ni se haya aprobado por dos tercios de sus integrantes alguna solicitud del Ayuntamiento para que el Gobierno del Estado y/o el tribunal mencionado asuma la función de dirimir controversias entre la administración pública municipal y los particulares, infringiendo el artículo 115, fracción II, incisos a), c), y d), conforme al cual, los órganos estatales no pueden ejercer las funciones municipales si no es en virtud del convenio que al efecto se celebre entre la municipalidad y el Estado.

Es decir, por disposición del decreto impugnado, en particular, los artículos 177 y 184, se dota al tribunal estatal mencionado de una potestad que está reservada a las municipalidades.

Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia P. /J. 25/2006, de rubro: "SERVICIOS PÚBLICOS Y FUNCIONES MUNICIPALES. PARA QUE SU PRESTACIÓN O EJERCICIO SEAN TRANSFERIDOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, DEBE EXISTIR SOLICITUD PREVIA DEL AYUNTAMIENTO, APROBADA CUANDO MENOS POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO D, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."

Se destaca que la facultad definitiva del Congreso Local en el nombramiento de los Magistrados municipales aparece como instrumento por el cual puede impedirse el funcionamiento del tribunal de justicia administrativa municipal y mantener el ejercicio ilegal por el tribunal estatal.

5) El decreto impugnado vulnera los artículos 40, 41, primer párrafo, 115, fracciones II, inciso c), y III, penúltimo párrafo, 120, 128 y 133 de la Constitución General, porque el Congreso es omiso en prever la potestad de los Municipios en celebrar convenios con otros Municipios para prestar la función jurisdiccional, es decir, el ordenamiento es defectuoso en la institución de la facultad municipal asociativa.

Resulta defectuoso en su cumplimiento, dada la falta de expresión en el ordenamiento de la salvaguarda a los Municipios de su potestad asociativa.

6) El decreto impugnado vulnera los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 115, fracción II, 120 y 133 de la Constitución General, porque la legislación aprobada no reconoce ni expresa a los tribunales su carácter de órganos constitucionales autónomos, incumpliendo la obligación de desarrollar la institución de los tribunales municipales y la imposición de la salvaguarda de la independencia y autonomía que impone la ejecutoria.

Los tribunales de justicia administrativa municipales son órganos constitucionales autónomos, con configuración inmediata en los artículos 17 y 115, fracción II, inciso a), de la Constitución General, en donde también se prevé su institución y competencia. Se trata de personas de derecho público, de carácter municipal, con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración.

Al tener asignada su competencia en la Constitución, son autónomos, es decir, no tienen dependencia de ningún órgano de la administración pública municipal ni sujeción o dependencia a ninguno de los tres Poderes del Estado. En este sentido, se encuentran en el vértice de la organización municipal, no tienen superior jerárquico y son sustancialmente iguales a los poderes en el Estado.

La legislatura debió considerar a los tribunales municipales como órganos constitucionales autónomos y no lo consideró así, vulnerando la independencia y autonomía de los tribunales municipales.

7) Se incumple lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto de reformas al artículo 115 constitucional, en relación con la fracción I, inciso a), de ese precepto constitucional, porque el decreto impugnado es omiso en proveer la transferencia del servicio y función jurisdiccional municipal.

La función jurisdiccional municipal, al venir siendo ejercida por la administración pública local, debe ser expresamente transferida a los Municipios y de ninguna manera continuar conociendo de las controversias que se susciten entre la administración pública municipal y los particulares.

Se impone como alcance de la transferencia de la función jurisdiccional, la disposición de los suministros necesarios para el ejercicio municipal de la función transferida. La función jurisdiccional es esencial, que da certeza y seguridad a los ciudadanos, que incide en el desarrollo económico y social de los Municipios, por lo que su transferencia viene impuesta de las dotaciones necesarias para su efectividad.

El Ejecutivo Local ha sido omiso en realizar los actos correspondientes a las disposiciones presupuestales y entrega de bienes, con los que viene prestando la función municipal; es un deber de dicho poder, preparar los actos conducentes a concretar dicha transferencia, disponiendo de las partidas presupuestales y de los suministros a las municipalidades para la prestación del servicio, haciendo entrega de bienes, vehículos, sistemas y equipo de cómputo, mobiliario y demás

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25244-7a65902f/controversias-constitucionales-si-los-actos-impugnados-constituyen-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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